El Tribunal Supremo ha dado un paso inédito en España: ha obligado al Gobierno a facilitar el acceso al código fuente de BOSCO, el algoritmo que determina quién puede beneficiarse del bono social eléctrico. Nunca antes un tribunal había ordenado revelar los entresijos de un sistema informático utilizado para gestionar ayudas públicas. La resolución coloca en el centro del debate cómo deben funcionar los algoritmos en la Administración pública y hasta qué punto la ciudadanía puede fiscalizar su actuación.
El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa pactada entre PNV y Junts para instar al Gobierno a que se reforme el acceso al bono social eléctrico y térmico, de modo que este llegue de manera automática a las familias más vulnerables, con las que cobran el ingreso mínimo vital, sin necesidad de burocracia. En España hay entre 1,5 y 1,6 millones de hogares que se benefician de este bono, cuando la cifra tendría que rondar los cinco millones de hogares, según datos de la CNMC.
A tenor de una proposición no de ley presentada por el PNV, los socios parlamentarios del Gobierno como Sumar, Esquerra Republicana, Bildu y Junts se han mostrado de acuerdo en la necesidad de reformar el sistema de acceso al bono social eléctrico y térmico, de modo que se automatice para que llegue a las familias más vulnerables y se eliminen barreras burocráticas. En España hay entre 1,5 y 1,6 millones de hogares que se benefician de este bono, cuando la cifra tendría que rondar los cinco millones de hogares, según datos de la CNMC.
Para paliar los efectos de los altos precios de la electricidad, en 2018 se creó una ayuda para rebajar la factura de luz y cuyo objetivo era el de proteger a hogares y familias vulnerables. Este programa, promovido por el Gobierno, busca aliviar la carga económica que suponen ciertos servicios
El Consejo de Ministros ha acordado prorrogar gran parte del 'escudo social' vigente en materia energética para proteger a los colectivos más vulnerables, con la extensión de los descuentos del bono social eléctrico hasta el 30 de junio de 2025, es decir, hasta que pase el próximo invierno, y manteniendo la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables en caso de impago, en este caso hasta finales de este año. Además, se ha concedido el carácter indefinido a la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural para las comunidades de vecinos con con calderas comunitarias de gas natural.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado el real decreto aprobado en Consejo de Ministros por el que se prorrogan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Recoge la rebaja del IRPF que va a evitar que las personas que cobren el SMI tributen en el impuesto sobre la renta. Además, se extiende la vigencia del escudo social, como la prohibición de corte de suministro básicos a consumidores vulnerables y la extensión de los descuentos del bono eléctrico hasta el 30 de junio de 2025. También se concede carácter indefinido a la TUR de gas natural, que afecta a las comunidades de vecinos.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su preocupación ante la conclusión el próximo 30 de junio del fin de las reducciones del bono social eléctrico que se incluyeron en el último decreto anticrisis, por lo que ha pedido al Gobierno que las haga indefinidas para evitar que mile
La electricidad recupera temporalmente su Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21% desde el 1 de marzo, después de que el precio del mercado mayorista haya registrado una media inferior en febrero a los 45 euros por megavatio hora (MWh), el tope fijado en el Real Decreto de medidas urgentes de finales de 2023. Todas las facturas que incluyan el consumo de al menos un día de marzo, pasarán a tener el IVA del 21%. Tan solo los hogares con el bono social se libran de este incremento, ya que su IVA se mantendrá en el 10% durante todo 2024.
El pasado 27 de diciembre, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 8/2023, el llamado 'escudo social' para combatir los efectos de la inflación y la guerra en Ucrania. Una vez pasado lo peor de la crisis energética, ha decidido retirar de manera gradual la bajada de impuestos vinculados con la electricidad y con el gas natural que estaban vigentes (del 21% al 5%), de manera que el IVA de la luz pasará del 5% al 10% durante todo 2024, mientras que para el gas natural volverá al 21% una vez pase el periodo invernal.
Nuevo quebradero de cabeza para las comunidades de propietarios. A partir del próximo 1 de enero de 2024, los vecinos de una misma propiedad horizontal dejarán de poder optar a la tarifa regulada de la electricidad (PVPC), por cambios normativos, y se acabarán las medidas temporales para acogerse a la tarifa regulada del gas (TUR). Como personas jurídicas pasarán al mercado libre, una medida que solo en el gas afectará a unos 200.000 hogares españoles, y que si no cumplen podría acarrear multas con un recargo del 20% sobre el consumo y el término fijo.
