Impuesto de plusvalía municipal

El Tribunal Supremo ha marcado un cambio relevante en el debate sobre la plusvalía municipal. En una sentencia dictada el 13 de junio de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que los contribuyentes pueden reclamar la devolución del impuesto siempre que, a fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021 de 26 de octubre, que anuló el tributo, aún estuvieran en plazo para recurrir en vía judicial. La decisión refuerza la posición de quienes quedaron atrapados en un vacío legal entre la vía administrativa y la contenciosa, ampliando las posibilidades de resarcirse por un tributo declarado inconstitucional.

Tras vender o heredar una vivienda, hay que pagar una serie de tributos, entre los que destaca el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal. Ahora bien, ¿cuánto se paga de plusvalía?

El pasado mes de diciembre el Gobierno actualizó, a través del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, los coeficientes máximos que se aplican al cálculo con el método objetivo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal. Sin embargo, como dicho Real Decreto-ley no se ha convalidado en el Congreso de los Diputados, esta temida subida se ha quedado en papel mojado de momento. Te explicamos cómo liquidar este tributo y reclamar lo pagado de más, en caso de haber liquidado en base a los coeficientes de 2025.

En la actualidad, los contribuyentes que en su día iniciaron el procedimiento de responsabilidad patrimonial frente al estado legislador en materia de plusvalía municipal se encuentran en un laberinto procesal. El socio director de Salcedo Tax Litigation, José María Salcedo, hace un repaso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada sólo durante 2024 para dar respuesta a las múltiples reclamaciones de responsabilidad patrimonial. En este recorrido ponemos sobre la mesa algunas trampas con las que pueden encontrarse los contribuyentes, en qué casos las reclamaciones están abocadas al fracaso y cuáles son los motivos que han llevado al Tribunal a dar la razón a los contribuyentes.

En un momento crucial para las economías emergentes y de bajos ingresos, los gobiernos buscan nuevas formas de financiar un crecimiento sostenible sin recurrir a la deuda externa o a grandes aumentos de impuestos. Sin embargo, aplicar impuestos a la propiedad inmobiliaria se presenta como una herramienta poco utilizada, con un considerable potencial de recaudación, especialmente en economías en desarrollo. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca que mejorar la gestión y cobertura de estos tributos podría generar ingresos de hasta 10 veces los actuales niveles en países como India o Nigeria.

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha presentado el Libro Blanco para la reforma de la tributación local, que incorpora casi 100 propuestas dirigidas a la mejora integral del diseño y gestión de los impuestos y tasas locales, como son la plusvalía, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la tasa de basuras, entre otros. Además de plantear una reforma de todos los tributos y tasas locales insisten en el carácter público de la actividad de inspección tributaria local.

Los inspectores de la Hacienda Local proponen la reforma de la tasa de basuras o de la plusvalía municipal, entre otros tributos y tasas locales, en el marco del Congreso Anual de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl), que se celebra en Granada la próxima semana. Tras este encuentro, el organismo que representa a funcionarios vinculados con unos 3.000 ayuntamientos y diputaciones de todo el país presentará el Libro Blanco para la Reforma de la Tributación Local, que recoge propuestas para acabar con la inseguridad jurídica en torno a estos impuestos.

La última sentencia del Tribunal Supremo fijó que se puede mantener la solicitud de devolución de la plusvalía municipal en los casos en los que no hubo ganancia, incluso cuando la liquidación sea firme. En este artículo te contamos cuándo y cómo se puede solicitar la devolución del Impuesto sobre

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha advertido de que las reclamaciones en los ayuntamientos por las "negligencias del legislador" en torno a la plusvalía municipal ascienden a 750 millones de euros. Los inspectores han denunciado la inseguridad jurídica en torno al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), y prevén una oleada de reclamaciones por parte de los contribuyentes.

En España muchos son los Ayuntamientos de gran población que se han saltado a la torera la creación de un Tribunal Económico-Administrativo municipal, pese a que así lo obliga la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).

En octubre de 2021 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el sistema objetivo de cálculo del impuesto de plusvalía municipal y, con ello, abrió la puerta a que muchos contribuyentes que en su día pagaron este tributo, solicitaran una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. El socio director de Salcedo Tax Litigation, José María Salcedo, señala que la obtención de una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial ha acabado convirtiéndose en un camino lleno de trampas para los afectados. Si el contribuyente puede demostrar que no obtuvo incremento de valor, o que éste fue inferior al que se gravó con las normas del impuesto, entonces hay motivos para seguir peleando.

En los últimos 15 años se ha sucedido una larga batalla entre contribuyentes y Administración que ha dejado por el camino tres declaraciones de inconstitucionalidad sobre la plusvalía municipal, un cambio normativo en este impuesto y una larga hilera de sentencias del Supremo fijando doctrina casacional para intentar suplir la inactividad del legislador, tal y como recuerda José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation. En su opinión, se trata de un tributo con gran litigiosidad todavía presente. Para poder saber qué reclamar es importante tener en cuenta la fecha en que se hizo la transmisión del inmueble gravada por el impuesto.

El Ayuntamiento de Madrid lleva al Estado a los tribunales para reclamarle una indemnización de 713 millones de euros por los daños ocasionados por los pronunciamientos judiciales y lo que califica como la "inactividad" del Ejecutivo central tras las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal, impuesto que no pueden cobrar los ayuntamientos. A finales de diciembre, la Junta de Gobierno municipal aprobó interponer un recurso contencioso-administrativo directamente ante el Tribunal Supremo para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado.

