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Los lanzamientos practicados por el impago del alquiler crecieron en el primer trimestre del año hasta los 10.224 ‘desahucios’, lo que supone un incremento del 5,2% interanual y el 65,7% de total practicados, porcentaje más elevado registrado por el CGPJ. Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias siguen cayendo por 15º trimestre hasta un 19,2% menos que en el mismo periodo de 2018.

Las provincias de Barcelona y Madrid encabezan la práctica de lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) por el mayor número de arrendamientos en las dos grandes ciudades españolas. Con 1.590 y 1.365 lanzamientos, respectivamente, lo que representa casi el 29% del total de ‘desahucios’ sobre inquilinos que se registró entre enero y marzo de este año.

Aun así, y pese a que este tipo de lanzamientos sigue creciendo en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el peso que tiene sobre el parque de viviendas arrendadas, tanto en España en general como en las dos grandes capitales nacionales, sigue siendo un porcentaje aún bajo.

Mientras que 2016 fue un año en el que este tipo de lanzamientos disminuyó hasta un 4,2% interanual, en los años posteriores, los ‘desahucios’ del alquiler se han incrementado un 4,3% en 2017 y un 4,5% en 2018. El arranque de 2019 confirma esta tendencia al alza.

Todo lo contrario que los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias. Entre enero y marzo, los datos descendieron un 19,2% hasta los 4.341 desahucios. Por 15º trimestre consecutivo, más de tres años, cayeron este tipo de desahucios.

Respecto al total de lanzamientos realizador los distintos juzgados, en Cataluña se practicaron (3.557, más de 22% del total nacional), seguida por Andalucía (2.499), Comunidad Valenciana (con 2.119) y Madrid (con 1.730).

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas, han arrojado la cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2006. Durante los primeros tres meses del año, se contabilizaron 5.092, un 26,2 por ciento menos que las iniciadas hace un año.

Desde el tercer trimestre de 2018, el CGPJ dispone de información de los juicios verbales por ocupación ilegal de viviendas en las que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

Según estos nuevos datos, entre enero y marzo de 2019 han ingresado 901 demandas, de las que se han resuelto 647. 265 se han dado en Cataluña, lo que representan el 29,4% del total nacional. Le siguen Andalucía (134), Comunidad Valenciana (122) y Madrid (100).

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