Normativa alquiler turístico

All Iron, socimi dedicada a los alojamientos de corta y media estancia, ha firmado un acuerdo de arrendamiento con la operadora Aspasios para poner en marcha el primer Apartaments by Marriott Bonvoy de España en un edificio de su propiedad adquirido por 33 millones.

El 61% de los destinos turísticos ha detectado que existe una relación directa entre el incremento de las viviendas de uso turístico (VUT) y los problemas de acceso a la vivienda para los residentes, un conflicto para el que el tres de cada 10 municipios no contempla ningún tipo de regulación, según el II Observatorio de Turismo Sostenible en España. El estudio alerta de la necesidad de integrar las políticas de vivienda y planificación urbana dentro de las estrategias turísticas para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo.

El registro único de alquileres de corta duración, cuya aplicación será efectiva desde el 1 de julio, dejará fuera el 70% de la oferta actual y provocará unas pérdidas de 13.737 millones de euros para la economía entre julio y diciembre, según advierte la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur). Su presidenta, Silvia Blasco, cree que "es probable que las familias que hayan reservado un apartamento o vivienda de uso turístico para disfrutar sus vacaciones se queden sin su alojamiento" y considera que el nuevo sistema impulsará la economía sumergida y las viviendas ilegales.

Entre 2021 y 2023, las pernoctaciones en las 10 ciudades más visitadas y populares de la UE se multiplicaron por un 2,5, hasta superar las 200 millones de noches reservadas en hoteles. Un estudio de Airbnb revela que casi el 80% de las pernoctaciones en la UE durante 2024 se concentraron en el sector hotelero, defendiendo su modelo más diversificador. "Los hoteles registraron cinco veces más pernoctaciones que Airbnb a lo largo de 2023", afirman. Además, desde la plataforma ha criticado que donde se limitan los alquileres turísticos, como Ámsterdam o Barcelona, el turismo masivo se agrava, con más visitantes y precios cada vez más altos.

Los Registradores de la Propiedad han comunicado la generación de más de 100.000 números de registro único de arrendamientos (NRUA) en todo el territorio nacional, que será obligatorio presentar en las plataformas en línea que permitan formalizar contratos de alquiler a distancia a partir del próximo 1 de julio, en el marco del Real Decreto 1312/2024 por el que se regulan los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, que incluyen los pisos turísticos y los alquileres de temporada. En los portales de anuncios clasificados, como idealista, no aplica esta nueva obligación. El incumplimiento de este exigencia puede acarrear sanciones económicas y legales.

El Banco de España considera que el reciente dinamismo del sector turístico está generando algunas "externalidades negativas", como es el hecho de que está provocando dificultades en el acceso a la vivienda para determinados colectivos en algunas regiones del país. El director general de Economía del órgano rector, Ángel Gavilán, ha puesto de relieve la relevancia de la demanda de compraventa de vivienda por parte de extranjeros no residentes durante 2024, que alcanzó cuotas elevadas en algunas zonas, como Baleares (25%), Comunidad Valenciana o Canarias (ambas con un 20%).

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que hay que acabar con los pisos turísticos ilegales, "como los 15.000 que existen en Madrid y que están colisionando con familias que precisan una vivienda y que no pueden tenerla en sus barrios". Rodríguez ha destacado que esas 15.000 unidades ya son más de lo que va a ser capaz de levantarse en el nuevo barrio de Campamento. Además, ha añadido que los pisos turísticos legales requieren de regulación y que "han pasado de ser una cosa colaborativa a un negocio y queremos que tributen como actividad económica que son".

La Junta de Andalucía ha decidido recurrir ante los tribunales, como ya ha anunciado el Gobierno de Canarias, el Registro único de pisos turísticos impulsado por el Gobierno central, alegando "una invasión de competencias autonómicas y una falta de diálogo institucional". El Decreto Estatal de Registro Único de Arrendamientos y la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración está en vigor desde el pasado 2 de enero, pero no será efectivo hasta el 1 de julio.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el Plan Reside que supondrá el final de los pisos turísticos dispersos en el centro histórico, por lo que los apartamentos vacacionales se concentrarán en edificios enteros dedicados a ello. Además, se extenderá a toda la ciudad la obligatoriedad de contar con un acceso independiente para instalar una vivienda de uso turístico, y sólo en planta sótano, baja o primera. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha insistido en que esta nueva norma incrementará las viviendas residenciales, mejorará la convivencia entre turistas y residentes y ordenará la oferta turística.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado sobre el recurso presentado por Airbnb contra las resoluciones del Ministerio de Consumo que imponen a la plataforma de pisos turísticos el bloqueo de casi 66.000 anuncios que no cumplen con las normativas autonómicas en esta materia. El tribunal avala las actuaciones de Consumo e insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata que se encuentran repartidos por Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares o País Vasco.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Decreto Estatal del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para el Registro Único de Arrendamientos y la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración al entender que invade competencias de las comunidades autónomas. Cabello ha destacado que se apoyan en el dictamen del Consejo de Estado que identifica duplicidades de competencias, como ya ocurriera con algunos puntos de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

El Colegio de Registradores ha confirmado que más de 21.000 viviendas ya cuentan con el número de registro pertinente para poder ejercer como actividad de alquiler turístico en las plataformas digitales a partir de julio, cuando el Gobierno ha decidido poner en marcha el Registro único de arrendamientos de corta duración, que incluye, además de los pisos turísticos, a los alquileres de temporada o por habitaciones. Las solicitudes serán ahora más exigentes tras los cambios en la Ley de Propiedad Horizontal, que exige la autorización expresa de la comunidad de propietarios para poder dedicar una vivienda como alquiler turístico.

