Ley de Vivienda

Bilbao da un paso más para unirse a Vitoria y San Sebastián en la lista de mercados residenciales tensionados. El próximo jueves, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, firmará la orden de declaración de la capital vizcaína como zona tensionada en vivienda en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Para la entrada en vigor del control de precios a los alquileres faltará su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante el próximo trimestre. Se completará así la entrada de las tres capitales vascas entre los más de 300 municipios declarados tensionados en España. El precio del alquiler en Bilbao se encuentra actualmente en 15 euros/m2 al mes, con más de 1.400 anuncios en idealista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la intervención del Estado en el mercado libre de la vivienda en una entrevista en TVE asegurando que el problema que tiene España es de desigualdad, que provoca la imposibilidad de "muchísima gente de acceder a una vivienda". En los últimos siete años, el Ejecutivo ha desplegado una política sistemática de intervención pública en la vivienda ante un mercado que asegura que no funciona "como pueden funcionar otros mercados con la ley de la oferta y la demanda". El presidente ha asegurado además que el Ejecutivo está haciendo una apuesta por la rehabilitación y la construcción de vivienda protegida.

Vitoria está cada vez más cerca de unirse a la lista de mercados residenciales tensionados. El Ayuntamiento de Vitoria aprobó el 3 de julio la solicitud de declaración de zona tensionada de todo el casco urbano de la ciudad, salvo la zona rural, y ahora el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado la orden que se da el pistoletazo de salida al procedimiento. La declaración debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado para que la capital de Álava se una oficialmente a los más de 300 municipios tensionados que hay en España.

Desde comienzos de este año se está notando un notable incremento de los procedimientos judiciales de desahucio por expiración del plazo contractual. Este fenómeno afecta principalmente a los arrendamientos de vivienda que han alcanzado su duración máxima legal: cinco u ocho años cuando el arrendador es persona física, y siete o diez años si se trata de una persona jurídica, según si se encuentran en prórroga obligatoria o tácita. José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), recuerda que una parte significativa de estos incumplimientos contractuales no responde a situaciones de impago previas, sino a la imposibilidad de los inquilinos de encontrar alternativas habitacionales con rentas similares a las que venían abonando.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha saludado que A Coruña, San Sebastián y 21 municipios navarros se sumen a la declaración de zonas tensionadas para poder aplicar límites en el precio del alquiler."Ante la evidencia de que la Ley de Vivienda funciona, hay quien la aplica y

La directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Leire Iglesias, ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso que dará prioridad a la promoción de viviendas en alquiler social y asequible y el desarrollo de suelo en aquellas zonas que se declaren como mercado tensionado, unido al compromiso de hacerlo en las zonas de Comunidad Valenciana afectadas por la dana. Según destacó Iglesias, junto a Valencia, serán prioritarias Cataluña, Navarra, Asturias, País Vasco y Galicia. Sepes dispone de 39 ámbitos programados con capacidad casi 20.000 viviendas y otros 13 de próxima adscripción.

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias pone el grito en el cielo ante lo que considera un portazo del Ejecutivo a sus propuestas para fomentar la transparencia en el sector inmobiliario y buscar soluciones conjuntas a la crisis de vivienda, como crear sellos de calidad para las agencias. El presidente de FAI, José María Alfaro, asegura a idealista/news que en los últimos meses se han reunido con Vivienda y Consumo para plantear sus planes y estrechar la colaboración público-privada, aunque no han recibido respuesta a sus planteamientos. Para Alfaro, la regulación en vivienda no está bien enfocada y las agencias están sufriendo una intensa persecución, pese a no ser la raíz del problema.

Un trimestre más, los datos oficiales matan los relatos políticos que alaban el efecto positivo de limitar los alquileres. Según las últimas estadísticas de la Generalitat de Cataluña, basadas en las fianzas de los alquileres depositadas en el Institut Català del Sòl (Incasòl), en el primer trimestre del año se firmaron 27.716 contratos de arrendamiento en la región, un 19,7% menos interanual y el peor dato desde verano de 2010. En este primer año de la aplicación de la Ley de Vivienda, las nuevas firmas han caído enlas 15 principales ciudades catalanas, con Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Terrassa a la cabeza.

Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha alertado durante la presentación de un estudio que la Ley de Vivienda está generando inseguridad jurídica entre los grandes inversores y que este escenario, unido a la elevada fiscalidad, está frenando la inversión, ya que restan atractivo al mercado. En su opinión, la Administración debe apostar por la colaboración público-privada para "usar todos los recursos disponibles" con el objetivo de construir más viviendas, sobre todo asequibles, y alerta de que la falta de oferta pone en riesgo el equilibrio económico de España.

El efectivo ha perdido terreno en muchas transacciones cotidianas y el alquiler no es una excepción. Sin embargo, la pregunta sigue resonando en muchas conversaciones entre arrendadores e inquilinos: ¿se puede seguir pagando la renta en metálico? La legislación española ofrece una respuesta clara, aunque matizada. Con las últimas reformas normativas, conviene revisar qué dice exactamente la ley, en qué casos se permite el efectivo y qué precauciones tomar. El pago en metálico es legal, pero sólo cuando se cumplan dos condiciones estrictas: que una de las partes no tenga acceso a una cuenta bancaria (o métodos de pago electrónicos) y que lo solicite expresamente. Además, el pago debe realizarse en la vivienda objeto del contrato.

Se cumplen dos años desde la entrada en vigor de la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda, una norma nacida con la ambición de garantizar el acceso a un hogar digno a los más vulnerables. Sin embargo, el balance tras este tiempo que hace José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler es si no hemos invertido los términos de la ecuación: en el intento de proteger al inquilino, ¿hemos acabado castigando al arrendador? Peor aún, ¿no será que ni siquiera hemos protegido al primero? Porque uno de los efectos más llamativos y preocupantes de esta ley ha sido la drástica reducción de la oferta de viviendas en alquiler.

La Xunta de Galicia ha dado el visto bueno a la solicitud del Ayuntamiento de A Coruña para ser declarada la ciudad zona residencial de mercado tensionado lo que permitirá limitar el precio de los alquileres. La solicitud se enviará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para su visto bueno y será efectiva durante tres años tras su publicación en el BOE. La capital coruñesa se convierte en la primera ciudad dentro de una comunidad autónoma gobernada por el PP que se confirma como zona tensionada, y se unirá así a los municipios en Cataluña y País Vasco, mientras se tramitan las peticiones en Navarra o Asturias.

La escasez de oferta de viviendas en alquiler está suponiendo un gran problema para miles de familias en nuestro país, con precios cada vez más altos. España ha perdido más de 200.000 pisos que se anunciaban en idealista en 2020, pero la demanda sigue exigiendo más casas para vivir. Con datos de idealista, AirDNA y el Ministerio de Vivienda, analizamos por dónde ha podido 'huir' la oferta de vivienda en alquiler permanente: se culpa de todo a los pisos turísticos y de temporada, pero el superávit que tienen solo representa el 46% del stock del alquiler que ha desaparecido. La incertidumbre y la inseguridad jurídica generada por la intervención del Gobierno en el mercado también empuja a los propietarios a vender sus propiedades o directamente a dejarlas vacías.

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha calificado 2024 como un año "para recordar" por los buenos datos de la economía a nivel macro y el empleo, pero ha empeorado su diagnóstico sobre la vivienda respecto al año previo. "La vivienda es un enorme agujero negro que está absorbiendo buena parte de la economía, el empleo y las políticas sociales. Está impidiendo que una parte importante de la sociedad española pueda mejorar sus condiciones de vida", ha destacado durante la presentación de la 'Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de 2024'.

La oferta de viviendas en el mercado del alquiler permanente ha caído un 17% en los dos años que lleva en vigor la Ley por el Derecho a la Vivienda, a lo que se ha unido un destacado aumento del número de interesados por un arrendamiento, hasta un 79% en estos dos últimos años a nivel nacional. Esta situación de amplía demanda frente a un stock que se sigue reduciendo ha conllevado un incremento medio de los precios de las rentas del 24% entre mayo de 2023 y abril de 2025, con datos de idealista. Mientras tanto, municipios de Navarra y País Vasco se unen a Cataluña al declarar zonas de mercado residencial tensionado para limitar las subidas de los nuevos alquileres, mientras se trata de regular los alquileres de temporada, por habitaciones o los pisos turísticos. Los expertos analizan la actual situación del mercado de la vivienda, y sugieren cambios.

