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El Gobierno de Sánchez acelera las reformas: estas son las últimas aprobadas de la legislatura

Autor: Redacción

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador en los últimos días de la legislatura. En el último Consejo de Ministros, celebrado el pasado viernes 1 de marzo, el Ejecutivo aprobó una batería de medidas relacionadas con el alquiler, la economía, la política exterior y el mercado laboral.

Resumimos algunas de las principales propuestas aprobadas vía decreto:

El Gobierno vuelve a la carga con el alquiler

El Real Decreto Ley, que el Gobierno ha negociado con Podemos, incluye prácticamente todas las medidas del decreto anterior, como el incremento en la duración de los contratos o los límites a las fianzas, a las que se añaden que la subida de las rentas anuales queda anclada al IPC o la creación de un índice de precios de la vivienda.

El texto, que necesitará ser convalidado por la Diputación Permanente (las Cortes se disolverán este martes 5 de marzo), ha levantado ampollas entre los expertos del sector inmobiliario. Se quejan de la falta de consenso a la hora de sacar adelante estos cambios, creen que es perjudicial para las empresas que se dedican al alquiler profesional y adelantan que las medidas provocarán una menor oferta de viviendas en arrendamiento y la consiguiente subida de precios, precisamente lo contrario a lo que se pretende.

Medidas para fomentar la igualdad y reducir la brecha salarial por sexos

El Gobierno también ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación, cuyo objetivo es “eliminar la brecha salarial y garantizar el derecho de trabajadores y trabajadoras a la conciliación y la corresponsabilidad”, según ha explicado el Ejecutivo.

Entre las medidas, muchas de ellas esperadas, está elevar los permisos por paternidad y cuidado del menor hasta las 16 semanas, aunque de forma gradual. Este año se elevará a 8 semanas, mientras que en 2020 subirá a 12 semanas y en 2021, a 16 semanas.

Además, incluye una reforma del Estatuto de los trabajadores para reforzar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, sin discriminación, y el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.

Otra de las medidas se basa en obligar a las empresas a crear un registro con los valores de los salarios; registro que podrán consultar los trabajadores a través de su representación sindical o del delegado de personal.

Por último, se extienden los planes de igualdad a todas las empresas, incluidas las pymes. Así, el Real Decreto-ley establece un plazo de tres años para que las empresas de más de 50 trabajadores elaboren y apliquen un plan de Igualdad, dos años para las de 100 a 150 y un año para las de 150 a 250. Hasta ahora solo era obligatorio para empresas con más de 250 trabajadores. Por otro lado, las empresas están obligadas a inscribir dicho plan en el Registro de planes de igualdad de las empresas, que se desarrollará reglamentariamente.

Se crea la autoridad macroprudencial

El Real Decreto aprobado por el Ejecutivo regula la creación, régimen jurídico, estructura, funciones y facultades de la bautizada “Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera” (AMCESFI). Se trata de un organismo responsable de prevenir y mitigar el riesgo sistémico para la estabilidad financiera. Este órgano colegiado está adscrito al Ministerio de Economía.

Su puesta en marcha llevaba varios meses sobre la mesa y su objetivo es, según el Gobierno, detectar posibles crisis en el futuro que pongan en peligro al sector financiero.

“Esta reforma, que se ha realizado en apenas ocho meses gracias al compromiso y colaboración del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía y Empresa, mejorará la coordinación macroprudencial y permitirá a España disponer de instrumentos orientados a prevenir posibles riesgos sistémicos. Asimismo, se da cumplimiento a las recomendaciones realizadas en 2011 por la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS)”, ha explicado el Ministerio económico.

Entre las medidas que puede tomar esta autoridad está la posibilidad de establecer colchones de capital anticíclicos, límites a la concentración sectorial de riesgos y a la concesión de préstamos en función del valor de la garantía o la capacidad de endeudamiento de empresas y particulares.

Un plan temporal ‘anti-Brexit’

El Real Decreto-ley busca adoptar medidas para adaptar el ordenamiento jurídico español a las consecuencias de una retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo, lo que el mercado denomina un ‘Brexit duro’.

Entre las medidas que incluye hay algunas relacionadas con la ciudadanía y otras con las actividades económicas. Por ejemplo, España garantizará la residencia legal a los británicos y sus familias, tengan o no el certificado de registro como residente comunitario, hasta que se active oficialmente el Brexit. Para ello, deberán pedir la Tarjeta de Identidad de Extranjero, documento que acreditará de forma definitiva, su residencia legal en España, antes de 2021.

La expedición de los nuevos documentos de residencia es un proceso complejo que afectará en torno a 400.000 personas, por lo que requiere de un plazo relativamente amplio que ha sido fijado en 21 meses desde la fecha de retirada”, explican desde el Ministerio de Exteriores.

El decreto también contempla un procedimiento para emitir autorizaciones de trabajo a los nacionales del Reino Unido que reúnan la condición de trabajadores fronterizos en España, así como medidas que garanticen a los españoles o nacionales de estados miembros la continuidad de su actividad profesional en España, cuando obtuvieron el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en Reino Unido, con la finalidad de que no tengan que volver a obtener el reconocimiento.

Además, el Gobierno aclara que España continuará abonando las pensiones contributivas y sus correspondientes revalorizaciones, aunque el beneficiario resida en Reino Unido, y que estarán reconocidas las prestaciones por desempleo por los periodos cotizados en el Reino Unido antes de la fecha de retirada.

Por otro lado, se continuará prestando a los británicos una asistencia sanitaria en los mismos términos y condiciones que hasta ahora, que los estudiantes británicos podrán seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a las universidades españolas.

En el ámbito bancario, el decreto reconoce que la pérdida del pasaporte comunitario implica que las entidades financieras británicas tendrán que adaptarse a los regímenes de terceros países para seguir prestando servicios en España, para lo que se establecerá un régimen temporal que solo se habilitará para las actividades sujetas a autorización. En caso contrario, las actividades pueden seguir realizándose sin necesidad de acogerse a dicho régimen.