Congreso de los diputados

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha presentado una proposición no de ley en la Cámara Baja para pedir al Gobierno liberar los remanentes de los ayuntamientos y que los puedan destinar a la compra de vivienda para aumentar de manera destacada el parque público. Las corporaciones locales están obligadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 a mantener equilibrio o superávit financiero, y no pueden gastarlo. Según datos del Banco de España, esos remanentes ya alcanzan cerca de 39.000 millones de euros, dinero que el diputado de Compromis exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez movilizar para alquiler social y asequible.

El Congreso de los Diputados ha votado por una amplia mayoría de 315 votos a favor del decreto que aprueba la revalorización de las pensiones, la prórroga de los descuentos al transporte o la suspensión de los desahucios de alquiler de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional en el segundo intento del Gobierno de Pedro Sánchez de sacarlo adelante. PP y Junts, que votaron en contra hace menos de un mes, lo hacen ahora a favor con esta versión reducida del decreto, que ha excluido medidas fiscales y añade la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos.

El Congreso de los Diputados deberá votar este miércoles si aprueba la revalorización de las pensiones, la prórroga de los descuentos al transporte o la suspensión de los desahucios de alquiler de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional en el segundo intento del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar adelante el decreto ley. El Ejecutivo ha llegado a un acuerdo con Junts para votar a favor, un voto positivo al que se ha unido el PP, según ha anunciado Alberto Núñez-Feijóo. Este nuevo decreto también incluye la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos.

El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó la semana pasada la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de las rentas a hogares vulnerables que había aprobado el último Consejo de Ministros de 2024. Sin embargo, diferentes expertos inmobiliarios y jurídicos creen que el Gobierno volverá a plantear la iniciativa para intentar paralizar de nuevo los procedimientos. En su opinión, el exceso de actividad legislativa genera incertidumbre entre arrendadores e inversores del mercado del alquiler, lo que acaba reduciendo la oferta de viviendas e impulsando los precios.

El Gobierno ha sufrido su primera gran derrota parlamentaria de 2025 en el primer día de actividad en la Cámara Baja. El Pleno del Congreso de los Diputados ha tumbado el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, más conocido como el decreto 'ómnibus', con los votos en contra de PP, Junts y Vox. El texto incluía la prórroga de los desahucios y lanzamientos por impago de las rentas para colectivos vulnerables durante todo 2025, la prohibición de cortar suministros básicos a familias con pocos recursos, la revalorización de las pensiones y del ingreso mínimo vital (IMV) y las ayudas al transporte público. La derogación tiene efectos inmediatos desde este 23 de enero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes una batería de medidas para hacer frente al problema de la vivienda en España, y varias de ellas necesitarán el visto bueno del Congreso de los Diputados para poder materializarse. En concreto, deberán obtener 'luz verde' de la Cámara Baja el nuevo IVA para viviendas turísticas, la nueva fiscalidad de las socimis de vivienda y el endurecimiento para la compra de vivienda de extranjeros no comunitarios, así como la bonificación fiscal del IRPF si se rebaja el precio del alquiler en zona no declarada tensionada.

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea impulsar, en coordinación con todas las administraciones competentes, la vivienda cooperativa en cesión de uso, un modelo en el que se conforma una sociedad cooperativa que hace de promotora y adjudica los inmuebles a las personas socias a precio de coste de la construcción, lo que "asegura su asequibilidad y ausencia de lucro", según el grupo político. La iniciativa se debatirá en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja.

Los órganos de gobierno de Sareb han decidido suspender temporalmente el proceso de venta de la promotora Árqura y, por tanto, se pospone la fecha límite de presentación de ofertas no vinculantes por parte de los potenciales inversores. La sociedad, que ha tomado esta decisión por recomendación de la consultora Deloitte, su asesor financiero de la operación, abre ahora un periodo de análisis y revisión de la transacción "cuyas conclusiones se comunicarán a los inversores a la mayor brevedad". La Comisión de Vivienda del Congreso aprobó hace unos días aprobado una proposición no de ley pactada entre los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, que también apoya Podemos, para que la nueva empresa pública de vivienda aproveche los pisos de Sareb.

