La decisión de Europastry, el gigante catalán del pan congelado, de suspender por cuarta vez la salida a bolsa (una reiteración sin precedentes en la historia del mercado nacional) ha vuelto a poner de manifiesto hasta qué punto cuesta que una empresa aterrice en suelo español. El debut de Puig en mayo, en la que fue la primera oferta pública de venta (OPV) desde la de Opdenergy en 2022, es un bagaje paupérrimo para una de las mayores economías de la zona euro.
Hay varias razones que explican que España se haya convertido en un auténtico secarral de salidas a bolsa, pero las más importantes son las del tamaño y la estructura accionarial de las empresas. En España no hay abundancia de compañías grandes, lo que convierte el tamaño en un importante hándicap. Por ejemplo, las mayores gestoras internacionales como BlackRock, Vanguard o Fidelity no entran en operaciones con valor de empresa de menos de 500 millones de euros.
Pero, además del tamaño, importa la estructura accionarial. En el caso de España, la mayoría de los grupos que buscan financiación en bolsa son empresas en manos de grandes grupos familiares o que, después de haber caído en manos de grandes fondos de ‘private equity', buscan su primera e incluso su segunda oportunidad en el parqué.
Una de las que comparte a estos dos tipos de accionistas es precisamente Europastry, participada por el grupo de capital riesgo MCH y mayoritariamente por la familia Galles. Si han parado la operación es porque los inversores no han accedido a comprar acciones a la valoración exigida, que en este caso se situaba en un máximo de cerca de 1.600 millones de euros.
El gran problema de este tipo de accionistas -el negocio del capital riesgo es vender al máximo precio posible sus participaciones- es que buscan maximizar el precio lo máximo posible. Es lo que se podría denominar afán recaudatorio, porque las salidas a bolsa son contempladas como el mecanismo más eficiente para hacer caja.
Los accionistas de Europastry, como antes de los de Puig, se habían repartido un jugoso dividendo previo a la OPV cinco veces mayor al habitual. Y luego han buscado el precio más alto en la venta. En el caso de Europastry, mucho más pequeña que Puig, los inversores han rechazado las altísimas valoraciones pretendidas por los accionistas.
La OPV de Puig se saldó con éxito de demanda, pero el resultado es de momento decepcionante. La acción se desplomó cerca de un 14% en la primera semana de septiembre, después de que el grupo de fragancias presentase sus primeros resultados como empresa cotizada. Desde entonces la cotización no sólo no ha recuperado terreno, sino que lo ha seguido perdiendo.
La suspensión de Europastry (como antes las de Tendam y Astara) y el pinchazo de Puig (cotiza un 22% por debajo del precio al que se estrenó en bolsa) suponen un serio condicionante para las operaciones que vienen. Cox (el grupo que ganó la subasta por Abengoa hace un año) o el grupo de juego Cirsa tienen planes de dar el salto al parqué en los próximos meses. Pero todo indica que, para hacerlo, deberán hacer importantes sacrificios en el precio.
Hay otros factores que explican por qué la bolsa española tiene poco gancho para las empresas. Por cuestiones de burocracia, plazos y visibilidad, muchas compañías españolas acuden a otros mercados europeos: hasta 10 empezaron a cotizar en 2023 en el mercado Euronext, con Ferrovial a la cabeza en Ámsterdam.
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