Okupación ilegal

La okupación de viviendas en España ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un tema candente en el debate público. Tanto es así que el Congreso de los Diputados ha aprobado los juicios exprés contra algunas okupaciones a través de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En concreto, esta nueva norma permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo juicios rápidos de 15 días. Sin embargo, se quedan fuera las inquiokupaciones, que no están reflejadas en las cifras oficiales, tal y como alertan los expertos. Este artículo examina los plazos de desalojo, las cifras relacionadas, el contexto jurídico y las propuestas de solución en torno a la okupación en España.

Los juzgados de toda España siguen recibiendo cientos de casos de okupaciones de viviendas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los nueve primeros meses del año los Juzgados de Primera Instancia han ingresado un total de 1.782 procedimientos por ocupaciones ilegales de inmuebles residenciales, de los que 580 se registraron en verano. La cifra ha crecido un 55% interanual y casi todas las CCAA han registrado aumentos, con Cantabria y Cataluña a la cabeza. La región catalana, además, es la que registra más casos tanto en el trimestre como en el conjunto del año.

Según el Ministerio del Interior, en 2023 se contabilizaron 15.289 denuncias, un 8,8% menos que un año antes. Sin embargo, los expertos jurídicos afirman a idealista/news que la okupación ilegal sigue creciendo ya que la mayoría de los casos no se reflejan en las estadísticas oficiales al no ser delitos de allanamiento de morada ni usurpación del derecho de uso del inmueble. Coinciden en que cada vez más particulares y empresas optan por soluciones alternativas para recuperar rápidamente la posesión de sus propiedades, como negociar y pagar a los okupas o contratar a empresas especializadas en desalojos. Y estos casos no quedan reflejados en las estadísticas oficiales al no haber denuncia. Detallan igualmente que el principal foco de atención son los casos de inquiokupaciones; es decir, inquilinos que han dejado de pagar la renta de forma voluntaria y premeditada.

Enfrentarse a la ocupación ilegal de una propiedad es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de los propietarios. Además de no saber cómo hay que proceder, la ocupación de un inmueble acarrea complicaciones legales, daños en la propiedad y posibles pérdidas económicas.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 14 de noviembre la agilización de los juicios para casos de ocupación ilegal de viviendas mediante la Ley de eficiencia judicial. La normativa contempla que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días. Esta aprobación supone un cambio significativo, impulsado por una enmienda del PNV y respaldada por formaciones como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, aunque con el voto accidental de Bildu. Ahora debe aprobarse en el Senado donde el PP tiene mayoría.

La ocupación ilegal es una preocupación constante para los propietarios de viviendas vacías en España. La pérdida de control sobre la propiedad, los largos procesos legales, el alto coste de los desalojos y los daños causados por los ocupantes ilegales generan un gran impacto económico y emocional.

El V Congreso de Derecho Inmobiliario se ha saldado con varias peticiones ligadas a la vivienda. Los expertos que se han reunido en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) han reclamado un Pacto de Estado para solucionar el problema del acceso a la vivienda en España, así como la puesta en marcha de medidas cautelares que permitan desalojos en 48 horas para frenar las okupación ilegal. También han pedido más inversión en vivienda social y han criticado que la Ley de Vivienda está generando inseguridad jurídica y ha "ahogado" el mercado inmobiliario.

La okupación de viviendas en España sigue siendo una problemática social y económica. Cada día hay más de 40 okupaciones ilegales de vivienda en el país, siendo alrededor de 15.000 al año.

El Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM) ha celebrado una jornada sobre los cambios que ha introducido la Ley de Vivienda, en vigor desde hace un año y medio. Y la principal conclusión a la que han llegado los profesionales madrileños es que la normativa va "en detrimento del propietario y en favor del inquilino", está favoreciendo la inquiokupación y está provocando que grandes y pequeños tenedores de viviendas cada vez tengan más complicado ofrecer sus inmuebles en alquiler. 

“Yo no vuelvo a ser el escudo social de nadie” o “la vulnerabilidad de una persona no es justificación para que tu tengas que ceder tu vivienda” son frases que han unido a Kathy, Virginia y a 13 afectados más. ¿Su nexo en común? La okupación o la inquiokupación de una de sus viviendas. Para evitar que más propietarios se vean afectados, han creado APROVIJ (Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica), una nueva asociación para defender los derechos de los propietarios y combatir la inseguridad jurídica. Kathy Díaz habla con idealista/news sobre cuál es el objetivo de esta organización.

Tener una casa ocupada va mucho más allá de una simple batalla legal. Es una experiencia devastadora tanto a nivel económico como emocional.

La escasa oferta de pisos en alquiler, especialmente en Cataluña, tiene muchas aristas y una de sus causas podría ser el hecho de que muchos propietarios prefieren no poner sus viviendas en alquiler por miedo a la inquiocupación, entre otros. cada vez son más las personas que no saben qué hacer con sus propiedades y algunos las venden antes que alquilar. Francesc Quintana, CEO de Vivendex, cree que, en general, en España la mayoría de propietarios son pequeños ahorradores, “no es un mercado donde gran parte del stock de alquiler está en manos de fondos de inversión, etc. como pasa en otros países como Alemania, donde gran parte del producto está en manos de fondos".

Tener una vivienda vacía puede ser una excelente inversión, pero también puede convertirse en una fuente de preocupaciones. Uno de los mayores temores de los propietarios es la ocupación ilegal, un problema cada vez más común en España.

