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La unidad antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona evitó el desalojo del 16% de los casos en 2017

La UCER redujo un 22% los procesos judiciales de desahucio / Ajuntament de Barcelona
La UCER redujo un 22% los procesos judiciales de desahucio / Ajuntament de Barcelona

“Nuestros esfuerzos superan lo estrictamente exigible a un ayuntamiento”, sentenció Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Este martes presentó los resultados de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), el grupo de trabajo que creó al llegar al mando y que funciona, con sus diferencias, a semejanza de una Plataforma Antidesahucios (PAH).

Aunque con el Gobierno de Xavier Trias (CiU), durante 2011 y 2015, ya existía un equipo dedicado a atender y prevenir desahucios a familias en riesgo habitacional, Colau puso en marcha la UCER en enero de 2016 que incorporaba, como novedad, una vertiente más activista, al presenciarse el Ayuntamiento en lanzamientos y negociar con propietarios para evitarlos, además de la asistencia a familias, el apoyo con ayudas económicas o viviendas públicas que ya ofrecía el anterior gobierno municipal.

Cuando Colau declaró realizar más esfuerzos, por eso, se refería a los recursos económicos que invierte el Consistorio (un 77% según la alcaldesa) frente al 23% de la Generalitat, “cuando debería ser un 40% el Ayuntamiento y un 60% la Generalitat”, explicó Colau. En el balance de resultados de la UCER, Colau, acompañada por el regidor y el gerente del área de Vivienda, confirmó que se atendieron 2.351 unidades familiares, lo que suponía unas 7.760 personas. El volumen de casos creció un 50% respecto a 2016 (1.574) y, según datos del Consistorio, redujeron un 22% los procesos judiciales de desahucio.

Los distritos que absorbieron mayor atención fueron Nou Barris (390), Ciutat Vella (373) y Sants-Montjuïc (389). De todos ellos, solo 218 casos mantuvieron su hogar (un 16%), pero para el equipo de Colau esta cifra era muy alta, teniendo en cuenta que “eso significa que los propietarios o bancos retiraron la orden judicial”.

De todos los casos tratados por la UCER, el 51% se trataba de viviendas en contrato de alquiler y alrededor de la mitad de los casos, la propiedad iba a cargo de grandes tenedores (un 45%). El resto, o bien pequeños propietarios (46,70%) o no disponían de datos (9%). Los expedientes que pudieron resolver a lo largo de 2017 fueron 1.362, entre los recibidos ese mismo año más acumulados del anterior.

En total, en 2017 se gestionaron 3.268 procesos. Los que han quedado abiertos, para el Ayuntamiento, sin una solución determinante, es una forma de evitar que se vayan de sus casas. Para Javier Burón, gerente de Vivienda, “nadie se queda sin solución. Le damos un recurso u otro”.

Las soluciones que ha ido aplicando el Consistorio para responder a los casos han sido recursos como ofrecer traslados temporales a pensiones, adjudicaciones de viviendas de la mesa de urgencia habitacional, viviendas de familiares, además de las ayudas sociales del Ayuntamiento. Pese a ello, Burón declaró que hay listas de espera, “algunas en situaciones extremas que supera los diez meses” y otras que pueden dar una respuesta rápida.

“Depende de dos factores: dependiendo de dónde hagan la petición (barrio) y del tamaño de la familia a atender (número de personas)”, explicó Burón, y añadió que en estos momentos las pensiones, por ejemplo, suponen un gasto elevado para el Ayuntamiento pero porque “hay pocas viviendas públicas para ofrecer”. De esa forma, justificaron la creación del programa Aprop que anunciaron recientemente, para atender esos casos de urgencia con casas prefabricadas por la falta de stock.

"Llevaré los desahucios al despacho del ministro si hace falta"

En su comparecencia, Colau aprovechó para recordar que unas horas más tarde se aprobaría en el Congreso la Ley de desahucio exprés, con la que se aceleraría el desalojo en viviendas okupadas "indiscriminadamente", puesto que afecta a viviendas okupadas ilegalmente "pero también a casos sin alternativa habitacional". 

"Esta reforma va en sentido contrario y no se responsabiliza de las familias más vulnerables", lamentó Colau, quien declaró que "al final acabamos pagando los Ayuntamientos, quien menos recursos tiene" y no dudó en declarar que "o toma medidas para los miles de desahuciados o llevaremos los casos al despacho del ministro, para que no mire para otro lado". 

También, exigió al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a que amplíen el gasto anual a políticas de vivienda para toda España, una reforma fiscal y una reforma de la LAU, ampliando la duración mínima de los contratos por ley, de forma que "impida las subidas abusivas del alquiler" y que "las familias puedan generar un proyecto de vida en la vivienda de alquiler".