El próximo 5 y 6 de noviembre, la Universidad Complutense de Madrid acogerá el primer Congreso Nacional de Vivienda, un evento que promete ser un punto de encuentro crucial para debatir y analizar la crisis de vivienda asequible que afecta a España. Se debatirá sobre diversos temas clave relacionados con las recientes medidas legislativas sobre alquileres, con la limitación de rentas o la suspensión de desahucios, así como la regulación del mercado del alquiler y el fenómeno de la okupación.

A Juanjo Bande la crisis inmobiliaria de 2008 le pilló de sopetón como a tantos otros arquitectos que tuvieron que buscar alternativas en otros sectores económicos. En 2014 y 2015, en los años duros de la crisis, empezó a apostar por el mercado del alquiler de corta duración y le ha ido bien. En esta entrevista pone de relieve la falta de construcción de obra nueva y asegura que tenemos "estrés postraumático de la crisis de 2008". Además, estima que regular el alquiler vacacional puede encarecer las vacaciones al limitar la oferta alojativa.

En un nuevo giro en la regulación de los apartamentos turísticos, el Registro de la Propiedad ha demostrado que puede suprimir el permiso para continuar con esta actividad, incluso cuando los propietarios cuentan con las licencias pertinentes de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, y no enfrentan quejas vecinales. Esta situación ha quedado de manifiesto con la reciente resolución emitida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, perteneciente al Ministerio de Presidencia.

El Pleno del Congreso ha aprobado la admisión a trámite de la proposición de ley de EH Bildu para prohibir a las plataformas digitales publicitar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de licencia o registro. Las multas van desde los 10.000 euros hasta el millón de euros. Este último caso sucedería si se permite la contratación de una vivienda de uso turístico que carezca de licencia o número de registro, o de permiso de habitabilidad y salubridad.

Nvidia es la empresa más grande del mundo en la actualidad, con una capitalización bursátil de 4,25 billones de dólares (3,62 millones de euros).

Cuando compras o vendes una casa a través de una inmobiliaria, una de las dudas que más surge entre los compradores y vendedores es quién debe pagar los honorarios, qué porcentaje y en qué momento. La doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo coinciden en que el derecho al cobro de los honorarios deviene, como regla general, en el momento en que se perfecciona el contrato de compraventa del inmueble, siendo irrelevante que posteriormente se resuelva o no llegue a ejecutarse dicha compraventa, salvo pacto en contrario expresamente estipulado en el contrato con el cliente. En caso de que una inmobiliaria haya cobrado honorarios indebidamente, el consumidor tiene a su alcance determinados mecanismos, como interponer una reclamación de consumo ante la administración competente o, incluso, acudir ante los tribunales.

En una sentencia que marca un hito para los contribuyentes mayores de 65 años, el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha determinado que una vivienda no pierde su carácter de habitual si el propietario es trasladado a una residencia de ancianos por razones de salud. Esta resolución se convierte en un precedente por varios motivos: primero, porque avala la exención en el IRPF por la venta de la vivienda de quien vive en una residencia de mayores y segundo porque este Tribunal de Hacienda va contra el criterio de la propia Agencia Tributaria. ¿Por qué? porque el Ministerio que dirige María Jesús Montero ya ha recurrido en casación una sentencia que dio la razón al contribuyente con este mismo argumento, recurso que está pendiente de ser admitido a trámite. 

Pedro Sánchez anunció el pasado lunes en el Congreso de los Diputados tres propuestas encaminadas a facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda que incluirá el Plan Estatal 2026-2030: una ayuda de hasta 30.000 euros para alquilar viviendas protegidas con opción a compra, la llegada del seguro de impago de rentas y una ayuda para adquirir viviendas en pequeños municipios. Pero, de momento, la primera medida nace muerta: entre 2018 y 2025 solo se han producido 632 viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra en toda España, mientras que en los últimos 15 meses apenas se han iniciado 65 unidades. Los expertos afirman que las propuestas tendrán más impacto que efecto real y que la clave para aliviar la tensión del mercado es impulsar la oferta.

Durante el pasado mes de julio, el Tribunal Supremo ha echado un jarro de agua fría a Hacienda, al emitir dos sentencias beneficiosas para las empresas familiares dedicadas al alquiler de inmuebles en propiedad. Una de las sentencias establece que es suficiente con la existencia de un empleado a jornada completa para entender que se trata de una actividad económica familiar y, así, disfrutar de los beneficios fiscales en el Impuesto del Patrimonio y en el Impuesto de Sucesiones. Y la otra sentencia simplifica la sucesión en la empresa familiar.

El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a enviar a los contribuyentes madrileños los primeros recibos de un nuevo tributo que entró en vigor el pasado 10 de abril en España: la Tasa de Gestión de Residuos (TGR). Este gravamen, aplicado en municipios con más de 5.000 habitantes, tiene como objetivo la recogida, transporte, tratamiento de residuos urbanos y mantenimiento de vertederos y está basado en el principio de que “quien contamina, paga”.