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El ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha afirmado en el Senado que los principales retrasos para la concesión de permisos para la instalación de nuevos centros de datos en España están relacionados con los procesos autonómicos y municipales, dado que la parte que atañe a la Administración Central en ese sentido es limitada. Según Escrivá, la demora de los permisos se sitúa actualmente entre 18 y 24 meses. Y ha confirmado que su Ministerio está trabajando con el de Transición Ecológica para elaborar un plan que cubra la demanda energética de estos campus.

El decreto ley para prorrogar cuatro años más la suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual llegará al Pleno del Congreso el próximo jueves, 13 de junio, donde será sometido a debate y votación para su convalidación o derogación. Esta medida procede del llamado 'escudo social' de la pandemia y se ha ampliado periódicamente con los decretos anticrisis. Esta última prórroga, que se extenderá hasta el 15 de mayo de 2028, fue aprobada por el Consejo de Ministros un día antes de que caducara, para su entrada en vigor con urgencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley que transpone al marco legal nacional la directiva europea relativa a garantizar un nivel mínimo global de imposición del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, c

La Comisión Europea ha enviado un ultimátum a España por no aplicar correctamente las directivas europeas sobre servicios y cualificaciones profesionales en lo que a las reglas de subcontratación en el sector de la construcción se refiere, al considerar que está obstaculizando de forma injustificada a las empresas que realizan laborles como instalar gas o luz, porque les impide subcontratar a personal cualificado para una actividad concreta y están obligados a tener trabajadores con esas competencias dentro de la empresa. El Gobierno tiene dos meses para tomar medidas y evitar una sanción.

El estreno del Salón Inmobiliario de Madrid, que celebra este año su XXV edición, ha tenido entre sus grandes protagonistas a la Ley de Vivienda. Una normativa que está a punto de cumplir un año en vigor y que esta semana ha sido respaldada en gran parte por el Tribunal Constitucional. José María García, viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, ha criticado que está provocando una reducción de la oferta de pisos en alquiler y que las políticas intervencionistas no funcionan. Mientras, David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, ha afirmado que el problema del acceso a la vivienda es anterior a la entrada en vigor del texto.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá el próximo viernes, 24 de mayo, con los responsables de vivienda de las comunidades y ciudades autónomas en la primera Conferencia Sectorial dedicada exclusivamente a analizar el problema de los pisos de uso turístico en España. El encuentro será en la sede del Ministerio y también contará con el ministro de Industria. El Gobierno se ha mostrado a favor de limitar este tipo de alquileres en zonas tensionadas. Mientras, el INE cifra en 351.000 el número de viviendas turísticas que hay en todo el país, con un aumento del 9,2% interanual. 

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que las nuevas formas de alquiler turístico de viviendas "requiere de una atención preferente" y, al respecto, ha anunciado que la próxima semana mantendrá una reunión con las comunidades autónomas para "apoyarlas en esta necesa

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de administradores y compradores de créditos que regula asuntos como la renegociación de créditos dudosos y la compraventa de carteras de préstamos morosos que realizan de forma habitual las entidades de crédito. Esta ley, que traspone una directiva europea, busca dar más transparencia al mercado y proteger al consumidor. Así, por ejemplo, obliga a los bancos a tener una política de renegociación de deudas y limita los intereses de demora que pueden aplicar.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha confirmado que el Gobierno está estudiando la fórmula para aplicar la Ley de Vivienda, que incluye mecanismos para regular el precio del alquiler, en aquellas comunidades autónomas que se niegan a usarla. Según ha explicado en una comparencia en el Congreso para contestar a diferentes cuestiones de los grupos parlamentarios en materia de vivienda, el objetivo no es reformar la normativa, sino reforzarla para que aquellas regiones que no quieran aplicar los topes a las rentas puedan hacerlo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha trasladado el compromiso del Gobierno de atender "la dificultad de las personas jóvenes y también de las más mayores" al acceso a una vivienda asequible y de calidad. Durante el acto de entrega de los Premios de la Asociación de Promotor

El Instituto de Estudios Económicos, junto con varios catedráticos, ha resumido en un informe las consecuencias de que se hayan prorrogado los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en este ejercicio. Critican que el Gobierno no haya presentado ni el proyecto y aseguran que, por ello, tiene un privilegio respecto a las Cámaras, que son los organismos encargados de validar o tumbar unas cuentas públicas. Aunque no atisban un impacto a corto plazo, sí avisan del riesgo de no tomar medidas para reducir los desequilibrios económicos en un momento en el que han vuelto las reglas fiscales a la UE.

La reforma propuesta por el Gobierno para modificar la Ley del Suelo va destinada a intentar dar más seguridad jurídica y transparencia en materia de urbanismo y evitar que haya errores subsanables que puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Sin embargo, el despacho de abogados Méndez Lit, especializado en el derecho inmobiliario y urbanismo, asegura que el texto establece un "particular régimen de nulidad y anulabilidad de los instrumentos urbanísticos y sus actos", ya que estarán sujetos a vicios formales y solo se declararán en casos concretos.

Aumentar la productividad es uno los elementos clave para lograr incrementos reales continuos de los ingresos en los países de la OCDE, según el secretario general del 'think tank' de las economías avanzadas, Mathias Cormann. En el caso de España, el crecimiento promedio anual de la productividad en los últimos años se ha situado en un escaso 0,5%, por lo que considera necesario tomar medidas para impulsarla. "Abordar los persistentes desequilibrios de habilidades es un requisito prioritario particular para España", ha afirmado.

