El Real Decreto-ley del llamado escudo social, que incluye diversas medidas en materia de vivienda, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma incluye la prórroga hasta el 31 de diciembre de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor.
El Gobierno establece que esta prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio blindará a las personas vulnerables ante eventuales desahucios en aquellas viviendas que pertenecen a grandes tenedores. ¿Qué representa para los propietarios en zonas como en Catalunya?
“Alarga la excepcionalidad y mantiene la inseguridad para todas las partes”
Sobre este Real Decreto, Montserrat Junyent, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya, opina que la finalidad es legítima porque la norma intenta proteger a los hogares vulnerables, pero el problema es que “se sigue a base de prórrogas y ajustes puntuales del “escudo social”, y eso no construye un marco estable: alarga la excepcionalidad y mantiene la inseguridad para todas las partes”.
Para los expertos, la protección social debe existir, pero debe venir acompañada de una solución estructural y previsible. “Insistimos en un marco estable y pactado, con recursos y mecanismos operativos para que la alternativa habitacional no recaiga de facto en el propietario privado”.
Problemas para el arrendador
Según la presidenta de los Apis de Barcelona, para muchos propietarios - especialmente pequeños - la sucesión de normas, excepciones, prórrogas y matices es difícil de seguir. “Esto puede tener un efecto claro, si sube la percepción de riesgo, parte de la oferta se retira o se desplaza a fórmulas que se perciben como más previsibles”.
Algo que está pasando especialmente en Catalunya por la regulación de normas y el miedo de los propietarios por la falta de pago de sus inquilinos o el riesgo de las okupaciones de sus casas.
Para Junyent, en el decreto la suspensión se focaliza en los casos en que el arrendador es gran tenedor, y deja fuera a pequeños propietarios (por ejemplo, quienes tienen 1 o 2 viviendas), “algo que responde a una preocupación social real: no podemos sostener una política pública cargando la responsabilidad sobre familias que también pueden estar en situación frágil”, matiza.
La idea clave aquí es equilibrio. Para los Apis pues hay que proteger al vulnerable sin expulsar del sistema a quien pone vivienda en alquiler. La solución pasa por establecer reglas simples, estables y acompañadas de gestión pública y presupuestos, “no solo prohibiciones o prórrogas”.
En Catalunya, “dificulta recuperar una oferta de alquiler estable”
Esta norma en Catalunya puede tener un impacto mayor. Esto es porque ya hay una elevada complejidad regulatoria y un mercado del alquiler especialmente tensionado, y según Junyent, “cada nueva prórroga o medida excepcional, aunque tenga una finalidad social, añade incertidumbre y dificulta recuperar una oferta de alquiler estable y suficiente”.
Los Apis esperan del Decreto Ley que, si el propietario es pequeño, el decreto reduce parte de la presión porque la suspensión no aplicaría igual, lo que puede evitar situaciones injustas para particulares. Mientras que, “si el propietario es gran tenedor, la suspensión se mantiene y, por tanto, la clave será que la Administración garantice alternativas habitacionales reales y ágiles, para que la vulnerabilidad no se cronifique ni se eternicen procedimientos”.
Para la experta, si se sigue a base de parches, hay riesgos: no recuperamos alquiler habitual suficiente y nos centramos hacia “modalidades que no resuelven la necesidad estructural de vivienda permanente”.
El acuerdo, para los Apis, debe ser amplio y compartido en materia de vivienda. “Cuando hay estabilidad normativa, recursos suficientes y una gestión pública ágil, la protección de los hogares vulnerables deja de vivirse como un conflicto entre partes y pasa a ser una política social eficaz”.
La vivienda es un reto colectivo y solo desde la corresponsabilidad (administraciones, sector profesional y sociedad) podremos avanzar hacia un mercado más justo, más previsible y verdaderamente sostenible.
Sigue toda la información inmobiliaria y los informes más novedosos en nuestra newsletter diaria y semanal. También puedes seguir el mercado inmobiliario de lujo con nuestro boletín mensual de lujo.
¿Puede una comunidad de propietarios obligar a retirar un huerto urbano en una terraza?
Tener plantas en casa es una opción cada vez más habitual, especialmente en ciudades. Sin embargo, cuando ese afán se traslada a una terraza dentro de una comunidad de vecinos, pueden surgir conflictos legales de calado. La Audiencia Provincial de León que ha respaldado a una comunidad frente a la instalación de un huerto urbano en una terraza que acabó generando humedades continuadas, afectando al techo de los garajes situados debajo y comprometiendo elementos constructivos del inmueble.
La copropiedad empieza a dar liquidez al mercado de la vivienda vacacional
Durante años, comprar una vivienda vacacional ha sido una decisión rígida y difícil de deshacer. La consolidación de la copropiedad empieza ahora a cambiar este escenario, introduciendo liquidez real en un mercado históricamente poco flexible. En España, Vivla acelera esta transformación con su expansión a nuevos destinos turísticos.
Madrid rebajará a cinco años el empadronamiento necesario para solicitar un alquiler de vivienda protegida
La Comunidad de Madrid rebajará a cinco años el empadronamientos necesario en la región para solicitar un alquiler en una vivienda protegida, tal y como ha avanzado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en el Pleno de la Asamblea. También ha señalado que están trabajando en el nuevo Reglamento de Vivienda Pública, que van a aprobar en julio de este año.
El Govern catalán y Comuns, más cerca de aprobar la limitación de compra de viviendas antes de verano
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han rubricado el acuerdo que han alcanzado para la aprobación de los Presupuestos, tras haber pactado la modificación de la ley de urbanismo para limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya, con el objetivo de que se pueda aplicar "antes de verano".
