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La Audiencia Nacional admite un recurso que pide paralizar la venta de Popular a Banco Santander

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Autor: Redacción

La resolución de Popular sigue dando de qué hablar dos meses después de formalizarse. La última noticia que llega sobre el final que tuvo la histórica entidad es que la Audiencia Nacional baraja suspender su venta a Banco Santander.

Y es que la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite un recurso que han presentado varios accionistas, entre los que están varios consejeros y un familiar del accionista mexicano Antonio del Valle, que pide la anulación cautelar de la venta y la integración en el banco presidido por Ana Botín. Entre todos los demandantes poseen un 2% del capital de Popular y están representados por el despacho de abogados Ontier. 

En concreto, el recurso va en contra de la decisión que tomó el Frob el 7 de junio de ordenar la liquidación de la entidad, siguiendo las directrices marcadas por Bruselas (en concreto, por la Junta de Resolución Europea), basándose en un informe de la consultora Deloitte que concedía una valoración negativa a Popular de 2.000 millones de euros (en el escenario más adverso el valor negativo ascendía a 8.200 millones), lo que suponía que era inviable.

Así, se otorgó un valor cero a la entidad que provocó la pérdida de toda la inversión a miles de accionistas, tenedores de deuda subordinada y de obligaciones convertibles (CoCos). El desenlace dejó a más de 300.000 afectados.  

Sin embargo, semanas después se supo que el informe de Deloitte contemplaba también una valoración positiva en el escenario más optimista (en este caso valía unos 1.500 millones positivos). Así, los afectados piden conocer el informe de la consultora, que no se ha hecho público, para descubrir si hubiera sido posible otro final para Popular. Además, los expertos siempre han defendido que, al margen de los problemas que tuviera su balance, la puntilla fue la fuga de depósitos y los castigos que sufrió en bolsa, que le provocaron una crisis de liquidez. 

El recurso fue admitido a trámite por la Audiencia el pasado 25 de julio y desde que se le notifique al Frob, éste tiene un plazo de 10 días para exponer lo que “estime procedente sobre la medida cautelar” y de cinco días para interponer un recurso de reposición contra la petición de suspender la operación. 

Pero este no es el único caso que han llevado a los tribunales los afectados por la quiebra de la entidad, sino que algunos pequeños inversores han unido fuerzas para presentar acciones legales bajo el paraguas de organismos como la OCU, Adicae o Aemec. El máximo órgano judicial para pronunciarse al respecto es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al que se puede recurrir hasta el 7 de agosto. 

Todos estos procesos coinciden en el tiempo con los pasos que ha dado Santander para materializar la compra de Popular y desprenderse de muchos de los activos inmobiliarios que ha heredado.

Y es que la entidad ya ha cerrado la ampliación de capital (ha levantado en el mercado más de 7.000 millones, con una demanda superior a los 50.000 millones) y ha elegido a Blackstone para negociar en exclusiva la venta del 51% del ladrillo de Popular, una cifra que incluye adjudicados y créditos fallidos. El mercado valora el acuerdo en unos 5.000 millones, aunque no se podrá cerrar hasta que Bruselas dé luz verde de forma definitiva a la compra por parte de Santander. 

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