Vivienda pública

Jorge Ginés, secretario general de Asprima, reflexiona sobre la manipulación de relatos en la actualidad, especialmente en el ámbito de la vivienda, donde la desinformación prevalece en un contexto de confusión entre la realidad y la verdad. Ginés critica que la percepción errónea de la vivienda como un problema de mercado y no político afecta a las nuevas generaciones. Propone revertir el paradigma mediante una gestión eficiente y la promoción de una oferta real de vivienda como solución a los desafíos habitacionales. Finalmente, urge a la necesidad de contar relatos verdaderos y positivos que reflejen la realidad del sector privado en la construcción de vivienda.

La nueva promotora y gestora pública de vivienda que nacerá de la actual Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) será una realidad dentro de medio año. Según ha explicado Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ese es el plazo estimado para incorporar a la nueva empresa pública todo el patrimonio del Estado, elaborar un plan estratégico y crear un portal de gestión para que los ciudadanos puedan solicitar una vivienda. Rodríguez también ha asegurado que espera que el Ayuntamiento de Madrid de luz verde definitiva en febrero a la Operación Campamento de Madrid, el mayor desarrollo en suelo público y donde está prevista la construcción de unas 10.700 viviendas asequibles.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en que España necesita un nuevo modelo de política de vivienda, para lo que el Gobierno está trabajando en la nueva empresa pública de vivienda, que servirá para blindar la oferta pública de manera permanente para asegurar precios asequibles, sobre todo en alquiler. Rodríguez ha recordado que esta empresa será el resultado de fortificar y dar más funciones a Sepes, y que sus primeras viviendas serán las más de 430 unidades que se proyectan en el antiguo cuartel de ingenieros en Valencia. La ministra ha insistido en recuperar el proyecto de la reforma de la Ley del Suelo para crear seguridad jurídica en el sector.

La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), ha cerrado su mejor año comercial de los últimos 15 años, superando los 83,8 millones de euros en ventas de suelo tanto industrial como residencial. Las ventas de superficie neta en 2024 se concretan en más de 1,7 millones de metros cuadrados, que se traducirán en la instalación de más de 180 empresas, entre las que hay multinacionales. La operación más significativa del año ha sido la venta de 190 hectáreas de suelo industrial en Talavera de la Reina por 20,6 millones de euros para la instalación de un gran centro de datos de la multinacional Meta.

La asociación española de gestores públicos de Vivienda y Suelo (AVS) ha pedido en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados el establecimiento de un régimen jurídico específico para las viviendas públicas. El presidente de la AVS, José María López Cerezo, ha anunciado que presentarán una serie de iniciativas legislativas para la modificación de códigos y leyes para facilitar la promoción pública de vivienda, así como la promoción privada de viviendas asequibles, para lo que ha pedido el apoyo de los grupos políticos.

El Tribunal Supremo ha reconocido por primera vez en una sentencia el derecho a compra de los pisos vendidos en 2013 por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, en la época de Ana Botella en la alcaldía, a Fidere (sociedad de Blackstone). En la resolución, el alto tribunal desestima el recurso de casación de la compañía y se muestra conforme con el derecho de retracto de los inquilinos, que podría afectar a un centenar de inquilinos, según el letrado que ha demandado. La socimi ya ha anunciado que recurrirá el fallo al considerar que ha habido un error de interpretación de las escrituras.

Nuevo choque de pareceres entre los socios de Gobierno. El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, ha criticado la "disonancia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar una nueva empresa pública de vivienda mientras se está privatizando la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que gestiona cerca de 16.000 viviendas. Sumar ya ha retado al PSOE a plasmar en los Presupuestos Generales del Estado la nueva empresa pública de vivienda.

Culmia, plataforma líder en la gestión de proyectos residenciales en España, ha obtenido la adjudicación de tres parcelas en Esplugues de Llobregat, Barcelona, en régimen de derecho de superficie para la promoción, construcción y gestión de viviendas protegidas en alquiler. Estas 402 viviendas forman parte del plan de regeneración urbana ARE Montesa, enfocado en transformar una antigua zona industrial en un moderno barrio residencial y terciario.

