Normativa alquiler turístico

La compañía Airbnb ha indicado que ha eliminado los anuncios de alquileres a corto plazo en Canarias que no completaron el registro mientras que, al mismo tiempo, los anuncios con registro en las islas se han incrementado más de un 45% entre el 1 de enero y el 31 de agosto. La plataforma ha indicado que este resultado se ha producido gracias al acuerdo alcanzado el pasado mes de abril con el Gobierno canario sobre la regulación de los anuncios de viviendas de alquiler de corta duración.

El PSOE ha registrado dos proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados en las que plantea una modificación normativa en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para incluir a los alquileres de habitaciones de uso turístico en la regulación de la cesión temporal de la vivienda, que ahora no contempla, lo que permitiría a las comunidades de propietarios limitar o vetar esta actividad en las viviendas de su edificio/urbanización, por las mismas mayorías que cualifica la Ley de Propiedad Horizontal. La otra petición reclama flexibilizar las normas de la UE sobre ayudas estatales en materia residencial para permitir a los Estados miembros invertir en vivienda asequible.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto con el que avala por segunda vez las resoluciones con las que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a la multinacional Airbnb a retirar de su plataforma casi 35.000 anuncios de pisos turísticos por publicitarse sin indicar la licencia correspondiente ni su naturaleza jurídica. En total, el Gobierno central ha emitido tres resoluciones por las que invita a Airbnb a retirar 65.000 anuncios, que la compañía ya retiró el pasado verano.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las plataformas digitales la solicitud de retirada de 53.876 pisos turísticos ilegales que solicitaron el número de registro (obligatorio desde el pasado 1 de julio), pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. El objetivo del Gobierno, tal y como afirmó el presidente Pedro Sánchez, es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial. Por municipios, Sevilla (2.289) lidera la tabla de solicitudes revocadas, seguido de Marbella (1.802); Barcelona (1.564); Málaga (1.471) y Madrid (1.257).

El nuevo registro obligatorio de alquileres de corta duración ha revocado 34.529 solicitudes de inmuebles para operar como apartamento turístico de las 68.594 que se intentaron inscribir entre julio y agosto, mientras que las demás han sido ya aceptadas o se encuentran en estado provisional, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Desde el pasado 1 de julio, es obligatorio que todo anunciante de un piso de alquiler de corta estancia (vacacional, temporal o de habitaciones) cuente con un identificador para poder comercializar el inmueble. Los principales motivos que explican las revocaciones son que la vivienda turística no cuente con la licencia pertinente, que no cuente con la aprobación de la comunidad de propietarios o que se trate de una vivienda de protección.

PP y PSPV han aprobado en Alicante ampliar la moratoria de licencias de pisos turísticos por dos años más a bloques completos de viviendas para este uso. El visto bueno del Pleno del Ayuntamiento alicantino supone ampliar la suspensión de cualquier título habilitante y licencias de obra de nueva planta para la implantación de alojamientos turísticos, con el fin de incorporar, además de las viviendas aisladas, a los bloques de apartamentos, pensiones y albergues turísticos.

El grupo parlamentario de EH Bildu ha registrado una proposición de ley en el Congreso que pretende prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia. En su propuesta afirma que los ayuntamientos y CCAA cuentan con recursos limitados para regular los apartamentos ilegales, por lo que quiere establecer sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler. En el articulado también se establece un régimen sancionador con multas que pueden ascender hasta el millón de euros.

Muchos profesionales del sector han mostrado discrepancias frente al nuevo Registro de alquileres de corta duración, que lleva en vigor desde el pasado 1 de julio. Joaquín Gómez-Villares, socio profesional del despacho de abogados Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, ha catalogado el espíritu de la norma como positivo. Sin embargo, ha criticado varios aspectos, sobre todo, la falta de criterios homogéneos y la ausencia de un régimen sancionador específico ni para el propietario ni para las plataformas. “Lo que venía como una medida para ofrecer transparencia y trazabilidad, se ha convertido en un clima de inseguridad jurídica”, ha declarado.

