Ley de Vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado una partida de 35 millones de euros para acompañar a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado en el marco de la Ley de Vivienda. El objetivo es que tengan más recursos para adoptar medidas adicionales para garantizar la vivienda asequible y promover la contención de rentas. De momento, los 35 millones se repartirán entre Cataluña, con 271 municipios declarados tensionados; País Vasco, que ya cuenta con cinco y añadirá a San Sebastián; y Navarra, que espera el visto bueno del Ministerio para declarar 21 localidades.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados la intervención pública en el mercado de la vivienda porque "no funciona" tras una pregunta de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Sánchez ha defendido que medidas como la Ley de Vivienda han permitido bajar el precio de los alquileres en Cataluña, a lo que Nogueras le ha respondido que "es imposible encontrar una vivienda digna que se pueda pagar" y ha espetado al presidente que todavía no se ha visto ninguno de los pisos que anunció que iba a crear. "Siguen vendiéndonos humo", ha reprochado.

Los arrendadores que bajen el precio del alquiler al menos un 5% en aquellas zonas declaradas como tensionadas pueden beneficiarse de una reducción del 90% en el IRPF. Pero qué sucede cuando el inquilino se marcha y se firma un nuevo contrato sin variar la renta. La Dirección General de Tributos (DGT) acaba de resolver esta duda con una respuesta que obliga a mirar con lupa cada nueva firma, pues en una consulta vinculante aclara que mantener la misma renta en el nuevo contrato no es suficiente y de no aplicar esa rebaja mínima del 5%, el beneficio fiscal pasaría a ser el general del 50%.

El Gobierno de Navarra ha declarado oficialmente a 21 municipios, entre los que se encuentran Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada o Barañáin, como zonas de mercado residencial tensionado. Según permite la Ley estatal de Vivienda, las CCAA podrán aplicar límites a la subida de los precios de los nuevos arrendamientos permanentes, realizar un registro de grandes tenedores o el mapeo de los alojamientos dotacionales, entre otras medidas. Navarra se une así a Cataluña y País Vasco como las regiones donde ya se aplica un control de alquileres. La declaración oficial pasará al Ministerio de Vivienda para su aprobación y entrará en vigor una vez publicado en el BOE.

Gonzalo Bernardos es economista y profesor de economía de la Universidad de Barcelona, pero es más conocido por ser tertuliano habitual en diversos medios de comunicación.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha afirmado durante una intervención en Barcelona, junto al alcalde Jaume Collboni, que todas las capitales europeas se están enfrentando a los mismos problemas de vivienda y se muestra a favor de regular el mercado del alquiler. La alcaldesa ha explicado las medidas que han tomado en la capital francesa en los últimos 20 años, donde han pasado de tener un 13% de vivienda protegida al actual 25%, y que se deben acelerar los programas de inversión en vivienda en colaboración con el sector privado.

Aumenta la lista de los municipios en España que han sido declarados oficialmente zonas tensionadas en vivienda, lo que les permitirá aplicar los topes al alquiler. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 30 de abril recoge la resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana para que Lasarte-Oria, Zumaya e Irún (Guipúzcoa) y Baracaldo (Vizcaya) sean mercados tensionados desde el 1 de mayo, sumándose así a la también vasca Rentería y a otras 271 localidades de Cataluña. Las cuatro ciudades tienen una oferta de alquiler testimonial y apenas suman 20 anuncios en idealista.

