Sindicato de inquilinos

Los sindicatos de inquilinos han convocado la primera manifestación estatal por el derecho a la vivienda para el próximo día 5 de abril para exigir "acabar con el negocio de la vivienda".Así lo han compartido el sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid y el Sindicat de Llogateres de Catalunya

En las últimas semanas ha entrado en la escena política y social un concepto novedoso para provocar una caída en picado de los alquileres: secundar una huelga masiva del pago de las rentas y obligar a los propietarios a negociar los precios a la baja. Aunque sobre el papel la idea parece atractiva, los expertos jurídicos e inmobiliarios explican a idealista/news que carece de respaldo legal y podría tener consecuencias nefastas para los arrendatarios. Se enfrentarían a un procedimiento de desahucio que les dejaría sin vivienda, entrarían en listas de morosos, tendrían que buscar otra casa con un historial financiero muy negativo y hasta sería más complicado acceder a hipotecas, préstamos personales o a una simple tarjeta de crédito con la que pagar cualquier gasto. Por eso, definen la iniciativa como “gran error” y un “llamamiento a la rebeldía”.

El Sindicato de Inquilinos de Barcelona continúa en pie de guerra contra el negocio inmobiliario, aunque en esta ocasión les podría llevar a los juzgados. Según un comunicado difundido por los API de Catalunya, “ante los constantes ataques a los miembros de nuestro colectivo, que han llegado a su punto más álgido con el acoso en diferentes establecimientos, con las actuaciones vandálicas por parte de determinados integrantes del llamado Sindicato de Inquilinos, que han sido ampliamente difundidas, mostramos nuestra repulsa". Los API están ahora valorando actuar con la máxima contundencia contra estos hechos.

El Juzgado de Barcelona ha absuelto a Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos en la capital catalana, y a dos inquilinos que estaban acusados por la Fiscalía por un "delito continuado de coacciones" y "violación de domicilio de persona jurídica”. La jueza exculpa a los acusados por los que la fiscalía pedía tres años de prisión, si bien cree que no se han disipado las dudas sobre lo que ocurrió realmente.

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados se encuentra envuelta en la polémica a menos de una semana para la celebración de las elecciones del 10-N. En la cabeza de Irene Montero retumba un nombre –el de Esther Argerich- y una preocupación: la posibilidad de haber incurrido en un delito. La ‘número dos’ de la formación ‘morada’ desveló sin el consentimiento el nombre de una propietaria particular que supuestamente pretendía subir el alquiler a sus inquilinos. Una torpeza que puede traerle más de un problema, ya que podría haber vulnerado no sólo la Ley de Protección de Datos, sino también el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de la propietaria.

Esther Argerich, propietaria del piso más polémico de la última semana, concede una entrevista a idealista/news. Tras las declaraciones de una de las líderes de Unidas Podemos, Irene Montero, y la intervención del Sindicat de Llogaters de Barcelona, Argerich asegura sentirse "acosada, amenazada y derrotada" por ejercer sus derechos como propietaria.

Cuando un contrato de alquiler de una vivienda finaliza, se abre una nueva negociación entre el arrendador y el inquilino de la vivienda en el caso de que éste quiera continuar en la casa. Algunos inquilinos están negándose a aceptar las subidas, pero no abandonan la vivienda y continúan pagando el importe ya caducado. Ante esta situación, el propietario debe comunicar por burofax el fin del contrato con 30 días de antelación y no aceptar la renta del arrendatario.