pisos turísticos

La comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona ha acordado considerar la creación de una unidad exclusivamente dedicada a controlar pisos y establecimientos turísticos de la ciudad. La propuesta ha sido planteada por los Comunes y ha salido adelante con el respaldo de PSC, Junts y ERC, y mientras que PP y Vox han votado en contra. Los partidos que apoyan la iniciativa defienden que sería una herramienta para combatir la proliferación de pisos turísticos ilegales y regularizar puestos de trabajo dotándolos de "más calidad".

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha afirmado que los gastos destinados a obsequios para huéspedes de alquileres turísticos, como snacks o bebidas, son deducibles en el IRPF. Dependiendo de si el propietario cuenta con un empleado a jornada completa para la gestión del alquiler, estos ingresos tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como rendimiento de actividades económicas o del capital inmobiliario. En cualquiera de los escenarios, es posible deducir los gastos necesarios para la generación de estos ingresos.

El número de plazas de viviendas de uso turístico (VUT) de diez ciudades españolas supera su oferta hotelera total, destacando Málaga, Valencia o Alicante, según un informe de Exceltur sobre las 25 ciudades con mayor volumen de plazas turísticas en 2024. En concreto, además de las ya mencionadas, las siete ciudades restantes son Sevilla, Granada, Córdoba, Las Palmas, Santander, Gijón y Murcia.

La eliminación de las viviendas de uso turístico en Barcelona podría poner en riesgo una contribución económica de 1,9 millones de euros al PIB de la ciudad y más de 40.000 empleos, según un informe de PwC presentado en el Colegio de Economistas de Catalunya. El análisis, impulsado por Apartur, subraya el peso de estos alojamientos, que representan el 38% del turismo en la ciudad, y alerta de sus efectos colaterales en sectores como la restauración, el comercio y la cultura. Además, el estudio refuta el vínculo entre los pisos turísticos y el aumento del precio de los alquileres, mientras expertos advierten de un posible encarecimiento del turismo y limitaciones para eventos clave.

La socimi Orinoquia, controlada por la familia venezolana Capriles, ha sellado la venta de un edificio en el centro de Málaga. En concreto, se trata de un inmueble de 874 m2 situado en el número 22 de la Plaza de la Merced, en el centro de la ciudad andaluz, que fue construido a finales del siglo XIX por el arquitecto Jerónimo Cuervo y que en los últimos años ha sido rehabilitado. Actualmente, incluye 10 apartamentos de uso turístico y un local comercial y está operado por el grupo Welcomer. El comprador es Bukhowa International Investments, un 'family office' de Bahréin, que ha firmado su primera inversión en España.

La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de pisos turísticos por no retirar anuncios de alojamientos que se publicitan sin licencia. Según la normativa, las prácticas que se están investigando al respecto pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. La Dirección General de Consumo examinará a las empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas CCAA y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, explica el Ministerio.

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), junto con la Asociación Europea de Viviendas Vacacionales (EHHA, por sus siglas en inglés), ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra el Decreto Ley 3/2023 de la Generalitat de Catalunya, que regula el uso turístico de las viviendas en la comunidad autónoma y contempla la extinción de licencias. El sector argumenta que la norma infringe hasta seis apartados de la normativa comunitaria, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales y otras leyes europeas, y reclama su corrección por "por desproporcionada y discriminatoria".

El Ayuntamiento de Granada ultima los preparativos para la suspensión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico con el inicio de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente para acotar zonas saturadas. La alcaldesa, Marifrán Carazo, espera poder incluir en el orden del día del pleno municipal de diciembre pueda incluirse en el orden del día la modificación, lo que supondrá automáticamente la suspensión de nuevas licencias en todo el término municipal. Según un informe externo. los distritos Centro y Albaicín y los barrios de Fígares y San Ildefonso registran la mayor concentración de este tipo de alojamientos.

La plataforma de alquileres de corta duración amplía su espacio en Reino Unido permitiendo a inquilinos con contratos de alquiler de vivienda habitual la posibilidad de subarrendar la casa para alquiler turístico, con el beneplácito del propietario. Airbnb ya se asoció en 2022 con Greystar, el mayor propietario de viviendas en EEUU, y ahora llega a unos 1.500 pisos del gigante estadounidense en Londres. Los inquilinos de larga estancia actuarían como anfitriones en Airbnb y tendrían que negociar con el propietario los días al año que pueden arrendar y un porcentaje de las ganancias, entre un 10% y un 25% de los beneficios.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido que el cambio legislativo para poder establecer un impuesto a las pernoctaciones en viviendas turísticas. De la Torre ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir disponer de un marco jurídico que permita establecer un impuesto a las pernoctaciones en las viviendas turísticas y que se destinaría a subvencionar los alquileres de familias que por su situación económica o social les resulte muy difícil acceder a una vivienda.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha confirmado que el Ministerio trabaja en un real decreto sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT), un reglamento de desarrollo que "intente regularizar la situación" y primar el uso residencial sobre el turístico. la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, ha comentado que solo el 10% de los ayuntamientos españoles tienen un problema de "desbordamiento" con la recepción de turismo.

