Okupación ilegal

Mientras no haya más seguridad jurídica e incentivos fiscales para que los arrendadores saquen más viviendas al alquiler, el problema del alquiler tradicional no se arreglará, la oferta tenderá a seguir disminuyendo y los precios seguirán al alza. Así lo afirma José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler. En su opinión, la seguridad jurídica corta el fenómeno de la okupación. Además, considera que debe ser el Estado el que ofrezca vivienda pública para los más necesitados, no los arrendadores particulares.

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Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifran en 17.264 el número de casos relacionados con la okupación ilegal de viviendas que han ingresado en los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia en toda España en el último lustro, lo que arroja un promedio de 9 demandas al día. El dato más reciente es el del tercer trimestre de año, cuando se han contabilizado 373 procedimientos, un 38,6% menos interanual y la cifra más baja de la serie histórica. Desde verano de 2018, Cataluña es la región con más causas de este tipo, con más de 4.100 asuntos, mientras que Navarra y La Rioja cierran el ranking con menos de un centenar de demandas.

La ocupación ilegal de una vivienda en España ha registrado 10.345 casos contabilizados a nivel nacional entre enero y agosto, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone una caída del 11% frente al mismo periodo del año pasado. Cataluña (4.218) concentra un 40% de las okupaciones, seguida por Andalucía (1.607), Comunitat Valenciana (1.134) y Madrid (1.025), llegando a acaparar casi el 80% de los casos. Sin embargo, todas ellas han registrado caídas interanuales, del 14%, 6%, 21% y 1%, respectivamente.

Las segundas residencias sufren más del doble de intrusiones que las viviendas habituales, entre robos, asaltos y ocupaciones, según señala un informe de Securitas Direct. En general, estas segundas residencias pasan la mayor parte del año vacías, y la principal preocupación de los propietarios es sufrir okupaciones. Galicia, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Aragón son las CCAA más seguras para tener una vivienda, según el estudio.

El final del verano ya parece una realidad y trae consigo la vuelta a la rutina. Sin embargo, esta vuelta podría verse empañada si descubrimos que nuestra vivienda está ocupada tras nuestra ausencia. A pesar de que los datos muestran una tendencia descendente de estos delitos, con un 11% menos en el primer trimestre del año que los registrados en el mismo periodo de 2022, ya se han contabilizado alrededor de 3.900 infracciones en lo que va de 2023. Por ello, desde Marín&Mateo Abogados han creado una lista sobre los pasos a seguir en el caso de que nos veamos en esta desagradable situación.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria camina lentamente en la gestión de las 50.000 viviendas que el Gobierno movilizó para destinarlas al alquiler asequible. De las 14.000 ya habitadas, muchas de ellas con inquilinos que no pagan, la Sareb reconoce 2.349 okupaciones ilegales de personas no vulnerables. Mientras tanto, de las casi 21.000 unidades que se pretenden vender a las administraciones públicas, solo 9.000 estarían disponibles para alquilar en estos momentos, y apenas han recibido interés por cerrar 1.000 operaciones.

La secretaria de vivienda del PP, Ana Zurita, ha asegurado que la reciente Ley de Vivienda no solucionará nada para el sector y que el control de rentas no se aplicará jamás con un gobierno popular, porque "el precio lo tiene que fijar la relación entre oferta y demanda". Además, ha definido que la ley invade competencias autonómicas, además de ser intervencionista, y ha destacado que el PP está "estudiando si esa ley será derogada en su totalidad o no". Zurita ha criticado también la permisividad actual con los okupas "con una justificación de vulnerabilidad".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado la reforma de una serie de leyes procesales que permita el desalojo de okupas y ha garantizado que, si gobierna, acabará con el fenómeno de la 'okupación' ilegal. El candidato popular a la presidencia del Gobierno sostiene que la actual Ley de Vivienda facilita la ocupación ilegal y que si llega a Moncloa tras las elecciones del 23J, modificará esos puntos de la actual normativa.

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de España ha analizado las consecuencias que traerá la nueva Ley de Vivienda tras producirse su aprobación definitiva en el Senado.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha avanzado que Unidas Podemos registrará una proposición de ley en el Congreso para reformar el Código Penal para perseguir a empresas de desokupación. La secretaria general de la formación morada ha citado directamente a la empresa Desokupa, “vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables".

"Alguien paga dos meses y después lo tengo que tener dos años sin recibir nada a cambio", ha afirmado la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia. "¿Y quién paga? Aquellos que no superen tres veces el IPREM: unos 1.800 euros al mes. Es decir, el 80% de los gallegos podrían ser okupas si así lo quisiesen", ha agregado en este sentido.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó esta familia con un menor contra la sentencia del TSJ de Andalucía que revocó un auto de desahucio en una vivienda de promoción pública ilegalmente ocupada para acordar suspenderlo mientras estuviera en vigor el estado de alarma. La sentencia señala que ocupar ilegalmente una vivienda pública puede perjudicar a quienes realmente están en situación más desfavorable.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), también en contra de la Ley de Vivienda. La asociación transmite “el más firme rechazo al contenido de la ley de vivienda”. “En ningún caso, la Plataforma de Afectados por la Ocupación deja de compartir la necesidad del acceso a una vivienda digna de cualquier ciudadano, si bien, desde la legalidad y la gestión de las administraciones públicas”. La plataforma también ha dicho que esta norma “ignora” y “hunde” a los afectados por la okupación e inquiokupación.