El Ayuntamiento de Barcelona ha mandado la nueva propuesta de convenio de colaboración a la plataforma Airbnb que contempla, entre otras medidas, que los anuncios ilegales se retiren en un máximo de 48 horas. Con el convenio anterior, lo podían hacer en un plazo de entre 10 y 15 días. La nueva propuesta también obliga a Airbnb a "controlar de forma rigurosa la legalidad de los alojamientos ofrecidos en la plataforma" y a compartir mensualmente con el Ayuntamiento los datos de los anuncios como la verificación de la identidad del anfitrión.

Se cumple una semana de la entrada en vigor del registro único de los alojamientos de corta duración, que incluye la obligación de contar con un identificador para poder anunciar los pisos turísticos, de temporada y de habitaciones en las plataformas online. Los Registradores de la Propiedad han recibido más de 260.000 solicitudes hasta la fecha en toda España y creen ya se ha producido el mayor boom de peticiones ante el inicio de la campaña estival. En cuanto a los motivos más habituales para denegar este código están no contar con licencia turística y con la aprobación de la comunidad de propietarios, o intentar destinar una vivienda protegida a un alquiler de corta estancia.

Desde el 1 de julio, es obligatorio que todo anunciante de un piso vacacional, temporal o de habitaciones cuente con un identificador que facilitan los Registradores de la Propiedad para que las autoridades puedan llevar un control y supervisión sobre este tipo de arrendamientos. Los primeros días del registro único de alquileres de corta duración en vigor han estado marcados por incidencias, denuncias y propuestas de mejora. Mientras el sector se queja de fallos técnicos y operativos para acceder o tramitar la solicitud, Consumo ha recibido denuncias contra algunas plataformas por incumplir las directrices de la normativa. Entre las recomendaciones iniciales está cambiar la gestión o reforzar los mecanismos de control y sanción.

La plataforma estadounidense ha eliminado 4.093 anuncios de alojamientos turísticos en España, después de un primer requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras detectar publicidad ilícita. Los pisos se ubicaban en Canarias, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. La cartera liderada por Pablo Bustinduy ha puesto en valor la colaboración con la empresa tras el envío de esta solicitud para que los anuncios se ajusten a la legalidad vigente.

All Iron, socimi dedicada a los alojamientos de corta y media estancia, ha firmado un acuerdo de arrendamiento con la operadora Aspasios para poner en marcha el primer Apartaments by Marriott Bonvoy de España en un edificio de su propiedad adquirido por 33 millones.

El 61% de los destinos turísticos ha detectado que existe una relación directa entre el incremento de las viviendas de uso turístico (VUT) y los problemas de acceso a la vivienda para los residentes, un conflicto para el que el tres de cada 10 municipios no contempla ningún tipo de regulación, según el II Observatorio de Turismo Sostenible en España. El estudio alerta de la necesidad de integrar las políticas de vivienda y planificación urbana dentro de las estrategias turísticas para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo.

El registro único de alquileres de corta duración, cuya aplicación será efectiva desde el 1 de julio, dejará fuera el 70% de la oferta actual y provocará unas pérdidas de 13.737 millones de euros para la economía entre julio y diciembre, según advierte la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur). Su presidenta, Silvia Blasco, cree que "es probable que las familias que hayan reservado un apartamento o vivienda de uso turístico para disfrutar sus vacaciones se queden sin su alojamiento" y considera que el nuevo sistema impulsará la economía sumergida y las viviendas ilegales.

Entre 2021 y 2023, las pernoctaciones en las 10 ciudades más visitadas y populares de la UE se multiplicaron por un 2,5, hasta superar las 200 millones de noches reservadas en hoteles. Un estudio de Airbnb revela que casi el 80% de las pernoctaciones en la UE durante 2024 se concentraron en el sector hotelero, defendiendo su modelo más diversificador. "Los hoteles registraron cinco veces más pernoctaciones que Airbnb a lo largo de 2023", afirman. Además, desde la plataforma ha criticado que donde se limitan los alquileres turísticos, como Ámsterdam o Barcelona, el turismo masivo se agrava, con más visitantes y precios cada vez más altos.

