Cataluña vuelve a liderar las demandas por okupación de viviendas en los juzgados

Las nuevas demandas por okupación de viviendas que llegan a los juzgados siguen cayendo y vuelven a situar a Cataluña como la comunidad más afectada. Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el segundo trimestre del año ingresaron en los órganos judiciales de toda España 443 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 9% menos respecto a primavera del año pasado; y uno de cada cinco se contabilizó en Cataluña.

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A nivel nacional, el volumen de demandas es el tercero más bajo de toda la serie histórica que arrancó en el tercer trimestre de 2018 -tras los veranos de 2025 y de 2023- y está muy por debajo del promedio de la estadística judicial (712 casos por trimestre).

Cataluña registró el mayor número de demandas en términos absolutos (89), lo que representa el 20% del total nacional; seguida de Andalucía (74), la Comunidad Valenciana (57), Madrid (37) y Baleares (31). Así, Cataluña vuelve a liderar las demandas por okupación de viviendas, arrebatando el puesto a Andalucía, que encabezó el ranking nacional en el primer trimestre del año y en tres de los últimos cuatro trimestres. 

Sin embargo, al observar el volumen de casos según la población, la región más afectada es Baleares, con 2,5 procedimientos por cada 100.000 habitantes; seguida de Castilla-La Mancha (1,3), Asturias (1,2), Canarias (1,2), Cataluña (1,1) y Comunidad Valenciana (1,1). En Andalucía, en cambio, la proporción es de 0,8 demandas por cada 100.000 habitantes y en Madrid, de apenas 0,5, lo que se traduce en uno de los números más bajos, junto con los de La Rioja (0,3), el País Vasco (0,3) y Navarra (0). 

Caen las demandas, pero el problema persiste

Los expertos insisten en que la tendencia a la baja de las demandaspor okupación de viviendas no debe interpretarse como una menor incidencia de la okupación. De hecho, aseguran que el fenómeno sigue siendo un problema de primer nivel en España. 

Entre otras razones, porque los datos del CGPJ solo incluyen los casos que se enmarcan en la vía civil, por lo que quedan fuera de estas cifras los procedimientos penales, como los delitos de usurpación de vivienda y allanamiento de morada, que se tramitan por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Además, la pasada primavera entró en vigor la ley de la eficiencia de la administración de la justicia, que obliga a negociar con los okupas a través de los llamados ‘MASC’ (Medios Adecuados de Solución de Controversias) antes de interponer la demanda, lo que está dilatando los plazos de muchos procedimientos. 

A ello se une el hecho de que cada vez más afectados deciden buscar fórmulas alternativas para recuperar la posesión de las viviendas, como por ejemplo pagar a los ocupantes ilegales; y que el CGPJ solo contabiliza los procedimientos judiciales que interponen las personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, dejando fuera a los casos de okupación que afectan a las empresas. 

Cataluña lidera los casos del primer semestre

Cataluña no solo encabeza el volumen de procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas que han llegado a los juzgados en el segundo trimestre, sino que es la que registra más unidades en la primera mitad de año.

Según los datos del CGPJ, de las 903 demandas que llegaron a los órganos judiciales de todo el país entre enero y junio, un total de 177 se registraron en Cataluña -lo que representa un 19,6%-. Las siguientes regiones con el mayor número son Andalucía (168 casos, el 18,6% del total) y la Comunidad Valenciana (121 procedimientos, un 13,4% del conjunto del país). Entre estas tres CCAA acaparan más de la mitad de los casos (51,6%) y son las únicas con más de un centenar de procedimientos en el primer semestre.

A distancia se encuentran Canarias (81), Madrid (65), Baleares (48), Castilla-La Mancha (48), Galicia (48) y Castilla y León (45). El resto de regiones ha acumulado menos de 30 nuevos procedimientos en la primera mitad de 2026, siendo Navarra la única en la que no se han contabilizado demandas por okupación ilegal de viviendas en el semestre.