Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha confirmado la indemnización de 5.732 euros a una vecina de Madrid por los perjuicios derivados de la instalación del ascensor comunitario. En concreto, la comunidad permitió que la instalación del ascensor ocupara parte de la ventana del dormitorio de la vecina, privándola de su derecho de luces y vistas. El alto tribunal estima que las nuevas instalaciones en una comunidad no son un derecho absoluto de la comunidad, aunque haya mayoría exigida de vecinos para su instalación.

El Tribunal Supremo no permite deducir en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) deudas de IRPF de ejercicios anteriores que se liquidaron con posterioridad. Es el caso, por ejemplo, de un ciudadano que quiso deducir en el IP de 2013 deudas del IRPF de 2011, 2012 y 2013 que no le fueron liquidadas y exigidas hasta 2017. Es decir, sólo se podrán deducir las deudas correspondientes al ejercicio en que se notifiquen. Esto mismo se puede aplicar también al nuevo impuesto a las grandes fortunas (Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas), que grava también el patrimonio neto del contribuyente.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Pero ha denegado la petición de suspender cautelarmente esta norma impugnada. La Junta estima que se vulneran varios derechos de la Constitución: el principio de seguridad jurídica o el principio de lealtad constitucional e institucional.  

El Tribunal Supremo tiene otro asunto entre manos sobre el que decidir: si es posible solicitar la devolución exprés de ingresos indebidos por el IBI o la plusvalía municipal, como consecuencia de errores en el Catastro. Muchos son los contribuyentes que se encuentran con errores en el valor catastral de inmuebles de su propiedad. La duda es si obtenida de Catastro una resolución favorable que reconozca el error, es posible pedir directamente la devolución de liquidaciones firmes de IBI o de plusvalía, o si es necesario iniciar un procedimiento especial de revisión ante la firmeza de dicha liquidación.

El Tribunal Supremo ha establecido que exigir un tributo en el mismo ejercicio en que entre en vigor su ley reguladora no vulnera el principio de irretroactividad, siempre que su periodo impositivo sea el año natural, que se devengue el último día de dicho año y que su entrada en vigor haya sido anterior a la fecha de devengo. Es el caso del impuesto a las grandes fortunas, que entró en vigor el 29 de diciembre de 2022 y que su devengo se fijó el 31 de ese mismo mes.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha determinado que un interés de casi el 15% en un préstamo hipotecario no es usurero, al estimar que el prestamista no es una entidad de crédito, según una sentencia emitida el pasado 15 de febrero. En concreto, indica que es erróneo comparar el tipo del préstamo con el que aplican las entidades de crédito.

La famosa sentencia del Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021 en la que declaraba ilegal el sistema de cálculo de la plusvalía municipal sigue dando que hablar. ¿Por qué? Por la limitación de efectos que impuso para recurrir este impuesto, un hecho que va contra los derechos de los contribuyentes. Ahora el Tribunal Supremo tiene sobre la mesa aclarar qué quiso decir el Constitucional con la imposibilidad de revisar las liquidaciones de la plusvalía municipal “no recurridas” antes del 26 de octubre de 2021. En concreto, se han admitido a trámite tres Autos que decidirán cómo cuadrar la limitación de efectos de la sentencia del Constitucional, con el cumplimiento de la legalidad ordinaria, cuyo guardián y garante es el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo acaba de sentar jurisprudencia sobre el denominado listado de morosos del artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, a través de cuatro recursos de casación deliberados el pasado 17 de enero. Considera que sólo pueden ser incluidas en estas listas aquellas personas físicas o empresas que ostenten la condición de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias firmes.

El Tribunal Supremo ha fallado que debe ser la Administración quien justifique el valor que asigna a los inmuebles para determinar la cuota a pagar de impuestos, como el de transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD), y no el contribuyente. Por ejemplo, en la compra de una vivienda, el contribuyente liquida el ITP en base al precio pagado, pero la Administración puede determinar otro valor superior. El Supremo dice que Hacienda debe justificar su valoración y la causa de la discrepancia de precios.

Donde dije digo, digo Diego. Esta locución se puede aplicar al Tribunal Supremo que en apenas dos años ha dictado una doctrina y luego la contraria y en contra de los intereses de los ciudadanos. El alto tribunal señala ahora que los intereses de demora que se cobren de Hacienda tras haberle ganado en los Tribunales tributan en el IRPF. Es decir, el contribuyente que gane a Hacienda en los tribunales deberá tributar por esas ganancias.

El Tribunal Supremo despejará en breve la incógnita sobre la fecha a partir de cuándo limitar los efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional, que tumbó el sistema de cálculo de la plusvalía municipal. La clave es saber si se limita a la fecha del dictado de la sentencia (26 de octubre de 2021) o la fecha de publicación de dicha sentencia (25 de noviembre de 2021). Muchos han sido los contribuyentes que han solicitado la devolución de la plusvalía tras conocerse su inconstitucionalidad y que se encuentran en un limbo.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que quienes vendan la nuda propiedad de su vivienda no podrán disfrutar de la exención por reinversión en vivienda habitual en el IRPF por considerar que la casa debe haber constituido la residencia habitual durante al menos tres años y debe haber estado en el pleno dominio del propietario. Así lo ha rechazado en una sentencia del pasado 12 de diciembre de 2022.

