El plan de inspecciones de la Agencia Tributaria lleva años enviando notificaciones a los contribuyentes a los que les corresponde declarar ingresos procedentes de los alquileres, considerados como rendimientos del capital inmobiliario en el IRPF. Los inspectores de Hacienda se fijan cada vez más en los anuncios de viviendas en alquiler en los portales inmobiliarios, además de en la información que consiguen de los depósitos de fianzas en los organismos autonómicos o de los certificados de eficiencia energética registrados en el 2022, entre otras.
La Agencia Negociadora del Alquiler se suma a la propuesta de la Catedrática de Derecho Civil Matilde Cuena Casas de modificar la libertad de forma del contrato de alquiler que contempla el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el fin de impedir que un documento falso sea suficiente como para que un juez paralice un desalojo. Y propone una medida más: que los arrendadores deban acreditar su condición en los registros públicos de las CCAA para poder inscribir el contrato de arrendamiento, lo que supondría una herramienta muy eficaz para que los jueces puedan poder actuar rápidamente y desalojar a los okupas que presentan contratos simulados y, a la vez, permitiría aflorar arrendamientos sumergidos, según ANA.
La Agencia Tributaria ya lleva seis años enviando avisos a los contribuyentes a través de los borradores de la renta para que declaren de forma voluntaria los ingresos que obtienen por arrendamientos de inmuebles. Solo este año ha enviado más de 700.000 notificaciones. Desde que empezó su lucha contra el fraude fiscal, ha destapado 7.100 millones de euros vía alquileres en negro y ha recaudado 860 millones de euros extra.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que en los últimos años se ha reducido con fuerza el número de arrendamientos sumergidos en España gracias, entre otros factores, a la obligación de los propietarios de incluir el NIF de su inquilino en la declaración de la renta, a las comprobaciones que realiza la Agencia Tributaria o a la información de consumo que proporcionan las eléctricas. A pesar de ello, el 40,8% de los arrendamientos se paga en negro, lo que se traduce en 1,28 millones. No obstante, Gestha cree que la crisis del coronavirus reducirá los fraudes tanto en el alquiler como en las compraventas de viviendas.
Los esfuerzos de la Agencia Tributaria por destapar alquileres opacos están dando sus frutos. En las últimas tres campañas de la renta ha enviado casi 840.000 avisos a presuntos arrendadores para 'invitarles' a que declararan los ingresos percibidos por el alquiler de una casa y ha logrado incrementar en más de 112.000 el número de declarantes por este concepto. La campaña se centra en el arrendamiento tradicional y el turístico.
La costa está sumergida. Mientras el comprador se decide a hacer acto de presencia, los propietarios optan por alquilar las viviendas, en muchos casos a precios módicos bajo cuerda.
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