El consejero de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha declarado que uno de los grandes ‘escollos’ que ha provocado esta crisis habitacional es la “lamentable” Ley de Vivienda, que ha provocado la pérdida del 37,2% de toda la oferta inmobiliaria de la región durante los meses posteriores a su entrada en vigor. Durante la celebración de la feria Rebuild, Media ha cifrado el número de inmuebles vacíos en 50.000 unidades por “miedo” a la okupación.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) celebra el lanzamiento del nuevo Perte para la industrialización de la vivienda, aunque ve imprescindible desbloquear la Ley del Suelo para garantizar el éxito de la inversión anunciada, que será de al menos 1.300 millones de euros en los próximos 10 años. En un comunicado, ha destacado que la reforma ya se encuentra consensuada entre todos los agentes afectados y que es urgente para alcanzar un Pacto de Estado para avanzar en soluciones al problema de la vivienda, pero viene denunciando su bloqueo político, encontrándose pendiente en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este 23 de abril la orden del Consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, por la que se declara al municipio guipuzcoano de Irún y al vizcaíno de Baracaldo como zonas de mercado residencial tensionado. Estas declaraciones serán definitivas después de que sea publicada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las dos localidades se sumarán a San Sebastián, cuyo proceso se encuentra en marcha, así como a Rentería y a los 270 municipios de Cataluña donde los topes del alquiler ya están vigentes.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) avanza en su cruzada para defender el éxito cosechado por la Ley de Vivienda para dar estabilidad al mercado del alquiler. El último argumento es que en 2023, coincidiendo que la normativa llegó al mercado, se produjo un aumento de la oferta de viviendas alquiladas del 4,9%, basándose en los rendimientos que declaran los arrendadores particulares en su renta. Pero lo que no menciona es que el número de alquileres declarados lleva creciendo de forma ininterrumpida desde hace años, coincidiendo con las campañas de la Agencia Tributaria para aflorar alquileres sumergidos Desde 2015, el volumen de declaraciones se ha incrementado en un millón en el conjunto de España.

El rápido incremento de los precios de las casas en España no representa riesgos para la estabilidad financiera, aunque en combinación con el encarecimiento de los alquileres y unos costes de endeudamiento aún elevados erosiona la asequibilidad, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo recomienda impulsar la oferta, así como abandonar los controles de alquileres si se detecta que reducen el stock de vivienda en alquiler.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha anunciado que su formación presentará una proposición de ley para reformar la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o "fondos buitre" puedan comprar casas en España. Según el diputado de Compromís, desde 2008 hasta la actualidad las empresas han comprado la mitad de las viviendas del país por lo que exige desmercantilizar el mercado. Además, afirma que ve una mayoría "desde la extrema derecha a la izquierda parlamentaria" defendiendo poner freno a la especulación que hacen las empresas y los fondos de inversión con la vivienda.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a la agencia inmobiliaria Alquiler Seguro, que opera en todo el territorio nacional, por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, y sigue investigando a otras compañías del sector por cobrar comisiones ilegales y obligar a contratar servicios no solicitados. De ser consideradas infracciones graves, las multas podrían ser de hasta 100.000 euros, y de hasta un millón de euros si son muy graves, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

El que fuera alcalde de Barcelona entre 1997 y 2006 y ministro durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, Joan Clos, ha destacado durante una entrevista en el diario El Correo, que la crisis habitacional en la que nos encontramos “sí tiene solución”, pero es necesario un “acuerdo político” y establecer un “marco financiero que garantice el acceso a la vivienda”. También aboga por una mayor coordinación entre las tres instituciones (Gobierno central, comunidades y ayuntamientos) y por un incremento en la densidad de los suelos ya urbanizados, y pone de manifiesto la escasa oferta en Cataluña desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda.

El pasado viernes, el Ministerio de Vivienda, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona hicieron el primer balance oficial del impacto que ha tenido en el mercado catalán la aplicación de los topes a los alquileres y se congratularon de los buenos resultados que ha cosechado la Ley de Vivienda, con bajadas de precios y aumento de los contratos firmados. Sin embargo, los datos del Incasòl no reflejan esa misma lectura en los 15 municipios más poblados de la región. En apenas nueve meses, las firmas se han desplomado un 21%, mientras que las rentas muestran una tendencia dispar. Si comparamos 2024 con años anteriores, descubrimos que los contratos están en mínimos de 2009 y los precios de los alquileres, en niveles récord.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado a todas las Administraciones Públicas, como las comunidades autónomas, que apliquen la Ley de Vivienda, "porque está funcionando, y lo que no funciona es cruzarse de brazos a la hora de afrontar el problema del acceso a la vivienda que tienen muchos ciudadanos en el país". Así se ha pronunciado Sánchez durante su intervención en la entrega de llaves de una promoción de 218 viviendas públicas de alquiler asequible en la Hacienda El Rosario (Sevilla), en un acto donde también han intervenido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP).