El precio de la luz cada mes produce un mayor desembolso en nuestros bolsillos. ¿Sabías que existe un bono social eléctrico impulsado por el Gobierno? Dicha ayuda se inició el 1 de julio de 2009 con la intención de proteger a aquellos consumidores más vulnerables. Sin embargo, dadas las cambiantes circunstancias económicas y sociales del país, los requisitos para optar a este bono social han tenido que modificarse. Para optar a esta ayuda hay que estar en situación de desempleo, encontrarse afectado por un ERTE o en caso de ser empresario, que haya sufrido una pérdida sustancial de ingresos.
El nuevo paquete de medidas para reaccionar a la guerra en Ucrania introduce nuevas tarifas del gas ante el actual contexto de crisis energética que beneficiarán a 1,7 millones de hogares con calefacción comunitaria, además de rebajar la factura a un 40% de los hogares. El Consejo de Ministros también ha prorrogado un año las deducciones fiscales a la rehabilitación de edificios y viviendas. Por otro lado, se impulsa el autoconsumo energético ampliando a un kilómetro la posibilidad de compartir energía.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de medidas destinado a amortiguar la subida de la electricidad y del gas, para el que el Gobierno movilizará un total de 3.000 millones adicionales de los PGE. El próximo Consejo de Ministros aprobará un nuevo decreto con el que se pretende proteger al 40% de los hogares. Se reforzará el bono social eléctrico y unos 1,7 millones de pisos que cuentan con calderas de gas comunitaria podrán entrar dentro de la tarifa regulada hasta finales de 2023.
El actual modelo del bono social eléctrico con el que se ayuda a los consumidores con menos recursos económicos a pagar la factura de la luz en España está "desalineado" con las medidas de protección que se están definiendo en la Unión Europea (UE), según un informe elaborado por PwC. 11 millones de usuarios tienen contratada a la tarifa regulada de la electricidad (PVPC) a la que pueden acogerse los hogares vulnerables. Sin los actuales descuentos temporales aplicados por el Gobierno al bono social de hasta el 60%-70%, estarían pagando facturas inasumibles para muchos de ellos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso de los Diputados la prórroga hasta el próximo 30 de junio de las rebajas de impuestos vigentes a la electricidad, los descuentos adicionales del bono social de la luz y las ayudas para los consumidores industriales.
El Gobierno anunció a finales de octubre la puesta en marcha de un cheque de 90 euros por hogar para cubrir las necesidades de calefacción de los consumidores vulnerables que ya se acogen al llamado bono social térmico.El cheque está disponible desde diciembre, se canaliza a través de las
La Asociación de Ciencias Ambientales ha puesto a los hogares en el foco mediático con sus informes y estudios durante los últimos años. Su director, José Luis López Fernández, explica a idealista/news que la pandemia sanitaria puede estar disparando la pobreza energética en España, ya que las familias se han visto obligadas a aumentar su consumo en un momento en el que han sufrido una reducción de ingresos. Además, considera que el bono social eléctrico es una medida insuficiente para luchar contra el problema.
El precio de la electricidad se ha incrementado un 26% entre 2010 y 2017 hasta los 217,17 GWh, según un estudio de EAE Business School. El Gobierno ha decidido actuar por la parte que le toca: suspende durante seis meses el impuesto sobre la generación eléctrica y desactiva el llamado ‘céntimo verde’. Y las familias pueden apostar por las bombilas led, por electrodomésticos eficientes o evitar el stand-by de los aparatos.
El pleno del Congreso tiene previsto convalidar el Real Decreto-ley para la protección de los consumidores eléctricos que el Gobierno del PSOE aprobó el pasado 5 de octubre. Se establecen nuevos requisitos para poder acogerse al bono social de la luz, como los criterios de renta y de consumo anual, y se amplían las ayudas a la calefacción por gas. El plazo para solicitarlo se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2018.
El Gobierno ha aprobado el real decreto que regulará el llamado bono social eléctrico, que fija nuevos umbrales para los consumidores vulnerables a partir de la renta que perciben.
El Gobierno avanza en los requisitos del nuevo bono social eléctrico, lo que permitirá que unos 2,5 millones de hogares se beneficien de un descuento del 25% en su factura de la luz.
El actual sistema del bono social que protege a los hogares con menos recursos económicos para costear su factura de la luz se tambalea con dos recientes sentencia del Tribunal Supremo.
Durante el pasado 2015, las compañías eléctricas realizaron más de 500.000 de cortes del suministro eléctrico relacionado con el impago de facturas de la luz en los hogares, un 5,9% más que en 2014, según los datos aportados a la CNMV por las principales empresas.
El ministerio de industria ha cambiado las condiciones para beneficiarse del bono social eléctrico, una tarifa congelada desde 2009.
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