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El sector del alquiler vacacional, en contra de la ley que regula los pisos turísticos en Baleares

Autor: Redacción

Once asociaciones o plataformas vinculadas al alquiler vacacional han firmado y presentado un manifiesto por un modelo de turismo sostenible y responsable en Baleares. El objetivo es reabrir el debate de una ley que consideran genera un tremendo daño a miles de familias baleares que llevan contando años con los ingresos procedentes de estos alquileres y que les sirven para sustentar su economía familiar.

Las asociaciones y plataformas solicitan una regulación que recoja algunas de las enmiendas del sector. Recuerdan que la Ley de Turismo aprobada el mes de julio afecta a dos leyes estatales sobre las que no tiene competencia y sin ningún informe favorable por parte de la Abogacía del Estado o la Sindicatura de Cuentas. El camino a seguir es solicitar la personación del Estado y posteriormente se plantean una demanda frente al Tribunal Constitucional. Estiman que supondrá un coste económico y temporal así que previamente pedirán a los diputados del Congreso o del Senado que les apoyen mediante una moción.

El presidente de Aptur, Joan Miralles, ha criticado que el debate sobre la masificación turística se centre únicamente en el alquiler vacacional cuando recientemente se ha publicado que un 70% de los hoteles tenían sobreocupación. “El pasado mes de agosto sólo un 15% del visitante se alojó en vivienda vacacional. Todo el debate se basa en limitar el alquiler turístico, pero no se habla de poner límites a los hoteles y eso es lo que tiene que discutir esta comunidad y no resuelve esta ley”, ha dicho.

Miralles ha recordado que la Ley de Turismo se aprobó sin un proceso de adaptación, lo que ha causado indignación y preocupación ante una norma “mal hecha” y “muy compleja”.

El documento, que lleva la firma de ADigital, Fevitur, Airbnb, Homeaway, Rentalia, Fotocasa, Pimeco, SpainHolidays, Novasol, Pimem y Aptur, se entregará al conseller de Turismo, Biel Barceló. Las asociaciones pedirán la personación del estado ante una norma que afecta a dos leyes estatales sobre las que no tiene competencia, posteriormente se estudiará una demanda frente al Tribunal Constitucional.