La Xunta de Galicia ha anunciado la puesta en marcha de una sociedad de vivienda pública que será la encargada de construir una parte de los 2.300 nuevos inmuebles que promete desarrollar el Gobierno autonómico en esta legislatura. En concreto, la sociedad nace de la escisión de la entidad Xestur con el fin de separar la gestión de la vivienda y del suelo residencial del industrial. En 2025, el Ejecutivo gallego destinará 240 millones de euros a políticas de vivienda, una partida histórica, y ofrecerá ayudas al alquiler, la rehabilitación o la emancipación juvenil.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, se ha comprometido a impulsar la construcción de 50.000 viviendas públicas en Cataluña hasta 2030, con una inversión anual de 1.100 millones de euros. Se trata de un proyecto ambicioso que tiene como objetivo acabar con el problema de la escasez de vivienda en especial en la comunidad. En líneas generales, los expertos inmobiliarios ven alentadora, necesaria y positiva esta medida anunciada, pero ponen en duda su viabilidad, y hablan de la “escasez de suelo para edificar”.

El acceso a una vivienda es uno de los principales obstáculos de los jóvenes en España. Un problema que no solo se ciñe a tener una propiedad o una vivienda de alquiler. Va más allá y, para Luis Corral, CEO de Foro Consultores, condicionará la estructura demográfica y el crecimiento económico futuro de nuestro país. En su opinión, la realidad es que entre 2015 y 2023 el precio de la vivienda ha subido de media en nuestro país un 47% y el alquiler, un 58%, según datos de idealista y el INE, es decir, han crecido el doble que los salarios. Los jóvenes no pueden comprar, con lo que alquilan y esto se convierte en una trampa porque no pueden ahorrar para comprar. Para Corral la solución es la vivienda protegida, con lo que la solución está en manos de las Administraciones.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reivindicado este jueves la financiación, la regulación y la colaboración público-privada como instrumentos para generar vivienda pública en España. Para ello ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas "para que este esfuerz

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya avanzó que la vivienda será una prioridad clave para el próximo ciclo político. Ahora, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Promoción de Modo de Vida, Margaritis Schinas, ha agregado que, por primera vez, Bruselas pondrá en marcha una iniciativa europea de vivienda asequible con un plan para abordar los factores estructurales de la crisis de la vivienda junto a los Estados miembros. Se plantea ofrecer más inversión al sector de la construcción y reforzar la oferta, junto al Banco Europeo de Inversiones (BEI), o duplicar las inversiones previstas de la política de cohesión en viviendas asequibles.

Singapur ha implementado nuevas restricciones sobre la vivienda pública mientras el Primer Ministro Lawrence Wong intenta frenar el aumento de los precios, un problema que podría generar tensiones políticas en las próximas elecciones. Entre las medidas anunciadas está la reducción del porcentaje máximo de financiación que se puede obtener para adquirir vivienda pública, con el objetivo de garantizar un mercado inmobiliario más "estable y sostenible", según indicó un comunicado conjunto del Ministerio de Desarrollo Nacional y la Junta de Vivienda y Desarrollo.

El nuevo decreto de Viviendas de Protección Pública (VPP) en la Comunitat Valenciana incluirá la obligación de una reserva mínima del 40% de las nuevas viviendas, tanto públicas como privadas, a los menores de 35 años y a las familias monoparentales. Además, se apuesta por la colaboración público-privada, se fijan distintos niveles de protección para los inmuebles y se introduce un sistema para fijar precios máximos con un módulo de actualización anual.

