Vivienda pública

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, se ha comprometido a impulsar la construcción de 50.000 viviendas públicas en Cataluña hasta 2030, con una inversión anual de 1.100 millones de euros. Se trata de un proyecto ambicioso que tiene como objetivo acabar con el problema de la escasez de vivienda en especial en la comunidad. En líneas generales, los expertos inmobiliarios ven alentadora, necesaria y positiva esta medida anunciada, pero ponen en duda su viabilidad, y hablan de la “escasez de suelo para edificar”.

El acceso a una vivienda es uno de los principales obstáculos de los jóvenes en España. Un problema que no solo se ciñe a tener una propiedad o una vivienda de alquiler. Va más allá y, para Luis Corral, CEO de Foro Consultores, condicionará la estructura demográfica y el crecimiento económico futuro de nuestro país. En su opinión, la realidad es que entre 2015 y 2023 el precio de la vivienda ha subido de media en nuestro país un 47% y el alquiler, un 58%, según datos de idealista y el INE, es decir, han crecido el doble que los salarios. Los jóvenes no pueden comprar, con lo que alquilan y esto se convierte en una trampa porque no pueden ahorrar para comprar. Para Corral la solución es la vivienda protegida, con lo que la solución está en manos de las Administraciones.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reivindicado este jueves la financiación, la regulación y la colaboración público-privada como instrumentos para generar vivienda pública en España. Para ello ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas "para que este esfuerz

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya avanzó que la vivienda será una prioridad clave para el próximo ciclo político. Ahora, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Promoción de Modo de Vida, Margaritis Schinas, ha agregado que, por primera vez, Bruselas pondrá en marcha una iniciativa europea de vivienda asequible con un plan para abordar los factores estructurales de la crisis de la vivienda junto a los Estados miembros. Se plantea ofrecer más inversión al sector de la construcción y reforzar la oferta, junto al Banco Europeo de Inversiones (BEI), o duplicar las inversiones previstas de la política de cohesión en viviendas asequibles.

Singapur ha implementado nuevas restricciones sobre la vivienda pública mientras el Primer Ministro Lawrence Wong intenta frenar el aumento de los precios, un problema que podría generar tensiones políticas en las próximas elecciones. Entre las medidas anunciadas está la reducción del porcentaje máximo de financiación que se puede obtener para adquirir vivienda pública, con el objetivo de garantizar un mercado inmobiliario más "estable y sostenible", según indicó un comunicado conjunto del Ministerio de Desarrollo Nacional y la Junta de Vivienda y Desarrollo.

El nuevo decreto de Viviendas de Protección Pública (VPP) en la Comunitat Valenciana incluirá la obligación de una reserva mínima del 40% de las nuevas viviendas, tanto públicas como privadas, a los menores de 35 años y a las familias monoparentales. Además, se apuesta por la colaboración público-privada, se fijan distintos niveles de protección para los inmuebles y se introduce un sistema para fijar precios máximos con un módulo de actualización anual.

Más Madrid propondrá en el Pleno de Cibeles que se celebrará este martes una tasa turística de 3 euros para dejar en la ciudad 65 millones de euros anuales y destinarlos a la construcción de vivienda pública, a la promoción de alquileres asequibles y a la rehabilitación. Lo ha adelantado en rueda de prensa la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, acompañada por la portavoz en Hacienda, Sara Ladra. La jefa de la oposición ha remarcado que Más Madrid no forma parte de ese consenso que defiende que "cuanto más turismo mejor", modelo cuyas consecuencias se están viendo ahora "en Baleares o Canarias, donde la población está diciendo 'basta ya'".

Barcelona mantiene su compromiso con la producción de nuevas viviendas públicas con el objetivo de ampliar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda a familias que lo necesitan. Este fin de semana ha concluido la promoción de un nuevo bloque de 72 viviendas en el barrio de la Marina del Prat Vermell, en el distrito de Sants-Montjuïc, con la entrega de las llaves a las familias adjudicatarias. Las obras de esta promoción se iniciaron en mayo de 2021 y han supuesto una inversión de 11,1 millones de euros.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó esta familia con un menor contra la sentencia del TSJ de Andalucía que revocó un auto de desahucio en una vivienda de promoción pública ilegalmente ocupada para acordar suspenderlo mientras estuviera en vigor el estado de alarma. La sentencia señala que ocupar ilegalmente una vivienda pública puede perjudicar a quienes realmente están en situación más desfavorable.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que en 20 años se alcanzará el objetivo de conseguir el 20% de vivienda pública en España. La ministra ha admitido que España parte de un 3% de vivienda pública, una situación "dramática" que hace que el objetivo sea "ambicioso". Sánchez ha responsabilizado de ese punto de partida a las políticas de liberalización de suelo del Partido Popular, así como a la venta de vivienda pública a los fondos.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès y Garcia, ha anunciado que el gobierno catalán aumentará su parque de VPO con la incorporación de 10.000 nuevas viviendas al parque de alquiler social de Cataluña en los tres próximos años. Esto se llevará a cabo a través de diferentes líneas de actuación y supondrá un crecimiento del 18%" respecto al parque actual, cifrado en 55.000.

