En una ciudad donde generar nueva vivienda asequible se ha convertido en una carrera cada vez más costosa, el Ajuntament de Barcelona ha completado la compra de dos fincas en Vallcarca por seis millones de euros para impulsar una nueva promoción de 35 viviendas públicas de alquiler asequible. La operación, anunciada por el consistorio la semana pasada, permitirá desbloquear una nueva actuación residencial en uno de los barrios inmersos en plena transformación urbanística de la capital catalana.
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Más allá del anuncio institucional, la operación deja una cifra que pone en perspectiva el coste de ampliar el parque público en Barcelona: solo la adquisición del suelo equivale a más de 171.000 euros por cada futura vivienda, y eso sin contar todavía los costes de urbanización, redacción del proyecto, licencias, construcción o financiación.
Las fincas adquiridas están situadas entre las calles Cambrils, Calendau y Argentera, en el entorno de Vallcarca. Según ha explicado el Ayuntamiento, ambos solares se agruparán en una única promoción para optimizar la edificabilidad y mejorar la eficiencia del proyecto, que será desarrollado por el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB). La promoción estará destinada íntegramente a alquiler asequible.
La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, defendió la compra al asegurar que la operación “desbloquea una pieza clave de la transformación de Vallcarca” y permitirá generar nueva vivienda asequible para vecinos del barrio.
Sin embargo, el desembolso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión recurrente en Barcelona: cuánto cuesta realmente producir vivienda pública en una ciudad con el suelo cada vez más tensionado.
Los seis millones invertidos corresponden únicamente a la compra de las fincas. A esa cifra todavía habrá que sumar el coste de levantar la promoción. En el mercado actual, construir obra nueva residencial en Barcelona —incluso protegida— puede situarse en una horquilla aproximada de entre 1.800 y 2.400 euros por m² construido, dependiendo del proyecto, las calidades, la complejidad técnica y los costes financieros.
Eso significa que el coste final por vivienda podría situarse fácilmente muy por encima de los 300.000 euros por unidad una vez completada la promoción, especialmente si se tiene en cuenta que el suelo se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella del mercado residencial.
No es casualidad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advirtió recientemente de que el suelo puede representar hasta el 45% del precio final de una vivienda en España, especialmente en mercados urbanos con fuerte presión de demanda como Barcelona.
La operación de Vallcarca también refleja el elevado coste de una de las principales apuestas de las administraciones para ampliar el parque público: desarrollar promociones desde cero. Frente a ello, otras fórmulas, como la compra de vivienda ya construida mediante tanteo y retracto, han mostrado costes sensiblemente inferiores en Cataluña, aunque con limitaciones en escala y disponibilidad.
Barcelona sigue lejos de otras grandes capitales europeas en porcentaje de parque público. Aunque las cifras varían según la metodología, el stock de vivienda social y asequible en la ciudad sigue representando una porción reducida del total residencial, muy por debajo de ciudades como Viena o Ámsterdam.
En este contexto, cada nueva promoción suma. La gran incógnita es si, con costes de entrada cada vez más elevados, el ritmo de crecimiento del parque público será suficiente para responder a una demanda que no deja de aumentar.
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