El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente el proyecto de ley por el que se crea un nuevo impuesto mínimo para las empresas multinacionales, una norma que incluye parte de la reforma fiscal que quería el Gobierno y que finalmente introduce un impuesto a la banca, pero no a las energéticas. También se han quedado fuera las propuestas del PP aprobadas en el Senado dirigidas a los jóvenes, como las exenciones en el IRPF o que la recaudación del impuesto a la banca se destinara a ayudas hipotecarias o a construir vivienda de precio tasado.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva al Proyecto de Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, una iniciativa fue vetada por el Senado, pero que ha quedado lista para su entrada en vigor tras haber recibido el respaldo por mayoría absoluta en la Cámara Baja. La normativa incluye el fin definitivo de las 'golden visa' para inversiones en vivienda de más de 500.000 euros y permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos. No obstante, no se aplica a los casos de inquiokupación, que actualmente son el foco del problema, según los expertos jurídicos.

El Senado ha aprobado este 17 de diciembre a reforma fiscal del Gobierno, en la que se han incluido rebajas fiscales a instancias del PP, que tiene la mayoría absoluta en la Cámara, que pueden ser respaldadas en la Cámara Baja por algunos de los socios del Gobierno.Inicialmente, a las 21.15 horas de

El Pleno del Congreso ha aprobado la toma en consideración de una Proposición de Ley para controlar los contratos de alquiler temporales y de habitaciones, impulsada por los grupos Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Tras superar la votación, comenzará a tramitarse en comisión y se abrirá el periodo de enmiendas. El texto busca equiparar estos arrendamientos con los de vivienda habitual para desincentivar su uso y establece varias modificaciones en la LAU, como la obligación del arrendador de “justificar la necesidad de temporalidad” para los alquileres temporales, que la duración no podrá superar los nueve meses o que el inquilino puede desistir del contrato transcurrido un mes desde su formalización, previa comunicación al propietario.

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha avalado la propuesta del Gobierno de nombrar a Carlos San Basilio y Paloma Marín como presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), respectivamente. Durante su comparencia en la Cámara Baja, San Basilio ha pedido medios técnicos y humanos para el regulador del mercado y ha insistido en que el marco legal debe adaptarse "con rapidez" a las necesidades del mercado. Marín, por su parte, ha hecho hincapié en los "retos presentes y futuros", como la transformación digital, la inteligencia artificial, los criptoactivos, la ciberseguridad o la sostenibilidad ambiental.

La ley por la que se crea un nuevo impuesto mínimo a las multinacionales y que incluye la reforma fiscal auspiciada por el Gobierno volverá al Pleno del Congreso esta semana tras pasar por el Senado, donde se han incluido rebajas fiscales a instancias del PP que pueden ser respaldadas en la Cámara Baja por algunos de los socios del Gobierno. Entre las medidas destacan que la recaudación del impuesto a la banca se destine a ayudas hipotecarias o a construir vivienda de precio tasado que permita acceder a los jóvenes a una casa. El Congreso sólo decidirá si mantiene o elimina estas enmiendas, pero no votará la ley en su conjunto.

El Pleno del Congreso debatirá esta semana la proposición de ley de ERC, Sumar, Bildu, Podemos y BNG para limitar el uso de los alquileres de temporada y por habitaciones, que ya fue rechazado el pasado septiembre por PP, Vox y Junts, y que ahora incluye modificaciones puntuales para atraer el voto favorable de los nacionalistas catalanes, como respetar las competencias autonómicas en materia de vivienda. La norma propone una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y, entre otras medidas, obligar al arrendador a justificar la necesidad de temporalidad.

El Congreso ha instado al Gobierno a que la empresa pública de vivienda que va a poner en marcha el Ejecutivo aproveche los inmuebles que tiene a su disposición la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlos a vivienda social y asequible. La Comisión de Vivienda de la Cámara Baja ha aprobado una proposición no de ley pactada entre los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, con el respaldo de Podemos, mientras que las demás formaciones se han abstenido o votado en contra. El acuerdo parte de una iniciativa original del grupo plurinacional, que pedía directamente suspender "de manera inmediata" la venta por parte de Sareb de su promotora Árqura y su cartera de 16.000 viviendas.

La asociación española de gestores públicos de Vivienda y Suelo (AVS) ha pedido en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados el establecimiento de un régimen jurídico específico para las viviendas públicas. El presidente de la AVS, José María López Cerezo, ha anunciado que presentarán una serie de iniciativas legislativas para la modificación de códigos y leyes para facilitar la promoción pública de vivienda, así como la promoción privada de viviendas asequibles, para lo que ha pedido el apoyo de los grupos políticos.

El Grupo Socialista ha presentado una propuesta para facilitar la financiación de las viviendas industrializadas, una alternativa que permite reducir los plazos y los costes de construcción respecto a una promoción tradicional. A través de una enmienda al proyecto de ley para crear la Autoridad del cliente financiero, el partido plantea modificar el artículo 12 de la ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, que data de 1954, para permitir que se puedan constituir hipotecas sobre los mmódulos constructivos que se levantan en fábricas y posteriormente se ensamblan en la obra. Desde hace meses, Gobierno, bancos y promotores están estudiando fórmulas para evitar los problemas actuales.

