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Los contratos de alquiler tienen una vigencia fruto del pacto entre propietario e inquilino, pero puede darse el caso de que el arrendatario tenga que dejar el piso antes de tiempo por una enfermedad. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no lo recoge específicamente como causa de fuerza mayor, pero esto nno significa que estés completamente desprotegido si una situación de salud grave te impide seguir haciendo frente a la renta. Lo más recomendable, como primer paso, es hablar con el arrendador y explicarle la situación para intentar llegar a un acuerdo y dejarlo por escrito, así como cumplir los plazos de preaviso contemplados en la normativa.

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre los límites de la prórroga forzosa en los alquileres antiguos y sobre cuándo el propietario puede solicitar la resolución del contrato de arrendamiento. En una sentencia dictada el pasado diciembre, el alto tribunal analiza un contrato firmado en 1982 y concluye que el propietario puede recuperar la vivienda cuando logra acreditar que el inquilino no la utiliza de forma efectiva como residencia habitual y que la vivienda ha perdido la función de hogar que justifica la prórroga forzosa. El fallo interesa a propietarios e inquilinos con contratos anteriores al 9 de mayo de 1985.

En una Ley de arrendamientos urbanos (LAU) extremadamente garantista para los arrendatarios como la vigente, existe todavía un pequeño reducto de tres artículos que defienden los derechos de los arrendadores. Estos son los artículos 9.3, 21.4 y 13.2 de la LAU. Se trata de artículos que regulan la duración de los alquileres y las obligaciones de los inquilinos en materia de deficiencias. Por ejemplo, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, recuerda que las pequeñas reparaciones, de ambigua redacción, son de los inquilinos.

Desde el inicio del estado de alarma en España a causa del covid-19, son muchos los cambios legislativos con novedades que afectan a los arrendamientos. Se trata de medidas temporales que van desde la reducción de la renta en hasta un 50%, hasta moratorias de aplazamiento de pago de renta, entre otras medidas, que afectan especialmente a los grandes tenedores.

En España están creciendo los proyectos relacionados con el 'coliving'. Sin embargo, José Méndez, socio director del despacho de abogados Méndez Lit, afirma que la fórmula actual se encuentra en un vacío legal que genera inseguridad jurídica e impide su despegue a gran escala. No tiene encaje en la Ley de Arrendamientos Urbanos al no ser un alquiler permanente, por lo que deberíamos acudir a la legislación general del Código Civil, donde tampoco se regula de forma específica. Repasamos cuáles son los principales problemas.

La última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), impulsada en 2019 trajo consigo varios cambios importantes en la duración de los contratos de arrendamiento con el objetivo de proteger a los inquilinos: quedó fijada en 5 años y 7 si el arrendador es una empresa. La Agencia Negociadora del Alquiler expone los 10 mecanismos más usados por los propietarios para acortar la duración. Entre estos mecanismos se encuentra la firma de falsos contratos de temporada o alegar una falsa causa de necesidad para recuperar la casa.

Durante la vida del contrato de arrendamiento puede ocurrir que el arrendador deje de cobrar la renta al inquilino. Los motivos pueden ser muy variopintos: desde creer que el contrato ha finalizado, hasta propiciar el impago del inquilino para agilizar su desalojo. En cualquier modo, el inquilino debe saber que en todas las circunstancias debe seguir pagando religiosamente la renta para evitar problemas.

La compañía tiene dudas con una de las medidas que ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid para mejorar la accesibilidad a la vivienda de alquiler de la clase media. En concreto, la propuesta de que los propietarios cedan sus pisos vacíos a la EMVS para sacarlos al mercado por un mínimo de cuatro años. La firma asegura que, como entidad jurídica, la LAU establece siete años para la duración de los contratos, pero las bases del Programa REVIVA no dejan claro qué sucede con los tres restantes.

España es uno de los países europeos con mayor tasa de divorcios y, según el Consejo General del Poder Judicial, las demandas de disolución matrimonial han aumentado más de un 16% interanual en el tercer trimestre del año. ¿Y qué pasa con la vivienda y el contrato de alquiler si los arrendatarios deciden romper su unión legal? Hay que tener en cuenta varios factores, como si el contrato incluye a ambos o solo figura uno de los cónyuges, o la fecha en la que se firmó el arrendamiento. Repasamos algunas claves a tener en cuenta y qué establece la ley en este tipo de situaciones.

