Okupación ilegal

La Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), también en contra de la Ley de Vivienda. La asociación transmite “el más firme rechazo al contenido de la ley de vivienda”. “En ningún caso, la Plataforma de Afectados por la Ocupación deja de compartir la necesidad del acceso a una vivienda digna de cualquier ciudadano, si bien, desde la legalidad y la gestión de las administraciones públicas”. La plataforma también ha dicho que esta norma “ignora” y “hunde” a los afectados por la okupación e inquiokupación.

Crece la inseguridad frente a las okupaciones ilegales en Cataluña, y con un amplio consenso. Según la encuesta sociopolítica 2022-2023 del Centro de Estudios de Opinión (CEO), elaborada por la Generalitat de Cataluña, la okupación es el delito más frecuente para más del 50% de los encuestados, por encima de los robos en la calle, los robos en domicilio o el tráfico de drogas. Del total, un 18% ve muy frecuenta que una casa se okupe, mientras que, en el otro extremo, solo un 9% cree que es poco frecuente.

El número de desahucios practicados durante el ejercicio 2022 fue de 38.266, lo que supone un descenso interanual del 7,5%, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 5% respecto a 2021, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron en un 15,8%.

Desde el pasado 18 de febrero está en vigor la norma catalana que permite a los ayuntamientos instar el desahucio de pisos ocupados ilegalmente. Pero, además, en esta ley se establecen sanciones para grandes propietarios (empresas o personas con más de 15 viviendas en propiedad) que en determinados supuestos no actúen ante la ocupación ilegal de sus inmuebles. Las multas pueden llegar hasta los 90.000 euros e incluso pueden habilitar al ayuntamiento competente para hacerse con el uso de la vivienda durante siete años.

Las iniciativas que el Gobierno puso en marcha en materia de alquiler para paliar los efectos de la inflación y la guerra en Ucrania han vuelto a prorrogarse. Como consecuencia, algo excepcional que apenas iba a afectar a la sostenibilidad del mercado se está convirtiendo en un conjunto de medidas de corte estructural que podrían fracturar definitivamente el delicado equilibrio entre oferta y demanda. La ‘inquiocupación’, la retirada de oferta y la subida de precios serán algunos de los daños colaterales, según Círculo Legal.

El allanamiento de morada es un delito que consiste en la entrada o permanencia en una morada ajena en contra de la voluntad del morador. Ahora bien ¿Qué se considera morada? ¿Qué requisitos han de cumplirse para que exista allanamiento?

Toni Miranda es presidente de la Asociación de Afectados por la Okupación. En plena nueva oleada de titulares y polémicas con la okupación en España, Miranda, que se define como escritor, conferenciante, columnista y activista, asegura que es un problema que se debe atajar de raíz. En esta entrevista, el presidente de la asociación explica en qué punto está esta problemática y cuáles son las soluciones que ellos barajan para ponerle fin a una de las amenazas más temidas por un gran número de propietarios de inmuebles en España. “El problema de la okupación no se acabará sólo modificando leyes”, dice Miranda.

El grupo educativo CEU ha adquirido el edificio de la antigua clínica Nuevo Parque de Madrid por 17 millones de euros, en el que instalará nuevas aulas para sus facultades de Derecho y Económicas con la previsión de albergar a más de 1.000 alumnos. El mayor grupo educativo privado en España pretende iniciar la actividad docente en el curso 2025-26, según han informado, después de demoler la actual estructura y levantar un nuevo complejo de cuatro plantas con 9.000 m2 en el distrito madrileño de Chamberí.

La pasada semana se aprobó la proposición de ley antiokupas en el parlamento catalán. Con esta normativa, los ayuntamientos pueden desahuciar a los okupas en caso de que los dueños de las viviendas sean grandes propietarios (que tengan en propiedad 10 o más pisos) y que estos no se hagan cargo de iniciar el desalojo por vía judicial. El despacho Círculo Legal Barcelona asegura que esta ley es una buena noticia, pero cree que el año que viene la declararán inconstitucional, ya que debería ser el Estado español quien aprobara esta normativa al no ser Cataluña competente para ello.

Una reciente investigación judicial ha destapado una práctica muy común entre las mafias especializadas en okupar viviendas: exigir al propietario un pago si quiere recuperar su inmueble. La reciente investigación ha permitido saber que las mafias obtienen hasta 10.000 euros de bancos y fondos de inversión por desalojar las viviendas que previamente habían okupado de forma ilegal. El COAPI vuelve a reclamar un pacto de Estado para luchar contra esta problemática económica y social que afecta cada día a más propietarios particulares.

El pleno del Parlamento catalán ha aprobado una proposición de ley impulsada por Junts per Catalunya que permite que los ayuntamientos puedan instar el desahucio de una vivienda ocupada de forma ilegal en casos en los que los dueños sean grandes propietarios (que tengan en propiedad 10 o más pisos) y que éstos no se hagan cargo de iniciar el desalojo por vía judicial. Esta nueva norma tiene el visto bueno de las inmobiliarias de Cataluña, aunque lamentan que el texto aprobado haya restado capacidad de maniobra a las comunidades de propietarios.

