De las pensiones a los alquileres, los peajes y la luz: las subidas que llegan en 2024

El año 2024 arrancará con subidas en los precios de las tarifas de las principales compañías de telecomunicaciones, en los peajes de las autopistas, en la factura de la luz por la retirada "gradual" de las rebajas impositivas a la electricidad, en la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual y en los sellos necesarios para el envío de cartas y tarjetas postales. También suben las pensiones, las bases máximas de cotización y aumenta la edad de jubilación, mientras que la actualización de la renta de los contratos de alquiler no podrá superar el 3%.

Luz

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la electricidad ha pasado desde el 5% al 10% desde el 1 de enero, lo que supondrá un incremento en el coste de la factura de unos dos euros al mes, según los cálculos de Selectra.

Tomando como referencia una vivienda que consume unos 190 kilovatios hora (kWh) a 0,12 euros/kWh -precio del mercado libre-, el incremento del IVA anualmente significaría un aumento aproximado de unos 25 euros, pasando de pagar unos 510 euros anuales a 534,29 euros.

Asimismo otros impuestos vinculados a la luz también se modificarán a lo largo de este año. En concreto, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) -actualmente suspendido- tendrá un tipo del 3,5% hasta marzo, pasando a tener un 5,25% hasta junio, y el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) -ahora en el 0,5% frente al 5,1%- quedará fijado en el 2,5% en el primer trimestre del año y pasará al 3,8%.

En lo que se refiere a los costes fijos del sistema eléctrico como los cargos -que establece el Gobierno-, se mantienen para 2024 en los mismos niveles actuales, un 55% por debajo de los niveles previos a la guerra, y el descuento del 80% en los peajes de las empresas electrointensivas. También los peajes, que fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), bajarán un 1,1% de media.

Gas 

En el caso del gas natural, el IVA se situará en el 10% durante los primeros tres meses de 2024, mientras que se mantendrá en ese mismo nivel para los combustibles de biomasa durante seis meses. Los suministros de calor seguirán esa misma pauta, dependiendo de su origen fósil o renovable.

También se prorroga el límite al crecimiento de la tarifa regulada de gas (TUR), que impiden un incremento de coste de la materia prima por encima del 15%, limitando la subida trimestral aproximadamente al 5%, la existencia de la TUR específica para las comunidades de vecinos y el precio máximo de la bombona de butano de 19,55 euros. En concreto, la bombona de butano inicia 2024 instalada en un precio máximo de 15,14 euros, a espera de la revisión en este mes de enero.

Mientras, la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual sube un 8,19% de media, en relación al precio en vigor desde la anterior revisión del pasado 1 de octubre.

En concreto, para un cliente medio TUR 1 (cocina y agua caliente sanitaria) supondrá un aumento del 11,35% en su factura anual con impuestos -con el IVA, fijado para este primer trimestre en el 10%, al 21% el incremento hubiera sido del 22,49%-, mientras que para uno de la TUR 2 (cocina, agua caliente sanitaria y calefacción) representará una subida del 12,69% en su factura anual con impuestos -con el IVA al 21% el crecimiento hubiera sido del 23,95%-.

Bases máximas de cotización

La revalorización anual de las bases máximas de cotización y del complemento de la brecha de género en función del IPC entra en vigor con la llegada de 2024, según los parámetros fijados en la reforma de pensiones aprobada en la anterior legislatura.

En el caso de las bases máximas, la reforma establece que, desde 2024 y hasta 2050, subirán con el IPC más un cuantía fija de 1,2 puntos cada año de este periodo. De este modo, teniendo en cuenta que el IPC promedio de diciembre de 2022 a noviembre de 2023 se situó en el 3,8%, la base máxima de cotización subirá un 5% este año, lo que la situará en 4.720,3 euros mensuales ó 56.644 euros anuales.

Esta base supone la máxima retribución salarial sobre la que se aplican los tipos de cotización para determinar la cuantía que empresas y trabajadores aportan mensualmente a la Seguridad Social para el pago de pensiones, de modo que aumentar esta cuantía salarial máxima sujeta a cotizaciones eleva los ingresos del sistema.

Asimismo, la reforma de pensiones determina que el complemento de la brecha de género (30,4 euros en el ejercicio actual) subirá un 10% adicional al IPC en el bienio 2024-2025, que se distribuirá entre ambos ejercicios, según determinen las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Según el Plan Presupuestario del Gobierno remitido a Bruselas, la subida de la base máxima en 2024 implicará ingresos superiores a los 308,5 millones de euros.

Por otra parte, la sobrecotización del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube una décima en 2024, hasta situarse en el 0,7%, que se distribuirá en 0,58% a cargo del empresario y del 0,12% a cargo del trabajador (en el caso de los autónomos, éstos asumen el 0,7% completo). Sumando la sobrecuota del 0,7% del MEI vigente en 2024 al tipo de cotización por contingencias comunes, el tipo total se situará en el 29%, frente al 28,90% de 2023.