La Agencia Negociadora del Alquiler asegura que hay diferentes mecanismos legales que permiten a los propietarios evitar las prórrogas obligatorias de los contratos o suscribir nuevos arrendamientos de hasta cinco años en caso de personas físicas o siete en el caso de las empresas. Estos supuestos son la tácita reconducción, las viviendas suntuarias y la causa de necesidad para recuperar la vivienda. Repasamos en qué consiste cada uno y en qué casos se podrían aplicar.

La nueva ley de alquiler que ya está en vigor modifica parcialmente la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Es recomendable que los nuevos contratos que se realicen a partir de hoy recojan esos cambios, por lo que ponemos a tu disposición un nuevo modelo de contrato de alquiler que puedes utilizar en tu próximo acuerdo.

El Gobierno aprobó una prórroga de seis meses de la duración de los contratos del alquiler que venzan hasta dos meses después de que acabe el estado de alarma. Una medida que, según la Agencia Negociadora del Alquiler, solo tiene en cuenta a los inquilinos. Sostiene que hay algunos colectivos de propietarios que pueden verse muy perjudicados, como los mayores que quieran salir de la residencia para volver a su vivienda o los trabajadores en el extranjero que quieran retornar a España.

La entrada en vigor de la ley del alquiler el año pasado trajo cambios como la ampliación de la duración de los contratos, que pasaron de tres a cinco años para los arrendadores particulares y a siete años para las empresas, y ligar la subida de las rentas al IPC. Sin embargo, los arrendadores están usando triquiñuelas para burlar dichas condiciones, como ampliar el tamaño de la vivienda para que no se pueda aplicar la LAU, empezar a cobrar el garaje a partir del cuarto año o inventarse un divorcio o la emancipación de los hijos para recuperar la propiedad. Repasamos algunos casos concretos.

La preocupación de muchos arrendadores por encontrar un inquilino solvente se ha acrecentado ante la limitación de la cuantía de las garantías adicionales a la fianza exigidas al arrendatario, una medida establecida en la última reforma de la LAU. Lo habitual para saber si el inquilino es solvente es analizar su estabilidad laboral e ingresos, solicitando el contrato de trabajo y las últimas nóminas.

El pasado miércoles 19 entró en vigor la reforma del mercado del alquiler elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los cambios más significativos afectan a la duración de los contratos de arrendamiento y a las fianzas. Sin embargo, el Congreso debe convalidar el Real Decreto en un plazo de 30 días. En caso de que no se convalide, esta normativa es como si no hubiera existido, pero cualquier contrato que se haya firmado durante la vigencia del Real Decreto quedará inalterado. 

Hace apenas tres meses el PSOE registró una proposición de Ley en el Congreso para controlar la subida de los precios del alquiler. entre las medidas que propone están ampliar la duración de los contratos de tres a cinco años y aumentar las deducciones fiscales para inquilinos y propietarios. Sin embargo, las restricciones presupuestarias y las posiciones contrapuestas de Podemos y PNV dificultan la aprobación de este proyecto. 

El Gobierno de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, presentó ayer los resultados de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), un grupo de trabajo que creó cuando llegó al mando que funciona a semejanza de una PAH. En 2017, 2.351 familias (unas 7.760 personas) en situación de riesgo habitacional pidieron ser atendidas, y el 51% de los casos se trataba de viviendas en alquiler. Se resolvieron 1.362 expedientes, de los cuales 218 (16% del total) mantenieron la vivienda.

Unidos Podemos ha registrado una proposición de ley para limitar los alquileres y mejorar el acceso al alquiler. Para ello propone recuperar los contratos de arrendamiento de 5 años, impedir subidas “indiscriminadas de los precios” o contratos de duración protegida de 10 años.

En junio de 2013, entró en vigor la Ley 4/2013 de medidas de flexibilización del mercado del alquiler. Entre otras, los contratos de alquiler pasaban de 5 a 3 años de duración obligatoria. Además, aquel año, el precio del alquiler se encontraba en mínimos históricos. Durante los primeros seis meses de 2018 esos contratos empezarán a rescindir y volverán al mercado con unos precios 'congelados'. Consultamos con abogados y expertos para saber cómo deben responder propietarios e inquilinos ante el nuevo escenario.

La venta de una vivienda que está alquilada plantea dudas tanto para el inquilino como para el propietario. Unas cuestiones que la ley de arrendamientos urbanos (lau) resuelve a través de la figura de la enajenación de la vivienda.