Absuelto el portavoz del Sindicato de Inquilinos por no poderse disipar las ‘dudas’ de la supuesta coacción

El Juzgado de Barcelona ha absuelto a Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos en la capital catalana, y a dos inquilinos que estaban acusados por la Fiscalía por un "delito continuado de coacciones" y "violación de domicilio de persona jurídica”. La jueza exculpa a los acusados por los que la fiscalía pedía tres años de prisión, si bien cree que no se han disipado las dudas sobre lo que ocurrió realmente.

En su sentencia, la magistrada concluye que no se han disipado las "dudas" sobre las versiones enfrentadas de inquilinos y dueños sobre la protesta de seis horas en el centre de estética propiedad de la familia. Según los acusados, la movilización fue “pacífica”, pero la Fiscalía y la familia la veían violenta e intimidatoria. "Ante el estado de vacilación e incertidumbre que la duda provoca, resulta lógico, humano y prudente" absolver a los acusados, resuelve la jueza.

El caso de Alpha y Fran se remonta casi cuatros años atrás. Fran Ortega, de 35 años, y Alpha Mikeliuna, de 36, ambos técnicos de iluminación y sonido llevaban ocho años viviendo en un piso del número 92 de la calle Floridablanca por el que pagaban 850 euros de alquiler y, según ellos, en la misma escalera los mismos propietarios estaban renovando contratos con precios de hasta 1.300 euros al mes por una vivienda. 

Ortega y Mikeliuna pidieron ayuda al Sindicato de Inquilino y Fem Sant Antoni al sospechar que su alquiler podría subir y al no querer pagarlo podían acabar siendo desahuciados. La estrategia del sindicato arrancó con la okupación de las oficinas del propietario de la vivienda de Fran y Alphha: Medio centenar de personas afines al sindicato ocuparon el edificio del Instituto de Belleza Francis, en la Ronda de Sant Pere, junto a la plaza de Urquinaona, en Barcelona. Los propietarios del centro de estética y belleza son la familia Mas-Beya Fradera, que son los dueños del piso de alquiler cuyo contrato no querían renovar con los inquilinos, que no estaban dispuestos a asumir una subida de la renta.

Finalmente, ambos inquilinos consiguieron que se frenara el desahucio y poderse quedar en el piso pagando un alquiler social. Pero cuando la guerra iniciada por el Sindicato de Inquilinos parecía tener ganador, la inmobiliaria propietaria del piso de Floridablanca presentó una querella por coacciones y amenazas contra Jaime Palomera y los dos inquilinos.

La magistrada destaca en su sentencia que los llevaron a cabo la concentración para "denunciar públicamente" la situación, sin que formara parte de la "campaña de desprestigio, difamación y hostigamiento" contra la familia. Tres meses después, continúa la sentencia, un grupo de 30 personas, entre el que estaban los acusados, accedió al centro de estética y permaneció en el "de forma pacífica sin que se haya acreditado que se mantuvieran en el local con violencia e intimidación", según adelanta ElDiario.

Las pruebas practicadas durante el juicio, en especial la declaración de los agentes, son para la jueza Silvia Pedrola "insuficientes" para acreditar que los acusados actuaran con la violencia o intimidación que requieren los delitos de coacciones y de allanamiento de propiedad privada por los que estaban acusados.