Contrato de alquiler

Presentar un contrato falso en un juicio puede terminar con una condena penal. Así lo recuerda una sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que ha impuesto un año de prisión y seis meses de multa a un arrendatario por utilizar dos documentos con firmas falsificadas en un procedimiento judicial para mantener la posesión de varias fincas rústicas. Además, el condenado tendrá que indemnizar a los herederos con más de 17.000 euros.

Hay quien opina que el mercado es como un ecosistema capaz de autorregularse. El del alquiler padece varias afecciones y una de ellas es la morosidad.

La ley deja libertad para ciertas cuestiones relacionadas con el alquiler, algunas de ellas muy importantes.

El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) determina, entre otras cosas, cómo se actualiza la renta de un alquiler.

Un aval bancario para alquiler es un contrato de compromiso que asegura el pago de la renta a un propietario por parte de una entidad bancaria en el caso de que el inquilino no pueda afrontarla.

La Audiencia Provincial de Girona ha abordado un problema cada vez más frecuente: la instalación de casas prefabricadas en fincas arrendadas sin autorización del propietario. El caso arranca con un arrendamiento que incluía una pequeña vivienda de 35 m2 y una parcela de unos 700 m2, en la que el inquilino instaló una casa prefabricada sin permiso del arrendador, que decidió acudir a los tribunales. La sentencia determina que no toda obra sin consentimiento legitima al arrendador para resolver el contrato. Todo dependerá de si la actuación constituye una alteración sustancial de la configuración del inmueble o de los elementos arrendados y de si, además, presenta una verdadera vocación de permanencia.

¿Hasta qué punto puede un propietario poner fin al alquiler por el comportamiento de su inquilino? La respuesta no depende de una simple discusión con los vecinos ni de un incidente puntual. Cuando las conductas son reiteradas o ponen en riesgo la seguridad del edificio, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) abre la puerta a resolver el contrato. Ese es precisamente el criterio que ha aplicado la Audiencia Provincial de Barcelona al confirmar el desahucio de un arrendatario que generó graves problemas de convivencia: lanzamiento de muebles desde la casa, un incendio en la cocina y episodios de gritos, golpes y ruidos.

¿Está obligado el casero a instalar aire acondicionado? Hay zonas de España en las que el calor puede convertirse en un tema de salud. De ahí esta pregunta, ya que la ley de alquileres establece para el arrendador la obligación de mantener la casa habitable. Por ley, no está obligado a poner aire acondicionado, salvo que en el contrato de alquiler aparezca reflejado que el piso sí lo tenía. Existen otras opciones para climatizar una vivienda a las que podría recurrir el casero en caso de disputa, como el uso de ventiladores, instalación de estores o persianas térmicas y ventilar en las horas más frescas del día.

Con la alta demanda que hay en el mercado de alquiler, ha ganado popularidad pagar una reserva para sacar el piso del mercado hasta que se formalice el contrato. Pero a veces, el inquilino puede echarse atrás por algún motivo. El propietario puede negarse a devolver la señal (reserva o arras), pero solo en determinados casos. Depende del tipo de contrato firmado, de cómo esté redactado y de las causas por las que el inquilino no sigue adelante.

El uso del término “indefinido” sigue generando controversia. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona aborda esta cuestión y aclara que dicha expresión no implica que un alquiler tenga carácter perpetuo. El caso parte de un contrato firmado en 1998 cuya duración se pactó como indefinida. Transcurridos más de veinte años, el propietario comunicó su voluntad de no continuar con el arrendamiento y, ante la falta de entrega del inmueble, acudió a los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Barcelona estimó la demanda de desahucio y la Audiencia Provincial confirmó esta decisión.

La pintura es uno de los elementos que más influye en la imagen y el estado de conservación de una vivienda. Sin embargo, cuando llega el momento de renovar la pintura, surge una de las dudas más frecuentes entre caseros e inquilinos: ¿quién debe asumir el coste de pintar un piso de alquiler? La respuesta no siempre es sencilla, ya que depende del motivo por el que sea necesario pintar, del estado de la vivienda y de lo que establezca el contrato de alquiler. En términos generales, el propietario tendrá que pintar el piso cuando la necesidad de hacerlo se deba al paso del tiempo y al desgaste normal provocado por el uso habitual del inmueble. La situación cambia cuando el deterioro de las paredes es consecuencia de un uso inadecuado o negligente por parte del arrendatario.

El primer paso para que un alquiler sea exitoso es redactar un contrato de arrendamiento claro y completo, que contemple todas las cuestiones legales y puntos que sean de interés para las partes. En este artículo recopilamos los errores más comunes en un contrato de alquiler, como establecer una duración inferior a la establecida por ley, incorporar cláusulas ilegales, como garantías económicas superiores a los límites permitidos o penalizaciones por abandonar la casa antes de tiempo.

Irse de un piso de alquiler antes de tiempo puede salir caro. La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a unos inquilinos a pagar una importante suma a sus arrendadores por abandonar el inmueble apenas tres meses después de firmar el contrato. La sentencia recuerda algo que muchos pasan por alto: la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no permite al arrendatario desistir del contrato de cualquier manera. Cuando decide abandonar la vivienda antes de los seis primeros meses, el propietario puede reclamar los perjuicios económicos derivados de esa salida anticipada.

