Sumar retoma la prórroga de alquileres y los expertos alertan de un fraude de ley

Sumar vuelve a la carga con la prórroga extraordinaria del alquiler. Tras el rechazo del Congreso de los Diputados el pasado 28 de abril a esta medida aprobada por Real Decreto ley en el Consejo de Ministros, ahora el partido quiere retomar esta prórroga cuanto antes elaborando un borrador de texto esta misma semana y mediante otro Real Decreto ley. 

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Sin embargo, se trata de una estrategia por parte del partido liderado por Yolanda Díaz que ha despertado gran sorpresa en el mundo judicial y que tira por tierra su propia “tesis oficial” de que el decreto anterior consolidó los derechos de los inquilinos a la prórroga de dos años y la subida de las rentas al 2% sólo por la solicitud de la misma. Durante la vigencia del anterior Decreto ley ya derogado el propio Ministerio de Consumo se encargó de enviar cartas a inmobiliarias y fondos, así como notas de prensa para señalar que todos los contratos de alquiler que caducaran entre el 22 de marzo de 2026 (fecha de aprobación en el Consejo de Ministros de esta medida) y el 31 de diciembre de 2027 podían acogerse a esta prórroga. Igualmente el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o la ministra de Sanidad, Mónica García, hicieron numerosas declaraciones defendiendo la legalidad del RDL aunque fuese derogado. Pero la nueva estrategia desvela que en realidad estas afirmaciones no eran ciertas y pueden haber llevado a miles de inquilinos a la confusión y al enfrentamiento con sus caseros.

Esta nueva estrategia de Sumar de volver a presentar otro Real Decreto ley (RDL) en el Consejo de Ministros evidencia que no todos los contratos que ellos mismos defendían pueden acogerse a la prórroga de dos años: sólo han podido acogerse aquellos que vencían durante el periodo de vigencia (del 22 de marzo al 29 de abril, incluido). Para un magistrado consultado por idealista/news este movimiento político demuestra que “son conscientes de que, a partir de la no convalidación, la prórroga no tiene eficacia alguna y, por eso, lo quieren presentar otra vez para seguir jugando con ello y volver a crear otro plazo de vigencia del Real Decreto ley de otros 40 días más o menos hasta que lo vuelvan a rechazar y así lo van a hacer sucesivamente. Esto es un abuso de derecho clarísimo porque sería un fraude utilizar el Real Decreto ley cuando saben perfectamente que se lo han rechazado”. 

Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense, sostiene que “el RDL benefició a quienes solicitaron la prórroga y su contrato venció en el periodo de vigencia del RDL. La prórroga solo nace cuando concurre el presupuesto legal (vencimiento). Antes de ese momento no existe un derecho, sino una mera expectativa. La mera solicitud no consolida derechos y, por tanto, no quedan cubiertos los contratos que no vencieron durante la vigencia del RDL, careciendo de derecho a la prórroga. La propia iniciativa de presentar un nuevo RDL constituye una prueba de que el anterior no produjo los efectos que se le atribuyen”. 

Para la catedrática otra opción de interpretación de este partido político es que “Sumar no pierda protagonismo y se siga hablando de ellos en un momento en el que no paran de perder votos que se están yendo al PSOE. Quieren que cale el discurso de "hemos querido proteger al inquilino y otros lo han impedido". Y para este objetivo llenan el sistema de inseguridad jurídica”. 

Un nuevo Real Decreto ley con la prórroga extraordinaria será un fraude de ley

La figura de los Reales Decreto ley se regula en la Constitución española y sólo está pensada para que los Gobiernos los usen en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Para José Ramón Zurdo, abogado y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) “un RDL que se pretendía que estuviese en vigor hasta el 31 de diciembre del 2027 no parece que cumpliera con este requisito de urgente necesidad”.  

Zurdo también pone sobre la mesa otra cuestión preocupante para la democracia: la atribución por parte del Gobierno de funciones legislativas si estas disposiciones se llegaran a establecer sin control o se utilizaran periódicamente para burlar el Congreso de los Diputados. 

Hay otros expertos que hablan directamente de un ‘hackeo’ de la Constitución por parte de los socios minoritarios del Gobierno. Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili y director de la Cátedra UNESCO de vivienda califica la situación del RDL derogado como un “panorama inédito” en el que se ha conseguido “hackear la Constitución española” a través de una norma provisional (del 22 de marzo al 28 de abril) con efectos a largo plazo. 

Y lanza una advertencia: “Si el Tribunal Constitucional no pone veto a esto, no hay límite para el Ejecutivo para hacer decretos leyes con cosas mucho más grandes”. ¿Y cómo podría poner orden el TC? Con un juez elevando una cuestión de inconstitucionalidad al considerar que el decreto no cumplía los requisitos de “extraordinaria y urgente necesidad”. No obstante, Nasarre se muestra escéptico ya que el Constitucional “se moja poco” en estos asuntos y ha validado en el pasado decretos de vivienda cuya urgencia era cuestionable. 

Nasarre advertía en una entrevista en Cadena COPE que, si no se frena esta práctica, se abre la puerta a que el Gobierno pueda imponer medidas como que “no se paguen rentas durante dos o cinco años o siete. O nunca”, una situación que, recuerda, “ya lo hizo Lenin en el 1917”.

Judicialización a la vista de la prórroga de dos años

Los abogados consultados por idealista/news alertan del caos generado con el RDL derogado y toda la información contradictoria publicada por parte del propio Gobierno como por expertos jurídicos. 

El abogado Alejandro Fuentes-Lojo, del despacho Fuentes-Lojo, hace hincapié en la judicialización provocada por la prórroga extraordinaria a la vista de que la mayoría de los propietarios se han opuesto a dicha solicitud de prórroga cuando ésta vencía fuera del plazo de vigencia de la propia norma. 

Desde Sumar “son conscientes de que la única forma de evitar dicha judicialización es volver a formular la medida para que dicha norma esté en vigor al momento de vencimiento de esos contratos cuyos inquilinos pidieron la prórroga sin un derecho consolidado y no se pueda cuestionar su aplicabilidad. Aun cuando algún juez pueda comprar la interpretación de la norma que han venido pregonando los socios de Gobierno, que cuanto menos es cuestionable, tener que judicializar la medida evidencia el fracaso de la medida”, sentencia Fuentes-Lojo.