Vivienda turística

La Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía ha cancelado, desde 2024, 10.266 viviendas turísticas tras las medidas de control, regulación y ordenación impulsadas por la administración autonómica en coordinación con los ayuntamientos. La provincia más afectada ha sido Málaga con 3.812, seguida de Granada (1.807 cancelaciones), Cádiz (1.352 cancelaciones), Sevilla (1.198 cancelaciones), Almería (686 cancelaciones), Córdoba (679 cancelaciones), Huelva (403 cancelaciones) y Jaén (329 cancelaciones). Además, las cancelaciones en las capitales de provincias representan el 45% del total.

El 84,5% de las viviendas turísticas en la costa española ya se encuentran reservadas para este mes de agosto, según el estudio de Rentalia, la plataforma vacacional de idealista. Supone un ligero descenso frente a los niveles del año pasado (84,9%). Las costas de Mallorca (98,4%), Menorca (94,4%), Asturias (90,9%) y Alicante (90,2%) rozan el pleno de ocupación, mientras que las reservas en las costas de Tenerife, Alicante y Gran Canaria son las que más han subido en el último año.

El Ayuntamiento de Barcelona ha mandado la nueva propuesta de convenio de colaboración a la plataforma Airbnb que contempla, entre otras medidas, que los anuncios ilegales se retiren en un máximo de 48 horas. Con el convenio anterior, lo podían hacer en un plazo de entre 10 y 15 días. La nueva propuesta también obliga a Airbnb a "controlar de forma rigurosa la legalidad de los alojamientos ofrecidos en la plataforma" y a compartir mensualmente con el Ayuntamiento los datos de los anuncios como la verificación de la identidad del anfitrión.

Las viviendas de uso turístico están en el foco de la opinión mediática y de los poderes públicos. La mayoría de las administraciones están limitándolas y endureciendo los requisitos, como es el caso de Barcelona, que incluso ha anunciado que va a prohibirlas. idealista/news ha hablado con el presidente de la Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (AVVA PRO), Juan Cubo, una de las CCAA con más alojamientos del país. "Los políticos deban dejar de desviar la atención del problema de la falta de vivienda, que en realidad está en el control del suelo y en la hiperregulación necesaria para desarrollar un proyecto inmobiliario".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la creación del “Grupo Titán”, un equipo adscrito al Cuerpo Nacional de Policía que vigilará e inspeccionará las viviendas turísticas clandestinas en la comunidad. Según Moreno, la medida responde a una demanda social y municipal para garantizar un modelo turístico más seguro, sostenible y de calidad. El Ejecutivo andaluz, que ha impugnado el Registro Único de Arrendamiento del Gobierno central, busca erradicar alojamientos ilegales mediante duras sanciones económicas a los propietarios.

El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha prohibido la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turísticas (VUT) en aquellos distritos donde superan el 10% del total del parque residencial. Según el Ejecutivo, estos apartamentos vacacionales representan más del 50% de las plazas de alojamiento turístico en la ciudad y la mayoría de ellas se concentran en cuatro únicos distritos (Ronda, Centro, Albaicín y Realejo-San Matías). Desde el Ayuntamiento han asegurado que este porcentaje puede variar en un futuro, según como afecte esta medida al mercado.

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha concedido las licencias correspondientes para levantar un edifico de seis plantas que incluirá 30 apartamentos turísticos, comercios y espacios de restauración en el barrio de El Palo. Dicho proyecto se desarrollará en un solar de 2.100 m2 situado la zona de las Cuatro Esquinas, será construido por la promotora Suba y administrado por la gestora de alojamientos turísticos Renthas, que invertirá 9,5 millones de euros en su desarrollo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado una “moratoria global” que prohibirá inscribir nuevas viviendas turísticas en todo el municipio durante los próximos tres años. El edil de la ciudad da un paso más contra los inmuebles vacacionales, ya que hace cinco meses prohibió las nuevas licencias turísticas en 43 barrios de la ciudad, aquellos en los que este tipo de viviendas represen más del 8% del total del parque residencial. Sin embargo, a partir de ahora no se otorgará ninguna licencia más de esta índole en todo el municipio.

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha anunciado nuevas sanciones que oscilarán entre los 100.000 y los 600.000 euros para los que inscriban una nueva vivienda turística en aquellas zonas ya limitadas por las instituciones correspondientes. Además, aparte de ser catalogada como una infracción "muy grave", se impondrá una imposibilidad de una nueva alta para el mismo inmueble en el plazo de un año. Cabe destacar que el Ejecutivo autonómico ha retirado la licencia a 6.771 viviendas desde 2024. Del total, 2.397 se encontraban en Málaga, provincia con más inscripciones turísticas retiradas.

El municipio de Marbella va a desarrollar una nueva normativa que prohíba el cambio de uso de los locales comerciales para evitar que estos se conviertan en viviendas turísticas. Así lo ha anunciado la alcaldesa de la ciudad malagueña, Ángeles Muñoz, quien "teme que esta actividad transforme el tejido social y comercial de la ciudad”. También ha informado que desarrollarán un registro municipal de viviendas turísticas para conocer la "oferta real", aunque, por el momento, no limitará la actividad de alquiler turístico a otros inmuebles.

La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de pisos turísticos por no retirar anuncios de alojamientos que se publicitan sin licencia. Según la normativa, las prácticas que se están investigando al respecto pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. La Dirección General de Consumo examinará a las empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas CCAA y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, explica el Ministerio.

