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Unidos Podemos propone una ley para regular el alquiler: estas son las líneas generales

Unidos Podemos ha registrado una proposición de ley para limitar los alquileres y mejorar el acceso al alquiler. Para ello propone recuperar los contratos de arrendamiento de 5 años, impedir subidas “indiscriminadas de los precios” o contratos de duración protegida de 10 años. Algunas de estas medidas coinciden con las propuestas también por el PSOE.

El mercado del alquiler en las principales ciudades está en el punto de mira y lleva a que los partidos políticos de la oposición planteen respuestas, por ejemplo, a las subidas de las rentas. Hace menos de un mes, el PSOE presentaba un plan de vivienda alternativo al del Gobierno, cuando recién se aprobó este. La propuesta pasaba por volver a reformar la LAU y retomar el mínimo de cinco años de duración del contrato, desgravaciones fiscales para inquilinos y hasta un 100% para propietarios que ofrezcan rentas asequibles, referenciadas por los ayuntamientos.

También, cambios en la Ley de Suelo para aumentar el parque de viviendas en alquiler o modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para controlar los desahucios del alquiler.

Unidos Podemos, junto a Compromís, ERC, PdeCat y EH Bildu, ya abrazó el pasado enero la Iniciativa legislativa popular (ILP) que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llevó al Congreso para crear una ley que pusiera topes a los alquileres a escala nacional. La propuesta, que también pretendía modificar la gestión de los desahucios y una dación de pago, implicaba modificar diferentes leyes para que pudiera llevarse a cabo sin pisar la regulación existente.

Los grupos parlamentarios de PSOE y Pdecat compartían puntos pero se desmarcaron de la primera línea de la iniciativa porque aún “debían debatirse muchos puntos”, en el caso de los primeros, y los segundos apoyaban los desahucios “pero no las okupaciones ilegales”. Con todo, se comprometieron a apoyar su trámite en el Congreso.

Ahora, el grupo parlamentario morado, con el apoyo de los concejales de vivienda de los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Córdoba, Zaragoza, Valencia, Coruña y Cádiz ha llevado a la Cámara Baja una propuesta que modifique la LAU y la Ley de Enjuiciamiento Civil para que gobiernos autónomos y municipales puedan regular el precio del alquiler “en caso de emergencia social”. El partido ha declarado que es la mejor garantía para “los incrementos abusivos”.

Se trata de “establecer limitaciones temporales a los precios de los alquileres” en situaciones de emergencia social.  La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha explicado que “no puede ocurrir con los alquileres” como ocurrió con la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008. “El negocio especulativo se ha trasladado de la compraventa al mercado privado del alquiler”, enfatizó. Los puntos más destacados que propone reformar son:

Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos

La duración mínima. Proponen que la duración del contrato sea libremente pactada por ambas partes, pero si pactan menos de cinco años, se irá renovando anualmente hasta cumplir los cinco. La obligatoriedad del inquilino será de tres meses mínimo, en vez del año que se exige ahora.

Contrato de duración protegida. Para fomentar “alquiler estable y asequible”, Unidos Podemos propone un nuevo tipo de contrato, de 10 años, que conllevaría beneficios fiscales u otras medidas determinadas desde las Autonomías y los Ayuntamientos.

Renovación protegidaLlegada la fecha de vencimiento del contrato, con una duración mínima de cinco años y si ninguna parte comunica su voluntad de finiquitarlo al menos con 3 meses de antelación, el contrato se renovaría anualmente hasta un máximo de cinco años.

Actualización de la renta según el IPC. Es algo que ya venía haciéndose según estipulaba la LAU. Proponen que a partir del sexto año se negocie por ambas partes, pero si la vivienda se encuentra en “área urbana con mercados de vivienda tensionados” se determinará según la variación porcentual del IPC.

Si el propietario mejora la vivienda, transcurridos los primeros cinco años, podrá subir la renta en función del capital invertido, pero sin excederse del 15% sobre el precio que tenga. En “área urbana con mercados de vivienda tensionados” no podrá superar los límites que marcase la ley que propone Punidos Podemos (aún por referenciar).  Si hay rehabilitación de vivienda, no permitirá la expulsión de los vecinos de la vivienda o la finca.

Firma contrato: gastos extras y fianza. La fianza nunca podrá superar el importe de una mensualidad (en el caso de viviendas de un uso no residencial, serían dos). Los gastos extras nunca irían a cargo del inquilino.

Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Ampliar varios artículos como el 250 respecto al impago de rentas y el art. 455 en referencia a las resoluciones y tramitación de segundas instancias.