La Dirección General de Tributos (DGT) vuelve a poner en el foco la fiscalidad de las donaciones en una consulta donde aclara cómo debe tributar la transmisión de una renta vitalicia, figura poco habitual pero cada vez más utilizada en la planificación patrimonial familiar. La resolución no solo confirma el impuesto aplicable, sino que también aporta una referencia técnica para calcular su valor, un punto especialmente relevante porque nuestro ordenamiento jurídico no regula expresamente estos supuestos.

¿Qué ocurre cuando unas obras en la vía pública terminan provocando daños en un edificio? La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Ourense nos da la respuesta, recordando la importancia de respetar las condiciones autorizadas. El juzgado ha condenado a una empresa a indemnizar con 6.595,71 euros más las costas a una comunidad de propietarios por los daños causados durante la ejecución de unos trabajos que provocaron una fuga de agua.

Firmar como avalista puede parecer un compromiso limitado a garantizar que el propietario cobrará la renta si el arrendatario deja de pagar. Sin embargo, cuando el alquiler se prolonga más allá de la duración inicial, surge una pregunta cuya respuesta no siempre es evidente: ¿seguirá respondiendo de las deudas que puedan generarse? La Audiencia Provincial de Murcia abordó esta cuestión en una sentencia del 20 de marzo. La obligación se limita al plazo para el que fue constituida (en el caso resuelto fue de seis meses de duración inicial) y no existía ninguna prueba de que el fiador hubiera aceptado responder también durante las prórrogas.

El Tribunal Supremo vuelve a marcar el terreno de juego en una cuestión clave para el mercado inmobiliario: quién puede reclamar al banco la devolución de las cantidades entregadas a cuenta cuando una promoción no llega a construirse. En una sentencia concluye que no basta con comprar una vivienda sobre plano para activar el régimen de protección de las cantidades anticipadas si la operación respondía a una finalidad inversora y no a un fin residencial. El caso gira en torno a una promoción fallida en Campos del Río (Murcia). Tras la insolvencia de la promotora, los compradores dirigieron sus reclamaciones a Caixabank, en su condición de avalista de la promoción.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre uno de los grandes focos de conflicto en las comunidades de propietarios: el uso turístico de las viviendas. En su sentencia respalda el cese de la actividad cuando los estatutos contienen una prohibición expresa de destinar los inmuebles a hospedería. No obstante, la sentencia no significa que cualquier comunidad pueda impedir de forma automática el alquiler turístico. El Tribunal Supremo recuerda que estas limitaciones deben constar de forma expresa en los estatutos. La mera descripción del edificio como residencial no basta, por sí sola, para prohibir esta actividad.

Cambiar un cerramiento de pavés por una ventana puede parecer una reforma menor, pero cuando esa modificación afecta a la relación entre dos fincas colindantes, las consecuencias pueden acabar resolviéndose en los tribunales. Es precisamente lo que ocurrió en un caso resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid, que ha dado la razón a una comunidad después de que varios vecinos sustituyeran esos elementos por ventanas practicables en el muro que delimitaba ambas propiedades.

¿Puede una comunidad obligar a retirar un jacuzzi instalado en la terraza de una vivienda? La cuestión no es menor, pues cada vez es más frecuente incorporar elementos de este tipo, piscinas desmontables o espacios de ocio privados, especialmente en inmuebles situados en áreas donde el clima acompaña. La respuesta a esta cuestión dependerá de las circunstancias concretas de cada caso, pero la Audiencia Provincial de Málaga ha recordado en una sentencia de este año que no basta con alegar posibles riesgos o molestias. En el caso resuelto, el jacuzzi estaba en una terraza privativa, con lo que no requería autorización.

¿Puede obligarse a una familia a abandonar el piso en el que vive desde hace más de una década únicamente porque ha cambiado el propietario? La respuesta, como suele ocurrir, depende de varios factores. Entre ellos, la fecha del contrato, la normativa aplicable en ese momento y, en algunos casos, su inscripción registral. Estas cuestiones han sido analizadas por la Audiencia Provincial de Madrid en una reciente sentencia donde concluye que el contrato firmado en 2013 no era oponible al no estar inscrito en el Registro de la Propiedad.

Intentar recuperar una vivienda en alquiler antes de tiempo puede tener consecuencias muy relevantes cuando no se respetan los requisitos que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Así lo confirma una sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, que rechaza un desahucio por finalización de contrato al entender que el alquiler seguía dentro del periodo de prórroga obligatoria.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona vuelve a poner el foco en un aspecto clave: no basta con que el aparato de aire acondicionado esté permitido, también debe respetar los límites de la convivencia, en especial la prohibición de causar molestias a otros vecinos. El caso parte de una comunidad que decidió actuar frente a la instalación de una unidad exterior situada en la parte baja de una terraza. El problema no era el aire acondicionado en sí, sino su efecto: expulsaba aire caliente hacia la terraza colindante.