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que propone impulsar un plan europeo de vivienda asequible y el reconocimiento de zonas tensionadas en los estados de la UE. El Grupo Socialista esgrime que en los últimos años se observa un importante encarecimiento del precio de la vivienda en diferentes ciudades europeas. Por ello, plantea el reconocimiento de la emergencia habitacional que se sufre en diferentes zonas de los Estados miembros, que incluya aplicar medidas y recursos suficientes para permitir el acceso a una vivienda.

El Senado ha aprobado el veto que ha presentado el Partido Popular, formación que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, sobre el Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia, que incluye medidas como los nuevos juicios exprés en las okupaciones de viviendas en casos de usurpación o allanamiento de morada, o la supresión de las 'golden visa' para los extranjeros que inviertan más de medio millón de euros en una vivienda. La normativa fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de noviembre, pero tras el rechazo de la Cámara Alta será remitida nuevamente al Congreso, que podría levantar el veto.

El Pleno de la Cámara Baja ha dado luz verde definitiva a la reforma fiscal que incluye nuevos impuestos a la banca y las multinacionales, cuyo texto pasará ahora al Senado. Finalmente, ha decaído la propuesta de PSOE y Sumar de eliminar las ventajas fiscales de las que gozan las sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas, como ya frenó el pasado lunes la Comisión de Hacienda del Congreso. La supresión del 'régimen socimi' había desatado una oleada de críticas en los últimos días y ponía en riesgo inversiones realizadas y futuras, así como la permanencia de grandes grupos empresariales en España, incluidos miembros del Ibex 35. Mientras, las patronales bancarias alertan de una contracción del crédito a familias y empresas de hasta 50.000 millones de euros por el nuevo gravamen.

La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha tumbado buena parte de la reforma fiscal que habían pactado los socios de Gobierno. Aunque han salido adelante la imposición de un 15% de Impuesto de Sociedades a las multinacionales, la subida del IVA a pisos turísticos y el incremento en dos puntos del IRPF aplicado a las rentas del ahorro de más de 300.000 euros anuales, han decaído las enmiendas para poner fin a las ventajas fiscales de las socimis, el gravamen para coches o yates de lujo y la eliminación de las exenciones a los seguros de salud privados. No obstante, el Pleno de la Cámara Baja debe debatir el texto el próximo jueves, donde se analizarán tanto el dictamen como las enmiendas no incorporadas. El PSOE negocia a contrarreloj para mantener vivo el tributo a la banca.

El PSOE ha planteado una reforma legal en el Congreso para dar beneficios "fiscales" o "urbanísticos" a los vehículos de inversión inmobiliaria cotizados a cambio de que estas cedan sus inmuebles a un "precio asequible". La propuesta se plasma en una enmienda al proyecto de ley para establecer un impuesto mínimo a las multinacionales y va destinada a incrementar la oferta de vivienda a corto plazo, aunque ha sido rechazada por Sumar, el socio minoritario del Gobierno, quien considera que hay que acabar con las exenciones que disfrutan estas sociedades. Sus propuestas pasan por limitar las rentas que establecen las socimis a los pisos y prohibir los alquileres turísticos o de temporada.

El Congreso ha admitido a trámite una proposición de ley de Sumar para que las entidades financieras ofrezcan a sus clientes vías para reclamar cláusulas abusivas vinculadas a la amortización del pago de la hipoteca e intereses conocidas como 'Redito ad Libitum' (Redal), con el único voto en contra de Vox. La ley contempla que los bancos desarrollen un sistema de reclamación específico para estos casos y que no puedan iniciar un procedimiento civil por incumplimiento del contrato si este incluye cláusulas abusivas, siempre que las cuotas satisfechas por el cliente sean superiores a los intereses mensuales.

Esquerra Republicana ha vuelto a registrar en el Congreso la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar el alquiler de temporada y habitaciones que hace un mes presentó Sumar junto a otros socios parlamentarios y tumbaron PP, Vox, UPN y Junts. La nueva proposición de ley con algunas modificaciones respecto al texto anterior, como elevar de seis a nueve meses el periodo máximo de los contratos de este tipo de arrendamientos o permitir que las CCAA hayan desarrollado legislación propia puedan aplicar su normativa para respetar la división competencial. Mientras, el Gobierno prepara un registro de los alquileres de corta duración.