Más Madrid propondrá en el Pleno de Cibeles que se celebrará este martes una tasa turística de 3 euros para dejar en la ciudad 65 millones de euros anuales y destinarlos a la construcción de vivienda pública, a la promoción de alquileres asequibles y a la rehabilitación. Lo ha adelantado en rueda de prensa la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, acompañada por la portavoz en Hacienda, Sara Ladra. La jefa de la oposición ha remarcado que Más Madrid no forma parte de ese consenso que defiende que "cuanto más turismo mejor", modelo cuyas consecuencias se están viendo ahora "en Baleares o Canarias, donde la población está diciendo 'basta ya'".

Barcelona mantiene su compromiso con la producción de nuevas viviendas públicas con el objetivo de ampliar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda a familias que lo necesitan. Este fin de semana ha concluido la promoción de un nuevo bloque de 72 viviendas en el barrio de la Marina del Prat Vermell, en el distrito de Sants-Montjuïc, con la entrega de las llaves a las familias adjudicatarias. Las obras de esta promoción se iniciaron en mayo de 2021 y han supuesto una inversión de 11,1 millones de euros.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó esta familia con un menor contra la sentencia del TSJ de Andalucía que revocó un auto de desahucio en una vivienda de promoción pública ilegalmente ocupada para acordar suspenderlo mientras estuviera en vigor el estado de alarma. La sentencia señala que ocupar ilegalmente una vivienda pública puede perjudicar a quienes realmente están en situación más desfavorable.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que en 20 años se alcanzará el objetivo de conseguir el 20% de vivienda pública en España. La ministra ha admitido que España parte de un 3% de vivienda pública, una situación "dramática" que hace que el objetivo sea "ambicioso". Sánchez ha responsabilizado de ese punto de partida a las políticas de liberalización de suelo del Partido Popular, así como a la venta de vivienda pública a los fondos.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès y Garcia, ha anunciado que el gobierno catalán aumentará su parque de VPO con la incorporación de 10.000 nuevas viviendas al parque de alquiler social de Cataluña en los tres próximos años. Esto se llevará a cabo a través de diferentes líneas de actuación y supondrá un crecimiento del 18%" respecto al parque actual, cifrado en 55.000.

La Comunidad de Madrid permitirá a los ayuntamientos de la región construir vivienda pública en suelo público dotacional en desuso para su posterior alquiler sin necesidad de realizar antes una modificación del planeamiento urbano local. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha destacado esta novedad normativa incluida en la Ley Ómnibus durante su participación en un encuentro organizado por la asociación Women In Real Estate Spain (WIRES).

La política de vivienda social de la capital austriaca sirve de inspiración a otras ciudades, en un momento en el que sufren un aumento de los precios de los arrendamientos ante una demanda que supera con creces a la oferta. El parque público de alquiler en Viena, el mayor de Europa, cumple 100 años registrando altos datos de asequibilidad y calidad, y con el objetivo futuro de mantener los precios y el acceso a las nuevas familias.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha defendido que ya ha cumplido o está en proceso de formalizar el cumplimiento del 98% de los compromisos adquiridos para esta legislatura, incluidos los del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pactados con la Comisión Europea. Entre las principales actuaciones en vivienda están el desbloqueo de la Operación Campamento en Madrid, la firma de convenios para levantar 17.000 viviendas o los 1.889 millones destinados a rehabilitación residencial.

El Ejecutivo quiere incluir en la Ley de Vivienda, que podría superar el trámite parlamentario antes de final de año, un veto que impida a las comunidades autónomas vender vivienda pública, con el fin de que mantengan todos los inmuebles que promuevan y puedan crear un gran parque residencial público para atender las necesidades de las familias vulnerables y con rentas bajas. Esta propuesta parte de Podemos y el PSOE estaría dispuesto a aceptarla, aunque el sector inmobiliario teme que la medida ahuyente al inversor privado.

Para vender o alquilar una vivienda de protección oficial (VPO) son posibles dos escenarios. El primero es venderla o arrendarla bajo la regulación de la administración correspondiente una vez transcurridos al menos 10 años desde la adquisición. La segunda forma es descalificarla y así poderla vender o alquilar a precio libre. Explicamos cómo y cuándo se puede llevar a cabo la operación.