El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre una cuestión clave en el mercado del alquiler: ¿es válida una cláusula de prórroga indefinida a voluntad del inquilino tras la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994? En una novedosa sentencia avala este tipo de cláusulas, aunque con límites temporales, reforzando así la importancia del principio de autonomía de la voluntad frente a la rigidez de la duración contractual.

El Tribunal Supremo ha marcado un antes y un después para miles de propietarios al aclarar que cualquier ciudadano puede pedir al Catastro la corrección del valor o los datos de su inmueble, sin tener que pasar por el ayuntamiento. Una nueva sentencia aclara cómo debe aplicarse la Ley del Catastro Inmobiliario y refuerza el derecho de los contribuyentes a corregir errores que afectan a impuestos tan cotidianos como el IBI.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a la reclamación de una comunidad de vecinos que exigía la devolución de una cantidad embargada por error de su cuenta bancaria. La Sala de lo Social concluye que el perjuicio alegado no deriva de una resolución dictada por un juez o magistrado, sino de una actuación de la Letrada de la Administración de Justicia durante la fase de ejecución del procedimiento. Al no provenir de una decisión judicial propiamente dicha, el caso no puede considerarse un error judicial en sentido estricto.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga en su intento de recuperar una vivienda pública ocupada sin título desde hace casi una década. La sentencia autoriza la entrada en el inmueble para ejecutar el desahucio, tras concluir que la ocupación no estaba amparada por ninguna causa de vulnerabilidad social.

La Dirección General de Tributos (DGT) despeja una de las dudas más comunes entre los profesionales que invierten en mejorar su visibilidad digital. En la respuesta a una consulta vinculante, ha aclarado que los autónomos pueden deducir en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) los gastos derivados del uso profesional de las redes sociales, siempre que puedan demostrar su relación con la actividad económica y cumplan con los requisitos de justificación y registro contable que exige Hacienda.

La Audiencia Provincial de Albacete ha confirmado la validez de un testamento que reabre el debate sobre los límites entre el vínculo familiar y el derecho a heredar. En él, una abuela decidió desheredar a dos nietas tras quedar acreditado que ambas mantuvieron una conducta de abandono y desprecio emocional prolongado, que le provocó un menoscabo psicológico grave. La sentencia, del pasado julio, aplica la doctrina de sentencias del Supremo y concluye que no recibirán la legítima, la parte mínima de la herencia que reserva la ley.

La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado el desahucio por precario de una familia que residía en una vivienda municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sin contrato ni autorización. Los ocupantes alegaron vulnerabilidad económica y social para intentar frenar el lanzamiento, pero el tribunal concluyó que no demostraron esa situación ni aportaron la documentación requerida por los servicios sociales.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo y establece en una resolución que los arrendadores de viviendas o locales en España, tanto residentes como no residentes, deben declarar los ingresos del alquiler en el IRPF o en el IRNR siempre que sean exigibles conforme al contrato, incluso cuando el inquilino no paga las rentas. Sin embargo, hay diferencias entre los arrendadores: los residentes pueden aplicar la deducción por saldos de dudoso cobro o solicitar la devolución del impuesto, mientras que los de terceros países no gozan de esa posibilidad y deben tributar por la renta íntegra, aunque nunca la perciban.

El Tribunal Supremo ha cerrado filas en torno a la protección de los agentes comerciales, consolidando su posición frente a las empresas que intentan restringir las indemnizaciones por clientela. La sentencia núm. 1209/2025, de 3 de septiembre, obliga a Vodafone España a pagar más de 366.000 euros a una de sus empresas agentes, y deja un mensaje inequívoco: ningún contrato puede limitar una indemnización reconocida por ley.

La Audiencia Nacional ha puesto el foco en el sector inmobiliario y en la forma en que las promotoras aplican la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios en el Impuesto sobre Sociedades. El tribunal ha establecido que solo pueden acogerse a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios aquellas empresas que acrediten una finalidad económica real y demostrable en la transmisión de sus inmuebles. Si el propósito es la reventa, el bien deja de ser un activo productivo y pasa a considerarse una existencia, lo que implica la pérdida del beneficio fiscal.