Grupo City Holding ha adquirido unas oficinas ubicadas en la segunda planta de un edificio residencial de Madrid cercano al Estadio Santiago Bernabéu para reconvertirlas en 29 apartamentos turísticos, 27 estudios y dos con un dormitorio independiente. Civislend, plataforma de inversión colaborativa, ha financiado con 3,35 millones de euros el nuevo proyecto de la promotora inmobiliaria. El promotor del proyecto ya ha obtenido la licencia de uso turístico y se encuentra en negociaciones avanzadas con uno de los principales operadores turísticos europeos para asegurar la gestión de los apartamentos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha informado que presentará en dos semanas el Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial en la Ciudad de Madrid, que prohibirá las viviendas de uso turístico que están diseminadas en comunidades de propietarios en el centro histórico, además de permitir la transformación de edificios dotacionales de uso privado en edificios residenciales en el centro de Madrid, siempre que estén destinadas a viviendas de carácter asequible.

La plataforma de anuncios de alquiler turístico Airbnb ha instado al Gobierno de España a crear normas menos fragmentadas, más justas y transparentes en la regulación de los alquileres de corta duración, "siguiendo con el propósito original de la regulación europea", han enfatizado. Así, responde a la consulta pública abierta por el Ministerio de Vivienda, expresando su preocupación por el real decreto que regulará los arrendamientos de corta duración, entre los que se encuentran los alquileres de temporada, turísticos y por habitaciones. Destacan que una excesiva regulación podría perjudicar a la industria en zonas donde el hospedaje es un salvavidas económico para las familias locales.

Desde las costas de las Carolinas hasta el desierto de California hay miles de viviendas vacacionales vacías cuyos propietarios compraron suponiendo que podrían cobrar unos elevados alquileres para sostener grandes hipotecas. Sin embargo, los ingresos por alquileres están cayendo y las viviendas en venta se acumulan, justo cuando se está ralentizando el aumento de los viajes nacionales. Cerca de Walt Disney World, en Florida, hay hileras de villas turísticas decoradas con motivos relacionados con los parques temáticos que atraen cada año a millones de visitantes a la región. Pero muchas están vacías.

El nuevo decreto para regular las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana prevé mayor autonomía de los ayuntamientos para decidir el modelo de ciudad que quieren y limitar el uso de estos inmuebles. Entre las novedades, se imponen sanciones más duras, de hasta 600.000 euros para las más graves, además de la prohibición de los cajetines para llaves o la obligación de ofrecer servicio de recepción.

El nivel de contratación de las viviendas turísticas en la costa española para el mes de agosto se establece en 84,9%. Esto supone un ligero ascenso con respecto al año pasado cuando fue del 84,3%. Así se desprende del estudio realizado por Rentalia, la plataforma vacacional de idealista, en el que se han analizado los calendarios de disponibilidad de las viviendas turísticas a menos de 15 kilómetros de una playa española.

El alquiler turístico genera unos 6.000 millones de euros al año, según la compañía de gestión turístico GuestReady, que asegura que en 2023, el sector turístico aportó 186.596 millones de euros, el 12,8% del PIB. Se estima que cada turista que se aloja en un alquiler turístico gasta alrededor de 100 euros diarios en la economía local, ya sea en restaurantes, tiendas, atracciones turísticas y transporte. Esta plataforma espera que en 2024 la cifra supere los 200.000 millones de euros, elevando su participación en la economía nacional al 13,4%.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, prohibirá la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico (VUT) y sí autorizará el paso de locales comerciales a residencia siempre que no estén en ejes comerciales. Por contra, "sólo desde el mes de abril de este año se han impuesto ya 176 sanciones en esta ciudad por valor de 30.000 euros". El Gobierno municipal, ha continuado, está "trabajando en la normativa, para sacarla a lo largo del año".

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticado que la proliferación de pisos turísticos es un problema de "primera magnitud", ya que está provocando especial afectación en "el centro de las grandes ciudades", obligando a "vaciar los barrios" y a "la gente que vivía y que ahora tiene irse fuera". También ha alertado del impacto de este fenómeno en la oferta disponible de pisos en alquiler.

Juan Ramón Méndez Martos, abogado especializado en gestión de pisos turísticos, señala los requisitos legales y las licencias necesarias para la explotación de este tipo de viviendas. Advierte de la complejidad que supone gestionar un alquiler vacacional por los cambios normativos, por las diferentes administraciones existentes, por las comunidades de propietarios, y por la falta de información y transparencia de los ayuntamientos con sus “crípticas” normativas. Además, se suman las elevadas multas por operar sin licencia.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado que el Gobierno está ultimando la plataforma digital que permitirá a las comunidades autónomas detectar las viviendas turísticas que no cuenten con autorización para regular mejor el mercado. Esta plataforma desarrollará un registro único para las viviendas de uso turístico, que será obligatorio para que puedan incluirse en las plataformas de comercialización y será complementario a los números de registro que actualmente tienen en las CCAA.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado que el Ayuntamiento va a limitar la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos a aquellos que cuenten con entrada propia en el edificio donde se encuentren, y hasta que se apruebe la ordenanza municipal que regulará esta actividad económica. Esta nueva normativa local establecerá las zonas y barrios más saturados, donde actualmente hay más de 12.100 viviendas inscritas en el Registro de la Junta de Andalucía.

La secretaria general de Consumo, Bibiana Medialdea, ha estimado que más del 90% de los pisos turísticos registrados en algunas ciudades de España no están cumpliendo la normativa, tras conocerse que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 203 investiga a las plataformas de alquiler turístico para perseguir la publicidad de viviendas sin licencia y estudia la posibilidad de abrir expedientes sancionadores y poner multas de hasta 100.000 euros. El objetivo de la investigación es proteger a los consumidores y usuarios de estas prácticas.