pisos turísticos

Sumar ha registrado una batería de medidas legales en el Congreso con las que propone más impuestos para desincentivar los pisos turísticos en las Islas Canarias y multar a aquellos que ejerzan su actividad sin una licencia en el archipiélago, que quieren declarar como zona tensionada. Estas propuestas se enmarcan en dos enmiendas que el grupo plurinacional ha registrado a la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que ahora se está tramitando en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso. Ahora las enmiendas se discutirán en la ponencia de la comisión y, si tiene mayoría, se incorporará al articulado.

Madrid prepara la luz verde al Plan Reside, la nueva normativa que redefine el mapa del alojamiento turístico en la capital. La medida más destacada es la prohibición de pisos turísticos dispersos en edificios residenciales dentro del denominado “centro histórico”, donde solo podrán operar en bloques de uso exclusivo. Fuera de esa zona, se permitirá su presencia bajo ciertas condiciones. Uno de los puntos más controvertidos ha sido la exclusión de Tetuán de ese ámbito restringido, pese a las reiteradas peticiones de asociaciones vecinales que reclamaban su inclusión para frenar la presión turística en el barrio.

El Govern catalán ha aprobado el Decreto ley que retrasa la entrada en vigor de la modificación del Impuesto sobre Estancias en Establecimientos Turísticos hasta el primer periodo de liquidación que se abra a partir de la entrada en vigor del decreto. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Sílvia Paneque, ha explicado que la voluntad es dar seguridad jurídica al sector mientras los cambios en la tasa se debaten en el Parlament. Este impuesto duplica, y en algunos casos triplica, el importe de la tasa turística fijada por ley en 2017.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Decreto Estatal del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para el Registro Único de Arrendamientos y la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración al entender que invade competencias de las comunidades autónomas. Cabello ha destacado que se apoyan en el dictamen del Consejo de Estado que identifica duplicidades de competencias, como ya ocurriera con algunos puntos de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

El pleno del Parlament catalán ha avalado el decreto del Govern que modifica el impuesto de estancias en establecimientos turísticos y ha aprobado tramitarlo como proyecto de ley, pero ha rechazado otro decreto que modificaba el primero, con el objetivo de que la tasa turística se comience a aplicar en octubre y no el 1 de mayo como estaba previsto. El Govern aprobará el martes un decreto para aplazar la entrada en vigor de la nueva tasa turística. La modificación de este impuesto duplica, y en algunos casos triplica, el importe de la tasa turística fijada por ley en 2017, como las viviendas de uso turístico en toda Cataluña, que pasarán a pagar de 6 a 12 euros por día.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley de Sumar que tiene por objeto dar más facilidades a las comunidades de vecinos para limitar el uso de viviendas residenciales como pisos turísticos, una iniciativa que ha salido adelante con el voto a favor del PSOE, la abstención de Vox y el 'no' del PP. De este modo, la Cámara Baja insta al Gobierno a estudiar y adoptar las medidas necesarias para facilitar y agilizar los trámites necesarios para realizar la inscripción registral de los acuerdos que adopten las comunidades de vecinos en torno a la limitación de los pisos turísticos. Por ejemplo, a limitar o bonificar los aranceles que se aplican para reducir la carga económica que supone este trámite.

La 'proptech' ha levantado cuatro millones de euros para financiar la compra de una casa palacio en Jerez de la Frontera (Cádiz), cuya rehabilitación se producirá a partir del mes de junio y que permitirá la puesta en marcha de 38 apartamentos turísticos de un dormitorio y zonas comunes, como piscina en la azotea, gimnasio y zona de 'coworking'. La compañía prevé llevar a cabo más operaciones en los próximos meses y asegura que su objetivo es posicionarse como una alternativa a los hoteles en mercados como Comunidad Valenciana, Andalucía o Canarias.

