El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto-ley que establece la regulación del nuevo Registro Único de Arrendamientos y la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos de corta duración, lo que afecta de lleno a los alquileres temporales. La norma entrará en vigor el 2 de enero de 2025, pero su aplicación efectiva no será hasta el 1 de julio de 2025, dando así un tiempo de transición para que empresas y administraciones se adapten adecuadamente a los nuevos requisitos. Paralelamente, ha arrancado la tramitación de una Proposición de Ley para regular los contratos de alquiler temporales y de habitaciones, impulsada por los grupos Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, que tratará de equiparlos a la regulación de los alquileres habituales.

El mundo deja un 2024 marcado por un mercado inmobiliario tensionado y que pone en jaque a millones de hogares. La vivienda se ha convertido en un bien cada vez más inaccesible, marcado por el crecimiento de los precios y la inflación en las rentas. Mientras en Europa se consolidan las desigualdades por países, en Estados Unidos se agudiza el debate entre comprar o alquilar en un momento de cambio político con la llegada de Trump, y Asia sufre los coletazos de la crisis en China y Hong Kong. América Latina no es excepción: Buenos Aires, sacudida por una profunda transformación legislativa, ha visto aumentar la oferta de alquileres tras eliminar el control de precios. A nivel global, la urgencia por políticas públicas contundentes choca con las promesas incumplidas de los políticos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 20 de diciembre trae el nuevo índice de actualización anual de los contratos de alquiler de vivienda que ha definido el INE y que sustituirá al actual tope del 3%. Según detalla el organismo de estadísticas, el índice de referencia que se utilizará como límite para la actualización anual de los contratos de alquiler será el mínimo valor entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual de la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada, y se publicará mensualmente. El primer dato oficial de 2025 se conocerá el 2 de enero y estará basado en los datos oficiales de inflación de noviembre, por lo que el alza será del 2,2%, siguiendo la metodología publicada.

Batacazo judicial del Tribunal Supremo a los contribuyentes. Una nueva sentencia del alto tribunal da vía libre a la administración tributaria para que cuando compruebe el pago del ITP de un ciudadano que ha comprado una vivienda, pueda usar el valor de tasación hipotecaria (uno de los métodos regulados para tal fin) sin necesidad de justificar nada más. Es decir, la administración autonómica no estará obligada a hacer una comprobación del pago del ITP individualizada y singularizada, con lo que no tendrá en cuenta el mal o buen estado de la vivienda o si necesita una reforma integral. Será suficiente con fijarse en el valor de tasación hipotecaria a efectos de una futura subasta que figura en la escritura de préstamo hipotecario de la vivienda.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado que las cláusulas hipotecarias vinculadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) podrían ser declaradas abusivas si no cumplen con los requisitos de transparencia. Este fallo responde a una consulta planteada por el Juzgado de Primera Instancia Nº8 de San Sebastián en relación con una hipoteca contratada entre un cliente y Kutxabank en 2006. Así, la justicia europea abre la puerta a reclamar la cláusula IRPH.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha clarificado la posibilidad de aplicar la exención por venta de vivienda habitual tras haber estado alquilada. Según el criterio, si el propietario vuelve a habitar la vivienda al menos tres años tras el arrendamiento, puede recuperar su estatus de habitual y beneficiarse de las exenciones fiscales previstas en el IRPF. La clave radica en demostrar el carácter habitual de la vivienda, aunque en arrendamientos turísticos persiste el riesgo de que Hacienda lo rechace. Una resolución del TEAF de Guipúzcoa en 2019 defiende una interpretación más flexible ante estas realidades, siendo un respaldo para los contribuyentes frente a disputas fiscales.

A partir del 1 de enero de 2025 entrará en vigor la nueva cotización adicional de solidaridad regulada en el artículo 19 bis de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Esta medida, de aplicación progresiva hasta 2045, afectará a los empleados por cuenta ajena con salarios más altos y a sus empresas, al introducir una cotización extra sobre el exceso salarial por encima de la base máxima de cotización. ¿Con qué objetivo? Según el Gobierno el objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones español a largo plazo. Sin embargo, estos trabajadores con salarios más altos no generarán apenas derecho a una pensión mayor, pese a pagar más impuestos al Estado.

El Senado ha aprobado el veto que ha presentado el Partido Popular, formación que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, sobre el Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia, que incluye medidas como los nuevos juicios exprés en las okupaciones de viviendas en casos de usurpación o allanamiento de morada, o la supresión de las 'golden visa' para los extranjeros que inviertan más de medio millón de euros en una vivienda. La normativa fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de noviembre, pero tras el rechazo de la Cámara Alta será remitida nuevamente al Congreso, que podría levantar el veto.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), ha enfatizado durante el I Congreso de Derecho Inmobiliario organizado en Madrid la falta de un índice para actualizar las rentas de la vivienda en 2025. Este índice debe entrar en vigor en 2025, pero aún no se ha creado, lo que está provocando no sólo incertidumbre, sino también inseguridad entre propietarios e inquilinos. El consenso de los expertos que han participado en este evento coincide en reiterar que la Ley de Vivienda ha perjudicado al mercado y, sobre todo, al inquilino al provocar una retirada de inmuebles en el mercado.

Los salarios en España mantendrán su tendencia al alza en 2025, con un incremento medio estimado del 3,2%, según el 'Estudio de Remuneración 2025' publicado por Michael Page, parte de PageGroup. Este aumento refleja una desaceleración respecto a años anteriores: entre 2022 y 2023 el crecimiento salarial promedio fue del 5%, mientras que en 2024 se mantuvo en torno al 3,2%.