Entra en vigor el nuevo registro de viajeros que tiene en pie de guerra al sector turístico

Este 2 de diciembre entra en vigor la última medida del Gobierno que ha puesto en pie de guerra a un sector económico. Se trata del Real Decreto 933/2021, una normativa que se ha ido prorrogando hasta ahora y que establece las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

El principal cambio es la llegada de un registro de viajeros, que obliga a las empresas del sector a aportar hasta 42 datos de las reservas y de los viajeros. Hoteleros y agencias de viajes estudian acciones legales, al considerar que su aplicación exige datos que las agencias de protección de datos europeas impiden solicitar. Por ejemplo, los datos de la tarjeta de crédito. 

La normativa establece la obligatoriedad de compartir información sobre la reserva, incluyendo el número de referencia (identificador del contrato), las fechas de reserva, entrada y salida, así como los datos del establecimiento (tipo, nombre y dirección). También se debe detallar el número de viajeros y el tipo de pago, así como los datos de la persona que realiza la reserva, como nombre y apellidos, DNI, correo electrónico y número de teléfono. Las multas por incumplimiento van desde los 100 a los 30.000 euros, según el caso. 

El Ministerio del Interior ya ha anunciado que va a sacar a audicencia pública de forma inminente una orden ministerial sobre el Real Decreto 933/2021, proceso que estará abierto durante dos semanas y dará la oportunidad a las empresas de proponer sus mejoras, por ejemplo, sobre los sistemas de automatización de los datos.

De forma paralela a las posibles modificaciones que puedan producirse tras ese proceso de audiencia pública, desde este 2 de diciembre es obligatorio que alojamientos turísticos, agencias de viajes, plataformas digitales y empresas de alquiler de vehículos proporcionen los datos de sus usuarios a través de la plataforma Ses.Hospedajes. 

El Pleno del Senado aprobó el pasado 20 de noviembre la moción presentada por el PP que instaba al Gobierno a prolongar 'sine die' la suspensión de la aplicación del Real Decreto 933/2021, que establece lo que el principal partido de la oposición ha bautizado como el "Gran hermano turístico".

La votación se saldó con 153 resultados a favor, seis abstenciones y 103 votos en contra. Sin embargo, el Gobierno no ha alterado el calendario previsto, como sí hizo a principios de otoño. 

La entrada en vigor estaba prevista inicialmente para el pasado 1 de octubre, aunque se pospuso por razones técnicas, para facilitar la interconexión y la transmisión de los datos de los establecimientos ubicados en las comunidades autónomas que cuentan con cuerpos de policía autonómicos, según explicó Interior en su momento. 

La cartera que lidera Fernando Grande-Marlaska defiende que este cambio permitirá reforzar la seguridad ciudadana y asegura que, desde que entró en funcionamiento en 2022, ha ayudado a localizar a 18.584 personas que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o internacionales. 

En la plataforma están registrados actualmente más de 61.000 establecimientos hoteleros, cerca de 2.000 agencias de viajes, 220 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos a motor. Entre todas, han registrado 4,77 millones de datos de usuarios vinculados. Ahora, el registro será obligatorio para todo el sector. 

Hoteles y agencias de viajes estudian acciones legales

El sector turístico afirma que el Gobierno no ha tenido en consideración su opinión y alerta de que la aplicación práctica de la normativa es inviable. Además, creen que supondrá una desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo, y avisan de que los mayores costes para las empresas se traducirán en un aumento de precios para los viajeros. 

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha denunciado en un comunicado "la falta de comunicación y transparencia" por parte del Gobierno ante las preocupaciones del sector y los derechos de los viajeros sobre el Real Decreto 933/2021 de registro documental de reservas.

Por un lado, la patronal ha criticado que, pese a las "reiteradas" solicitudes de diálogo y a las cartas enviadas tanto por la patronal como por asociaciones turísticas europeas, el Ejecutivo no ha dado respuesta. Además, ha asegurado que es necesaria una revisión "profunda" del contenido del Real Decreto.

Desde Cehat también han lamentado que el registro entre en vigor antes de que termine el proceso de audiencia pública de la orden ministerial, lo que "genera mayor desconcierto entre los hoteleros y los viajeros". Además, han alegado que su aplicación implica una "desproporcionada" carga burocrática, puesto que el 95% del sector son pymes. 

"Este Real Decreto atenta contra los derechos fundamentales de privacidad y es contrario a varias directivas comunitarias, por lo que Cehat manifiesta la imposibilidad de cumplirlo por el riesgo al que exponen a los establecimientos de ser foco de denuncias de los viajeros", explican los hoteleros, que están dispuestos a tomar las medidas legales que consideren oportunas.

Las mismas quejas y acciones se producen en el negocio de las agencias de viajes. 

Durante el I Foro de Derecho Turístico, celebrado la semana pasada simultáneamente en las ciudades de Barcelona y Madrid, la gerente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Catiana Tur, criticó "la inseguridad jurídica" que plantea el Real Decreto 933/2021 y el hecho de que "no se haya contado con el sector" para la orden ministerial anunciada sobre el nuevo registro de viajeros.

En su opinión, "es una normativa de imposible aplicación, porque se exigen datos que las agencias de protección de datos europeas impiden solicitar, como las tarjetas de crédito". Y denunció "el silencio de la Agencia española de protección de datos, porque llevamos meses solicitando una respuesta".

Mientras, el presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE), César Gutiérrez, confesó que "no nos creíamos que el Real Decreto finalmente saliera adelante, porque todos los informes, el de la Agencia de Protección de Datos, el de la Comisión Europea y el del Consejo de Estado, apuntaban a muchas incompatibilidades con las leyes vigentes".

Por otro lado, la asesora legal de Unión de Agencias de Viajes (UNAV), Maria Dolores Serrano, afirmó que el Ministerio se escuda en la seguridad ciudadana para pedir los datos y concretó que, como agencias de viajes, "no cuestionamos la finalidad, sino la forma y el alcance de la misma". 

Las tres patronales ya han anunciado que están estudiando acciones legales contra el nuevo registro de viajeros, ya que consideran que "vulnera la normativa europea de protección de datos por la cantidad de datos sensibles y personales que exige recabar a las empresas".

En un comunicado conjunto, FERAVE, UNAV y ACAVE alertan de que "es importante concienciar a la opinión pública y a los viajeros de la gravedad de esta normativa, ya que resultarán los grandes perjudicados de la puesta en marcha de la disposición, pues habrán de confiar más de 40 datos para reservas de alojamiento y más de 60 para las de alquiler de vehículos".

Además, han recordado que la Comisión Europea y la Agencia Española de Protección de Datos ya emitieron informes durante el proceso de tramitación del Real Decreto, en los que advertían de que muchas de las cuestiones no se ajustaban a la normativa vigente, emplazando al Ministerio a realizar cambios.

A pesar de todas estas críticas, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha asegurado que "no hay que hacer una bola enorme" del proceso de adaptación de la normativa, que es "similar a los muchos que hemos vivido en nuestro país" y que siempre se han saldado "con resultados brillantes".