Ada Colau llegó a la alcaldía de Barcelona en 2015 prometiendo facilitar el acceso a la vivienda. En 2023 dejó de ser alcaldesa y su herencia no puede ser más triste: desplome de la oferta de alquiler permanente, crecimiento exponencial de la oferta de alquiler de temporada y de habitaciones, precios disparados y desaparición de proyectos relevantes de construcción de vivienda de obra nueva en la ciudad. Durante sus dos mandatos, la oferta anual de alquiler permanente anunciada en idealista se contrajo un 34,3% y el precio por m2 se disparó un 50% entre junio de 2015 y junio de 2023. El alquiler de temporada, una opción de alquiler prácticamente desconocida en 2015, supone el 57% de la oferta de viviendas en alquiler en Barcelona en el tercer trimestre de 2026, mientras el alquiler de habitaciones también ha ganado protagonismo. El balance inmobiliario de las dos legislaturas de Colau es un ejemplo de la gestión de un problema económico desde la ideología.
La vivienda fue la gran bandera de su proyecto político, pero sus políticas no consiguieron hacerla más accesible, especialmente en el alquiler: ni aumentó la oferta ni bajaron los precios. Únicamente hay un dato positivo: el parque municipal pasó de unas 7.500 viviendas en 2015 a aproximadamente 11.500 en mayo de 2023, que, en todo caso, es una ampliación insuficiente para compensar el deterioro del mercado. Su medida más emblemática, aprobada en 2018, obligó a destinar a vivienda protegida el 30% de la superficie residencial de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones afectadas, generalmente de más de 600 m². Con esta regulación, las promociones de obra nueva en Barcelona capital han desaparecido en los últimos ocho años y, en noviembre de 2023, esa obligación solo había generado ocho viviendas protegidas terminadas, mientras promotores y arquitectos la señalaban como el gran freno a nuevos proyectos que aporten cientos de nuevas viviendas a precios asequibles al mercado. Otras iniciativas tampoco alcanzaron la escala anunciada: los alojamientos provisionales APROP (alojamientos mediante módulos industrializados y contenedores marítimos adaptados) sumaban 54 unidades en 2022 y el operador público-privado Habitatge Metròpolis Barcelona, creado para impulsar unas 4.500 viviendas asequibles, terminó su alcaldía sin haber entregado las primeras.
- Un tercio menos de oferta de alquiler permanente: Barcelona pasó de 71.724 viviendas anunciadas durante 2015 a 47.101 en 2023. Son 24.623 menos, una caída del 34,3%, mientras facilitar el acceso a la vivienda seguía siendo la principal bandera del gobierno municipal. Las cifras recogen los inmuebles ofertados a lo largo de cada año, no los disponibles simultáneamente.
- Alquilar se encareció un 51%: el precio anunciado subió de 12,4 a 18,7 euros/m² al mes entre junio de 2015 y junio de 2023, según el histórico de idealista. Para un piso de 80 m², equivale a pasar de unos 992 a 1.496 euros mensuales: alrededor de 500 euros más al mes.
- La obra nueva y la reserva del 30% frenó proyectos privados, según promotores y arquitectos: la obligación de incorporar vivienda protegida en determinadas promociones y grandes rehabilitaciones alteró la viabilidad de las operaciones, según el sector, que denuncia el desplazamiento de inversión hacia otros municipios. En noviembre de 2023, la medida había generado sólo ocho viviendas protegidas terminadas.
- La ampliación municipal no resolvió el problema de acceso: el parque pasó de unas 7.500 viviendas en 2015 a aproximadamente 11.500 habitables en mayo de 2023. El aumento combinó construcción, compras, cesiones y captación de pisos privados: unas 4.000 viviendas más bajo el paraguas municipal que no equivalen a 4.000 pisos nuevos construidos y que no bastaron para contener el deterioro del alquiler.