No basta con recurrir a fórmulas genéricas cuando un propietario trata de evitar que se prorrogue el contrato de alquiler. Es lo que ha recordado la Audiencia Provincial de Madrid al revocar el desahucio de un inquilino. La sentencia analiza un conflicto relativamente frecuente: la recuperación anticipada de la vivienda al amparo del artículo 9.3 de la LAU, una excepción que permite al arrendador (siempre que sea persona física) evitar la prórroga obligatoria del contrato si necesita la vivienda para destinarla a residencia habitual propia o de determinados familiares. No basta con alegar ‘motivos personales’ en el burofax.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un nuevo expediente para sancionar a una inmobiliaria que alquila miles de viviendas por toda España al identificar que podría estar incurriendo en diferentes infracciones. La investigación ha identificado posibles irregularidades de la inmobiliaria como la imposición de un seguro de impago y la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada. Estas infracciones podrían acarrear multas de hasta 1 millón de euros. Consumo ya ratificó una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por vulnerar el derecho de los consumidores.

Tanto inquilinos como propietarios tienen opciones para desgravar el alquiler en el IRPF y así pagar menos impuestos.

Los contratos de alquiler tienen una vigencia fruto del pacto entre propietario e inquilino, pero puede darse el caso de que el arrendatario tenga que dejar el piso antes de tiempo por una enfermedad. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no lo recoge específicamente como causa de fuerza mayor, pero esto nno significa que estés completamente desprotegido si una situación de salud grave te impide seguir haciendo frente a la renta. Lo más recomendable, como primer paso, es hablar con el arrendador y explicarle la situación para intentar llegar a un acuerdo y dejarlo por escrito, así como cumplir los plazos de preaviso contemplados en la normativa.

Sumar vuelve a la carga con la prórroga extraordinaria del alquiler. Tras el rechazo del Congreso de los Diputados el pasado 28 de abril a esta medida aprobada por Real Decreto ley en el Consejo de Ministros, ahora el partido quiere retomar esta prórroga cuanto antes elaborando un borrador de texto esta misma semana y mediante otro Real Decreto ley. Sin embargo, se trata de una estrategia por parte del partido liderado por Yolanda Díaz que ha despertado gran sorpresa en el mundo judicial y que tira por tierra su propia “tesis oficial” de que el decreto anterior consolidó los derechos de los inquilinos a la prórroga de dos años sólo por la solicitud de la misma.

Sumar vuelve a tomar la iniciativa al margen del PSOE para intentar sacar adelante la prórroga de alquiler y enviará 'motu proprio' a los grupos en el Congreso una propuesta de decreto de vivienda de "consenso", es decir, con la opción de contemplar medidas para atraer el apoyo de Junts y PNV. Así lo ha trasladado en rueda de prensa el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, para enfatizar que aspiran a retomar la prórroga de alquileres cuanto antes, elaborando un borrador de texto esta misma semana, y que su preferencia es que sea de nuevo mediante un decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

La tecnología ha cambiado la forma de relacionarlos y de cerrar acuerdos.

Establecer la duración de un contrato de alquiler en España hoy en día se ha convertido en un auténtico laberinto jurídico. Los cambios normativos de los últimos años, incluida la no convalidación en el Congreso de la prórroga extraordinaria de dos años de Sumar, han creado un ecosistema de plazos, prórrogas y excepciones que generan una enorme inseguridad tanto en propietarios como en inquilinos. Para analizar este escenario con rigor, contamos con uno de los mayores expertos en arrendamientos y referencia en el análisis jurídico del mercado inmobiliario, José Ramón Zurdo, abogado y director general de Agencia Negociadora del Alquiler.

El próximo 28 de abril el Congreso de los Diputados votará la convalidación o no del Real Decreto-ley 8/2026 que establece la prórroga extraordinaria de dos años para contratos de alquiler que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027 y el límite del 2% en la actualización anual de las rentas. Mientras tanto, las dudas sobre qué inquilinos pueden solicitar esta prórroga crecen. Abogados como José Ramón Zurdo o Alejandro Fuentes-Lojo señalan que para acogerse a esta prórroga el contrato de alquiler debe estar ya en el plazo de las dos prórrogas legales, ya sean la obligatoria o la tácita.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno "en su conjunto" está trabajando para que el próximo 28 de abril se convalide en el Congreso el decreto de prórroga de los alquileres.Sigue a idealista/news en el canal de Whatsapp"Deseo que salga adelante", ha d

El pasado 22 de marzo entró en vigor en forma de Real Decreto-ley tanto la prórroga extraordinaria del alquiler para aquellos contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2027 como el tope del 2% en la actualización de los alquileres. Sin embargo, el riesgo de que esta norma sea tumbada en el Congreso de los Diputados es elevado, ya que el Gobierno no tiene atada la mayoría absoluta para sacarla adelante. Mientras tanto, el caos está sembrado entre propietarios e inquilinos que no saben cómo deben actuar correctamente y conforme a la ley. Entrevistamos al abogado Alejandro Fuentes-Lojo para esclarecer la situación.

La campaña de la renta es una cita fiscal clave para millones de contribuyentes, y el alquiler de vivienda es uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta.Inquilinos y propietarios pueden beneficiarse de deducciones y desgravaciones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la