Más de dos millones de viajeros apuestan por el intercambio de viviendas frente al turismo tradicional

En un contexto marcado por el encarecimiento de los viajes y las limitaciones del turismo masivo, el intercambio de viviendas entre particulares se ha consolidado como una alternativa en rápida expansión. Durante 2025, más de dos millones de personas han optado por este modelo para desplazarse en sus vacaciones o estancias turísticas, lo que representa un crecimiento constante frente a las fórmulas tradicionales de alojamiento.

El intercambio de casas, conocido también como home swap, permite a los viajeros utilizar la vivienda de otra persona durante su estancia mientras esta utiliza la suya, sin transacciones económicas entre las partes. En España, este fenómeno crece en paralelo al turismo convencional, con un auge especialmente visible en los últimos años, pero también dentro de un vacío regulatorio en materia fiscal y turística, lo que plantea debates sobre su encaje legal.

Un modelo en expansión sin normas claras

A diferencia del alquiler vacacional, que está sujeto a requisitos de registro, identificación fiscal y comunicación ante las autoridades, el intercambio de viviendas se desarrolla fuera de la normativa turística y sin obligaciones fiscales definidas. Abogados especializados señalan que, pese a no implicar ingresos directos, esta práctica crea un "beneficio en especie" difícil de encuadrar en las figuras tributarias actuales, lo que deja a la Administración ante un escenario de incertidumbre jurídica.

Este modelo no solo evita costes directos de alojamiento, sino que fomenta un turismo más colaborativo, económico y con menor impacto ambiental. Familias y viajeros lo perciben como una forma de viajar más auténtica y respetuosa con el entorno local, con un fuerte componente de reciprocidad.

Uno de los principales impulsores de esta tendencia es HomeExchange, la plataforma líder mundial de intercambio de casas, que ha registrado un crecimiento interanual del 43% en 2025. En los últimos cuatro años, su uso se ha triplicado, y la compañía proyecta alcanzar 15 millones de pernoctaciones en 2026, lo que evidencia la consolidación del intercambio de viviendas como una tendencia al alza en el turismo global.

La comunidad de usuarios supera los 270.000 miembros en 155 países, integrándose de manera más significativa en los hábitos de viaje de miles de personas. “La confianza entre particulares puede transformar la manera de viajar y acercar experiencias más auténticas y accesibles”, señalan analistas del sector.

España acelera la adopción del intercambio

En España, el intercambio de viviendas también ha experimentado un crecimiento notable en 2025. La plataforma supera los 40.600 miembros activos y ha registrado un incremento del 43% en el número de intercambios cerrados durante el año. Las comunidades donde este modelo ha crecido con mayor intensidad incluyen la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque otras regiones como Madrid, Andalucía, Canarias o Galicia también muestran incrementos significativos.

Este auge se da tanto en zonas urbanas como en entornos rurales y costeros, lo que ayuda a redistribuir los flujos turísticos y a mitigar algunos de los efectos asociados al turismo convencional, como la presión sobre la vivienda y las infraestructuras locales.

Mientras destinos europeos y ciudades enfrentan los efectos negativos del turismo masivo (como saturación, aumento de precios de la vivienda y tensiones con residentes) el intercambio de casas aparece como una fórmula que no genera presión adicional sobre el parque residencial ni promueve la explotación turística intensiva. Su lógica recíproca favorece estancias más largas y experiencias integradas en la vida local, sin transacciones comerciales tradicionales.

Expertos del sector turístico valoran este modelo tanto por su potencial para descongestionar destinos populares como por su contribución a un turismo más sostenible y centrado en la interacción humana. La falta de una regulación específica, no obstante, sigue siendo un desafío administrativo que el crecimiento de esta práctica podría obligar a abordar en los próximos años.