Ley de Vivienda

La asociación Atenea, el laboratorio de ideas impulsado por Iván Espinosa de los Monteros, cofundador de Vox, ha presentado un informe en colaboración con la presidenta de Asprima, Carolina Roca, y el consejero delegado de Colliers, Mikel Echavarren, que afirma que el actual problema de la vivienda no responde únicamente a un desequilibrio entre oferta y demanda, sino también a un "estrangulamiento normativo" que "impide al mercado responder a las necesidades reales de la población". Entre sus propuestas para revertir la actual situación destacan promover una nueva Ley del Suelo má flexible, reformar la legislación hipotecaria y del alquiler, impulsar medidas fiscales para promover más viviendas, luchar contra la okupación ilegal y crear un marco regulatorio "estable, previsible y atractivo para la inversión".

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado este 27 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de los municipios vascos de Arrasate/Mondragón, Pasaia y Zestoa, todos ubicados en la provincia de Guipúzcoa, como zonas de mercado residencial tensionado, lo que permitirá a

El Pleno del Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley de vivienda del PP on el apoyo de Junts, Vox y UPN, la abstención de PNV y Coalición Canaria y el voto en contra del resto del hemiciclo, incluidos los partidos del Gobierno. La normativa, que ya había sido aprobada por el Senado, incluye una reforma de la Ley del Suelo para dar más seguridad jurídica a los procedimientos urbanísticos, deroga las zonas tensionadas en vivienda y el índice de precios de referencia de los alquileres, y promueve una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que bancos y fondos de inversión puedan acudir a un juicio verbal y acelerar así la recuperación de la posesión de sus inmuebles en caso de okupación. Ahora se abre el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

El problema de la vivienda en España se está acelerando. Los precios crecieron en 2025 al mayor ritmo de la serie histórica y el acceso al mercado residencial se ha consolidado como la primera preocupación de los ciudadanos. Según el economista Santiago Calvo, lo que sucede con la vivienda en España no es un misterio económico, sino una crisis de oferta cuyas causas están perfectamente identificadas. Sin embargo, está proliferando el populismo inmobiliario, que ofrece justo lo contrario de lo que se necesita: "Más intervención donde se requiere menos regulación, más control de precios donde hace falta más oferta, y más confrontación territorial donde se precisan reformas estructurales".

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este miércoles que la Ley de Vivienda aprobada en 2023 "ha fracasado" y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervenir el mercado inmobiliario obviando que las competencias en este asunto residen en las comunidades autónomas.

El ‘think tank’ ha publicado un informe sobre los efectos que han tenido los años del tope a los arrendamientos en Cataluña. Además de cuestionar que la regulación esté conteniendo las rentas y de señalar la abrupta caída de la firma de nuevos contratos, el instituto asegura que los controles “han incentivado vías de escape regulatorias”, lo que ha provocado una “explosión del alquiler de temporada” y ha desembocado en una nueva regulación para contener este fenómeno. “Es la dinámica clásica del intervencionismo en precios: el control genera distorsiones, las distorsiones justifican nuevos controles, y los nuevos controles generan distorsiones adicionales”, explica.

Responder a la pregunta aparentemente sencilla de cuánto puede durar un contrato de arrendamiento de vivienda se ha convertido en un auténtico ejercicio de ingeniería jurídica. La respuesta ya no es simple, ni lineal, ni intuitiva. La normativa actual, especialmente tras la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha introducido tal cantidad de variables que determinar la duración real de un alquiler exige analizar previamente múltiples factores, como si el arrendador es persona física o jurídica, o si la vivienda está en zona tensionada. José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler, explica toda la casuística legal.

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes focos de tensión social y política en España. Precios disparados, escasez de oferta y una generación joven prácticamente expulsada del mercado dibujan un escenario crítico. En este episodio de En Primera Persona, conversamos con Mikel Echavarren, ex-CEO de Colliers España y Portugal y recientemente nombrado presidente de la consultora en Iberia, que aporta una mirada experta y sin concesiones tras casi cuatro décadas en el sector inmobiliario. Lejos de hablar de burbuja, Echavarren señala los fallos estructurales del sistema y advierte de una idea clave: “insultar al inversor no suma”.

Los últimos datos del Servicio de Estudios de la Generalitat de Cataluña, basados en las fianzas de los alquileres depositadas en el Institut Català del Sòl (Incasòl), confirman que los topes a los alquileres no están logrando el efecto positivo al que prometieron el Govern y el Ejecutivo central. En verano de 2025, un año y medio después de que entraran en vigor las zonas tensionadas, la renta por m2 marcó máximos históricos en Barcelona, mientras que Lleida, Mataró, Girona, Sant Boi de Llobregat y Rubí registraron rentas mensuales récord, al igual que el conjunto de la autonomía. Mientras tanto, las principales ciudades de la región registran una caída considerable de nuevos contratos firmados respecto a 2024.