El pleno del Parlamento de Baleares ha convalidado el decreto ley de medidas de contención turística gracias al respaldo de PP y Vox, y con el rechazo total de la izquierda. Este texto incluye la prohibición de crear nuevas plazas en viviendas plurifamiliares en el archipiélago, así un aumento del 25% de las sanciones para frenar la oferta ilegal y otras medidas de reconversión de la oferta obsoleta, como la posibilidad de transformar establecimientos turísticos inviables o en desuso en viviendas de precio limitado. Según el Gobierno regional, "el texto apuesta por la calidad de la oferta turística" en las islas.

El PSOE defenderá en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que las comunidades y ciudades autónomas introduzcan en sus respectivas normas de ordenación turística la obligación de los propietarios de alojamientos turísticos de obtener licencia para su actividad y publicarla en plataformas online. Es una medida que se plasma en una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Industria y Turismo y tiene por objeto proponer medidas para combatir la actividad irregular en alojamientos turísticos. Según el INE, el número de viviendas turísticas en febrero de 2024 se estimaba en 351.389 unidades.

Borja Carabante, delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, recibe a idealista/news en su despacho del Palacio de Cibeles.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha anunciado que el plan para controlar las viviendas de uso turístico (VUT) en Madrid se aprobará en el Pleno de mayo. Carabante ha recordado que el bautizado Plan Reside es "una normativa nueva que va a permitir conciliar las necesidades que tenemos también de ofertar este servicio a los turistas con la mejora de la convivencia", y que el Ayuntamiento de la capital ha incrementado las sanciones para poner freno a la oferta ilegal.

Con la llegada de la primavera, Semana Santa se ha convertido en un poderoso motor para el mercado inmobiliario español, especialmente en el segmento de viviendas vacacionales. Promotoras como Taylor Wimpey España han observado un significativo aumento del 48% en las operaciones de compraventa de estas propiedades durante el segundo trimestre del año, en comparación con el primero. Este fenómeno no solo refleja un patrón repetido en los últimos dos años, sino que también pone de manifiesto el creciente papel de los compradores españoles en este mercado.

El Colegio de Registradores ha confirmado que más de 21.000 viviendas ya cuentan con el número de registro pertinente para poder ejercer como actividad de alquiler turístico en las plataformas digitales a partir de julio, cuando el Gobierno ha decidido poner en marcha el Registro único de arrendamientos de corta duración, que incluye, además de los pisos turísticos, a los alquileres de temporada o por habitaciones. Las solicitudes serán ahora más exigentes tras los cambios en la Ley de Propiedad Horizontal, que exige la autorización expresa de la comunidad de propietarios para poder dedicar una vivienda como alquiler turístico.

El Gobierno de Canarias y la plataforma Airbnb han suscrito un acuerdo para detectar y retirar la oferta de alquiler turístico que incumpla la normativa en el archipiélago. Ambos han emitido un comunicado en el que señalan que esta iniciativa afectará también a tiendas de campaña, furgonetas campers, yurtas y barcos por ser "manifiestamente irregular" con la normativa del Ejecutivo insular. Cualquier nuevo anuncio deberá contar con un número de registro. Airbnb ha retirado en tres semanas más de 150 anuncios que no cumplían con la regulación.

La Ley de Propiedad Horizontal ya permite oficialmente a las comunidades de vecinos decidir sobre la apertura de nuevas viviendas de uso turístico en el edificio. La medida busca empoderar a los residentes frente a la expansión de estos alquileres, que tendrán que dar el visto bueno expreso a la instalación de esta actividad económica. El Gobierno ya tiene listo el registro para los alquileres de corta duración, ya en vigor y que estará disponible a partir de julio, para combatir el fraude. Paralelamente, Madrid ha lanzado el Plan Reside, prohibiendo las viviendas turísticas en edificios residenciales del centro de la capital.