La Comunidad de Madrid permitirá a los ayuntamientos de la región construir vivienda pública en suelo público dotacional en desuso para su posterior alquiler sin necesidad de realizar antes una modificación del planeamiento urbano local. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha destacado esta novedad normativa incluida en la Ley Ómnibus durante su participación en un encuentro organizado por la asociación Women In Real Estate Spain (WIRES).

La política de vivienda social de la capital austriaca sirve de inspiración a otras ciudades, en un momento en el que sufren un aumento de los precios de los arrendamientos ante una demanda que supera con creces a la oferta. El parque público de alquiler en Viena, el mayor de Europa, cumple 100 años registrando altos datos de asequibilidad y calidad, y con el objetivo futuro de mantener los precios y el acceso a las nuevas familias.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha defendido que ya ha cumplido o está en proceso de formalizar el cumplimiento del 98% de los compromisos adquiridos para esta legislatura, incluidos los del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pactados con la Comisión Europea. Entre las principales actuaciones en vivienda están el desbloqueo de la Operación Campamento en Madrid, la firma de convenios para levantar 17.000 viviendas o los 1.889 millones destinados a rehabilitación residencial.

El Ejecutivo quiere incluir en la Ley de Vivienda, que podría superar el trámite parlamentario antes de final de año, un veto que impida a las comunidades autónomas vender vivienda pública, con el fin de que mantengan todos los inmuebles que promuevan y puedan crear un gran parque residencial público para atender las necesidades de las familias vulnerables y con rentas bajas. Esta propuesta parte de Podemos y el PSOE estaría dispuesto a aceptarla, aunque el sector inmobiliario teme que la medida ahuyente al inversor privado.

Para vender o alquilar una vivienda de protección oficial (VPO) son posibles dos escenarios. El primero es venderla o arrendarla bajo la regulación de la administración correspondiente una vez transcurridos al menos 10 años desde la adquisición. La segunda forma es descalificarla y así poderla vender o alquilar a precio libre. Explicamos cómo y cuándo se puede llevar a cabo la operación.

Las dos principales comunidades de España concentran más de la mita de la vivienda pública en España. Madrid y Cataluña concentraron el año pasado el 50% de la licitación pública de vivienda, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

El lema de la exposición es ’40 años creando hogares, transformando Madrid’. La muestra la inaugura este viernes el alcalde José Luis Martínez-Almeida, se podrá ver en la biblioteca municipal Eugenio Trías, situada en el parque de El Retiro, entre el 10 y el 26 de septiembre y la entrada es gratuita.

El Ayuntamiento de la capital quiere iniciar la construcción de hasta 1.186 viviendas públicas destinadas al alquiler antes de septiembre, repartidas en 12 promociones y ubicadas en Vallecas, Vicálvaro y Villaverde, para lo que invertirá cerca de 180 millones de euros. Por otro lado, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha una oficina que coordine las acciones encaminadas a luchar contra la okupación de viviendas públicas y privadas.

OHL ya ha entregado las primeras viviendas del proyecto de edificación residencial que construye en régimen de colaboración público-privada en Irlanda, un contrato que se adjudicó en 2019 por 130 millones de euros y que supuso el primer proyecto de Senda Infraestructuras, su división de concesiones.

El Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (Imhab) ha adjudicado el concurso para la redacción del proyecto y posterior construcción de dos promociones que suman 135 viviendas públicas en el distrito de Sant Andreu, según un comunicado emitido por el consistorio.

Actualmente la EMVS de Madrid tiene un patrimonio de 6.291 viviendas en propiedad, con inquilinos en su interior y gestionados por la propia compañía pública. El objetivo es aumentar esta cifra durante los próximos años y acabar la legislatura con cerca de 10.000 unidades.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso de la venta de vivienda pública del Ayuntamiento de la capital a Blackstone por varios recursos presentados por la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS; por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación Causapi