El próximo 16 marzo se cumplen dos años de la entrada en vigor de las primeras zonas tensionadas en Cataluña, la autonomía pionera en España en imponer topes a los alquileres. Con este aniversario como telón de fondo, idealista/news entrevista a Santiago Calvo, doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor en la Universidad de las Hespérides, quien asegura la medida está hundiendo la firma de nuevos contratos en las diferentes CCAA donde se aplica. El economista critica que el debate sobre el mercado residencial esté “contaminado por la confrontación territorial y partidista”, e incide en que la Administración no puede reconocer públicamente que la medida estrella de la Ley de Vivienda esté fracasando, porque sería “un suicidio político”. Su apuesta pasa por acelerar el desarrollo de nuevas viviendas y alerta de que, mientras la construcción no sea rentable y los propietarios no tengan más seguridad jurídica, la tensión de precios irá a más.

El Pleno del Tribunal Constitucional debatirá el martes 24 de febrero sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2023 por la Comunidad de Madrid contra la Ley de Vivienda. Este recurso se centra en varios preceptos de dicha normativa que el Gobierno de Ayuso considera que invaden competencias autonómicas. Se trata del cuarto recurso contra esta norma. Los otros tres recursos han sido ya resueltos por el Constitucional que ha avalado varios conceptos cuestionados, como la construcción de vivienda pública como un uso compatible del suelo dotacional y obtener suelo para destinarlo a vivienda social; o que las CCAA suministren al Estado información sobre los programas de acceso a la vivienda.

Es innegable que el problema de la vivienda está afectando a las clases más bajas de la sociedad, provocando que miles de familias tengan que abandonar sus ciudades y apostar por viviendas más pequeñas y alejadas. Sobre ello ha hablado el abogado Santiago Thomás de Carranza, que ha concluido su intervención durante el VI Congreso Inmobiliario de idealista, celebrado en el Teatro Real de Madrid, recalcando: “Si no conseguimos ofrecer viviendas dignas a la clase media, la democracia desaparecerá”.

El malestar en el mundo económico e inmobiliario va a más por las lecturas que hace Isabel Rodríguez, ministra de vivienda, de las estadísticas oficiales para mantener el relato de sus políticas. El último ejemplo es el freno a los pisos turísticos, que ha sido el blanco de duras críticas en las últimas horas tras conocerse el cambio de la referencia temporal de la serie estadística. Economistas y expertos inmobiliarios denuncian que la modificación sobre las viviendas de uso turístico (VUT) ha pasado de utilizar los meses febrero y agosto a centrarse en mayo y noviembre. Tal modificación no solo deja fuera el pico de la temporada turística, sino que además impide hacer comparativas superiores a 12 meses. Y no es un caso aislado: en los últimos meses hay casos relacionados con las VPO o el control de los alquileres.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha admitido este miércoles que hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución a las comunidades autónomas que no están aplicando la Ley de Vivienda, como la Comunidad de Madrid, si hubiera tenido mayoría en el Senado."Si hubiera tenido la mayoría en el

La Ley de Vivienda catalana empieza a dejar rastro más allá de los anuncios políticos. El Govern ha impuesto ya 13 sanciones por incumplimientos de la normativa, con un importe acumulado de unos 120.000 euros, en un movimiento que visualiza el arranque efectivo del régimen sancionador en un mercado del alquiler sometido a fuerte presión en Cataluña. El dato lo han hecho público los Comuns, que desde hace meses reclamaban que la administración autonómica activara de forma real las multas previstas en la regulación.

La lista de mercados tensionados crece en España con la incorporación de los municipios vascos de Hernani, Lezo y Tolosa, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En estas localidades, que apenas suman tres viviendas de alquiler disponibles en idealista, entran en vigor los topes de las rentas que incluye la Ley de Vivienda y elevan a 14 las zonas residenciales tensionadas en Euskadi. Además, el Departamento de Vivienda regional está trabajando en la tramitación de las declaraciones de Arrasate-Mondragón, Zestoa, Pasaia y Basauri.