La promotora Monthisa completa la rehabilitación de un inmueble histórico en la calle Montera, un proyecto que arrancó en 2022 y que culmina con su venta a un inversor privado. La operación refuerza el atractivo del centro de Madrid como epicentro turístico y comercial. La reforma, que incluyó la consolidación estructural y la renovación de la fachada, adaptó el inmueble a los usos modernos. Hoy, el edificio alberga 19 viviendas turísticas gestionadas por el Grupo Numa y un área comercial de 1.000 m2, ocupada por la cadena de souvenirs Stamp.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado su plan para impulsar la vivienda asequible y la fórmula de 'coliving' en la capital y mejorar la regulación para frenar la expansión de pisos turísticos. Se trata del Plan RESIDE, que busca entre otras cosas acabar con la pérdida de población en el centro de la capital y aumentar la oferta residencial. Para ello, se prohíben los pisos turísticos en edificios de viviendas del centro, incluso en plantas bajas, y se establecen incentivos para convertir edificios de uso terciario en residenciales, incluyendo ventajas como el aumento de su edificabilidad. La nueva norma podría entrar en vigor en agosto de 2025.

El Ayuntamiento de Florencia ha aprobado un plan para el turismo sostenible y una ciudad habitable que contiene 10 puntos para promover "medidas para gestionar el impacto físico, social y medioambiental del turismo".

Airbnb ha planteado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la posibilidad de permitir a los anfitriones locales alquilar de forma ocasional en el centro de la ciudad, calificando de "injustificado" el plan del Ayuntamiento que busca restringir los alojamientos turísticos en el distrito. De acuerdo con la empresa, la medida, que pretende prohibir viviendas turísticas dispersas en edificios, afectaría injustamente a quienes se benefician a la economía local.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha mostrado este miércoles su preocupación por la posible confusión entre viviendas de uso turístico (VUT) y apartamentos turísticos (AT) tras el anuncio del Gobierno de una posible subida del IVA al 21% para estas viviendas turí

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) prevé que España podría aplicar un IVA del 21% a los alquileres turísticos, independientemente de si ofrecen o no servicios hoteleros. Actualmente, estos alquileres están exentos de IVA y sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) cuando no incluyen servicios complementarios propios de la industria hotelera, como lavandería y limpieza diaria.

La mitad de los hoteles y apartamentos turísticos en España se sumarán a la campaña de Black Friday y Cyber Monday de este año con descuentos del 30% de media, un porcentaje similar al de 2023, según un comunicado de eBooking.En cuanto al volumen de reservas, la plataforma 'online' señala que estas

Limehome, empresa de apartamentos turísticos alemana, continúa su expansión en Galicia con la firma de dos nuevos proyectos en Ourense y la apertura de otro establecimiento en Santiago de Compostela tras una reforma integral. En el primero, se sumarán 31 nuevos apartamentos en la capital orensana, distribuidos en dos edificios de 18 y 13 unidades, respectivamente, y se espera que comiencen a operar a finales de 2025. Mientras, los 21 apartamentos de Santiago se encuentran en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. El objetivo es llegar a las 400 unidades en Galicia, y que se unan a los más de 7.600 apartamentos en 136 ciudades diferentes de toda Europa.

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha impuesto siete sanciones por valor de 80.000 euros cada una a siete pisos de alquiler turístico ilegal en un edificio de Palma. El importe total de las multas por dedicarse a esta actividad sin disponer de licencia asciende a 560.000 euros. Según el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, el régimen sancionador tiene como objetivo impulsar el cese de actividades ilegales, proteger a los residentes y garantizar la seguridad jurídica de toda la oferta legal en el sector turístico.

El Grupo Socialista ha presentado varias enmiendas al proyecto de ley para crear un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales que incluyen cambios fiscales. Entre ellos, transformar el actual tributo a los beneficios extraordinarios de los bancos, la puesta en marcha de un gravamen a los vapeadores, endurecer la fiscalidad del tabaco, subir la tributación de las rentas del capital o gravar el IVA a plataformas de alquiler turístico como Airbnb. El impuesto a las energéticas, no obstante, dejará de aplicarse a finales de año, pese a la oposición de Sumar, Bildu y ERC.

Los consejeros de Turismo de las autonomías gobernadas por el PP han pedido al ministro de Industria, Comercio y Turismo, Jordi Hereu, que inste al Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez a paralizar la tramitación urgente del proyecto de real decreto que contempla la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que supone la regulación de los alquileres de corta estancia, entre los que se encuentran los alojamientos turísticos. Además, piden abordar el complejo fenómeno de las viviendas de uso turístico en una Conferencia Sectorial de Turismo y advierten que el real decreto puede vulnerar competencias autonómicas.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, confía en que el nuevo registro de viviendas vacacionales y de temporada que ha anunciado el Gobierno otorgue "mayor transparencia al mercado". Así lo ha manifestado durante la Comisión de Industria y Turismo del Congreso celebrada esta semana, e

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha impulsado la modificación de Plan General (PGOU) para prohibir o limitar la implantación de nuevas viviendas turísticas en determinados barrios de la ciudad en base al diseño de una zonificación de la ciudad. A partir de la entrada en vigor de esta modificación, habrá 43 barrios de la ciudad en los que no podrán darse de alta nuevas viviendas turísticas. En otros 328 barrios, solo podrán darse de alta las viviendas turísticas que tengan entrada y servicios independientes.