La vida de Joni D, conocido como el primer okupa de España, es una muestra de cómo el destino puede cambiar drásticamente de un momento a otro. Jesús Sahún, su verdadero nombre, se hizo famoso en los ochenta al liderar la primera okupación urbana en el país, que fue en Barcelona, convirtiéndose en un referente del movimiento contracultural. Hoy, con un piso en propiedad, habiendo pasado por una hipoteca, y una carrera profesional consolidada que le ha llevado a ser empresario, su vida está muy alejada de la marginalidad y el activismo radical que alguna vez lo definieron.

El servicio de de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas del Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido 370 incidencias en los últimos tres años, de las que un 10,8% han sido calificadas como casos de vulnerabilidad. El casco histórico es la zona donde más propiedades han sido ocupadas. En los seis primeros meses 2024 ya se han iniciado 52 estudios, la misma cantidad que en todo 2023. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha afirmado estar trabajando en la creación de un Protocolo Antiocupación.

Los impagos en el alquiler siguen al alza en nuestro país, en un momento de pérdida de poder adquisitivo de los hogares ante la elevada inflación y unos salarios que no aumentan a la misma velocidad que el precio de los alquileres. Ante esta situación, cada vez hay más propietarios que contratan un seguro contra impagos, algo que atestigua Juan Carlos, director comercial de ARAG España y CEO en Portugal, que, además, avisa de la importancia de este tipo de coberturas para aumentar la falta de vivienda en alquiler en el mercado.

El magistrado del Supremo Vicente Magro acaba de publicar el libro "Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble", un manual que da respuesta a muchas de las preguntas que se hace la sociedad sobre la ocupación ilegal. En esta entrevista con idealista/news, Magro habla sobre el Real Decreto 11/2020 y las víctimas que está dejando por el camino y sobre las maneras de proceder contra las distintas ocupaciones ilegales que un propietario puede afrontar en su domicilio.

El PSOE ha rechazado en el Congreso una iniciativa de Sumar para que las entidades locales puedan declarar como tensionada una zona de mercado residencial cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda, aunque la comunidad autónoma no actúe. Lo que sí se ha aprobado en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja son varias iniciativas del PP relativas a la lucha contra la okupación y para derogar la suspensión de desahucios, con el único apoyo de Vox, y ante la ausencia de Junts, Bildu y PNV, para superar a PSOE, Sumar, ERC y Podemos, lo que sigue demostrando la fragilidad de los pactos que necesita el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Fue entregarle las llaves a la nueva inquilina, subirme al coche con mi hija, mirarla y decirle: hemos perdido el piso”. Kathy Díaz recuerda esta escena, y lo narra con la voz rota. Si has entrado en X (antes Twitter) en algún momento de estas últimas semanas, puede que te hayas encontrado con su perfil @kdrbcn (tengo una inkiokupa!) y hayas conocido un poco más su caso. Kathy es la propietaria de un piso ubicado en Moncofa, en Castellón, habitado por una “inquiokupa” desde 2020, cuando estalló la pandemia. A día de hoy, la "okupa" acumula una deuda de más de 16.000 euros y la propiedad solo señala a un culpable en esta situación: el Real Decreto 11/2020.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado al PSOE que "desbloquee" en el Congreso la proposición de ley 'antiokupación' del PP que fue aprobada en el Senado, que contempla el desalojo en 24 horas. Además, ha asegurado que el "fenómeno de la okupación" ha subido en torno al 40% desde que Sánchez llegó a Moncloa en 2018. Por eso, Gamarra ha defendido una "ley contra la ocupación y en defensa del legítimo propietario" como la del PP, que incluye "la imposibilidad de poderse empadronar en la vivienda", "el incremento de las penas" y "atención a las víctimas de la ocupación", según ha expresado.

Mikel Echavarren, CEO de Colliers en España y Portugal, habla para idealista/news del sector inmobiliario actual y, en especial del residencial. En su opinión, la Ley de Vivienda va a reducir la oferta de alquiler allí donde se aplique, ya que conseguirá el efecto contrario: que los propietarios retiren sus casas del mercado con el consiguiente efecto de más subidas de las rentas. Además, estima que en Cataluña la inversión inmobiliaria va a desaparecer con la aplicación del índice de referencia del alquiler.

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Pleno del Senado para aprobar la toma en consideración de una proposición de ley orgánica contra la 'okupación', que, entre otras cosas, establece mecanismos para el desalojo en 24 horas e impide el empadronamiento en la vivienda okupada. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha respondido que “el problema de España hoy no es ese, sino el problema de acceso a una vivienda"

Mientras no haya más seguridad jurídica e incentivos fiscales para que los arrendadores saquen más viviendas al alquiler, el problema del alquiler tradicional no se arreglará, la oferta tenderá a seguir disminuyendo y los precios seguirán al alza. Así lo afirma José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler. En su opinión, la seguridad jurídica corta el fenómeno de la okupación. Además, considera que debe ser el Estado el que ofrezca vivienda pública para los más necesitados, no los arrendadores particulares.

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Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifran en 17.264 el número de casos relacionados con la okupación ilegal de viviendas que han ingresado en los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia en toda España en el último lustro, lo que arroja un promedio de 9 demandas al día. El dato más reciente es el del tercer trimestre de año, cuando se han contabilizado 373 procedimientos, un 38,6% menos interanual y la cifra más baja de la serie histórica. Desde verano de 2018, Cataluña es la región con más causas de este tipo, con más de 4.100 asuntos, mientras que Navarra y La Rioja cierran el ranking con menos de un centenar de demandas.