El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pamplona ha declarado nula por abusiva las cláusulas de los gastos hipotecarios e intereses de demora de una hipoteca que fue ejecutada y subastada en 2015. Condena al banco a abonar al deudor hipotecario las cantidades abonadas por él mismo derivadas del proceso de ejecución hipotecaria, además de pagar las costas. La sentencia tiene interés legal porque la declaración de nulidad de dichas cláusulas se produce después de que la vivienda fuera ya adjudicada a la entidad financiera.

El Constitucional ha decidido estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra varios artículos y una disposición transitoria de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, que modifica varias normativas para abordar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Ha anulado el punto referente al valor de una expropiación forzosa en caso de incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda. Recordamos que esta ley ya ha estado sobre la mesa de este tribunal, que meses después de su entrada en vigor declaró inconstitucional obligar a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a sus okupas antes de interponer un proceso judicial.

El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP contra determinados preceptos de la Ley de Vivienda por razones competenciales. En la sentencia se han anulado dos preceptos en los que se fijan requisitos de admisión a trámite de las demandas para recuperar la vivienda o para el inicio de la vía de apremio para la subasta. Sin embargo, el alto tribunal respalda el límite a los alquileres en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado, ya que "aprecia una relación razonable o equilibrio justo entre los medios empleados y la finalidad pretendida".

Para este nuevo año, los expertos prevén que el precio de la vivienda en España continúe en ascenso. Esto se verá impulsado por varios factores, como la escasa oferta, la bajada de los tipos de interés, una inflación moderada y el incremento de la población por la llegada de inmigrantes tanto con un alto poder adquisitivo para comprar viviendas de lujo, como aquellos que vienen a cubrir trabajos menos remunerados. Esta dinámica no hará más que incrementar la demanda de vivienda en el mercado, manteniendo una presión sobre los precios.

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha informado de que La Rioja rebajará un punto el tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de vivienda para jóvenes, pasando del 5% al 4%. Además, se aumenta la edad de aplicación de los 36 a los 40 años. Ademas, ha señalado que se va a continuar con medidas de apoyo a las hipotecas, como financiar hasta el 80% del valor de tasación de la compra, rehabilitación o autopromoción de primeras o segundas viviendas en condiciones financieras más favorables a las del mercado.

La okupación de viviendas en España ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un tema candente en el debate público. Tanto es así que el Congreso de los Diputados ha aprobado los juicios exprés contra algunas okupaciones a través de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En concreto, esta nueva norma permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo juicios rápidos de 15 días. Sin embargo, se quedan fuera las inquiokupaciones, que no están reflejadas en las cifras oficiales, tal y como alertan los expertos. Este artículo examina los plazos de desalojo, las cifras relacionadas, el contexto jurídico y las propuestas de solución en torno a la okupación en España.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto-ley que establece la regulación del nuevo Registro Único de Arrendamientos y la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos de corta duración, lo que afecta de lleno a los alquileres temporales. La norma entrará en vigor el 2 de enero de 2025, pero su aplicación efectiva no será hasta el 1 de julio de 2025, dando así un tiempo de transición para que empresas y administraciones se adapten adecuadamente a los nuevos requisitos. Paralelamente, ha arrancado la tramitación de una Proposición de Ley para regular los contratos de alquiler temporales y de habitaciones, impulsada por los grupos Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, que tratará de equiparlos a la regulación de los alquileres habituales.

El mundo deja un 2024 marcado por un mercado inmobiliario tensionado y que pone en jaque a millones de hogares. La vivienda se ha convertido en un bien cada vez más inaccesible, marcado por el crecimiento de los precios y la inflación en las rentas. Mientras en Europa se consolidan las desigualdades por países, en Estados Unidos se agudiza el debate entre comprar o alquilar en un momento de cambio político con la llegada de Trump, y Asia sufre los coletazos de la crisis en China y Hong Kong. América Latina no es excepción: Buenos Aires, sacudida por una profunda transformación legislativa, ha visto aumentar la oferta de alquileres tras eliminar el control de precios. A nivel global, la urgencia por políticas públicas contundentes choca con las promesas incumplidas de los políticos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 20 de diciembre trae el nuevo índice de actualización anual de los contratos de alquiler de vivienda que ha definido el INE y que sustituirá al actual tope del 3%. Según detalla el organismo de estadísticas, el índice de referencia que se utilizará como límite para la actualización anual de los contratos de alquiler será el mínimo valor entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual de la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada, y se publicará mensualmente. El primer dato oficial de 2025 se conocerá el 2 de enero y estará basado en los datos oficiales de inflación de noviembre, por lo que el alza será del 2,2%, siguiendo la metodología publicada.