
Los partidos políticos, actores y expertos del sector no han tardado en ofrecer su opinión sobre las nuevas medidas presentadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. PP y Vox tildan de intervencionistas las propuestas planteadas, mientras Sumar pide ir más allá y sancionar a los caseros que no apliquen precios asequibles como a la compra de vivienda con carácter especulativo. Las patronales de la construcción e inmobiliarias piden un pacto de Estado entre los dos grandes partidos para aprobar la Ley del Suelo y favorecer la seguridad jurídica en el sector.
Borja Sémper (PP): "Manosear el mercado genera precios más caros"
El portavoz del PP, Borja Sémper, cree que las medidas en política de vivienda anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para eximir de IRPF a los propietarios que alquilen aplicando el índice de alquiler o limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes en España son "intervencionistas" y sólo servirán para reducir la oferta.
En una rueda de prensa en la sede del PP, Borja Sémper ha dicho que este paquete de medidas supone "más política intervencionistas" y "perseverar en el error". "Y lo que queda acreditado por la experiencia es que manosear el mercado lo que genera es precios más caros y menos oferta", ha comentado ante los medios de comunicación.
"Llevamos meses reuniéndonos con el sector, escuchando sus necesidades y sus propuestas y lo que hemos recabado es una opinión unánime que se concreta en que las políticas intervencionistas estrangulan la vivienda, y que la inseguridad jurídica es una lacra para la inversión", ha subrayado.
En este contexto, Borja Sémper ha destacado que su partido llevará su propia Ley del Suelo al Congreso en las próximas semanas, al tiempo que ha recordado que los gobiernos autonómicos 'populares' han propuesto un tipo máximo del 4% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la gente joven.
Santiago Abascal (Vox):"La vivienda no ha hecho más que aumentar el precio"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha restado trascendencia a las recientes medidas en vivienda anunciadas por el presidente del Gobierno, y cree que son su "último conejo de la chistera".
Abascal ha desdeñado las medidas anunciadas por Sánchez, pues lleva gobernando siete años y desde entonces "la vivienda no ha hecho más que aumentar el precio" y las ocupaciones "no han hecho más que aumentar".
"Desde que gobierna, la gente que vive y que tiene su vivienda bien en propiedad o bien en alquiler, en barrios humildes, se ha degradado y esa vivienda está peor, como consecuencia de la inmigración masiva", ha censurado Santiago Abascal.
Sumar está en desacuerdo con la exención de IRPF a caseros
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha expresado su desacuerdo con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aplicar una exención del 100% del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) a los propietarios de vivienda que las pongan en alquiler según el índice de referencia, y ha apostado por aplicar en su lugar sanciones para quien no cumpla con ese mecanismo de precios o que se prohíba la compra de vivienda con carácter especulativo no solo a extranjeros sino también a nacionales.
A su vez, ha manifestado que el resto de medidas que ha puesto sobre la mesa son insuficientes, aunque valora el "cambio de tono" del PSOE a la hora de asumir la necesidad de intervenir el mercado de vivienda y da la "bienvenida" a los socialistas a las posiciones que viene defendiendo Sumar durante meses.
Sumar nota ahora que el PSOE asume que una mayor oferta de vivienda sin regulación del mercado no soluciona el problema y valora que se haya hablado de medidas en la jornada de hoy como elevar el IVA a los pisos turísticos, limitar la compra de vivienda a especuladores o atajar la cuestión de las socimis, planteadas por su espacio político desde hace tiempo.
Otra demanda del socio minoritario de coalición es conseguir una mayor estabilización de contratos, para evitar que haya fuertes subidas por parte de los caseros cada cinco años.
Un pacto de Estado y otros reclamos del sector
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, ha pedido un pacto de Estado en materia de vivienda, ante las propuestas que al respecto han planteado en las últimas horas tanto el PP como el Gobierno.
La patronal ha indicado, en un comunicado, que en las propuestas que tanto Gobierno como PP han hecho en torno a la Ley del Suelo hay más similitudes que discrepancias, por lo que pide un pacto de Estado para desbloquearla como primer paso para empezar a plantear soluciones a la que ya es la principal preocupación de los españoles.
CNC valora toda medida que busque estimular la oferta de vivienda, liberar suelo edificable y promover bonificaciones fiscales que, bien encaminadas, pueden incrementar cualitativamente el parque inmobiliario. Un aumento de oferta que, a su juicio, "sería más eficaz que el intervencionismo plasmado en algunas medidas desglosadas esta mañana y que podrían terminar agravando la inseguridad jurídica".
En este contexto, según los cálculos de la patronal, tendrían que construirse 220.000 viviendas anuales para empezar a aliviar los problemas del mercado y poder alcanzar la velocidad de crucero de 150.000 en cinco años.
