¿Se pueden instalar cámaras en las zonas comunes de un piso alquilado por habitaciones si los inquilinos han firmado una cláusula aceptándolas? La Agencia Española de Protección de Datos responde a esta cuestión imponiendo una multa de 6.000 euros a un propietario, considerando que su inclusión en el contrato de arrendamiento no basta para legitimar el tratamiento de las imágenes. La reclamante sostuvo, además, que las personas que accedían a la grabación no eran las mismas que figuraban como arrendadoras.

Presentar un contrato falso en un juicio puede terminar con una condena penal. Así lo recuerda una sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que ha impuesto un año de prisión y seis meses de multa a un arrendatario por utilizar dos documentos con firmas falsificadas en un procedimiento judicial para mantener la posesión de varias fincas rústicas. Además, el condenado tendrá que indemnizar a los herederos con más de 17.000 euros.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado qué gastos puede deducir el propietario de una vivienda que permanece vacía entre dos contratos de alquiler. La entidad distingue entre los de reparación y conservación, siempre que se cumplan determinados requisitos, y otros gastos de carácter anual, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuya deducción solo procede en proporción al tiempo en que el inmueble ha estado efectivamente arrendado. Con carácter general, los ingresos obtenidos por arrendar una vivienda tributan en el IRPF como rendimientos del capital inmobiliario.

La Dirección General de Tributos aclara que los ayuntamientos no pueden ignorar el precio escriturado para calcular la plusvalía municipal y aplicar automáticamente el valor de referencia del Catastro. Aunque este dato puede utilizarse como instrumento de comprobación -al amparo del artículo 57 de la Ley General Tributaria-, no tiene eficacia directa sobre este impuesto. Para apartarse del importe declarado por el contribuyente, el consistorio deberá abrir un procedimiento de comprobación de valores, motivarlo y resolverlo conforme a la normativa tributaria.

Fumar dentro de una vivienda alquilada no obliga, por sí solo, al arrendatario a asumir el coste de la pintura, la limpieza o la sustitución del mobiliario cuando termina el contrato.

Durante las últimas semanas han circulado numerosas informaciones asegurando que bares y restaurantes dejarán de servir sobres individuales de kétchup, mayonesa o azúcar a partir del 12 de agosto. Sin embargo, esa afirmación no se ajusta al calendario fijado por la Unión Europea. Si bien el Reglamento (UE) 2025/40, que reforma la normativa sobre envases y los residuos que estos generan, empezará a aplicarse con carácter general ese día, las restricciones sobre envases de un solo uso no comenzarán a hacerlo hasta el 1 de enero de 2030.

La falta de acuerdo no permite a una comunidad de propietarios dejar vacante la presidencia como forma de funcionamiento. Así lo aclara la Audiencia Provincial de Bizkaia, que ha declarado nulo el acuerdo adoptado por una comunidad que decidió seguir funcionando sin presidente después de que la candidatura propuesta fuera rechazada. La sentencia, del 4 de junio, recuerda que la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) prevé distintos mecanismos para garantizar el nombramiento del presidente cuando la elección no prospera, por lo que la comunidad no puede dar por finalizado el proceso sin cubrir este cargo.

La Audiencia Provincial de Madrid vuelve a poner el foco en uno de los aspectos más controvertidos en el ámbito de las relaciones arrendaticias: el desahucio por falta de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La sentencia, dictada el 25 de mayo, lanza un mensaje a propietarios e inquilinos sobre cómo deben gestionarse estas reclamaciones. El contrato, firmado el 1 de diciembre de 1980, había permanecido vigente durante décadas. El conflicto surgió cuando el propietario acudió a los tribunales tras dejar el arrendatario sin abonar un recibo de 636,61 euros correspondiente al IBI de 2023.

El Tribunal Económico-Administrativo Central ha fijado un criterio de gran importancia para propietarios que tienen inmuebles en alquiler con financiación hipotecaria. En una resolución del 24 de junio de 2026, el TEAC aclara que las primas del seguro de vida vinculadas a la hipoteca pueden deducirse en el IRPF como gasto de financiación, siempre que exista una conexión directa con la obtención de los rendimientos del capital inmobiliario. Esta resolución refuerza la seguridad jurídica de los arrendadores, que hasta ahora se enfrentaban a una interpretación mucho más restrictiva. Además, al tratarse de una resolución dictada en unificación de criterio, la doctrina fijada es vinculante para toda la Administración tributaria.

Vender una vivienda heredada no solo implica decidir el momento adecuado para hacerlo. También obliga a calcular los impuestos que habrá que pagar por la operación. En ese proceso surge una duda muy habitual: ¿puede el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) reducir la ganancia patrimonial? La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado esta cuestión en una consulta vinculante donde concluye que el IBI no puede computarse para rebajar la tributación derivada de la venta.