- Las soluciones de emergencia llegaron tarde y a pequeña escala: el programa de alojamientos provisionales APROP, anunciado en 2018, sumaba 54 unidades en 2022. Habitatge Metròpolis Barcelona, constituido también en 2018 para impulsar miles de alquileres asequibles, terminó su alcaldía sin haber entregado las primeras viviendas.
Su candidatura nacional invita, por tanto, a revisar su gestión más allá de los anuncios. Entre 2015 y 2023, Barcelona fue escenario de moratorias turísticas, nuevas obligaciones para los promotores, alojamientos construidos con contenedores y una apuesta público-privada por el alquiler asequible que tardó años en arrancar. Esta cronología repasa, año a año, las decisiones de sus dos mandatos, sus resultados y sus promesas pendientes: el balance de la ciudad que gobernó antes de aspirar a la Moncloa.
2015: Colau llega a la alcaldía y frena nuevas licencias turísticas
El 24 de mayo, Barcelona en Comú gana las elecciones municipales con 11 concejales, frente a los diez de Xavier Trias. El 13 de junio, Colau es investida alcaldesa con el respaldo de su formación, ERC, el PSC y un concejal de la CUP. Comienza gobernando en minoría y convierte el acceso a la vivienda en el principal compromiso de su proyecto político.
En julio suspende la concesión de licencias para nuevos alojamientos turísticos mientras prepara una regulación específica. La moratoria amplía las restricciones que ya existían sobre los apartamentos turísticos y abre uno de los principales frentes de confrontación con el sector hotelero e inmobiliario. Dos años después, esa orientación cristalizará en el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, el PEUAT.
2016: Pacto con el PSC y primera superilla de su etapa
En mayo incorpora al PSC de Jaume Collboni al gobierno municipal. La coalición reúne 15 de los 41 concejales, todavía lejos de la mayoría absoluta. Los socialistas participan así en una parte del primer mandato y volverán a compartir el gobierno durante todo el segundo.
En septiembre se implanta la superilla de Poblenou, con restricciones al tráfico de paso y recuperación de espacio para peatones. Aunque el concepto tenía antecedentes anteriores a Colau, su despliegue se convierte en una de las señas de identidad de su política urbana. También abre controversias sobre movilidad, participación vecinal y efectos sobre la actividad comercial.
2017: El PEUAT consolida las restricciones y se rompe el gobierno de coalición
En enero se aprueba el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que entra en vigor en marzo. Es el instrumento con el que el Ayuntamiento regula dónde pueden implantarse nuevos alojamientos turísticos y bajo qué condiciones, desde hoteles hasta viviendas de uso turístico. La norma divide Barcelona en cuatro zonas con distintos grados de restricción: en las áreas de mayor presión turística prohíbe nuevas aperturas incluso cuando cierra otro establecimiento; en otras permite sustituir las bajas, y en las zonas de crecimiento admite nuevas implantaciones sujetas a límites. La moratoria de 2015 se convierte así en una regulación territorial destinada a contener la concentración turística y proteger el uso residencial de los barrios.
En paralelo, se despliega el Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025, que combina promoción de alquiler asequible, adquisición de inmuebles, ayudas y rehabilitación. Su horizonte se extiende más allá de los mandatos de Colau, por lo que sus objetivos no deben confundirse con compromisos que debían estar ejecutados antes de su salida.
En noviembre, Barcelona en Comú rompe el pacto municipal con el PSC por el apoyo socialista a la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Colau vuelve a gobernar con sus 11 concejales, lo que complica la aprobación de sus proyectos.
2018: La reserva del 30% se convierte en su gran medida inmobiliaria
En febrero anuncia el programa APROP, siglas de Alojamientos de Proximidad Provisionales. La iniciativa plantea construir alojamientos mediante módulos industrializados y contenedores marítimos adaptados para ofrecer una respuesta temporal a personas y familias en emergencia habitacional. El objetivo es que puedan disponer de un hogar mientras encuentran una solución estable, procurando mantenerlas cerca de su entorno cotidiano. Se trata de un recurso de alojamiento transitorio, gestionado por los servicios sociales, y no de una adjudicación definitiva de vivienda pública. La propuesta se presenta como una vía rápida para atender la emergencia, aunque el despliegue del programa acabará acumulando retrasos.
