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El Gobierno balear pide a las plataformas de alquiler vacacional retirar la oferta ilegal

El Gobierno de las Islas Baleares ha solicitado a las plataformas de anuncios de estancias turísticas el cumplimiento normativo de no anunciar aquellas viviendas que carezcan de legalidad, en función a lo que exige la Ley autonómica de alquiler turístico 6/2017. La Ley entró en vigor el pasado 31 de julio y desde el Parlamento balear declaran que no buscan criminalizar las plataformas, sino "que colaboren y no permitan la oferta ilegal".

El escrito se ha enviado a todas aquellas plataformas que operan en España, bien tengan sede en la península o en el extranjero. En él se explica los cambios para viviendas turísticas que recoge la Ley, cuyo texto es una ampliación de la Ley de turismo 8/2012. Eso es, la definición de los canales de oferta turística, el nuevo concepto de empresa comercializadora de estancias en viviendas y la modificada definición de "actividad clandestina". 

El principal objetivo del Govern balear es que las empresas de las plataformas exijan a sus clientes el número de referencia que garantice que esa casa que se alquila sea legal, con la ambición de que las plataformas retiren sus anuncios ilegales en un plazo de 15 días desde que recibieron la notificación. Un plazo a punto de agotarse, pues se enviaron los requerimientos con fecha 16 de agosto.

En caso de que no se produjese la retirada, desde la consellería de Turismo explican que se multaría tanto a propietario, anunciante (dado que podría tratarse de una inmobiliaria) como a la plataforma. Para las dos primeras figuras, la sanción podría alcanzar los 20.000 o 40.000 euros y para las plataformas las multas podrían ascender hasta a 400.000 euros

Antes de enviar esta carta a todos los portales de alojamientos vacacionales, según explican desde la conselleria de Innovación, Investigación y Turismo, su veintena de inspectores hicieron un rastreo previo en cada portal para, cuando enviasen el requerimiento, hacer llegar junto a él algunos ejemplos que habían detectado en cada una de las plataformas. De momento, les consta que una plataforma (sin especificar nombres) ha iniciado contacto con sus clientes advirtiendo de la normativa para poder operar.

La modificación de ley impide que pisos y edificios residenciales tengan un uso turístico, por lo que limita el tipo de vivienda que puede operar como apartamento, reduciendo la actividad solo a chalets, viviendas aisladas o casas de pueblos que cuenten con permiso de licencia. Con todo, desde la conselleria no se van a autorizar más licencias. El tope ha sifo fijado en 623.624 alojamientos en todas las islas.