La aceptación tácita de la herencia es uno de esos conceptos que suelen pasar desapercibidos hasta que llega un caso que lo pone todo patas arriba. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha recordado en una resolución del 30 de octubre que un simple movimiento bancario puede convertir al llamado en heredero. El aviso no es menor: muchos cotitulares de cuentas desconocen que ciertos gestos aparentemente inocentes pueden activar de lleno el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

El Tribunal Supremo ha dado un giro trascendental a la forma en que los no residentes deben tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) en España. Con dos resoluciones dictadas con apenas unos días de diferencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo deja claro que la residencia fiscal no puede utilizarse como argumento para excluir a los no residentes del límite conjunto IRPF–IP previsto en el artículo 31.Uno de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. Ambas sentencias conforman un bloque doctrinal que el Supremo utiliza para reforzar un mensaje inequívoco: el límite conjunto no es un beneficio reservado a residentes, sino un mecanismo destinado a evitar efectos confiscatorios con independencia de dónde viva el contribuyente.

La Sentencia del Tribunal Supremo 1524/2025, de 30 de octubre, ha marcado un punto de inflexión en la regulación de la multipropiedad en semanas flotantes. En concreto, el alto tribunal introduce un cambio decisivo: los contratos basados en semanas flotantes son válidos cuando proceden de un régimen preexistente adaptado e inscrito en el Registro de la Propiedad conforme a la mencionada Ley, siempre que en dicha escritura se hubiera optado expresamente por mantener o transformar el régimen original.

Las humedades en comunidades de vecinos siguen siendo una de las principales fuentes de conflicto en los edificios residenciales. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, dictada el 10 de octubre, ha vuelto a poner el foco en la responsabilidad de la comunidad de propietarios cuando se toleran obras sin permiso en elementos comunes. El fallo condena a la comunidad a pagar más de 7.500 euros a un propietario de locales comerciales por los daños provocados por filtraciones de agua, y subraya que la pasividad de la comunidad, cuando existe conocimiento efectivo de una obra no autorizada y de la reiteración de los daños, puede generar responsabilidad frente a los propietarios perjudicados.

La desheredación en Cataluña vuelve a ocupar titulares tras una sentencia que matiza, una vez más, los límites legales de esta figura. La Audiencia Provincial de Barcelona ha dado parcialmente la razón a un nieto, reconociéndole su derecho a la legítima al no quedar probado que fuera responsable del distanciamiento familiar. El fallo aporta pistas importantes sobre cómo interpretan los tribunales la ausencia continuada de relación familiar y la carga de la prueba cuando se impugna un testamento.

El Tribunal Supremo ha despejado una de las dudas más habituales entre propietarios y profesionales: ¿cuánto tiempo tiene realmente el Catastro para investigar reformas no declaradas? La respuesta, tras su sentencia del 31 de octubre de 2025, cambia por completo el escenario. El alto tribunal confirma que la inspección catastral no se guía por el clásico límite administrativo de seis meses, sino por los 18 meses previstos en la Ley General Tributaria (LGT), y lo hace dejando claro que estamos ante actuaciones de naturaleza tributaria.

Una cláusula habitual en muchos contratos de alquiler puede terminar, a veces, en los juzgados. ¿Debe pagar el inquilino el IBI o la tasa de basuras si el contrato no dice cuánto cuestan al año? La duda no es menor: de su respuesta puede depender incluso la resolución del contrato y un eventual desahucio. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre esta cuestión aclarando hasta dónde llega el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y zanjando un debate que llevaba años generando criterios contradictorios en los juzgados. Avala el desahucio por impago del IBI y la tasa de basuras.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha respaldado una serie de reformas realizadas en el patio interior de un edificio por el propietario de un local comercial. Los jueces entienden que las actuaciones no alteraron elementos comunes ni causaron perjuicio a la comunidad de propietarios, los dos pilares que utiliza la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para considerar que una reforma inconsentida es ilícita. La clave para saber si la intervención en un patio interior necesita autorización es si la obra afecta a la estructura, configuración o seguridad del edificio. Si se limita a un uso normal del espacio y no modifica elementos esenciales, suele considerarse válida sin unanimidad.

La suspensión de desahucios por vulnerabilidad no sale gratis para la Administración. Al menos, cuando no adopta medidas alternativas para las personas afectadas. Así lo confirma una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que obliga al Gobierno foral a indemnizar a dos sociedades inmobiliarias por la paralización de varios lanzamientos por motivos de vulnerabilidad social y económica de los inquilinos. Cuando la normativa obliga al propietario a mantener al arrendatario en la vivienda, la ley también protege el equilibrio económico del arrendador, especialmente si la Administración no actúa para ofrecer una alternativa habitacional.

La Audiencia Provincial de Teruel ha puesto el foco en dos cuestiones que pueden pasar desapercibidas en muchos conflictos inmobiliarios: la necesidad de un título de propiedad sólido y la identificación exacta del terreno que se reclama. En una sentencia dictada en octubre, confirma la desestimación de una acción reivindicatoria, un desenlace que deja importantes lecciones para propietarios, herederos y compradores. Según el tribunal, para recuperar la posesión de un bien que está en poder de un tercero sin título que lo justifique es necesario demostrar tres elementos: un título de dominio válido, identificación precisa del bien y una posesión indebida por parte del demandado.