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Las consecuencias legales para Irene Montero, y otros líderes de Unidas Podemos, por divulgar el nombre de Esther Argerich

Desde una sanción administrativa hasta una denuncia vía penal

Irene Montero, portavoz en el Congreso de los Diputados de Unidas Podemos.  / Gtres
Irene Montero, portavoz en el Congreso de los Diputados de Unidas Podemos. / Gtres

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados se encuentra envuelta en la polémica a menos de una semana para la celebración de las elecciones del 10-N. En la cabeza de Irene Montero retumba un nombre –el de Esther Argerich- y una preocupación: la posibilidad de haber incurrido en un delito. La ‘número dos’ de la formación ‘morada’ desveló el nombre de una propietaria particular que supuestamente pretendía subir el alquiler a sus inquilinos. A través de sus redes sociales, Montero puso nombre y apellidos a la arrendadora sin su permiso. Una torpeza que puede traerle más de un problema. En idealista/news tratamos de esclarecer qué le puede ocurrir a la también pareja de Pablo Iglesias, líder de Podemos.

“Livia, Juan y sus tres hijos pueden ser desahuciados por no poder afrontar la subida abusiva de su alquiler. Pedimos a Esther Argerich, que negocie una solución para que puedan seguir en el barrio en el que llevan viviendo 12 años”. Este fue el mensaje que la ‘número dos’ de Podemos lanzó a través de sus redes sociales para denunciar lo que ella consideraba una injusticia. Un recado que también replicaron en sus cuentas de Twitter Rafael Mayoral o Ione Belarra, entre otros miembros de Más Madrid, Podemos y colectivos sociales. Un dardo que puede costarle muy caro a Montero y al resto de compañeros.

Ana Álvarez, abogada de De Cambra Abogados, entiende que “pudiera haber un tratamiento de datos ilícito” en caso de que la interesada -Argerich- no hubiera dado su consentimiento expreso (art. 6 nueva LOPD y art. 11 RGPD) para la difusión de estos datos. En este sentido, Álvarez afirma que la revelación de Montero “no cumple los requisitos de licitud” que establece el art.6 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD). Por lo tanto, esta letrada explica que “de haber habido una vulneración de derechos la afectada tendría derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española Protección Datos (art. 78 RGPD)”.

Cabe destacar que las multas se imponen en función de las circunstancias del caso concreto y teniendo en cuenta las condiciones recogidas en el art. 83 RGPD (duración de la infracción, propósito de la operación de tratamiento, nivel de los daños y perjuicios ocasionados, intencionalidad o negligencia de la infracción, etc....) así como de la consideración que se hiciera de la infracción (muy grave, grave o leve) tras el análisis de todo lo acontecido (Arts. 72 y ss Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales). “Las multas administrativas pueden ascender hasta los 20 millones de euros”, afirma una fuente jurídica. Aunque lo cierto es que en España el máximo que ha impuesto la Agencia de Protección de Datos es de 250.000 euros, que es la sanción que recibió La Liga por espiar a los usuarios a través de su aplicación móvil.

Por el momento, Montero no ha recibido ninguna denuncia, pero esto no quiere decir nada. De hecho, la ‘número dos’ de la formación ‘morada’ puede ser denunciada por la propia Agencia de Protección de Datos. “En casos mediáticos y virales suele entrar de oficio” reconocen a idealista/news fuentes jurídicas. Eso sí, la cuantía de la multa nunca iría a parar al bolsillo de la afectada, aunque fuera ella misma quien interpusiese la delación, según aclaran las mismas fuentes.

No ser el primero en hacerlo, no la exime de culpa

De llegar a producirse esta denuncia, Montero podría alegar no haber sido la primera persona o institución en revelar los datos de la arrendadora. Pero este hecho sólo podría reducir la multa, nunca condonarla. “Que no fuese la primera (el primero fue el sindicato de inquilinos) no la exime de estar cometiendo una infracción”, afirman fuentes conocedoras de este caso. Una premisa que es aplicable también a sus compañeros de partido Mayoral o Belarra, entre otras personalidades políticas, que también difundieron un vídeo en el que señalaban a la ya mediática arrendadora. 

Además, mostrar arrepentimiento tampoco serviría para nada, porque la sanción seguiría siendo del mismo valor. “Sin embargo se tendrán en cuenta otro tipo de eximentes como, por ejemplo, el perjuicio ocasionado o que se haya tratado de solventar este perjuicio”, según fuentes consultadas por este medio.

Los posibles castigos a Montero

Más contundente y menos permisivo se muestra Alejandro de Müller, abogado de Fils Legal: “Es una cuestión sujeta a muchos matices, pero en mi opinión la norma que ha infringido Irene Montero no es el Reglamento General de Protección de Datos, ni su normativa de desarrollo (LOPD), sino la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. En este caso, la denuncia debería de imponerse por la vía civil y no administrativa. “En este caso es difícil que esta denuncia prosperase porque no hay muchos precedentes al respecto”, sentencian fuentes jurídicas a idealista/news.

En definitiva, según los expertos en esta materia, Montero podría haber incurrido desde una vulneración del Reglamento General Europeo de Protección de Datos, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (que conlleva una multa de entre 0 y 20 millones de euros) hasta una infracción de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (esta última sería la que iría por vía civil y no administrativa).