El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el desahucio por impago de rentas de una inquilina interpuesto por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que el hecho de que devolviese el recibo de una mensualidad porque incluía una factura de agua 20 veces superior a la cuantía habitual no es razón suficiente para concluir el contrato de arrendamiento, puesto que la arrendataria reclamó el desglose del gasto e intentó abonar el importe en todo momento. La inquilina devolvió la mensualidad de mayo de 2021 por un valor de 895,71 euros, que incluía un gasto por consumo de agua de 562,13 euros, que ha provocado esta situación.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha admitido que el Gobierno está analizando "con detenimiento" los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que apuntan que los desahucios por impago del alquiler ya suponen el 75% del total, y ha precisado que se evaluará también
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha avanzado algunos puntos más de la Ley de Vivienda que el principal partido de la oposición pretende presentar en breve en el Congreso. La norma incluye incentivos fiscales para favorecer la salida de viviendas vacías al mercado y para las donaciones de familias para la compra de una casa. También apuesta por eliminar las zonas de mercado residencial tensionado de la actual normativa y reducir el umbral de vulnerabilidad a los 1.080 euros de ingresos, lo que endurecería los requisitos, pero estimulará más vivienda en el mercado, según la portavoz del PP.
Propietarios e inquilinos de Inglaterra se enfrentan a importantes cambios en el mercado de alquiler residencial bajo la nueva legislación que ha llevado adelante el Partido Laborista en el Gobierno. El proyecto de ley sobre los derechos de los inquilinos presentado por el ministro de Vivienda, Matthew Pennycook, pondrá fin a los llamados ‘desalojos sin culpa’, por el que el casero podía dar por finalizado el contrato sin dar un motivo. Además, se endurecerán los estándares para el mantenimiento de las viviendas alquiladas, entre otras medidas.
El Tribunal Supremo ha publicado recientemente una sentencia en beneficio de los inquilinos. Considera que el impago puntual de un mes de alquiler no es un incumplimiento del contrato de arrendamiento y no da lugar a resolverlo ni al desahucio, siempre y cuando la situación del inquilino sea singular. En el caso resuelto, el impago de la renta se produjo por un malentendido entre dos cuentas bancarias de la inquilina. Con esta sentencia la Sala de lo Civil cambia de doctrina, ya que hasta ahora sostenía que el retraso en el pago de una sola mensualidad de renta ya era motivo de resolución del contrato.
La morosidad es una de las principales preocupaciones de los arrendadores de viviendas. Y más si el inquilino no ayuda a resolver esta situación. En muchas ocasiones de impago de la renta, el propietario se ve obligado a enviar un requerimiento de pago vía burofax. Y si el inquilino no lo recoge puede surgir la duda acerca de los efectos que pueda desplegar dicho requerimiento. Este extremo acaba de ser resuelto por el propio Tribunal Supremo.
El número total de lanzamientos practicados en el primer trimestre del año, 11.072, se ha mantenido en cifras muy similares a las de hace un año al haber experimentado un aumento del 1%, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tres de cada cuatro lanzamientos (7.625) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.755 (el 24,9%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 692 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2021 alcanzaron los 8.659 desahucios, lo que supone 22% más que en 2020, pero un 14,9% menos que en el mismo periodo precovid. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) precisa que los datos del año pasado están marcados por la crisis sanitaria y sus efectos sobre la actividad de los órganos judiciales. De nuevo, casi siete de cada 10 lanzamientos (unos 6.000) se producen a partir de procedimientos derivados de la LAU, encabezados en este caso por Cataluña, Andalucía, Comunitat Valenciana y Madrid.
El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2021 alcanzó la cifra de 11.571, lo que supone un descenso del 21,2% respecto al mismo periodo de 2019, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El número de inquilinos desahuciados se ha reducido casi un 19% respecto a niveles precovid, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias han bajado un 25%.
El primer Consejo de Ministros de agosto hizo oficial la decisión del Gobierno de ampliar durante casi tres meses más, exactamente hasta el 31 de octubre, las medidas sociales para suspender los desahucios y los lanzamientos de viviendas en alquiler que lleva vigente desde finales de 2020. También ha prorrogado la posibilidad de los inquilinos vulnerables de pedir una moratoria o una condonación del alquiler. Resumimos de la mano de la editorial jurídica Sepín las ayudas y cómo solicitarlas.
El primer Consejo de Ministros de agosto ha hecho oficial la decisión del Gobierno de ampliar durante casi tres meses más, exactamente hasta el 31 de octubre, las medidas sociales para suspender los desahucios y los lanzamientos de viviendas en alquiler que lleva vigente desde finales de 2020.