La oferta de viviendas de alquiler de larga estancia ha caído más de un 50% desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, hace ahora dos años, mientras la demanda sigue creciendo por encima del 20%.Así lo indican cuatro de cada diez agencias inmobiliarias (42,9%), según se desprende del primer av

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado una partida de 35 millones de euros para acompañar a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado en el marco de la Ley de Vivienda. El objetivo es que tengan más recursos para adoptar medidas adicionales para garantizar la vivienda asequible y promover la contención de rentas. De momento, los 35 millones se repartirán entre Cataluña, con 271 municipios declarados tensionados; País Vasco, que ya cuenta con cinco y añadirá a San Sebastián; y Navarra, que espera el visto bueno del Ministerio para declarar 21 localidades.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados la intervención pública en el mercado de la vivienda porque "no funciona" tras una pregunta de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Sánchez ha defendido que medidas como la Ley de Vivienda han permitido bajar el precio de los alquileres en Cataluña, a lo que Nogueras le ha respondido que "es imposible encontrar una vivienda digna que se pueda pagar" y ha espetado al presidente que todavía no se ha visto ninguno de los pisos que anunció que iba a crear. "Siguen vendiéndonos humo", ha reprochado.

Los arrendadores que bajen el precio del alquiler al menos un 5% en aquellas zonas declaradas como tensionadas pueden beneficiarse de una reducción del 90% en el IRPF. Pero qué sucede cuando el inquilino se marcha y se firma un nuevo contrato sin variar la renta. La Dirección General de Tributos (DGT) acaba de resolver esta duda con una respuesta que obliga a mirar con lupa cada nueva firma, pues en una consulta vinculante aclara que mantener la misma renta en el nuevo contrato no es suficiente y de no aplicar esa rebaja mínima del 5%, el beneficio fiscal pasaría a ser el general del 50%.

El Gobierno de Navarra ha declarado oficialmente a 21 municipios, entre los que se encuentran Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada o Barañáin, como zonas de mercado residencial tensionado. Según permite la Ley estatal de Vivienda, las CCAA podrán aplicar límites a la subida de los precios de los nuevos arrendamientos permanentes, realizar un registro de grandes tenedores o el mapeo de los alojamientos dotacionales, entre otras medidas. Navarra se une así a Cataluña y País Vasco como las regiones donde ya se aplica un control de alquileres. La declaración oficial pasará al Ministerio de Vivienda para su aprobación y entrará en vigor una vez publicado en el BOE.

Gonzalo Bernardos es economista y profesor de economía de la Universidad de Barcelona, pero es más conocido por ser tertuliano habitual en diversos medios de comunicación.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha afirmado durante una intervención en Barcelona, junto al alcalde Jaume Collboni, que todas las capitales europeas se están enfrentando a los mismos problemas de vivienda y se muestra a favor de regular el mercado del alquiler. La alcaldesa ha explicado las medidas que han tomado en la capital francesa en los últimos 20 años, donde han pasado de tener un 13% de vivienda protegida al actual 25%, y que se deben acelerar los programas de inversión en vivienda en colaboración con el sector privado.

Aumenta la lista de los municipios en España que han sido declarados oficialmente zonas tensionadas en vivienda, lo que les permitirá aplicar los topes al alquiler. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 30 de abril recoge la resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana para que Lasarte-Oria, Zumaya e Irún (Guipúzcoa) y Baracaldo (Vizcaya) sean mercados tensionados desde el 1 de mayo, sumándose así a la también vasca Rentería y a otras 271 localidades de Cataluña. Las cuatro ciudades tienen una oferta de alquiler testimonial y apenas suman 20 anuncios en idealista.

El consejero de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha declarado que uno de los grandes ‘escollos’ que ha provocado esta crisis habitacional es la “lamentable” Ley de Vivienda, que ha provocado la pérdida del 37,2% de toda la oferta inmobiliaria de la región durante los meses posteriores a su entrada en vigor. Durante la celebración de la feria Rebuild, Media ha cifrado el número de inmuebles vacíos en 50.000 unidades por “miedo” a la okupación.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) celebra el lanzamiento del nuevo Perte para la industrialización de la vivienda, aunque ve imprescindible desbloquear la Ley del Suelo para garantizar el éxito de la inversión anunciada, que será de al menos 1.300 millones de euros en los próximos 10 años. En un comunicado, ha destacado que la reforma ya se encuentra consensuada entre todos los agentes afectados y que es urgente para alcanzar un Pacto de Estado para avanzar en soluciones al problema de la vivienda, pero viene denunciando su bloqueo político, encontrándose pendiente en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.