En muchas situaciones de la vida, los contribuyentes pueden ser declarados responsables solidarios de deudas tributarias que no deberían serles imputables, pero así se contempla en el artículo 42.2 de la Ley General Tributaria (LGT). Uno de los casos más comunes es el de la donación de inmuebles a familiares, cuando Hacienda considera que ha habido fraude por atacar su derecho a cobrar una deuda tributaria. ¿Qué hace el fisco? Exige la deuda al que ha recibido la casa, al donatario. Pero ahora el Supremo permite anular por prescripción muchas de estas declaraciones de responsabilidad solidaria.

El Tribunal Supremo ha rechazado anular la licencia de obras de hotel de Azata del Sol en El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Así, deja en manos del Ayuntamiento de la localidad almeriense que revise el permiso municipal, por lo que tendrá que ser el propio consistorio el que inicie el procedimiento de oficio para dejarla sin efecto y propiciar la demolición del inmueble.  

El Tribunal Supremo tiene otro asunto de máxima actualidad sobre la mesa: decidir si es posible aprobar impuestos, como el de las grandes fortunas, con efectos retroactivos. Este tributo supondrá un gravamen complementario al Impuesto sobre el Patrimonio para aquellos contribuyentes propietarios de bienes y derechos por importe de más de 3 millones de euros. En la actualidad, ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados, pero se encuentra en el Senado para completar su curso en Las Cortes.

El Tribunal Supremo acaba de resolver un caso relacionado con el contrato de arrendamiento y la prórroga forzosa del alquiler por covid-19. El alto tribunal considera que, una vez el contrato ha vencido y el arrendador ha comunicado su voluntad de no renovarlo, no es posible acogerse a la prórroga forzosa extraordinaria con motivo de la pandemia. Motivo por el que el inquilino debe abandonar la vivienda y no hay posibilidades de que prorrogue el contrato en contra de la voluntad del propietario.

El estado de alarma provocado por el covid-19 en marzo de 2020 provocó no sólo dolor personal, sino también empresarial. Muchas pymes se vieron obligadas a cerrar, por lo que incurrieron en pérdidas. Pero pese a las pérdidas el pago de impuestos como el de Actividades Económicas (IAE) no se suspendió. Ahora este asunto ha llegado hasta el Tribunal Supremo que ha admitido a trámite un recurso del Ayuntamiento de Santander contra una empresa relacionada con la hostelería y en el que debe decidir si durante la declaración del estado de alarma se produjo el hecho imponible del IAE.

Jarro de agua fría para los contribuyentes. El Tribunal Supremo ha declarado que sí tributa en el IRPF la disolución de una comunidad de bienes, o lo que es lo mismo, de la venta por parte de uno de los propietarios de parte de la vivienda y que el que se queda con la casa compensa en metálico al otro. Es una operación muy habitual tras un divorcio o cuando se compró una casa propiedad de varias personas y se quiere dividir y adjudicar a uno de ellos. Ahora el Alto Tribunal ha dictaminado que en esta operación el que no se queda con el inmueble y recibe una compensación en metálico, debe tributar en el IRPF.

El Tribunal Supremo ha resuelto el caso de un contribuyente que autorizó la entrada en su domicilio a Hacienda, que previamente le entregó un anexo informativo explicativo de los derechos y obligaciones que tenía, pero donde no se le informaba de la posibilidad de negarse. Ahora el alto tribunal da un paso atrás en la defensa de los derechos y garantías que los contribuyentes tienen frente a Hacienda, ya que rebaja los requisitos del consentimiento que debe prestar el ciudadano. Es decir, en el caso resuelto no ve problema en el hecho de que la Inspección no advirtiera expresamente al contribuyente de su derecho a negar la entrada a su vivienda.

El Tribunal Supremo vuelve a poner contra las cuerdas a Hacienda al establecer que es posible la deducción de los gastos financieros, como los intereses de los préstamos, en el Impuesto de Sociedades. El Alto Tribunal deja claro que no es posible deducirse los gastos acreditados y contabilizados cuando constituyan donativos. Pero sí serán deducibles los gastos efectuados con clientes, proveedores o los realizados para promocionar la venta de bienes y prestación de servicios.

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de un particular que interpuso un recurso para pedir a un ayuntamiento la devolución del impuesto de plusvalía, al considerar que esta liquidación "es inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de las normas legales de cobertura". Así, esta sentencia va a facilitar las devoluciones a aquellos que solo impugnaron la inexistencia de ganancia con la venta de un inmueble sin hacer alusión a la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible de este impuesto.

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de unos compradores de vivienda de segunda mano que reclamaban a la promotora inmobiliaria de sus edificios una serie de indemnizaciones por no casar los materiales finales con los especificados en las memorias de calidades. La sentencia, del pasado 22 de junio, responde a un recurso de casación sobre unas discrepancias en torno a una promoción que Acciona Inmobiliaria y Realia construyeron entre 2004 y 2006 en Gran Canaria.

Dos sentencias del Tribunal Supremo han declarado que el síndrome del túnel carpiano es una enfermedad profesional, en respuesta a sendas demandas interpuestas por CC.OO. en Euskadi.

El Tribunal Supremo reconoce el efecto retroactivo de la nulidad de las sanciones por parte de Hacienda a particulares que no han declarado sus bienes y derechos situados en el extranjero, el conocido como modelo 720. Así, considera, al igual que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el régimen sancionador vulnera las obligaciones que le incumben a España y lesionan la libre circulación de capitales, dado que tales sanciones resultan "desproporcionadas" respecto a las sanciones previstas en un contexto puramente nacional.

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido por carencia de la "más mínima credibilidad" la querella presentada por el despacho de abogados Arriaga Asociados contra cuatro magistrados de la Sala Primera del alto tribunal a los que acusaban de delitos de prevaricación y de coacciones en relación al dictad