Los Registradores de la Propiedad han comunicado la generación de más de 100.000 números de registro único de arrendamientos (NRUA) en todo el territorio nacional, que será obligatorio presentar en las plataformas en línea que permitan formalizar contratos de alquiler a distancia a partir del próximo 1 de julio, en el marco del Real Decreto 1312/2024 por el que se regulan los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, que incluyen los pisos turísticos y los alquileres de temporada. En los portales de anuncios clasificados, como idealista, no aplica esta nueva obligación. El incumplimiento de este exigencia puede acarrear sanciones económicas y legales.

El Banco de España considera que el reciente dinamismo del sector turístico está generando algunas "externalidades negativas", como es el hecho de que está provocando dificultades en el acceso a la vivienda para determinados colectivos en algunas regiones del país. El director general de Economía del órgano rector, Ángel Gavilán, ha puesto de relieve la relevancia de la demanda de compraventa de vivienda por parte de extranjeros no residentes durante 2024, que alcanzó cuotas elevadas en algunas zonas, como Baleares (25%), Comunidad Valenciana o Canarias (ambas con un 20%).

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que hay que acabar con los pisos turísticos ilegales, "como los 15.000 que existen en Madrid y que están colisionando con familias que precisan una vivienda y que no pueden tenerla en sus barrios". Rodríguez ha destacado que esas 15.000 unidades ya son más de lo que va a ser capaz de levantarse en el nuevo barrio de Campamento. Además, ha añadido que los pisos turísticos legales requieren de regulación y que "han pasado de ser una cosa colaborativa a un negocio y queremos que tributen como actividad económica que son".

La Junta de Andalucía ha decidido recurrir ante los tribunales, como ya ha anunciado el Gobierno de Canarias, el Registro único de pisos turísticos impulsado por el Gobierno central, alegando "una invasión de competencias autonómicas y una falta de diálogo institucional". El Decreto Estatal de Registro Único de Arrendamientos y la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración está en vigor desde el pasado 2 de enero, pero no será efectivo hasta el 1 de julio.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el Plan Reside que supondrá el final de los pisos turísticos dispersos en el centro histórico, por lo que los apartamentos vacacionales se concentrarán en edificios enteros dedicados a ello. Además, se extenderá a toda la ciudad la obligatoriedad de contar con un acceso independiente para instalar una vivienda de uso turístico, y sólo en planta sótano, baja o primera. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha insistido en que esta nueva norma incrementará las viviendas residenciales, mejorará la convivencia entre turistas y residentes y ordenará la oferta turística.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado sobre el recurso presentado por Airbnb contra las resoluciones del Ministerio de Consumo que imponen a la plataforma de pisos turísticos el bloqueo de casi 66.000 anuncios que no cumplen con las normativas autonómicas en esta materia. El tribunal avala las actuaciones de Consumo e insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata que se encuentran repartidos por Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares o País Vasco.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Decreto Estatal del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para el Registro Único de Arrendamientos y la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración al entender que invade competencias de las comunidades autónomas. Cabello ha destacado que se apoyan en el dictamen del Consejo de Estado que identifica duplicidades de competencias, como ya ocurriera con algunos puntos de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

El Colegio de Registradores ha confirmado que más de 21.000 viviendas ya cuentan con el número de registro pertinente para poder ejercer como actividad de alquiler turístico en las plataformas digitales a partir de julio, cuando el Gobierno ha decidido poner en marcha el Registro único de arrendamientos de corta duración, que incluye, además de los pisos turísticos, a los alquileres de temporada o por habitaciones. Las solicitudes serán ahora más exigentes tras los cambios en la Ley de Propiedad Horizontal, que exige la autorización expresa de la comunidad de propietarios para poder dedicar una vivienda como alquiler turístico.

El Gobierno de Canarias y la plataforma Airbnb han suscrito un acuerdo para detectar y retirar la oferta de alquiler turístico que incumpla la normativa en el archipiélago. Ambos han emitido un comunicado en el que señalan que esta iniciativa afectará también a tiendas de campaña, furgonetas campers, yurtas y barcos por ser "manifiestamente irregular" con la normativa del Ejecutivo insular. Cualquier nuevo anuncio deberá contar con un número de registro. Airbnb ha retirado en tres semanas más de 150 anuncios que no cumplían con la regulación.