La Dirección General de Tributos (DGT) ha arrojado luz sobre la cuestión de si el pago del impuesto de la plusvalía municipal al recibir un inmueble heredado se puede tener en cuenta a la hora de calcular la ganancia patrimonial al transmitirlo tiempo después. La DGT responde que el IIVTNU (nombre oficial de la plusvalía) satisfecho por el heredero sí puede sumarse al valor de adquisición, y recuerda al contribuyente que debe guardar los justificantes para poder considerar estos gastos como parte del valor de adquisición.

La antigüedad de una servidumbre no garantiza, por sí sola, que deba mantenerse de forma indefinida. Si las circunstancias cambian y deja de cumplir la función para la que fue creada, los tribunales pueden concluir que ya no es necesaria. Es el razonamiento al que ha llegado la Audiencia Provincial de Segovia en una sentencia donde declara que no pueden mantenerse dos servidumbres de paso que permitían a un propietario atravesar la finca de sus vecinos para acceder a distintas zonas de su casa.

Que el usufructo y la nuda propiedad de una vivienda pertenezcan a personas distintas no significa que todos los titulares tengan que tributar igual, aunque transmitan sus derechos en una única operación. Tributos aclara cómo se calcula la plusvalía del usufructuario y por qué su situación fiscal no determina la de los nudos propietarios. Así, que el usufructuario pueda quedar fuera del impuesto ante la inexistencia de un incremento de valor no implica que los nudos propietarios queden automáticamente exentos.

¿Quién responde por un incendio en una vivienda alquilada que provoca daños en el resto del edificio? Aunque se suele dar por hecho que el seguro del hogar cubrirá cualquier reclamación, el Tribunal Supremo acaba de recordar que no siempre es así. En una sentencia reciente aclara una cuestión que suele generar conflictos entre propietarios, inquilinos y aseguradoras: la cobertura de responsabilidad civil (RC) no se extiende al arrendatario por el mero hecho de que el siniestro se produzca en la vivienda.

Las disputas por el uso de zonas comunes siguen siendo uno de los grandes focos de conflicto en las comunidades de propietarios. No es raro que un vecino intente ganar metros a costa de estos espacios, pero los tribunales vienen rechazando de forma reiterada estas prácticas. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada ilustra bien este escenario. El caso se centra en una propietaria que cerró y ocupó un patio de luces que servía de separación entre su vivienda y el núcleo constructivo donde se ubican otros cuatro apartamentos.

Los conflictos entre propietarios forman parte del día a día en muchas comunidades, pero no todos tienen la misma trascendencia jurídica. Cuando las molestias se repiten y afectan al descanso o a la convivencia, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) ofrece medidas como la acción de cesación como vía para solucionar estas controversias. Este mecanismo permite privar temporalmente del uso de la vivienda al infractor. En el caso analizado, la propietaria ha sido condenada seis meses sin usar su casa opr ruidos a altas horas, agresión con los vecinos o lanzamiento de comida desde el balcón.

La firma del contrato suele acaparar toda la atención cuando se alquila una vivienda. Sin embargo, muchos de los conflictos más importantes no surgen hasta el momento de devolver las llaves. Es entonces cuando aparecen muchas de las discrepancias que acaban en los tribunales. ¿Quién debe pagar los desperfectos? La Audiencia de Barcelona explica qué debe acreditar cada parte y por qué las fotografías o el inventario pueden ser decisivos.

Que un contrato de alquiler diga que el inquilino asumirá los gastos de comunidad no siempre significa que el propietario pueda reclamárselos. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) exige que este documento indique su importe anual en el momento de la firma. De no cumplirse este requisito, el pacto puede ser ineficaz y el arrendador no podrá repercutir esos gastos, tal y como recuerda la Audiencia Provincial de Baleares en una sentencia. El contrato debe concretar el importe anual y que la actualización no puede aplicarse con efectos retroactivos.

Enviar un burofax comunicando al inquilino que debe abandonar la vivienda porque el propietario o un familiar cercano la necesitan puede no ser suficiente para recuperarla. Así lo entiende la Audiencia Provincial de Navarra en una sentencia donde interpreta el alcance del nuevo requisito de procedibilidad introducido por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Concluye que una simple comunicación no es suficiente si el inquilino se opone y no se acredita un intento de negociación antes de demandar

¿Puede un casero subir el alquiler automáticamente si el contrato lo permite? Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid acaba de aclarar que, sin notificar previamente al inquilino, la actualización de la renta no puede ser exigida. Y es que no basta con que el contrato incluya una cláusula de revisión: el arrendador debe activar ese mecanismo cumpliendo con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La renta actualizada solo puede exigirse desde el mes siguiente a su comunicación, de modo que el arrendador no puede reclamar con efectos retroactivos las correspondientes a periodos en los que no notificó la subida conforme a la ley.