Estado de alarma

El Tribunal Supremo ha inclinado la balanza a favor de las empresas dedicadas a la hostelería y restauración que tuvieron que cerrar con motivo del estado de alarma declarado por culpa del covid-19. En contra del criterio de Hacienda, permite que puedan reducir la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que exigen los Ayuntamientos, proporcional al tiempo en que sufrieron esa paralización total.

El 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma y posteriormente se suspendieron los plazos de los procedimientos tributarios entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020. Y se hizo sin que Hacienda tuviera la necesidad de motivar y justificar esta paralización. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que ahora el Tribunal Supremo tiene sobre la mesa esta cuestión que resolverá relativamente rápido, dado el gran número de procedimientos interrumpidos de manera injustificada: existía la posibilidad de que Hacienda avanzara la tramitación durante el estado de alarma. En opinión del experto, la Administración tributaria aprovechó la coyuntura para alargar los procesos en su beneficio.

El estado de alarma provocado por el covid-19 en marzo de 2020 provocó no sólo dolor personal, sino también empresarial. Muchas pymes se vieron obligadas a cerrar, por lo que incurrieron en pérdidas. Pero pese a las pérdidas el pago de impuestos como el de Actividades Económicas (IAE) no se suspendió. Ahora este asunto ha llegado hasta el Tribunal Supremo que ha admitido a trámite un recurso del Ayuntamiento de Santander contra una empresa relacionada con la hostelería y en el que debe decidir si durante la declaración del estado de alarma se produjo el hecho imponible del IAE.

El Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Valencia ha dictado una sentencia enfrentándose al criterio de Hacienda y en la que da la razón a una empresa que pagó el famoso Impuesto de Actividades Económicas (IAE) durante el estado de alarma, un periodo en el que muchas compañías se vieron obligadas por ley a cerrar sus negocios a cal y canto. El juez ha dictaminado que el contribuyente podrá recuperar el dinero pagado injustamente por este tributo.

El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Granada ha condenado a la aseguradora Generali a indemnizar con 80.000 euros a un negocio por el cierre obligatorio sufrido durante el primer estado de alarma.

Desde este domingo el estado de alarma ha llegado a su fin tras seis meses en vigor y en los que han estado afectados derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de la libre circulación o reunión. Algunas CCAA han pedido avales jurídicos para prorrogar restricciones como el toque de queda o el cierre perimetral. Otras han optado por recurrir la limitación de horarios o aforo de la hostelería y el comercio. Las CCAA recuerdan que la pandemia aún no ha terminado. Resumimos la situación en cada región española.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que extenderá algunas de las medidas de carácter social más allá del estado de alarma que concluye el próximo 9 de mayo, entre ellas la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables. El presidente Pedro Sánchez ya adelantó esta medida en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril.

El 9 de mayo acaba el estado de alarma decretado el pasado 25 de octubre por el Gobierno central para controlar la expansión de la pandemia. La intención del Ejecutivo es no prolongarlo y por lo tanto existen algunas normas que dejarán de estar vigentes: el toque de queda, los cierres perimetrales, la prohibición de reuniones de más de seis personas y el aforo en los lugares de culto, entre otras.

Europa endurece las medidas de control ante la tercera ola de coronavirus. Alemania, Italia o Reino Unido han retomado las restricciones más estrictas que se aplicaron en la primavera pasada para intentar contener el avance de la pandemia.

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado una guía práctica y explicativa para evitar los desahucios durante el estado de alarma. Lo más curioso es que, en estos consejos, el equipo municipal liderado por Ada Colau también ha tenido a bien añadir un apartado para aleccionar a los okupas y enseñarles qué pasos deben seguir para poder continuar ocupando la casa y poder esquivar el desalojo.

La Abogacía General del Estado asegura en un informe que el incumplimiento de las restricciones derivadas del estado de alarma no puede sancionarse, siempre que no exista una desobediencia a la autoridad cuando el ciudadano sea advertido. Helena Pascual, abogada en Versus Estudio Jurídico, asegura que las multas se pueden recurrir por vía administrativa e incluso judicial si fuera necesario.

La compañía sueca decidió complementar la totalidad del sueldo de sus trabajadores a pesar de acogerse a un ERTE por la crisis del covid-19. Los sindicatos denuncian que estas condiciones sólo estuvieron vigentes durante el primer periodo del estado de alarma y la siguiente prórroga. Ahora, Ikea sólo complementa el 20% de los salarios, según fuentes sindicales. La compañía niega estas acusaciones.

El Gobierno aprobó una prórroga de seis meses de la duración de los contratos del alquiler que venzan hasta dos meses después de que acabe el estado de alarma. Una medida que, según la Agencia Negociadora del Alquiler, solo tiene en cuenta a los inquilinos. Sostiene que hay algunos colectivos de propietarios que pueden verse muy perjudicados, como los mayores que quieran salir de la residencia para volver a su vivienda o los trabajadores en el extranjero que quieran retornar a España.

A las medidas adoptadas en materia de alquiler, el Consejo de Ministros del martes 31 de marzo ha decretado que durante el estado de alarma en vigor no se pueda cortar el suministro de luz, gas o agua en ninguna vivienda. Además, se amplia el bono social para personas en situación de vulnerabilidad y se ofrece ayudas a las empleadas del hogar.

La fiscalía de Madrid ha comenzado hoy a tomar declaración a una treintena de los más de cien controladores que faltaron a su puesto de trabajo o que lo abandonaron entre el pasado viernes y la mañAna del sábado, antes de que el gobierno decretara el estado de alarma Los primeros traba