La cartera encabezada por Fernando Grande-Marlaska ha facilitado a idealista/news los últimos datos consolidados de okupacion (aunque aclaran que no discriminan entre usurpación y allanamiento) en los que se puede observar como Madrid y Andalucía han reducido esta actividad un 15,4% y un 6,26%, respectivamente. Por su parte, regiones como la Comunidad Valenciana o Extremadura han visto incrementado esta actividad un 23,66% y un 5,43%, respectivamente. 

Los madrileños avanzan contra la okupacion. La Comunidad de Madrid ha superado el millar de llamadas atendidas (1.098) en el teléfono antiokupación activado por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de julio ante la proliferación de usurpaciones de viviendas.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han acordado por unanimidad que con carácter general se estime pertinente que se acuerde la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble en aquellos supuestos en que se aprecien sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación y se verifique la existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor, según ha informado el TSJ de Madrid. Una medida que se aplicaría tanto si el sujeto pasivo es una persona física como si se trata de una persona jurídica de naturaleza pública o privada.

En los últimos años, ha proliferado entre las mafias que se dedican a okupar viviendas de forma ilegal la conocida como ‘técnica pedir pizza’, que permite a los okupas disponer de un ticket antes de entrar a la vivienda para justificar que están residiendo en ella y evitar así el desalojo inmediato. Tanto grandes propietarios como agencias inmobiliarias están detectando un aumento de esta técnica en diferentes puntos de España: desde Cataluña a Madrid o Andalucía. Además, se muestran preocupados con la normalización de los importes que piden los okupas para salir del inmueble, que en algunos casos alcanza los 5.000 euros.

El Partido Popular ha presentado una enmienda a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se encuentra en tramitación parlamentaria, para que el Congreso apoye el desalojo de los okupas en el plazo máximo de un día. Una moción que se enfrenta a la petición del PSOE de desalojar en 48 horas, y que ha vuelto a suponer un encontronazo en el Gobierno de coalición. El texto se votará el próximo jueves 3 de noviembre.

Elche ha sido el escenario de una operación policial ligada a la okupación y el alquiler ilegal de viviendas. Según confirma la Policía Nacional, varios agentes han detenido en la localidad alicantina a un hombre de 39 años que presuntamente localizaba viviendas vacías que previamente habían sido deshabitadas con orden de desahucio para alquilarlas ilegalmente a terceras personas. Está acusado de usurpación de bienes inmuebles y delito de daños.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una serie de medidas para seguir luchando contra la ocupación. Entre ellas, destaca la de no cargar a los propietarios de la vivienda el gasto del agua consumida por los okupas. En julio, también anunció un acuerdo con Naturgy para suprimir los enganches de luz ilegales en las viviendas sociales.

Las desokupaciones continúan siendo un tema polémico y de actualidad. La última ha hecho historia por marcar un nuevo récord: desalojar a 200 personas de 100 pisos okupados en Guadalajara. Según han explicado a idealista/news los responsables de Desokupa Exprés, encargados de llevar a cabo el operativo, ha sido una acción en coordinación con la Policía Nacional y se han necesitado dos meses para organizar la desokupación.

El PSOE ha defendido sus enmiendas para agilizar los desalojos de okupas en 48 horas recalcando que la propuesta registrada en el Congreso no tiene que ver con los desahucios de personas vulnerables. Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, vuelven a chocar en la forma de afrontar las políticas relacionadas con la vivienda. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha querido dejar claro que "no tiene nada que ver con los desahucios" y que solo afecta a los "allanamientos y la ocupación ilegal de inmuebles",

El Partido Socialista en el Congreso de los Diputados ha incluido una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia por el que los jueces podrían desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas. Otros partidos como PP y PdeCat ya había solicitado previamente cambios para agilizar y acelerar unos procesos que están colapsando los tribunales.

La administración catalana prepara una nueva ley para que no solo los propietarios puedan instar los desahucios de una vivienda ocupada y permitirá a los consistorios y comunidades de vecinos que actúen si los dueños de los inmuebles no lo hacen antes. Esta es una problemática que se encuentran, sobre todo, con grandes tenedores, según explican desde la Generalitat, ya que no suelen emprender ninguna acción en los tribunales.

La okupación continúa siendo un debate sobre la mesa en España. Un informe realizado por la Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de València concluye que el 86 % de los casos de okupación de viviendas corresponde a propiedades de entidades bancarias, jurídicas y fondos de inversión; mientras que el 1 % de estos casos se produce en viviendas de particulares.

Muchos propietarios, sin saberlo, fomentan y legitiman la okupación de sus inmuebles. Tener dados de alta los suministros y darlos de baja después, negociar con los inquilinos ilegales el pago de las facturas, tener el piso completamente vacío, no disponer de alarma, no denunciar correctamente o no acreditar que está en venta o en alquiler son algunos de los errores más frecuentes que conviene evitar. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) repasa algunos consejos para aminorar el perjuicio económico que supone la usurpación, así como las medidas para acabar con esta lacra.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) critica en un informe "la laxitud y la poca claridad de la ley" en materia de 'okupación' y pide alcanzar un pacto de Estado entre agentes sociales, políticos y técnicos para encontrar una solución efectiva y a largo plazo para esta lacra, que vive actualmente su punto más álgido. Dicho acuerdo frenaría las consecuencias perjudiciales para el mercado inmobiliario, la economía, los inversores y consumidores.