Una vivienda comprada en los años 80, un contrato privado nunca elevado a escritura y la falta de actuaciones resolutorias por parte de la entidad financiera desde su última reclamación, en 1990, están en la base del conflicto que ha resuelto la Audiencia Provincial de Granada, que ha estimado la pretensión de unas herederas y ha obligado a CaixaBank a formalizar en escritura pública una compraventa privada de 1987 que seguía sin reflejarse en el Registro de la Propiedad.

¿Qué pasa con una hipoteca cuando uno de los titulares fallece? ¿Se cancela la deuda, responde solo el heredero o el banco puede reclamarlo todo al cotitular que sigue con vida? Una sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife aporta respuestas claras a estas preguntas en un escenario muy habitual: una hipoteca sobre un local comercial vinculada a una actividad económica. La respuesta del tribunal es clara: el fallecimiento de uno de los prestatarios no extingue la deuda hipotecaria. La obligación de pago subsiste y puede reclamarse tanto al cotitular superviviente como a la herencia yacente del fallecido, especialmente cuando esta se encuentra representada en el procedimiento.

El debate sobre la ocupación ilegal de viviendas en España se ha reactivado tras las declaraciones de Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, quien ha expuesto cifras, plazos y criterios jurídicos sobre esta problemática. Durante su intervención en el I Foro de Policía Local y Turismo, en Alicante, señaló que en España se producen alrededor de 16.000 okupaciones de viviendas al año, una cifra que, según explicó, pone de manifiesto el debate sobre la necesidad de una reacción legislativa. El magistrado subrayó que, a día de hoy, no existe una norma que garantice la devolución de la vivienda al propietario en un plazo máximo de 72 horas.

Vivir de alquiler no implica perder los derechos de adquisición preferente cuando se transmite la vivienda arrendada, siempre que se cumplan los requisitos legales y no concurra alguna de las excepciones previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El Tribunal Supremo acaba de recordarlo en una resolución que despeja algunas dudas bastante habituales en el mercado inmobiliario: el derecho de retracto del inquilino puede mantenerse incluso cuando la vivienda se transmite dentro de una venta en bloque o una cartera inmobiliaria.

Cobrar una indemnización elevada tras un despido puede tener consecuencias inesperadas si, una vez agotado el paro, se solicita un subsidio por desempleo. El Tribunal Supremo ha zanjado esta cuestión con una sentencia que aclara qué parte cuenta como renta y cuál no a efectos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La clave está en una cifra concreta: la indemnización legal mínima obligatoria. Todo lo que supere ese umbral, aunque sea fruto de un acuerdo, puede dar lugar a la denegación o suspensión temporal de ciertas ayudas, hasta que el nivel de rentas vuelva a situarse por debajo del límite legal.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha avalado la condena a dos personas que ocuparon una vivienda heredada sin permiso y donde, según la sentencia, llegaron a realizar obras de reparación y otras actuaciones, como si fueran titulares del inmueble. El procedimiento arrancó cuando una de las herederas descubrió que la puerta de acceso había sido sustituida y, en el interior, residían dos personas sin contrato de alquiler ni autorización. Además, habían modificado el acceso, cercado parte del terreno y llevado a cabo trabajos de reparación y cultivo, modificando la finca sin autorización.

Las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas no desaparecen. El último Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno el año pasado ha modificado la Ley del IRPF para prorrogar hasta finales de 2026 el plazo de aplicación de estos incentivos fiscales, que ya se venían utilizando en los últimos años por propietarios y arrendadores. La medida evita que las deducciones caduquen y da margen a quienes estén valorando acometer reformas orientadas a reducir el consumo energético de sus viviendas, una cuestión cada vez más relevante tanto en el mercado inmobiliario como de cara a la próxima declaración de la Renta.

Comprar una vivienda a medias y acabar pagando impuestos distintos no es aceptable. Así lo ha aclarado el Tribunal Supremo, corrigiendo una práctica administrativa que venía generando controversia: asignar valores fiscales diferentes en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) a compradores conjuntos de un mismo inmueble. La sentencia, dictada el pasado 9 de diciembre, sienta jurisprudencia y lanza un mensaje a la administración: cuando se trata de un mismo bien adquirido en un único acto de compraventa, no es admisible que se determinen valores fiscales distintos para cada comprador.

El alquiler en Andalucía afronta uno de sus mayores cambios de los últimos años con la entrada en vigor de la Ley 5/2025 el próximo 24 de enero, que trae importantes novedades que afectan de lleno a propietarios, inquilinos y profesionales inmobiliarios. Por ejemplo, la norma suprime la obligación de ingresar la fianza de los arrendamientos de fincas urbanas. Hasta ahora, el procedimiento pasaba por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el conocido Modelo 806, pero a partir de este mes será el propio arrendador quien conserve la fianza. La ley también apuesta por facilitar suelo, agilizar procedimientos y reforzar la colaboración público-privada para incrementar el parque residencial.

¿Se puede dividir un edificio en oficinas o locales a efectos catastrales aunque tenga un solo dueño y esté íntegramente alquilado? El Tribunal Supremo ha cerrado el debate: la respuesta es negativa mientras no exista una comunidad de propietarios efectiva y plenamente constituida. El Supremo recuerda que la propiedad horizontal no es una mera operación técnica o descriptiva. No basta que el edificio esté físicamente dividido.