El Gobierno ha actualizado a través del real decreto-ley de medidas para hacer frente a la escalada de precios y las consecuencias de la guerra en Ucrania y Oriente Próximo los coeficientes máximos que se aplican al cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, al no haber Presupuestos para 2024. El decreto reconoce la posibilidad de que los Ayuntamientos corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización para garantizar que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.

Es común que muchos propietarios descubran que la descripción de su vivienda en el Catastro contiene errores, especialmente en lo que respecta a la superficie. Este problema no es trivial, ya que un exceso en la superficie registrada aumenta el valor catastral, afectando a tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la plusvalía municipal. Corregir estos errores es esencial, no solo para evitar cargas impositivas indebidas, sino también para obtener posibles devoluciones de pagos en exceso al fisco. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, nos da las claves para utilizar el procedimiento adecuado y obtener la posible devolución de ingresos indebidos.

Hoy en día la revisión de las liquidaciones firmes de plusvalía municipal ha adquirido relevancia tras las últimas declaraciones de inconstitucionalidad. El abogado fiscalista José María Salcedo recuerda que un punto de conflicto ha surgido en la interpretación y aplicación de las sentencias del Constitucional, especialmente en relación con la posibilidad de revisar liquidaciones firmes en caso de transmisiones en pérdidas, incluso en situaciones en las que no se recurrieron en su momento. Ahora el Supremo tiene de nuevo sobre la mesa revisar liquidaciones firmes.

El Tribunal Supremo le ha dado la espalda a quienes no pudieron reclamar la plusvalía municipal antes de la declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021. El alto tribunal estima que una liquidación tributaria no recurrida antes del 26 de octubre es ya una situación consolidada y que, como tal, no queda afectada por la declaración de inconstitucionalidad del impuesto ni puede ser anulada con base a la misma. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, hace una valoración al respecto.

El Tribunal Supremo le ha dado la espalda a quienes no pudieron reclamar la plusvalía municipal antes de la declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021. El alto tribunal estima que una liquidación tributaria no recurrida antes del 26 de octubre es ya una situación consolidada y que, como tal, no queda afectada por la declaración de inconstitucionalidad del impuesto ni puede ser anulada con base a la misma.

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado durante la primera jornada del Debate de Investidura a los ayuntamientos de la región que apliquen una rebaja en el impuesto de plusvalía municipal. La entrada en vigor de esta bajada beneficiará el ahorro a miles de familias, impulsando tanto el consumo como la inversión. Además, también ha anunciado que volverá a deflactar el IRPF en 2023.

El BOE ha publicado una ley que simplifica la forma de rectificar los errores cometidos a la hora de pagar impuestos tan importantes como el IRPF o la plusvalía municipal. Esta normativa habilita una vía alternativa de rectificación mediante la presentación de una autoliquidación rectificativa si así lo contempla la propia regulación del impuesto que se quiera autoliquidar. Explicamos las principales claves.

Los ayuntamientos recaudaron el año pasado 1.306 millones de euros gracias a la plusvalía municipal, un impuesto que se aplica en la compraventa, la donación y las herencias de viviendas y otros inmuebles urbanos y que es el más importante a nivel local, tras el IBI. La cifra supone un recorte de 835 millones respecto a 2021, como consecuencia de la anulación del método de cálculo del impuesto por parte del Constitucional y los nuevos sistemas de revalorización que aprobó el Gobierno. Desde 2016, los entes locales han 'perdido' prácticamente la mitad de la recaudación por este tributo.

El 30 de octubre de 2019 el Tribunal Supremo dio vía libre a los contribuyentes que habían pagado la plusvalía municipal en virtud de pacto o contrato, a pesar de no ser el sujeto pasivo de este impuesto, a recuperar lo pagado indebidamente mediante la impugnación de la liquidación emitida por el Ayuntamiento correspondiente. Ahora, el alto tribunal permite también recuperar este tributo a quienes quieran rectificar la autoliquidación presentada en su día por el sujeto pasivo, que normalmente es el que vende el inmueble.

Son muchos los contribuyentes que siguen reclamando la plusvalía municipal, enredados en mil batallas, con alegaciones y argumentos distintos, en función de cuál es la normativa aplicable en cada caso, o si reclamaron antes o después de una determinada fecha. Y lo cierto es que estamos ante una litigiosidad que no cesa, y que se acrecienta con cada intento del Tribunal Constitucional por intentar acallar a los que siguen reclamando la devolución de la plusvalía municipal. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, hace una fotografía actual de la reclamación que se puede iniciar y de los argumentos que se puede emplear en la reclamación.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por mayoría el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron más de 50 diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que vino a adaptar el nuevo impuesto de plusvalía municipal a la declaración de inconstitucionalidad de octubre de 2021.

En los últimos tiempos, muchos ayuntamientos desestiman todos los recursos planteados por los contribuyentes contra la plusvalía municipal, obligándolos a recurrir en vía administrativa y, posteriormente, en vía judicial, es decir, les obligan a asumir gastos para, en muchos casos, darles finalmente la razón o allanándose antes de que se dicte sentencia para evitar una condena en costas. Es el caso de un reciente Auto del Juzgado de lo Contencioso número 34 de Madrid que impone las costas del juicio al consistorio de Torres de la Alameda.