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El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, y la directora insular de Turismo por la Oferta y la Calidad, Clara del Moral
El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, y la directora insular de Turismo por la Oferta y la Calidad, Clara del Moral Europa Press
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El Consell de Mallorca ha detectado que casi el 40% de la oferta de viviendas turísticas anunciadas en las principales plataformas opera al margen del registro oficial de establecimientos y estancias de la isla, lo que supone una media mensual de cerca de 8.000 propiedades y alrededor de 42.000 plazas turísticas que funcionan sin control ni garantías y en competencia desleal con quienes cumplen la normativa.

Según ha detallado este jueves el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, en rueda de prensa, el análisis se ha realizado durante 12 meses sobre cerca de 400.000 anuncios, lo que equivale a unos diez millones de datos tratados con herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial.

"Hoy se acaba la especulación y con estos datos creamos y damos un orden de magnitud y luz al problema real del alquiler turístico ilegal", ha afirmado.

El conseller insular ha señalado que los resultados muestran que 4 de cada 10 inmuebles anunciados no figuran en los registros oficiales y ha subrayado que el Consell seguirá trabajando "sin descanso" para "pasar de la opacidad de los datos a la estrategia y de la impunidad a la eficacia", con el objetivo de proteger el turismo legal y erradicar la oferta irregular.

Rodríguez, quien ha reivindico que no se van a “cansar de defender a quien hace bien las cosas, persiguiendo a quien no lo hace”, ha asegurado que este estudio es la “antesala” para “futuros cambios”.

Palma es el municipio mallorquín con más viviendas turísticas ilegales operando, con más de 1.012 unidades, seguido por Pollença (756), Alcúdia (687), Santa Margalida (467), Calvià (413), Capdepera (388) y Manacor (374).

Sanciones y medidas

Cabe destacar que el pasado mes de mayo, el pleno del Parlamento de Baleares convalidó el Decreto Ley de medidas de contención turística, el cual prohíbe la emisión de nuevas licencias vacacionales a inmuebles plurifamiliares en el archipiélago, así como medidas contra la oferta ilegal, como el aumento de las sanciones hasta los 500.000 euros.

Además, se estableció un procedimiento extraordinario para transformar establecimientos turísticos inviables o en desuso en viviendas de precio limitado.

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