Las cifras oficiales vuelven a poner sobre la mesa que los topes de los alquileres en las zonas tensionadas, una de las medidas estrella de la Ley de Vivienda de 2023, está provocando el hundimiento de la firma de nuevos contratos de arrendamiento. Al igual que ha sucedido en Cataluña, la entrada en vigor del control de las rentas ha provocado una caída del 70% de la firma de contratos, según el Observatorio de la Vivienda de Galicia. Los precios, por su parte, muestran una bajada, aunque el organismo no ofrece datos sobre la superficie media de los inmuebles arrendados. En el caso de la renta por m2, la estadística muestra una estabilización.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Govern balear contra determinados artículos de la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023 que consideraba que invadían competencias autonómicas. Se trata de la tercera sentencia sobre esta norma y avala los tres preceptos cuestionados: la construcción de vivienda pública como un uso compatible del suelo dotacional y obtener suelo para destinarlo a vivienda social; que las CCAA suministren al Estado información sobre los programas de acceso a la vivienda, y, por último, avala determinados requisitos de admisión de las demandas para recuperar la posesión de la vivienda.

El alquiler en Andalucía afronta uno de sus mayores cambios de los últimos años con la entrada en vigor de la Ley 5/2025 el próximo 24 de enero, que trae importantes novedades que afectan de lleno a propietarios, inquilinos y profesionales inmobiliarios. Por ejemplo, la norma suprime la obligación de ingresar la fianza de los arrendamientos de fincas urbanas. Hasta ahora, el procedimiento pasaba por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el conocido Modelo 806, pero a partir de este mes será el propio arrendador quien conserve la fianza. La ley también apuesta por facilitar suelo, agilizar procedimientos y reforzar la colaboración público-privada para incrementar el parque residencial.

Pedro Sánchez ha reiterado la intención del Gobierno central de continuar interviniendo el mercado de la vivienda con el anuncio de tres medidas en un nuevo real decreto con bonificaciones fiscales para propietarios y acabar con el actual limbo de los alquileres de temporada y por habitaciones. Al presidente se le acumulan las tareas en materia de vivienda, ya que aún tiene pendientes de cumplir varias de las medidas "contundentes y sin precedentes" que anunció hace justo un año con más impuestos a socimis, el IVA a los pisos turísticos o cargas por la compra de vivienda de extracomunitarios no residentes en España.

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha lanzado una propuesta para agilizar los trámites de la conversión de oficinas y otros locales de uso no residencial en viviendas, al tiempo que ha defendido la idea de que España vuelva a ser un país de pequeños propietarios. Entre las medidas que propone para solucionar el problema de oferta en el sector, Nadal aboga por conceder incentivos adecuados para que haya suelo urbanizable y reducir los plazos de la burocracia para poder entregar viviendas y pide volver a políticas que incentiven la compra de vivienda, sobre todo, a jóvenes.

España cierra 2025 con más de 300 municipios declarados como zona tensionada en vivienda. Si durante el año pasado los topes a los alquileres se aplicaron de forma oficial en 271 localidades de Cataluña, en este ejercicio las limitaciones se han impuesto también en varias ciudades del norte del país. Entre ellas, las tres capitales vascas, Pamplona y A Coruña. La lista seguirá creciendo en los próximos meses, mientras los primeros datos oficiales de la Generalitat catalana muestran un desplome de la firma de nuevos contratos y más subidas de rentas.

El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. Sumar defendía que la compraventa por parte de estos actores es más del doble que en el momento álgido de la burbuja de 2008. La propuesta ha sido respaldada por ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís en el Grupo Mixto. PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria han votado en contra, mientras que el PNV se ha abstenido, como el socio de Gobierno.

El 'think tank' de las economías avanzadas ha publicado un estudio sobre España donde resume varias recomendaciones para reducir la actual tensión en el mercado de la vivienda. La OCDE, por ejemplo, cuestiona la eficiencia de los límites a las rentas que establece la Ley de Vivienda, asegura que los incentivos para desarrollar viviendas asequibles son escasos y alerta de la complejidad de establecer impuestos a la vivienda vacía. También insiste en mejorar el enfoque de las ayudas públicas al alquiler y ampliar el parque en alquiler. "España necesitaría aproximadamente 1,5 millones de viviendas de alquiler social", asegura.

Los nuevos datos oficiales de la Generalitat de Cataluña confirman la tendencia de los anteriores trimestres: cada vez se firman menos contratos de alquiler y los precios mantienen la tendencia al alza. Según el Servicio de Estudios y Documentación de Vivienda catalán, entre abril y junio se firmaron 26.416 nuevos contratos de arrendamiento, un 9,8% menos que un año antes y un 13,1% menos que en los últimos tres meses de 2023, el último trimestre completo antes de que entrara en vigor el tope de las rentas. Mientras, las rentas crecen más de un 3% y marcan su segundo mayor dato de la serie histórica que arrancó hace dos décadas. La inmensa mayoría de las grandes ciudades de la autonomía cumple este patrón, incluida Barcelona.