El magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, se ha pronunciado sobre una de las soluciones más efectivas para combatir la ocupación ilegal de viviendas: la instalación de alarmas conectadas las 24 horas. Según el juez, este sistema no solo actúa como elemento disuasorio, sino que también facilita la intervención policial con pruebas claras del momento en que se produce la intrusión.
Durante los meses de verano, muchas viviendas quedan vacías mientras sus propietarios disfrutan de sus vacaciones, lo que aumenta el riesgo de que sean okupadas. Esta situación ha impulsado a numerosos ciudadanos a buscar medidas de protección adicionales, entre ellas los sistemas de seguridad con conexión permanente.
En una entrevista concedida a Confilegal y recogida posteriormente por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Magro destacó que las alarmas representan una garantía para los propietarios, ya que permiten a la policía actuar con base en una "prueba irrefutable" del momento exacto de la entrada ilegal.
El problema de la flagrancia
Uno de los grandes obstáculos en los casos de okupación es la falta de claridad legal sobre qué se entiende por "delito flagrante". Según Magro, esta indefinición genera inseguridad en los agentes, que a menudo dudan a la hora de proceder al desalojo inmediato por miedo a que posteriormente se cuestione su actuación judicialmente.
Para el magistrado, sería necesario aprobar una norma que establezca con precisión la duración de ese periodo de flagrancia (que, en su opinión, podría abarcar entre 12 y 24 horas) con el fin de proteger la actuación policial. "La policía teme que su intervención se considere irregular si no existe un marco legal claro", señaló.
La eficacia de las alarmas
En este contexto, Magro insiste en que las alarmas 24 horas son una de las mejores herramientas preventivas: "Si un intruso accede a la vivienda, la empresa de seguridad avisa a la policía de inmediato y queda constancia de cuándo se produjo la entrada. Eso es una prueba determinante".
El magistrado recuerda además que el propio Ministerio del Interior, a través de una orden ministerial, ya subrayó que este tipo de dispositivos constituyen el sistema más efectivo para combatir la okupación ilegal.
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Multa por poner la pegatina de alarma sin tenerla, ¿cuál es?
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Colocar un cartel de alarma sin tener contratado el servicio puede salir muy caro. La Ley de Seguridad Privada sanciona con hasta 600 euros al día a quienes utilicen el nombre o logotipo de una empresa de seguridad sin autorización, una práctica que, aunque común para disuadir a ladrones u okupas, constituye una infracción legal por suplantación de imagen corporativa. El riesgo no está en avisar de una vigilancia ficticia, sino en hacerlo aparentando que una empresa real presta un servici
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