Okupación ilegal

El servicio de de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas del Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido 370 incidencias en los últimos tres años, de las que un 10,8% han sido calificadas como casos de vulnerabilidad. El casco histórico es la zona donde más propiedades han sido ocupadas. En los seis primeros meses 2024 ya se han iniciado 52 estudios, la misma cantidad que en todo 2023. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha afirmado estar trabajando en la creación de un Protocolo Antiocupación.

Los impagos en el alquiler siguen al alza en nuestro país, en un momento de pérdida de poder adquisitivo de los hogares ante la elevada inflación y unos salarios que no aumentan a la misma velocidad que el precio de los alquileres. Ante esta situación, cada vez hay más propietarios que contratan un seguro contra impagos, algo que atestigua Juan Carlos, director comercial de ARAG España y CEO en Portugal, que, además, avisa de la importancia de este tipo de coberturas para aumentar la falta de vivienda en alquiler en el mercado.

El magistrado del Supremo Vicente Magro acaba de publicar el libro "Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble", un manual que da respuesta a muchas de las preguntas que se hace la sociedad sobre la ocupación ilegal. En esta entrevista con idealista/news, Magro habla sobre el Real Decreto 11/2020 y las víctimas que está dejando por el camino y sobre las maneras de proceder contra las distintas ocupaciones ilegales que un propietario puede afrontar en su domicilio.

El PSOE ha rechazado en el Congreso una iniciativa de Sumar para que las entidades locales puedan declarar como tensionada una zona de mercado residencial cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda, aunque la comunidad autónoma no actúe. Lo que sí se ha aprobado en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja son varias iniciativas del PP relativas a la lucha contra la okupación y para derogar la suspensión de desahucios, con el único apoyo de Vox, y ante la ausencia de Junts, Bildu y PNV, para superar a PSOE, Sumar, ERC y Podemos, lo que sigue demostrando la fragilidad de los pactos que necesita el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Fue entregarle las llaves a la nueva inquilina, subirme al coche con mi hija, mirarla y decirle: hemos perdido el piso”. Kathy Díaz recuerda esta escena, y lo narra con la voz rota. Si has entrado en X (antes Twitter) en algún momento de estas últimas semanas, puede que te hayas encontrado con su perfil @kdrbcn (tengo una inkiokupa!) y hayas conocido un poco más su caso. Kathy es la propietaria de un piso ubicado en Moncofa, en Castellón, habitado por una “inquiokupa” desde 2020, cuando estalló la pandemia. A día de hoy, la "okupa" acumula una deuda de más de 16.000 euros y la propiedad solo señala a un culpable en esta situación: el Real Decreto 11/2020.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado al PSOE que "desbloquee" en el Congreso la proposición de ley 'antiokupación' del PP que fue aprobada en el Senado, que contempla el desalojo en 24 horas. Además, ha asegurado que el "fenómeno de la okupación" ha subido en torno al 40% desde que Sánchez llegó a Moncloa en 2018. Por eso, Gamarra ha defendido una "ley contra la ocupación y en defensa del legítimo propietario" como la del PP, que incluye "la imposibilidad de poderse empadronar en la vivienda", "el incremento de las penas" y "atención a las víctimas de la ocupación", según ha expresado.

Mikel Echavarren, CEO de Colliers en España y Portugal, habla para idealista/news del sector inmobiliario actual y, en especial del residencial. En su opinión, la Ley de Vivienda va a reducir la oferta de alquiler allí donde se aplique, ya que conseguirá el efecto contrario: que los propietarios retiren sus casas del mercado con el consiguiente efecto de más subidas de las rentas. Además, estima que en Cataluña la inversión inmobiliaria va a desaparecer con la aplicación del índice de referencia del alquiler.

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Pleno del Senado para aprobar la toma en consideración de una proposición de ley orgánica contra la 'okupación', que, entre otras cosas, establece mecanismos para el desalojo en 24 horas e impide el empadronamiento en la vivienda okupada. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha respondido que “el problema de España hoy no es ese, sino el problema de acceso a una vivienda"

Mientras no haya más seguridad jurídica e incentivos fiscales para que los arrendadores saquen más viviendas al alquiler, el problema del alquiler tradicional no se arreglará, la oferta tenderá a seguir disminuyendo y los precios seguirán al alza. Así lo afirma José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler. En su opinión, la seguridad jurídica corta el fenómeno de la okupación. Además, considera que debe ser el Estado el que ofrezca vivienda pública para los más necesitados, no los arrendadores particulares.

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Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifran en 17.264 el número de casos relacionados con la okupación ilegal de viviendas que han ingresado en los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia en toda España en el último lustro, lo que arroja un promedio de 9 demandas al día. El dato más reciente es el del tercer trimestre de año, cuando se han contabilizado 373 procedimientos, un 38,6% menos interanual y la cifra más baja de la serie histórica. Desde verano de 2018, Cataluña es la región con más causas de este tipo, con más de 4.100 asuntos, mientras que Navarra y La Rioja cierran el ranking con menos de un centenar de demandas.

La ocupación ilegal de una vivienda en España ha registrado 10.345 casos contabilizados a nivel nacional entre enero y agosto, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone una caída del 11% frente al mismo periodo del año pasado. Cataluña (4.218) concentra un 40% de las okupaciones, seguida por Andalucía (1.607), Comunitat Valenciana (1.134) y Madrid (1.025), llegando a acaparar casi el 80% de los casos. Sin embargo, todas ellas han registrado caídas interanuales, del 14%, 6%, 21% y 1%, respectivamente.

