En un momento crucial para las economías emergentes y de bajos ingresos, los gobiernos buscan nuevas formas de financiar un crecimiento sostenible sin recurrir a la deuda externa o a grandes aumentos de impuestos. Sin embargo, aplicar impuestos a la propiedad inmobiliaria se presenta como una herramienta poco utilizada, con un considerable potencial de recaudación, especialmente en economías en desarrollo. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca que mejorar la gestión y cobertura de estos tributos podría generar ingresos de hasta 10 veces los actuales niveles en países como India o Nigeria.
El potencial de los impuestos a la propiedad radica en su capacidad para capturar el valor generado por los procesos de urbanización acelerados en muchas ciudades y el desarrollo de infraestructuras públicas que las apoyen. Grandes ciudades como Lagos (Nigeria) o Nueva Delhi (India) muestran que una base fiscal más amplia y una aplicación efectiva de estos gravámenes pueden traducirse en millonarios ingresos que, según el FMI, podrían destinarse a mejorar los servicios públicos a nivel local, como transporte, salud y educación.
Los gobiernos del mundo deben recaudar 3 billones de dólares adicionales para alcanzar los objetivos de crecimiento económico sostenible e inclusivo esta década. El coste en los mercados emergentes equivale al 4% del producto interno bruto (PIB) y al 16% para los países de bajos ingresos. Los estudios del FMI afirman que los países tienen un amplio potencial para aumentar la recaudación interna si lo necesitan, hasta 5 puntos porcentuales del PIB en dos décadas.
Sin embargo, esta implementación se enfrenta desafíos técnicos y políticos, que varían desde la falta de regímenes sólidos de valoración hasta la resistencia política local, tal y como destaca el último informe del organismo mundial.
Aunque la carga política de aumentar los impuestos suele generar inquietud social, los impuestos a la propiedad presentan una ventaja frente a la imposición de otros impuestos más amplios, según el FMI. Al vincularse directamente con el gasto local, este gravamen no solo refuerza la rendición de cuentas de los gobiernos municipales, sino que también son menos propensos a ser objeto de disputas políticas a nivel nacional. En los últimos tiempos, varias reformas han demostrado que dichos impuestos pueden implementarse de manera escalonada, mitigando su impacto en los sectores más vulnerables, como los jubilados con recursos limitados.
La tecnología está desempeñando un papel central en este proceso de modernización, facilitando la identificación y valoración de los bienes inmuebles. Países como India han liderado la transformación con el uso de imágenes de satélite y drones para mapear las propiedades y sistematizar el registro fiscal.
De igual modo, en África, ciudades como Lagos han logrado quintuplicar su recaudación tributaria en una sola década al ampliar significativamente su base fiscal. Estas iniciativas sugieren que, con la política correcta y el apoyo técnico adecuado, es posible cerrar grandes brechas fiscales en poco tiempo.
A medida que los países más pobres buscan fuentes sostenibles de financiación que apoyen su crecimiento sin renunciar a la estabilidad social, los impuestos a la propiedad se erigen como una opción viable y eficiente. No solo diversifican las fuentes de ingreso, sino que promueven la equidad fiscal al gravar a quienes se benefician del crecimiento urbano. La clave estará en la creación de marcos normativos fuertes que limiten la evasión fiscal, y en la correcta comunicación de los beneficios de estas reformas para evitar protestas sociales.
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