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado la orden del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, por la que se inicia el procedimiento de declaración de San Sebastián como zona de mercado residencial tensionado, como ya se hizo previamente con Rentería. Para su confirmación oficial, debe remitirse la información al Ministerio de Vivienda (MIVAU) para que dé el visto bueno y se publique en el BOE. Entre otras medidas, se podrán aplicar límites a las subidas de los precios de los nuevos contratos de arrendamiento en la ciudad, tanto para grandes tenedores como para pequeños propietarios, aunque se podrán beneficiar de exenciones en el IRPF entre el 50% y el 90%.

Las Cortes de Aragón han admitido a trámite el proyecto de Ley de Vivienda de la región presentado por el Gobierno aragonés (PP), que actualmente gobierna en minoría, por lo que ha tenido que contar con el apoyo del Partido Aragonés (PAR) y de Vox para seguir adelante, con el rechazo de toda la oposición. El objetivo principal de la normativa es construir entre 12.000 y 14.000 viviendas en la próxima década, además de favorecer eso uso de suelos públicos para la edificación de viviendas.

El Parlament ha aprobado el decreto ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de contención de rentas, que establece un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de la contención de las rentas de alquiler, con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y CUP y los votos en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana (AC), y no se tramitará como proyecto de ley. La normativa contempla multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves por incumplir el tope de rentas en zonas tensionadas o fraude en alquiler de temporada.

El portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha exigido este miércoles al Gobierno medidas "más efectivas y más tangibles" en la crisis de vivienda, y el presidente Pedro Sánchez, ha replicado recordando que las comunidades autónomas gobernadas por el PP están en un "boicot" a la

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid contra la Comunidad de Madrid por su negativa a aplicar la Ley por el Derecho a la Vivienda. La localidad remitió el 11 de diciembre un requerimiento formal al Ejecutivo autonómico para que pusiera en marcha el procedimiento para declararlo como zona tensionada, aunque no recibió respuesta. Ahora, los magistrados conceden al equipo de Isabel Díaz Ayuso un plazo de 20 días para remitir el expediente que resuelve la solicitud de Rivas de ser declarada como mercado residencial tensionado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la Ley de Vivienda funciona y ha rechazado el boicot que hacen algunas administraciones tras una visita a una promoción de 40 viviendas sociales en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. "Hago un nuevo llamamiento a todos los gobiernos regionales para que apliquen la Ley de Vivienda de una vez por todas", ha enfatizado. Asimismo, ha dicho que Cataluña es el mejor ejemplo de que la Ley de Vivienda funciona, ya que según afirma se están conteniendo los precios de los alquileres en las poblaciones que se han declarado como zona tensionada.

La semana pasada, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, presentó en Madrid las leyes impulsadas por el actual Ejecutivo de las islas y las próximas medidas que aprobarán para favorecer la inversión en vivienda en el archipiélago, apostando por la construcción de VPO de régimen privado. idealista/news entrevistó al consejero para hablar sobre estas políticas, la Ley de Vivienda, la Ley del Suelo, las zonas tensionadas y la regulación de los alquileres de temporada y turísticos.

El municipio guipuzcoano de Rentería ha entrado oficialmente en el listado de municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado, tal y como recoge la Ley de Vivienda, en vigor desde mayo de 2023. La localidad vasca, con una oferta realmente escasa de viviendas de alquiler en la actualidad, se une a los 271 municipios catalanes en los que ya se limitan las subidas de los precios de la vivienda desde mediados de 2024. Otras localidades, como Zumaia, Galdakao y Lasarte-Oria podrían sumarse en breve, mientras pasan los trámites oportunos, al igual que las tres capitales vascas.