La decisión inmobiliaria más relevante llega en septiembre: el Ayuntamiento aprueba la obligación de destinar a vivienda protegida el 30% del techo residencial de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones afectadas, con un umbral general superior a 600 m². En diciembre obtiene la aprobación definitiva de la Generalitat. Aunque habitualmente se habla de la “ley del 30%”, se trata de una modificación del planeamiento urbanístico.
El objetivo es generar vivienda protegida dentro de la ciudad consolidada mediante una aportación obligatoria de la promoción privada. Sin embargo, su escasa producción inicial y las críticas sobre su impacto en la viabilidad de construir y rehabilitar convertirán la medida en uno de los principales puntos de discusión de su gestión.
Ese mismo año se constituye Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), impulsado por el Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelona. El operador aspira a desarrollar unas 4.500 viviendas de alquiler asequible mediante colaboración público-privada, aproximadamente la mitad en la capital y la otra mitad en municipios metropolitanos. La ambición del anuncio contrastará con los años necesarios para poner en marcha las promociones.
2019: Conserva la alcaldía sin ganar las elecciones
El 26 de mayo, ERC gana las elecciones en votos, aunque empata a diez concejales con Barcelona en Comú. El 15 de junio, Colau conserva la alcaldía con los votos de su formación, los ocho del PSC y tres concejales de la candidatura de Manuel Valls. No fue, por tanto, el apoyo del PP el que permitió su investidura: ese partido respaldaría a Collboni en 2023.
Colau inicia su segundo mandato con los socialistas como socios y mantiene la ampliación del parque público entre sus prioridades. Las compras y la construcción serán dos vías de actuación, aunque con efectos distintos: adquirir viviendas amplía el patrimonio municipal, pero no añade necesariamente nuevas unidades al parque residencial de la ciudad.
En agosto comienza la instalación del primer bloque APROP en el Gòtic, con doce alojamientos, presentado a finales de año. La primera actuación llega aproximadamente año y medio después del anuncio del programa y ofrece una respuesta de escala reducida frente a la emergencia residencial.
Mientras tanto, la primera búsqueda de socio privado para HMB fracasa. El concurso queda desierto porque la única oferta presentada, la de Cevasa, no cumple los requisitos.
2020: La pandemia altera el mercado y llega el control autonómico del alquiler
El 1 de enero entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones de las rondas de Barcelona, una actuación de alcance metropolitano que amplía las restricciones de circulación.
La pandemia transforma el turismo, el comercio y el mercado residencial. El Ayuntamiento trata de aprovechar la caída de la actividad turística para captar viviendas destinadas al alquiler social. Ese contexto excepcional es indispensable para interpretar las oscilaciones de oferta y precios durante el segundo mandato.
En septiembre se aprueba la ley catalana de contención de rentas, defendida políticamente por Colau. La regulación procede del Parlament, no del Ayuntamiento, y su núcleo será anulado por el Tribunal Constitucional en 2022.
También se revisa el diseño de HMB. Los nuevos pliegos introducen mayor flexibilidad en las condiciones de capital y los plazos, además de permitir negociar con los candidatos. La dificultad para atraer un socio obliga a modificar el planteamiento inicial del operador.
2021: HMB consigue socio privado, pero las viviendas siguen pendientes
En mayo se selecciona la candidatura conjunta de Cevasa y Neinor y en noviembre se formaliza la estructura mixta de HMB. El Ayuntamiento y el Área Metropolitana conservan un 25% cada uno, mientras el socio privado reúne el 50% restante.
La entrada de las empresas desbloquea la estructura societaria, pero no equivale al inicio inmediato de todas las obras ni a la entrega de viviendas. Tres años después de la constitución del operador, su principal avance sigue siendo organizativo.