La pandemia del covid-19 ha provocado un aumento de impagos del alquiler por parte de familias que se han visto abocadas a un ERTE o a sumarse a las listas del paro. Ante este drama, el Gobierno ha aprobado medidas de urgencia de carácter personal para proteger a aquellos inquilinos en situación de precariedad económica. Y El Tribunal Constitucional en una reciente sentencia ha permitido a un inquilino vulnerable desahuciado posponer su desalojo.
Una crisis por la vivienda en EEUU está aún por venir, según algunos expertos.
La actividad de los órganos judiciales sufrió un importantísimo descenso durante el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la situación sanitaria causada por el covid-19. El mayor impacto se observó en los lanzamientos.
EEUU ha anunciado la prohición de desahuciar a los inquilinos de la vivienda habitual por impago en lo que queda de año, una medida que ya estuvo en vigor entre marzo y julio por la crisis del coronavirus. A pesar de que el Gobierno estima que la medida beneficiará a unos 40 millones de hogares, los expertos critican que no viene acompañada de ayudas financieras, por lo que no previene los desahucios, sino que simplemente los retrasa.
La crisis económica y sanitaria desatada por el covid-19 provocará que muchos ciudadanos se decanten por el alquiler, ante la dificultad por acceder a una hipoteca para la compra de una casa. Por eso, el propietario de la vivienda que ponga en alquiler debe cerciorarse de que el potencial inquilino es solvente o debe saber qué garantías adicionales a la fianza puede pedirle. Además, es recomendable establecer una nueva cláusula que prevea un posible rebrote del covid-19.
Los desahucios por el impago del alquiler crecieron en el primer trimestre del año hasta los 10.224, lo que supone un incremento del 5,2% interanual y el 65,7% de total practicados, el peso más elevado registrado por el CGPJ. Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias siguen cayendo por 15º trimestre: un 19,2% menos que en el mismo periodo de 2018.
En el cuarto trimestre de 2018 hubo 15.065 desahucios, un 1,3% menos que un año antes, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Del total, el 63,7% fueron consecuencia de impagos en el alquiler (9.557), mientras que el otro 29,9% se derivó de ejecuciones hipotecarias (4.498).
En la actualidad hay más desahucios por impago del alquiler que por impago de la hipoteca. Así lo constata el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que señala que los desalojamientos de inquilinos morosos han subido un 7,9%. En cambio, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias han bajado un 16,2% durante el tercer trimestre del año. Del total de desahucios, el 65,1% corresponden a impagos del alquiler y el 29,5% a impagos de la hipoteca.
Los desahucios por el impago del alquiler se están incrementando en los últimos años y solo durante el año pasado representaron casi el 60% de los ejecutados. Desde el despacho Pelegrí Abogados recuerdan que el desalojo de un inquilino moroso por la vía legal tarda de media 11 meses, aunque en Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana el plazo se puede ampliar dos meses más. Desde el despacho se quejan de que la última ley antiokupas solo está enfocada a las mafias.
Cuando un contrato de alquiler de una vivienda finaliza, se abre una nueva negociación entre el arrendador y el inquilino de la vivienda en el caso de que éste quiera continuar en la casa. Algunos inquilinos están negándose a aceptar las subidas, pero no abandonan la vivienda y continúan pagando el importe ya caducado. Ante esta situación, el propietario debe comunicar por burofax el fin del contrato con 30 días de antelación y no aceptar la renta del arrendatario.
Un error en la notificación de un desahucio ha llevado al Tribunal Constitucional a anular el procedimiento de desalojo de una mujer que acumulaba casi 6.100 euros en deudas de la renta de un local comercial ya abandonado. En concreto, el agente judicial que le intentó notificar el procedimiento de desahucio se confundió de dirección y, por tanto, nunca le llegó a la afectada.
El Gobierno de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, presentó ayer los resultados de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), un grupo de trabajo que creó cuando llegó al mando que funciona a semejanza de una PAH. En 2017, 2.351 familias (unas 7.760 personas) en situación de riesgo habitacional pidieron ser atendidas, y el 51% de los casos se trataba de viviendas en alquiler. Se resolvieron 1.362 expedientes, de los cuales 218 (16% del total) mantenieron la vivienda.
En 2017 los desahucios por impago del alquiler de todo tipo de inmuebles crecieron un 4% respecto al año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, si tenemos en cuenta el parque de viviendas en alquiler, que aumentó un 4,3% interanual, descubrimos que en realidad han repetido los mínimos históricos que se vieron por primera vez en 2016. Esto significa que el porcentaje de lanzamientos sobre el total del parque se situó en el 1,1% el año pasado.
Una denuncia, un abogado, una puerta blindada, meses de espera, sufrimiento y mucha, mucha paciencia.
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