En lugar de crear una gran empresa pública de vivienda para construir y gestionar, ve más conveniente reforzar la colaboración público-privada que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos aprovechar "la capacidad, experiencia y dinamismo de las empresas" para ofrecer servicios, también de gestión, que desde las administraciones "no serían factibles desde el punto de vista presupuestario, ni razonable ante el valioso tejido empresarial" del país.
Desde el punto de vista fiscal, la patronal ya propuso implantar bonificaciones del ITP o el IBI por la compra de una vivienda, así como implementar un programa de avales destinado a jóvenes para garantizar la concesión de hipotecas y generalizar la actualización de los módulos de los planes de vivienda.
Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, "las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno siguen por el mismo camino que nos ha traído hasta el momento de emergencia en el que estamos: aumentos de impuestos a inversores internacionales, el aumento de las sanciones para los propietarios, desconocimiento de la figura de las Socimis o planes que no pondrán vivienda de manera efectiva al servicio de la ciudadanía hasta dentro de 3-4 años como mínimo".
Por otra parte, recalca Iñareta, "parece que por fin se han incluido algunos incentivos a los propietarios, aunque solo en los casos en que se ajusten a los precios marcados por el propio Gobierno, llegando incluso a explicitar que ofrecerán garantías legales en caso de impago a quienes se acojan a esos precios, lo que da entender que quienes no pongan esos precios no tendrán el amparo legal necesario para recuperar su vivienda si el inquilino deja de pagar o si existe algún conflicto. La preocupante falta de oferta que sufre el mercado necesita de incentivos para que vuelvan al mismo el mayor número posible de inmuebles y parece que ese objetivo se ha vuelto secundario en el intento del Gobierno por fijar los precios. Los alicientes que el Gobierno propone demuestran su total desconexión con la realidad actual de miles de propietarios que ya no se fían de que finalmente haya seguridad jurídica y estabilidad regulatoria".
Desde la patronal de las agencias y agentes inmobiliarios FADEI afirman que "este tipo de eventos son positivos para que todos los actores que intervienen en el mercado podamos trabajar juntos para solucionar el problema de la vivienda en España. No obstante, que sean medidas de un solo partido político no es suficiente, pues estamos ante un problema de carácter nacional. Algunas de las medidas anunciadas por Sánchez son buenas y otras, aunque bienintencionadas, son de difícil realización. Por eso necesitamos la unión de todas las fuerzas políticas".
Mientras, el Consejo General de los COAPI de España insiste en que "las medidas presentadas por el presidente del Gobierno son propuestas genéricas, por lo que habrá que esperar a ver cómo se van a estructurar y formalizar con la creación de una gran empresa estatal de Vivienda y Suelo. El Gobierno sigue apostando por la política intervencionista, que no es la más adecuada. Por tanto, entendemos que el mercado de la vivienda y su accesibilidad requieren de un profundo estudio y consenso de las fuerzas políticas, pensando en un plan estratégico de Estado, si es que se quiere convertir a la vivienda en ese "quinto pilar del Estado del Bienestar“.
“El Gobierno reconoce con estas medidas el déficit histórico de vivienda pública en España, que ninguna Administración se ha preocupado en solucionar en más de una década. Y, al mismo tiempo, se centra el problema en la falta de oferta de vivienda pública y deja de responsabilizar al mercado por esta cuestión. Pese a que la mayoría de estas medidas llegan tarde, aplaudimos su nuevo enfoque, aunque consideramos que en algunos casos resulta insuficiente”, señala Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro.
“La nueva empresa pública de vivienda debe tener una actividad como promotora de nuevas viviendas en alquiler asequible, esa debe ser su función. En este sentido, nos preocupa que esta empresa se dedique también a adquirir vivienda disponible en el mercado, lo que podría generar nuevas tensiones y reducir más la oferta disponible para los compradores particulares”, indica el presidente de Alquiler Seguro, mientras valora este primer paso hacia una reducción del IRPF en los alquileres que se ciñan al índice de referencia del Ministerio de Vivienda. La excepción deben ser para todos los alquileres residenciales.
Mientras, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) pide al Gobierno concreción en el calendario para poner en marcha las medidas anunciadas para generar oferta de alquiler a corto plazo.
"Los tiempos de la administración y la política no son los de la ciudadanía, y el mercado no puede permitirse más declaraciones de intenciones", ha destacado el presidente de la Federación, José María Alfaro.
De la misma forma, reivindica alturas de miras ante la crisis habitacional más grave de los últimos 40 años en España. Para ello, pide a Gobierno y oposición que no aborden la actual crisis de la vivienda desde un prisma meramente político y adopten consensos en materia de vivienda, sumando y aunando medidas.
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