En diciembre, el Ayuntamiento aprueba un nuevo PEUAT tras los pronunciamientos judiciales contra el anterior, manteniendo su orientación restrictiva sobre los alojamientos turísticos.
2022: Revés al control de rentas y avance de las grandes obras urbanas
En marzo comienzan las obras de la primera fase de conexión del tranvía por la Diagonal. El proyecto pasa a ejecución, aunque Colau terminará su alcaldía sin haber dejado completamente unidas las dos redes.
Ese mismo mes, el Tribunal Constitucional anula el núcleo de la regulación catalana de alquileres por razones competenciales. La sentencia desactiva el instrumento autonómico, aunque no constituye por sí misma una evaluación de sus resultados económicos.
Durante el año avanzan las obras de los ejes verdes del Eixample. El programa APROP incorpora los 42 alojamientos de Glòries, que, sumados a los doce del Gòtic, elevan el total a 54. La iniciativa se materializa, pero conserva un volumen modesto respecto a las necesidades de vivienda de Barcelona.
2023: Termina el mandato con alquileres más caros y proyectos pendientes
El final de la etapa de Colau llega con una fuerte distancia entre la centralidad de la vivienda en su discurso y las condiciones de acceso al mercado. En abril, el precio anunciado del alquiler alcanza los 18,6 euros por m² al mes, un 18,7% más que un año antes, según idealista.
El balance del parque municipal ofrece una mejora, aunque exige distinguir qué se ha hecho. De unas 7.500 viviendas en 2015 se pasa a aproximadamente 11.500 viviendas habitables en mayo de 2023: unas 4.000 más, un incremento cercano al 53%. La ampliación combina construcción, compras, cesiones y captación de viviendas privadas para alquiler social. No son, por tanto, 4.000 pisos nuevos construidos, ni estas cifras representan toda la vivienda protegida de Barcelona.
La revisión publicada por idealista/news en mayo recogía unas 1.500 viviendas construidas y otras 600 previstas para finalizar durante aquel semestre. Estas últimas no pueden darse automáticamente por entregadas antes de la salida de la alcaldesa.
Las adquisiciones también tienen peso: entre 2015 y 2022, el Ayuntamiento compra unas 43 fincas con 938 viviendas por cerca de 150 millones de euros. La operación refuerza el patrimonio municipal, pero no equivale a aumentar en esa misma cantidad el número de viviendas existentes en la ciudad.
El 28 de mayo, Barcelona en Comú queda tercera en las elecciones. El 17 de junio, Jaume Collboni es investido con los votos del PSC, los comunes y el PP. Terminan los ocho años de Colau como alcaldesa.
El 30% y HMB: los resultados tardan en llegar
La reserva del 30% dejó unos resultados iniciales muy alejados de la dimensión del debate que generó. En noviembre de 2023, ya finalizada la alcaldía de Colau, se contabilizaban ocho viviendas terminadas al amparo de la medida. Son viviendas protegidas generadas mediante esa obligación, no necesariamente incorporadas al parque municipal.
El cuestionamiento de la norma no se limita a los pocos pisos protegidos obtenidos. También alcanza a su efecto sobre la promoción de vivienda libre. La obligación exige reservar una parte de la superficie residencial para viviendas con precio limitado, lo que modifica los ingresos previstos de las operaciones. Según los promotores, esa exigencia dificulta la viabilidad de proyectos cuando el coste del suelo y de la construcción no permite absorber la diferencia. La consecuencia que describen es la paralización de actuaciones o el traslado de la inversión a otros municipios. El Colegio de Arquitectos de Cataluña también ha advertido de que la reserva limita nuevas promociones y desplaza actividad hacia el entorno metropolitano.
Los datos de visados reflejan el debilitamiento de la vivienda libre: Barcelona pasó de 2.385 viviendas de esta categoría en 2021 a 1.060 en 2022 y 859 en 2023. En 2024 se recuperó hasta 1.056, todavía un 55,7% por debajo de 2021. Ese último año, solo tres edificios visados estaban sujetos a la reserva del 30%, con doce futuras viviendas protegidas. La comparación parte, además, de unos ejercicios en los que todavía se desarrollaban proyectos tramitados antes de la entrada en vigor de la obligación.