Crece la inseguridad frente a las okupaciones ilegales en Cataluña, y con un amplio consenso. Según la encuesta sociopolítica 2022-2023 del Centro de Estudios de Opinión (CEO), elaborada por la Generalitat de Cataluña, la okupación es el delito más frecuente para más del 50% de los encuestados, por encima de los robos en la calle, los robos en domicilio o el tráfico de drogas. Del total, un 18% ve muy frecuenta que una casa se okupe, mientras que, en el otro extremo, solo un 9% cree que es poco frecuente.

El número de desahucios practicados durante el ejercicio 2022 fue de 38.266, lo que supone un descenso interanual del 7,5%, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 5% respecto a 2021, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron en un 15,8%.

Desde el pasado 18 de febrero está en vigor la norma catalana que permite a los ayuntamientos instar el desahucio de pisos ocupados ilegalmente. Pero, además, en esta ley se establecen sanciones para grandes propietarios (empresas o personas con más de 15 viviendas en propiedad) que en determinados supuestos no actúen ante la ocupación ilegal de sus inmuebles. Las multas pueden llegar hasta los 90.000 euros e incluso pueden habilitar al ayuntamiento competente para hacerse con el uso de la vivienda durante siete años.

Las iniciativas que el Gobierno puso en marcha en materia de alquiler para paliar los efectos de la inflación y la guerra en Ucrania han vuelto a prorrogarse. Como consecuencia, algo excepcional que apenas iba a afectar a la sostenibilidad del mercado se está convirtiendo en un conjunto de medidas de corte estructural que podrían fracturar definitivamente el delicado equilibrio entre oferta y demanda. La ‘inquiocupación’, la retirada de oferta y la subida de precios serán algunos de los daños colaterales, según Círculo Legal.

El allanamiento de morada es un delito que consiste en la entrada o permanencia en una morada ajena en contra de la voluntad del morador. Ahora bien ¿Qué se considera morada? ¿Qué requisitos han de cumplirse para que exista allanamiento?

Toni Miranda es presidente de la Asociación de Afectados por la Okupación. En plena nueva oleada de titulares y polémicas con la okupación en España, Miranda, que se define como escritor, conferenciante, columnista y activista, asegura que es un problema que se debe atajar de raíz. En esta entrevista, el presidente de la asociación explica en qué punto está esta problemática y cuáles son las soluciones que ellos barajan para ponerle fin a una de las amenazas más temidas por un gran número de propietarios de inmuebles en España. “El problema de la okupación no se acabará sólo modificando leyes”, dice Miranda.

El grupo educativo CEU ha adquirido el edificio de la antigua clínica Nuevo Parque de Madrid por 17 millones de euros, en el que instalará nuevas aulas para sus facultades de Derecho y Económicas con la previsión de albergar a más de 1.000 alumnos. El mayor grupo educativo privado en España pretende iniciar la actividad docente en el curso 2025-26, según han informado, después de demoler la actual estructura y levantar un nuevo complejo de cuatro plantas con 9.000 m2 en el distrito madrileño de Chamberí.

La pasada semana se aprobó la proposición de ley antiokupas en el parlamento catalán. Con esta normativa, los ayuntamientos pueden desahuciar a los okupas en caso de que los dueños de las viviendas sean grandes propietarios (que tengan en propiedad 10 o más pisos) y que estos no se hagan cargo de iniciar el desalojo por vía judicial. El despacho Círculo Legal Barcelona asegura que esta ley es una buena noticia, pero cree que el año que viene la declararán inconstitucional, ya que debería ser el Estado español quien aprobara esta normativa al no ser Cataluña competente para ello.

Una reciente investigación judicial ha destapado una práctica muy común entre las mafias especializadas en okupar viviendas: exigir al propietario un pago si quiere recuperar su inmueble. La reciente investigación ha permitido saber que las mafias obtienen hasta 10.000 euros de bancos y fondos de inversión por desalojar las viviendas que previamente habían okupado de forma ilegal. El COAPI vuelve a reclamar un pacto de Estado para luchar contra esta problemática económica y social que afecta cada día a más propietarios particulares.

El pleno del Parlamento catalán ha aprobado una proposición de ley impulsada por Junts per Catalunya que permite que los ayuntamientos puedan instar el desahucio de una vivienda ocupada de forma ilegal en casos en los que los dueños sean grandes propietarios (que tengan en propiedad 10 o más pisos) y que éstos no se hagan cargo de iniciar el desalojo por vía judicial. Esta nueva norma tiene el visto bueno de las inmobiliarias de Cataluña, aunque lamentan que el texto aprobado haya restado capacidad de maniobra a las comunidades de propietarios.

La cartera encabezada por Fernando Grande-Marlaska ha facilitado a idealista/news los últimos datos consolidados de okupacion (aunque aclaran que no discriminan entre usurpación y allanamiento) en los que se puede observar como Madrid y Andalucía han reducido esta actividad un 15,4% y un 6,26%, respectivamente. Por su parte, regiones como la Comunidad Valenciana o Extremadura han visto incrementado esta actividad un 23,66% y un 5,43%, respectivamente.