Las segundas residencias sufren más del doble de intrusiones que las viviendas habituales, entre robos, asaltos y ocupaciones, según señala un informe de Securitas Direct. En general, estas segundas residencias pasan la mayor parte del año vacías, y la principal preocupación de los propietarios es sufrir okupaciones. Galicia, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Aragón son las CCAA más seguras para tener una vivienda, según el estudio.

El final del verano ya parece una realidad y trae consigo la vuelta a la rutina. Sin embargo, esta vuelta podría verse empañada si descubrimos que nuestra vivienda está ocupada tras nuestra ausencia. A pesar de que los datos muestran una tendencia descendente de estos delitos, con un 11% menos en el primer trimestre del año que los registrados en el mismo periodo de 2022, ya se han contabilizado alrededor de 3.900 infracciones en lo que va de 2023. Por ello, desde Marín&Mateo Abogados han creado una lista sobre los pasos a seguir en el caso de que nos veamos en esta desagradable situación.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria camina lentamente en la gestión de las 50.000 viviendas que el Gobierno movilizó para destinarlas al alquiler asequible. De las 14.000 ya habitadas, muchas de ellas con inquilinos que no pagan, la Sareb reconoce 2.349 okupaciones ilegales de personas no vulnerables. Mientras tanto, de las casi 21.000 unidades que se pretenden vender a las administraciones públicas, solo 9.000 estarían disponibles para alquilar en estos momentos, y apenas han recibido interés por cerrar 1.000 operaciones.

La secretaria de vivienda del PP, Ana Zurita, ha asegurado que la reciente Ley de Vivienda no solucionará nada para el sector y que el control de rentas no se aplicará jamás con un gobierno popular, porque "el precio lo tiene que fijar la relación entre oferta y demanda". Además, ha definido que la ley invade competencias autonómicas, además de ser intervencionista, y ha destacado que el PP está "estudiando si esa ley será derogada en su totalidad o no". Zurita ha criticado también la permisividad actual con los okupas "con una justificación de vulnerabilidad".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado la reforma de una serie de leyes procesales que permita el desalojo de okupas y ha garantizado que, si gobierna, acabará con el fenómeno de la 'okupación' ilegal. El candidato popular a la presidencia del Gobierno sostiene que la actual Ley de Vivienda facilita la ocupación ilegal y que si llega a Moncloa tras las elecciones del 23J, modificará esos puntos de la actual normativa.

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de España ha analizado las consecuencias que traerá la nueva Ley de Vivienda tras producirse su aprobación definitiva en el Senado.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha avanzado que Unidas Podemos registrará una proposición de ley en el Congreso para reformar el Código Penal para perseguir a empresas de desokupación. La secretaria general de la formación morada ha citado directamente a la empresa Desokupa, “vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables".

"Alguien paga dos meses y después lo tengo que tener dos años sin recibir nada a cambio", ha afirmado la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia. "¿Y quién paga? Aquellos que no superen tres veces el IPREM: unos 1.800 euros al mes. Es decir, el 80% de los gallegos podrían ser okupas si así lo quisiesen", ha agregado en este sentido.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó esta familia con un menor contra la sentencia del TSJ de Andalucía que revocó un auto de desahucio en una vivienda de promoción pública ilegalmente ocupada para acordar suspenderlo mientras estuviera en vigor el estado de alarma. La sentencia señala que ocupar ilegalmente una vivienda pública puede perjudicar a quienes realmente están en situación más desfavorable.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), también en contra de la Ley de Vivienda. La asociación transmite “el más firme rechazo al contenido de la ley de vivienda”. “En ningún caso, la Plataforma de Afectados por la Ocupación deja de compartir la necesidad del acceso a una vivienda digna de cualquier ciudadano, si bien, desde la legalidad y la gestión de las administraciones públicas”. La plataforma también ha dicho que esta norma “ignora” y “hunde” a los afectados por la okupación e inquiokupación.

Crece la inseguridad frente a las okupaciones ilegales en Cataluña, y con un amplio consenso. Según la encuesta sociopolítica 2022-2023 del Centro de Estudios de Opinión (CEO), elaborada por la Generalitat de Cataluña, la okupación es el delito más frecuente para más del 50% de los encuestados, por encima de los robos en la calle, los robos en domicilio o el tráfico de drogas. Del total, un 18% ve muy frecuenta que una casa se okupe, mientras que, en el otro extremo, solo un 9% cree que es poco frecuente.

El número de desahucios practicados durante el ejercicio 2022 fue de 38.266, lo que supone un descenso interanual del 7,5%, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 5% respecto a 2021, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron en un 15,8%.

Desde el pasado 18 de febrero está en vigor la norma catalana que permite a los ayuntamientos instar el desahucio de pisos ocupados ilegalmente. Pero, además, en esta ley se establecen sanciones para grandes propietarios (empresas o personas con más de 15 viviendas en propiedad) que en determinados supuestos no actúen ante la ocupación ilegal de sus inmuebles. Las multas pueden llegar hasta los 90.000 euros e incluso pueden habilitar al ayuntamiento competente para hacerse con el uso de la vivienda durante siete años.