El reconocido diseñador estadounidense Tom Ford ha adquirido una lujosa mansión en el exclusivo barrio de Chelsea en Londres por más de 80 millones de libras (96 millones de euros), marcando la transacción inmobiliaria más cara en el Reino Unido en lo que va del año. El mercado de la vivienda de lujo en la capital británica se está adaptando a la nueva legislación del Ejecutivo laborista que ha aumentado los impuestos sobre la compra de segundas residencias y las transacciones por parte de extranjeros no residentes.

A punto de cumplirse año y medio de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, Cataluña es la única autonomía que ha impuesto la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en 271 municipios en los que se aplican limitaciones a las subidas de los precios de los alquileres. Ahora, País Vasco y Navarra han anunciado que inician los trámites con el Gobierno Central para declarar zonas tensionadas en sus capitales de provincia y varios otros municipios.

La última encuesta del Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)en Reino Unido confirma las previsiones de los agentes inmobiliarios de una disminución drástica en la oferta de viviendas en alquiler, que junto con una demanda cada vez más creciente, está provocando un incremento significativo en los precios del alquiler en Reino Unido. El informe destaca que stock de propiedades puestas en alquiler cayó un 29% en octubre, su mayor caída desde 2021, mientras que los precios de los arrendamientos han subido un 8,4% en septiembre.

El Consejo Municipal de Nueva York ha aprobado la Ley de Equidad en los gastos de alquiler de apartamentos (FARE, por sus siglas en inglés) que prohíbe que la comisión que cobran los agentes inmobiliarios contratados por el propietario sea asumida por los inquilinos. Por lo general, deben hacer frente a un 15% del precio del alquiler anual, además de la fianza. Ahora, el alcalde Eric Adams debe aprobar o vetar la norma en los próximos 30 días, aunque durante su debate expresó su preocupación sobre la posibilidad de que los propietarios aumenten los alquileres para compensar este nuevo coste, y perjudicar a los inquilinos.

El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley que pone fin a las denominadas 'golden visa', los visados que se aprobaron bajo la Administración de Mariano Rajoy para personas no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en una vivienda. Finalmente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha encontrado en la Ley para la eficiencia de la justicia el ordenamiento legal para poner fin a estos visados que llevan funcionando en España desde 2013. La norma sigue su remisión al Senado y parece que entrará en vigor a comienzos de 2025, aunque respetará las solicitudes en curso.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto en marcha un nuevo instrumento financiero a través del que invertirá 268 millones de euros en fondos de capital especializados para impulsar nuevas viviendas sociales y asequibles en régimen de alquiler. El ICO ha hecho la convocatoria pública para seleccionar a las gestoras y vehículos especializados, que podrán invertir 550 millones en proyectos de promoción y gestión de alquiler social y asequible. Se estima que se podrán construir unas 10.000 nuevas viviendas en arrendamiento.

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de España, Gerard Duelo, ha abandonado voluntariamente el cargo antes de finalizar su mandato tras seis años al frente la organización. La decisión de Duelo se debe a su intención de dedicarse más intensamente al proyecto de expansión de "API profesional" en toda España. En su comunicado se sobreentiende ciertas tensiones internas con los colegiados más veteranos en una "entidad endémicamente frenada en su concepto de unidad nacional", y denuncia que más del 70% de los Coapi no tienen medios y apenas tienen actividad.

La Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) ha pedido "cautela" ante los cambios que el Gobierno está estudiando llevar a cabo para eliminar el régimen fiscal de las socimis. Además, advierten de que llevar a cabo cambios en las condiciones fiscales de estas empresas cotizadas puede tener "efectos significativos en la cotización e incentivar la deslocalización de las mismas a otros mercados europeos".

La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) ha advertido de que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno dirigida a las socimis pondría en riesgo hasta 15.000 millones de euros de operaciones en inversión desde 2014 en el sector en España. ACI subraya que las socimis representan un porcentaje mínimo del total de viviendas en alquiler en España, por lo que cree que esta medida tendría un impacto "insignificante" en el aumento de la oferta de viviendas, y y agravaría los problemas que ya existen en el mercado, además de un retroceso en la competitividad respecto al resto de países europeos.

En un momento crucial para las economías emergentes y de bajos ingresos, los gobiernos buscan nuevas formas de financiar un crecimiento sostenible sin recurrir a la deuda externa o a grandes aumentos de impuestos. Sin embargo, aplicar impuestos a la propiedad inmobiliaria se presenta como una herramienta poco utilizada, con un considerable potencial de recaudación, especialmente en economías en desarrollo. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca que mejorar la gestión y cobertura de estos tributos podría generar ingresos de hasta 10 veces los actuales niveles en países como India o Nigeria.