En los últimos días, dos sociedades inmobiliarias que cotizan en BME Growth (antiguo MAB) han anunciado la venta de activos residenciales. Vbare, por ejemplo, ha traspasado dos edificios ubicados en la capital de España y 12 viviendas situadas en el municipio madrileño de Móstoles. Mientras, Elaia ha traspasado más de un centenar de pisos turísticos en Porto Colom (Mallorca). Ambos vehículos de inversión han aprovechado las ventas para amortizar los préstamos que gravaban los inmuebles.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy al frente, ha identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid, por lo que ha pedido al Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida que inste a eliminar los anuncios en plataformas online de viviendas

El Gobierno de Canarias ha defendido la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas contra el informe emitido por Competencia (CNMC), en el que avisa al Ejecutivo insular de que la limitación que se quiere imponer a esta actividad económica puede acabar con la propia actividad y provocar que se convierta en algo residual. La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, defiende que el estudio del organismo no aborda correctamente la realidad de las islas y se centra solo en criterios de mercado, dejando de lado el derecho a la vivienda, la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad del territorio.

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona ha alertado de que el modelo de regulación y control de pisos turísticos en la capital catalana está en riesgo, a pesar de llevar más de una década en vigor, haber servido de ejemplo a otras ciudades y haber estabilizado el número de licencias en unas 10.000 unidades. Según Apartur, es un sector "ordenado y contributivo", por lo que cree que la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de eliminar todas las licencias de viviendas turísticas en la ciudad a finales de 2028 "sería contraproducente y haría resurgir la oferta fraudulenta".

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado iniciar la tramitación parlamentaria de la ley de alquiler vacacional tras rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos Socialista y Vox. La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario (CC y PP), Jessica de León, ha remarcado que existe una fuerte demanda de pisos turísticos en el archipiélago y aunque ha defendido el derecho a la propiedad privada, también ha destacado que las administraciones deben trabajar para evitar la especulación y dar seguridad jurídica a los ciudadanos.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del PP del Congreso de los Diputados contra las restricciones legales a la vivienda de uso turístico que aprobó el Parlament de Cataluña a finales de 2023. Los magistrados consideran que la norma "no vulnera los límites formales ni materiales de la legislación de urgencia" y "es conforme con la protección constitucional de la propiedad privada, la autonomía local, la tutela judicial efectiva, la igualdad y la seguridad jurídica". También afirman que la ley es "necesaria" y proporcionada para evitar daños en el entorno urbano.

La empresa de apartamentos turísticos Limehome avanza en sus planes de expansión en España, que ya se ha convertido en su mercado clave fuera de Alemania. En el mercado doméstico ya dispone de 1.600 unidades firmadas, de las cuales 650 ya están operativas, repartidas entre 12 ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. En los próximos meses espera ampliar su cartera en estas ubicaciones y entrar en nuevos mercados como Pamplona, Córdoba, Bilbao, Alicante y Almería. En Europa, tiene apartamentos en 150 ciudades.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital para la recogida y el intercambio de datos sobre servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, donde se encuentran los apartamentos de uso turístico, los alquileres de temporada o los de habitaciones. Todos ellos tendrán un número de registro para poder operar en las plataformas digitales. Entrará en vigor en 2025, pero se establece un periodo de transición hasta el 1 de julio para que empresas y administraciones se adapten a la norma.

El Govern balear ha adelantado sus primeras propuestas de contención de la saturación turística, entre la que destacan la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en junio, julio y agosto; la creación de un nuevo impuesto a los vehículos vacacionales y la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas plurifamiliares. Además, también plantea incrementar las sanciones hasta los 500.000 euros para frenar la oferta ilegal. El Ejecutivo capitaneado por la popular Marga Prohens, que gobierna en minoría, tendrá que negociar las medidas con las demás fuerzas políticas.

El Tribunal Supremo ha resuelto que solo las comunidades de propietarios pueden prohibir los pisos turísticos si así lo establecen de forma expresa en sus estatutos. En su sentencia, los magistrados aclaran que la mera mención del uso del inmueble no basta para limitar el destino de los pisos, sino que debe existir una prohibición clara y precisa. Este fallo llega tras un caso en el que una comunidad de vecinos de Madrid intentó declarar ilegal el alquiler turístico de una vivienda, acogiéndose al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, pero el Supremo ha fallado a favor del propietario del inmueble.