El Tribunal Supremo acaba de declarar obligatoria la visita del perito en las comprobaciones de valores, es decir, en las comprobaciones que hacen las haciendas autonómicas para saber si el precio de compra de una vivienda o que se ha heredado está en línea con las valoraciones que manejan y así pagar los impuestos correspondientes (ITP e Impuesto de Sucesiones) y no menos.

Cada impuesto es un mundo y más si no se sabe si el Estado ha cedido competencias a una autonomía o a un ayuntamiento. Para aclarar dudas sobre dónde liquidar un impuesto, es esencial prestar atención al concepto de residencia habitual (que varía según el impuesto) y a las normas de competencia territorial de cada impuesto. Te explicamos brevemente dónde pagar los principales tributos.

El confinamiento provocado por el covid-19 ha hecho que más de un ciudadano se replantee el tipo de vivienda en la que quiere vivir. Y tras varios meses con baja actividad vendedora y compradora por la imposibilidad de realizar visitas a las casas, agosto se presenta como un muy buen mes para transmitir una vivienda. Las inmobiliarias esgrimen varias razones, como que las vacaciones son un buen momento para hacer visitas o que los compradores vuelven al mercado tras el confinamiento.

En los últimos meses y, sobre todo, a raíz de la pandemia provocada por el covid-19, han aumentado los casos de ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de particulares y empresas. Y en la mayoría de las ocasiones, quienes están detrás son mafias que hacen negocio facilitando el acceso ilegal a personas con muy poca vulnerabilidad social, tal y como alertan los expertos consultados por idealista/news. Desgranamos qué falla y qué medidas debería tomar el Gobierno para atajar este problema social.

El eslogan de sol y playa en España sigue atrayendo a los extranjeros para que compren o alquilen casa en nuestro país. Tanto es así, que del total de visitas que tienen las viviendas situadas en la costa española, el 19% corresponde a extranjeros, frente al 81% de nacionales.

La crisis sanitaria y económica provocada por el covid-19 ha demorado varios meses la puesta de largo del índice de precios de alquiler elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero ya está en funcionamiento oficialmente. Sin embargo, la idea del ministro del ramo, José Luis Ábalos, de permitir el control de precios de las rentas en zonas tensionadas antes del verano no ha visto aún la luz. Pero la puerta queda abierta. Los expertos ven con buenos ojos este nuevo índice, aunque destacan que nace desactualizado y que terminará limitando las rentas.

Bruno Bodega es el consejero delegado de la gestora de Almagro Capital, una socimi que salió a bolsa hace más de un año, aunque el proyecto arrancó hace más de tres.

Salvador Díez Lloris es presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) desde 2012 y posiblemente le haya tocado vivir ahora su época más dura profesionalmente al frente de este organismo, como consecuencia de la crisis del covid-19. Asegura que esperan un repunte de la morosidad entre los vecinos, debido a la pandemia, por lo que la sociedad tendrá que hacer un esfuerzo para garantizar el funcionamiento de los servicios comunes en todos los edificios.

El mercado de la vivienda de lujo en España ha sufrido una lógica desaceleración durante, principalmente, las primeras semanas del confinamiento. Pero con el inicio de la desescalada las inmobiliarias aseguran que la actividad comienza a recuperarse moderadamente. Eso sí, señalan que han seguido cerrando operaciones de compraventa y de alquiler de pisos de lujo. La vivienda prime se ha convertido, más si cabe, en un activo seguro.

El estallido de la crisis sanitaria ha pillado a más de un comprador y vendedor con un contrato de arras ya firmado y una compraventa pendiente de ser escriturada ante notario. Pero el estado de alarma ha cambiado el panorama económico de muchos compradores y algunos han intentado echar mano de la famosa cláusula “rebus sic stantibus” para anular una compraventa sin perder las famosas arras. Pero, en lugar de basar sus motivos en una situación de vulnerabilidad económica sobrevenida, esgrimen motivos de difícil encaje en esta cláusula articulada por el propio Tribunal Supremo.