Las viviendas de lujo vacías, nuevo objetivo de las mafias de la okupación en España

La okupación ilegal en España ha cambiado de cara. Ya no se trata solo de pisos abandonados en barrios periféricos, sino de chalets con piscina, villas turísticas y áticos de lujo que permanecen vacíos parte del año. Y detrás de estas ocupaciones ya no hay familias en situación de vulnerabilidad, sino redes organizadas que conocen al detalle los vacíos legales del sistema y saben cómo explotarlos.

"La vivienda vacía de alto valor se ha convertido en un objetivo estratégico para quienes conocen bien las debilidades del marco legal español", explica Sandra Aurrecoechea Ríos, abogada especialista en Derecho Civil, Hipotecario e Inmobiliario y socia de Marín & Mateo Abogados. "Ya no hablamos de okupación por necesidad, sino de grupos que eligen deliberadamente propiedades de lujo sabiendo que el sistema tarda meses en responder."

De Sitges a Marbella: el mapa de la okupación de alto standing

El fenómeno se concentra especialmente en zonas con alta densidad de segundas residencias: la costa catalana, la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía. Chalets que permanecen cerrados durante meses, urbanizaciones con poca vigilancia y propiedades en trámites de herencia son el caldo de cultivo perfecto.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior (Balance de Criminalidad 2024, publicado en abril de 2025), Cataluña lidera las denuncias por okupación con 6.300 casos, el 38% del total nacional. Le siguen Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid, con cifras que oscilan entre 1.400 y 3.000 denuncias anuales.

Aunque las estadísticas oficiales no distinguen entre viviendas de lujo y otras propiedades, los despachos especializados confirman un aumento notable de consultas relacionadas con segundas residencias de alto valor en los últimos dos años.

48 horas: la frontera entre recuperar tu casa o esperar meses

El marco legal español establece una diferencia crucial que muchos propietarios desconocen: si la okupación se denuncia en menos de 48 horas y afecta a una vivienda habitual o segunda residencia, la policía puede actuar de inmediato. Pero si el inmueble está oficialmente vacío o deshabitado, la intervención judicial es obligatoria y los plazos se disparan.

"Cada hora cuenta", advierte Aurrecoechea. "Pero cada paso debe darse correctamente. Cortar suministros, cambiar cerraduras o intentar negociar directamente con los okupas puede considerarse delito de coacciones. Solo la autoridad judicial o la policía pueden ordenar un desalojo."

Esta diferencia entre allanamiento de morada (delito penal con respuesta rápida) y usurpación de inmueble (vía civil mucho más lenta) es la que aprovechan las redes organizadas. Saben que, si el propietario no actúa en las primeras 48 horas, el proceso judicial puede alargarse entre 6 y 18 meses.

En 2018, el Gobierno aprobó la Ley 5/2018, conocida como "ley de desahucio exprés", con el objetivo de agilizar la recuperación de viviendas ocupadas ilegalmente. En teoría, el procedimiento debía resolverse en cuestión de semanas. En la práctica, su impacto ha sido limitado.

"El marco legal español sigue ofreciendo una protección desproporcionada al ocupante frente al titular legítimo", critica la abogada de Marín & Mateo. "Los procedimientos civiles continúan dilatándose, y cuando los okupas alegan vulnerabilidad, la intervención de los servicios sociales puede suspender un lanzamiento durante semanas o meses."

El resultado: propietarios que pagan hipoteca, impuestos y suministros de una vivienda que no pueden usar, mientras los ocupantes permanecen dentro amparados por un sistema que prioriza los informes sociales sobre el derecho a la propiedad.

El perfil del 'okupa profesional': sin vulnerabilidad, con estrategia

El cambio de perfil es evidente. Si hace una década la okupación respondía mayoritariamente a contextos de exclusión social, hoy muchos casos responden a estrategias premeditadas.

Los expertos describen un patrón recurrente: grupos que localizan viviendas vacías a través de plataformas inmobiliarias o redes sociales, fuerzan la entrada con herramientas profesionales, cambian la cerradura y se instalan con documentación falsa de alquiler. Algunos incluso llegan a subarrendar habitaciones o solicitar empadronamiento.

"Estas personas conocen perfectamente los tiempos judiciales y saben que, una vez dentro, tienen meses de margen", explica Aurrecoechea. "Presentan contratos falsos, alegaciones de vulnerabilidad, recursos administrativos... Todo para dilatar el proceso al máximo."