La debilidad continuó después. Según el COAC, en 2025 se visaron en Barcelona 1.195 viviendas de nueva creación, un 39,2% menos que en 2024 y el registro más bajo de la última década. De ellas, 597 eran protegidas. El propio colegio introduce una precisión relevante: parte del descenso responde a que en 2024 se visaron promociones públicas que no estaban obligadas a realizar ese trámite, lo que condiciona la comparación anual.
Los visados corresponden a proyectos y no equivalen a viviendas terminadas. Tampoco permiten calcular por sí solos cuántos pisos han dejado de construirse por el 30%: intervienen otros factores, como la disponibilidad de suelo, los costes, la financiación y los plazos administrativos. El balance combina, por tanto, una producción inicial reducida de vivienda protegida mediante esta obligación con un freno a la promoción privada que arquitectos y promotores vinculan a su aplicación.
La trayectoria de HMB ilustra, por su parte, el desfase entre creación y ejecución. En octubre de 2023, cuatro meses después de la salida de Colau, el consejero delegado de Cevasa explicaba a idealista/news que las obras de cuatro promociones de Barcelona, con 338 viviendas, empezarían en breve. Las primeras entregas se situaban dos años después del inicio de la construcción.
El proyecto ha continuado después. En abril de 2026, el Institut Català de Finances concedió 46,7 millones de euros para cuatro promociones que suman 331 viviendas de alquiler asequible en Barcelona. La web del operador presenta una primera fase de ocho promociones y 627 viviendas entre la capital y otros municipios metropolitanos, en distintas etapas de desarrollo y comercialización. No son 627 viviendas entregadas, ni un resultado ejecutado durante los mandatos de Colau.
Seguridad: más robos violentos que en 2015, menos que en 2019
Los balances de Interior muestran una evolución desigual según el delito. Los robos con violencia e intimidación pasaron de 10.423 en 2015 a 14.721 en 2019 y 13.677 en 2023: un aumento del 31,2% entre el primer y el último año, aunque con un descenso del 7,1% respecto a 2019.
Los hurtos aumentaron un 2,6% entre 2015 y 2023, de 83.430 a 85.639, mientras los robos con fuerza en domicilios bajaron un 25,7%, de 6.610 a 4.909. No hubo, por tanto, un empeoramiento uniforme de todas las categorías.
Las cifras proceden de balances anuales sujetos a revisión y abarcan actuaciones de distintos cuerpos policiales. Como ocurre con los indicadores de vivienda, los años de inicio y final incluyen meses de otros alcaldes y no permiten atribuir toda la evolución al gobierno municipal.
Una ciudad con más necesidades residenciales
La transformación demográfica añadió presión sobre la vivienda, los equipamientos y los servicios. Según las lecturas municipales del padrón, los residentes de nacionalidad extranjera pasaron de 262.233 en enero de 2015 a 333.516 en 2019 y 391.703 en 2023: un aumento del 49,4%, equivalente a 129.470 residentes más.
El indicador mide nacionalidad, no inmigración irregular, y no permite establecer una relación con la evolución de la delincuencia. Sí ayuda a dimensionar el cambio de una ciudad cuyas necesidades residenciales siguieron creciendo mientras se estrechaba la oferta de alquiler permanente.
El balance de los ocho años de Colau no es, por tanto, una ausencia de actuación: hubo más parque municipal, compras de viviendas y transformaciones urbanas. El contraste está entre la ambición de las promesas y el alcance de los resultados. La vivienda ocupó el centro del proyecto político, pero al finalizar el periodo Barcelona ofrecía menos alquiler permanente y exigía un esfuerzo económico considerablemente mayor a quienes buscaban firmar un contrato. Ese es el antecedente de gestión con el que Colau concurre ahora por Barcelona a las elecciones generales y aspira a llegar a la Moncloa.
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