Junts acusa a Collboni de “desdén” con el 30%: “Ha engañado al sector y no la aprobará por miedo a que le perjudique”

La reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones vuelve a agitar la política municipal en Barcelona en un momento especialmente sensible: la recta final del mandato y el horizonte electoral cada vez más cerca. Y esta vez el choque llega con un tono más duro por parte de Jordi Martí Galbis, líder de Junts en Barcelona, que acusa al alcalde Jaume Collboni (PSC) de mantener la medida encallada por puro cálculo político, pese a admitir que no está funcionando.

En una entrevista con ‘Metropoliabierta’, los posconvergentes insisten en que están dispuestos a negociar una modificación de la norma antes de que acabe el mandato, pero denuncian que el gobierno municipal no tiene ninguna intención real de desbloquearla. “Collboni ha engañado al sector inmobiliario y también a nosotros”, ha afirmado el portavoz de Junts en el Ayuntamiento, quien considera que el alcalde ha actuado con “desdén” y ha alimentado expectativas de reforma que no piensa cumplir.

El debate sobre el 30% lleva tiempo en un punto muerto. Para Junts, no se trata ya de discutir si la medida necesita ajustes, sino de señalar quién impide que esos cambios lleguen. Galbis sostiene que PSC y Junts están “básicamente” de acuerdo en el alcance de la flexibilización, pero acusa a Collboni de no mover ficha porque cree que hacerlo “le perjudica electoralmente”. Es decir, según Junts, el alcalde mantendría la norma intacta no por convicción, sino por miedo a asumir el coste político de modificar un mecanismo que durante años ha sido defendido como una herramienta clave para garantizar vivienda asequible.

La polémica crece también por el balance de resultados, que se ha convertido en argumento recurrente en el Ayuntamiento: la reserva del 30% habría logrado materializar 31 pisos frente a los 2.000 previstos. Esa enorme distancia entre los objetivos anunciados y el impacto real en el parque de vivienda alimenta el discurso de quienes consideran que la medida se ha quedado en un símbolo, incapaz de transformar el mercado como se prometía.

En paralelo, Collboni también ha reconocido que la fórmula “no ha dado resultados”, aunque desde el gobierno municipal se insiste en que el bloqueo se explica por la falta de acuerdo político para reformarla. En este cruce de acusaciones, el PSC intenta trasladar parte de la responsabilidad a Junts, mientras que los posconvergentes elevan el nivel del reproche y presentan al alcalde como alguien que habría trasladado al sector un mensaje de apertura que, en realidad, no piensa ejecutar.

Así, el 30% vuelve a situarse en el centro del tablero como algo más que una política pública. Junts intenta fijar un relato: Collboni, aseguran, ha preferido la parálisis antes que afrontar una reforma que podría incomodarle, y por eso “no la aprobará por miedo a que le perjudique”. Con la norma inmóvil y el clima político cada vez más tenso, la reserva de vivienda protegida se consolida como uno de los grandes frentes del mandato y como un elemento que marcará, inevitablemente, la batalla de los próximos meses.

El 30%, también bajo presión por el frenazo de la obra nueva

El enfrentamiento político llega, además, en un momento incómodo para el termómetro de la obra nueva en la ciudad. Barcelona cerró 2025 con 1.195 viviendas visadas, un 39% menos que el año anterior y el peor dato en una década, según el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. La caída, que en el sector se interpreta como un síntoma de falta de tracción y de inseguridad regulatoria, ha reactivado un debate que parecía eternamente encallado: hasta qué punto el 30% está frenando la promoción en la capital.

En paralelo, los datos reflejan un doble efecto. Por un lado, el mecanismo sigue sumando viviendas protegidas, aunque a un ritmo muy inferior al previsto cuando se impulsó la medida. Solo en 2025, la reserva afectó a 16 promociones y permitió incorporar 52 viviendas al parque público, una cifra que sus defensores presentan como prueba de que el modelo “produce resultados”, aunque sea de manera limitada. Por otro lado, la VPO ha ganado un peso notable dentro de la actividad del año: de todas las viviendas visadas en la ciudad, 597 fueron protegidas, prácticamente la mitad del total.

El problema, según advierten voces del mercado, es que el balance global continúa dejando una imagen de parálisis en el conjunto de la producción residencial. Y en ese contexto, el 30% se ha convertido en una pieza central del debate: para unos, un instrumento imprescindible para garantizar vivienda asequible; para otros, un requisito que desincentiva la inversión y empuja proyectos hacia fuera de Barcelona. Con el desplome de la vivienda visada como telón de fondo, la discusión ya no se limita a si la norma es buena o mala: también coloca sobre la mesa si la ciudad puede permitirse mantenerla sin cambios mientras la obra nueva se enfría.