Las Cámaras de la Propiedad y Asociaciones de Propietarios Urbanos consideran que la intervención de los contratos temporales de alquiler no va a facilitar "en absoluto" el acceso al mercado del alquiler de familias con rentas bajas y supondrá un elemento más de distorsión que afectará a la oferta de alquiler, ya de por sí "insuficiente". Tras la segunda reunión entre Gobierno y sector inmobiliario para abordar el aumento de este tipo de arrendamientos, los pequeños propietarios han recalcado que la actual legislación es "suficiente" para regular los alquileres temporales y no ven sentido incorporarlo a la LAU.

Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, hace un análisis de las deducciones reales que podría tener el propietario que acceda a reducir en un 5% la renta si su vivienda está en una zona declarada tensionada. La Ley de Vivienda contempla una deducción del 90%, pero en términos reales para la inmensa mayoría de casos, según un estudio realizado con viviendas de hasta 1.510 euros mensuales de renta, optar por reducir el alquiler un 5% sólo generará un beneficio neto mensual para el arrendador de 10 euros o menos al mes, lo que supone, en líneas generales, un efecto insignificante en términos absolutos. Además, recuerda que cabe la posibilidad de que una zona considerada tensionada deje de serlo con el paso del tiempo, con el consiguiente perjuicio para el propietario.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha abordado el impulso a la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética durante la reunión que ha mantenido este 16 de abril con los representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Constr

La banca recibió durante el año pasado alrededor de 61.000 solicitudes de adhesión a las medidas de alivio de las hipotecas que recoge el Código de Buenas Prácticas, cuyo importe ascendió a 7.600 millones de euros. Sin embargo, solo aprobó un 12% de las peticiones, representativas de 907 millones de euros, o lo que es lo mismo, del 0,2% del saldo vivo hipotecario. La mayoría de las solicitudes rechazadas incumplen los criterios para acogerse a las ayudas a los hipotecados que pactaron el sector financiero y el Gobierno a finales de 2022 para compensar la subida del euríbor.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este 11 de abril con representantes del sector inmobiliario y bancario en la Moncloa para analizar los problemas de la vivienda y las últimas medidas que el Ejecutivo ha aprobado, como la tramitación para eliminar las 'Golden Visa' para extranjeros a cambio de comprar viviendas, los avales para financiar el pago de la entrada de la compra de un inmueble para jóvenes o el tope a los alquileres, ya en vigor en Cataluña. A la cita acudirán asociaciones de promotores, la patronal de la construcción y del sector bancario, los sindicatos y previsiblemente la ministra de Vivienda.

El Consejo de Ministros ha aprobado el convenio que activa el despliegue de los 2.500 millones de euros destinados a ayudar a la compra de una vivienda a jóvenes y familias con menores a cargo mediante avales hipotecarios. Una vez que el Ministerio de Vivienda y el ICO ratifiquen el convenio, las entidades financieras interesadas en operar en esta línea deben adherirse al mismo, lo que se producirá a lo largo del próximo mes. Así, los avales podrían estar disponibles antes de verano, como esperaba la banca. El Gobierno calcula que la medida tendrá unos 50.000 beneficiarios.

La ayuda al alquiler destinada a los jóvenes es una de las damnificadas de que el Gobierno no saque adelante los Presupuestos Generales del Estado en 2024. A pesar de que el presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se habían comprometido a ampliar la partida del Bono Alquiler Joven este año, la falta de las cuentas públicas lo impedirá. Así, esta ayuda se mantendrá igual que en los dos años previos: tendrá una cuantía de 250 euros al mes por beneficiario y un presupuesto de 200 millones de euros a repartir entre las comunidades y ciudades autónomas.

El Consejo de Ministros ha acordado este 26 de marzo la tramitación paralmentaria de urgencia del Proyecto de Ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero con el objetivo de acortar los plazos en su paso por las cámaras legislativas. De esta fo

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que, entre otras medidas, incorpora el desarrollo reglamentario necesario para aplicar desde en 2025 la bautizada 'cotización de solidaridad', un recargo que afectará a los los salarios que superen la base máxima de 56.600 euros anuales. Según contemplaba la reforma de pensiones de marzo de 2023, la medida se desplegará de forma gradual en 20 años, con una cotización adicional cercana al 1% en 2025 que irá subiendo cada año hasta el 6% en 2045, siendo un 5% a cargo de la empresa y un 1% a cargo del trabajador. Esta cuota no afecta a los autónomos.

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana para remitir el texto a las Cortes Generales y que inicie su tramitación parlamentaria, después de que decayera en la anterior legislatura por la convocatoria de las elecciones de julio. El objetivo del texto, según el Gobierno, es "dar seguridad jurídica" y evitar que haya errores subsanables que puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Los promotores y la federación de municipios (FEMP) han valorado positivamente la modificación, mientras Podemos y PP ya han mostrado su rechazo.

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al proyecto de ley para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, paso necesario para que inicie su tramitación parlamentaria. El Congreso ya aprobó por mayoría la puesta en marcha de este organismo, pero el proceso se paralizó tras la convocatoria anticipada de las elecciones del pasado verano. Los particulares y las empresas podrán acudir a esta autoridad, que integrará las funciones de los servicios de reclamación del Banco de España y la CNMV, y que busca responder a los consumidores en 90 días como máximo.

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda al proyecto de ley derivado del Real Decreto anticrisis para ampliar la suspensión de desahucios de hogares vulnerables durante otros cuatro años más, hasta 2028. Esta iniciativa, que da cumplimiento al acuerdo que alcanzó el Gobierno con Podemos para poder sacar adelante la prórroga de las medidas anticrisis, ya se está tramitando, según ha confirmado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La propuesta del Grupo Socialista es añadir una disposición final nueva a la Ley 1/2013.