El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por unanimidad el recurso que presentó la Junta de Extremadura contra la decisión del Tribunal Supremo de ordenar demoler la 'Isla de Valdecañas', un complejo urbanístico de 134,5 hectáreas en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres. Aun así, quedan pendientes dos recursos de amparo por resolver para saber si esta urbanización puede seguir o no en pie, total o parcialmente.
El Pleno ha adoptado esta decisión después de que en junio de 2023 acordara suspender de forma cautelar el derribo del complejo urbanístico, aunque en aquella ocasión, se resolvió por seis votos a favor y cinco en contra, al considerar que la medida era prematura porque no había riesgo inminente.
El Constitucional optó por suspender la orden del Supremo mientras se pronunciaba sobre el fondo del recurso al entender que el derribo de todo lo ya construido "ocasionaría perjuicios económicos difícilmente reparables por su entidad o por la irreversibilidad de las situaciones jurídicas que puedan producirse".
La corte de garantías admitió a trámite en noviembre de 2022 los recursos planteados contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que dio la razón a Ecologistas en Acción-CODA, ordenando demoler el complejo urbanístico en su totalidad.
La aludida sentencia del Tribunal Supremo había dado lugar a tres recursos de amparo planteados por la Junta de Extremadura, las comunidades de propietarios del complejo y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, cuyo conocimiento corresponde al Pleno del Tribunal. En los tres recursos de amparo se había solicitado la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecución de la decisión judicial.
En los tribunales desde 2011
La situación de la Isla de Valdecañas lleva en los tribunales desde 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura anuló el visto bueno de la Junta a esta urbanización y acordó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.
El TS confirmó las resoluciones del TSJ, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el tribunal extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.
Sin embargo, en 2022, el alto tribunal ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten en el TC la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.
Un complejo de lujo en el embalse de Valdecañas
Esta isla artificial se encuentra en el embalse de Valdecañas, en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres). Tiene una extensión de 130 hectáreas, donde se han levantado 180 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas, una playa artificial, un club náutico con 76 atraques y un campo de golf, entre otros.
Desde sus inicios, allá por 2006 y 2007, la construcción de esta urbanización de lujo a menos de dos horas en coche de Madrid se topó con la oposición de los ecologistas, y desde entonces llevan años de pleitos.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ya declaró nulo el desarrollo en 2011, pero la Junta de Extremadura intentó respaldar este complejo de lujo cambiando la Ley de Suelo que afectaba a la zona. Ante esto, el TSJ de Extremadura elevó el caso al Tribunal Constitucional. Y en 2019, el TC declaró inconstitucional el cambio legislativo, lo que abría la puerta a su demolición.
De hecho, en 2015, el tribunal extremeño solicitó un informe pericial de valoración al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre el impacto medioambiental que supondría la demolición de la Marina, si era más perjudicial que mantenerla en pie. Los expertos afirmaron que mantener en pie el complejo era 10 veces más dañino que su demolición
Pero en 2020, el propio tribunal decidió que todas las edificaciones se podían mantener por el alto coste económico que supondría su demolición y las indemnizaciones, que podría ascender a unos 145 millones de euros.
El resort se comercializó entre la ‘jet set’ española y por donde han aparecido nombres como Beltrán Gómez-Acebo, sobrino del rey emérito Don Juan Carlos; Jaime López-Ibor, sobrino del empresario Alberto Alcocer; José María Aznar Jr., hijo del expresidente del Gobierno, o el cantante Carlos Baute.
Muchos de ellos invirtieron más de 500.000 euros de media para comprar uno de estos chalets. Por lo general, cuentan con 270 m2 de vivienda, en una parcela de 800 m2, tiene cinco dormitorios, cuatro baños y garaje incluido.
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