El Gobierno de Canarias y la plataforma Airbnb han suscrito un acuerdo para detectar y retirar la oferta de alquiler turístico que incumpla la normativa en el archipiélago. Ambos han emitido un comunicado en el que señalan que esta iniciativa afectará también a tiendas de campaña, furgonetas campers, yurtas y barcos por ser "manifiestamente irregular" con la normativa del Ejecutivo insular. Cualquier nuevo anuncio deberá contar con un número de registro. Airbnb ha retirado en tres semanas más de 150 anuncios que no cumplían con la regulación.

La Ley de Propiedad Horizontal ya permite oficialmente a las comunidades de vecinos decidir sobre la apertura de nuevas viviendas de uso turístico en el edificio. La medida busca empoderar a los residentes frente a la expansión de estos alquileres, que tendrán que dar el visto bueno expreso a la instalación de esta actividad económica. El Gobierno ya tiene listo el registro para los alquileres de corta duración, ya en vigor y que estará disponible a partir de julio, para combatir el fraude. Paralelamente, Madrid ha lanzado el Plan Reside, prohibiendo las viviendas turísticas en edificios residenciales del centro de la capital.

El Gobierno de Canarias ha defendido la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas contra el informe emitido por Competencia (CNMC), en el que avisa al Ejecutivo insular de que la limitación que se quiere imponer a esta actividad económica puede acabar con la propia actividad y provocar que se convierta en algo residual. La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, defiende que el estudio del organismo no aborda correctamente la realidad de las islas y se centra solo en criterios de mercado, dejando de lado el derecho a la vivienda, la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad del territorio.

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado iniciar la tramitación parlamentaria de la ley de alquiler vacacional tras rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos Socialista y Vox. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario (CC y PP), Jessica de León, ha remarcado que existe una fuerte demanda de pisos turísticos en el archipiélago y aunque ha defendido el derecho a la propiedad privada, también ha destacado que las administraciones deben trabajar para evitar la especulación y dar seguridad jurídica a los ciudadanos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para avanzar en fórmulas administrativas que agilicen la obtención de licencias con el fin de aumentar el parque público residencial y dotar de mayor seguridad jurídica al planeamiento urbanístico. Además, se abordará la normativa de los alquileres turísticos, donde las localidades tienen capacidad de control con sus ordenanzas municipales. Por otro lado, el PNV llevará al Pleno del Congreso una proposición de ley para reformar la Ley del Suelo tras el fracaso del Ejecutivo de llevarla adelante.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios. Entre las posibles ilegalidades, la Dirección General de Consumo señala que esta empresas estarían ofreciendo los alojamientos turísticos como particulares, y que se arriesgan a recibir infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros.

El Ayuntamiento de Madrid ha hecho balance de la gestión de su intento por fomentar el uso residencial de las viviendas frente a la opción turística. Según sus datos, durante 2024 se regularizaron 251 viviendas de uso turístico (VUT) irregulares de forma voluntaria, ante el inicio de un procedimiento de sanción, se cesaron 405 unidades y se impusieron cerca de 90 multas por importes de entre 1.000 y 3.000 euros. El Consistorio asegura que los resultados son positivos y confirma que el plan que contempla la suspensión de licencias y el endurecimiento de sanciones entrará en vigor este año.

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender las licencias para nuevos apartamentos turísticos en el barrio del Cabañal-Cañamelar, según ha informado el equipo de gobierno local, que ha destacado que con esta decisión se amplía el ámbito de la moratoria aprobada por el Pleno municipal en mayo de 2024 para este tipo de alojamientos. La decisión se basa en el incremento en más de un 220% de las solicitudes que han recibido los servicios de licencias del Consistorio para este barrio. La oposición pide ampliar esta moratoria a otros barrios sensibles como La Torre, Castellar-l'Oliveral, Forn d'Alcedo y Pinedo.

Este 2024 que cierra en el mercado del alquiler ha estado marcado por una intensificación de las medidas para controlar los arrendamientos. Se cumple más de año y medio de la Ley de Vivienda, con la ampliación de las zonas tensionadas que limitan las subidas de rentas en Cataluña, mientras Navarra y País Vasco han anunciado que aplicarán medidas de control. El Gobierno pondrá en marcha la Ventanilla Única Digital, que supondrá el registro de alquileres turísticos, de temporada y por habitaciones, mientras el Congreso ha puesto en marcha cambios en la LAU para limitar los alquileres de temporada y compartidos.

La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de pisos turísticos por no retirar anuncios de alojamientos que se publicitan sin licencia. Según la normativa, las prácticas que se están investigando al respecto pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. La Dirección General de Consumo examinará a las empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas CCAA y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, explica el Ministerio.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha confirmado que el Ministerio trabaja en un real decreto sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT), un reglamento de desarrollo que "intente regularizar la situación" y primar el uso residencial sobre el turístico. la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, ha comentado que solo el 10% de los ayuntamientos españoles tienen un problema de "desbordamiento" con la recepción de turismo.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado su plan para impulsar la vivienda asequible y la fórmula de 'coliving' en la capital y mejorar la regulación para frenar la expansión de pisos turísticos. Se trata del Plan RESIDE, que busca entre otras cosas acabar con la pérdida de población en el centro de la capital y aumentar la oferta residencial. Para ello, se prohíben los pisos turísticos en edificios de viviendas del centro, incluso en plantas bajas, y se establecen incentivos para convertir edificios de uso terciario en residenciales, incluyendo ventajas como el aumento de su edificabilidad. La nueva norma podría entrar en vigor en agosto de 2025.