Los ingresos del MEI, mecanismo que sustituyó al llamado factor de sostenibilidad, irán destinados a engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, la llamada 'hucha' que, según cálculos de la Seguridad Social, partiendo de algo menos de 3.000 millones de euros este año, llegará a acumular hacia mediados de los años 40 entre 120.000 y 130.000 millones de euros, el doble de lo que tuvo en 2011 (68.000 millones de euros), hasta ahora la cifra más alta. Estos fondos se irán desembolsando para que el sistema afronte las tensiones financieras derivadas de las jubilaciones de los 'baby boomers'.

La sobrecuota del MEI irá subiendo de manera progresiva hasta alcanzar el 1,2% en 2029 y de 2030 a 2050 se mantendrá en ese 1,2%, aunque podrá aumentar de manera automática si el gasto en pensiones sobrepasa el 15% del PIB, cosa que por ahora se descarta en las proyecciones del Gobierno.

Pensiones e Ingreso Mínimo Vital (IMV)

Las pensiones contributivas suben un 3,8% con la llegada del nuevo año, mientras que las mínimas contributivas aumentarán 6,9%, salvo las de viudas con cargas familiares, que se revalorizarán un 14,1%, desde los 905,9 euros actuales hasta los 1.033,6 euros mensuales. 

Con esta subida del 3,8% que experimentarán las contributivas en 2024, la pensión media de jubilación aumentará en 734 euros al año (52 euros al mes), en tanto que la pensión media del sistema, de 1.200 euros al mes actualmente, aumentará en 638 euros al año, lo que suponen 46 euros más al mes. Mientras, la pensión máxima se situará en 2024 en 3.175,5 euros mensuales por 14 pagas, frente a los 3.059,2 euros de 2023.

Este porcentaje del 3,8% en el que subirán las pensiones contributivas el próximo año deriva de la fórmula de revalorización acordada en la reforma de pensiones de 2021. Dicha fórmula liga la subida de las pensiones a la inflación media de 12 meses, en este caso a la del periodo diciembre 2022-noviembre 2023, cuyo resultado fue un 3,8%.

La subida es efectiva desde el 1 de enero y con ella se da cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del IPC.

Según cálculos de la Seguridad Social, en total, más de 10 millones de pensionistas van a ver conservado o aumentado su poder adquisitivo este año gracias a esta fórmula de revalorización, que se aplicará en 2024 por tercer año consecutivo.

Por su parte, las pensiones mínimas contributivas y las pensiones no contributivas aumentarán por encima del IPC. En concreto, las primeras suben en 2024 un 6,9%, salvo las mínimas de viudedad con cargas familiares, que lo harán en un 14,1%. Además, las pensiones no contributivas y el IMV (IMV) aumentarán también un 6,9%. 

Edad legal de jubilación

Los españoles que quieran jubilarse a partir del 1 de enero con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años y seis meses cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años en un horizonte total de 15 años.

Estos 66 años y seis meses será la edad que se exija para quienes acrediten menos de 38 de cotización. Si se superan los 38 años cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse desde el 1 de enero de 2024 con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años cumplidos.

Lo que no cambió con la reforma de 2013 es el requisito de cotización mínima para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación, que se mantiene en al menos 15 años, dos de los cuales deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación.

La Seguridad Social permite jubilarse anticipadamente a los trabajadores de forma voluntaria hasta un máximo de 24 meses antes de la edad legal ordinaria. Si la jubilación anticipada es involuntaria, es posible jubilarse hasta un máximo de 48 meses antes de la edad de jubilación ordinaria.

En el caso de la jubilación anticipada, la Seguridad Social aplica una serie de coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión, que dependen del número de meses de adelanto de la edad de retiro y del periodo de cotización acumulado.

Por contra, si se retrasa voluntariamente el acceso a la pensión de jubilación después de la edad ordinaria, el pensionista recibirá una bonificación, que puede consistir en un porcentaje adicional de pensión del 4%, una cantidad a tanto alzado o una combinación de ambos si se demora la jubilación dos años o más.

Alquileres

En 2024 se amplía la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta en los contratos de alquiler de viviendas que se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y que se lleva aplicando desde finales de marzo de 2022. Desde entonces se ha dejado de tomar como referencia al Índice de Precios al Consumo (IPC) para pasar a un límite máximo del 2%, pero ahora, cuando toque la correspondiente renovación anual del alquiler, propietario e inquilino tendrán que pactar la nueva subida. En ausencia de acuerdo, el incremento no podrá ser superior al 3%. 

Los expertos creen que este control de los precios de los arrendamientos ha perjudicado al sector, “tanto a propietarios como a inquilinos”, afirma Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro. “Ha sido una medida intervencionista del mercado, que ha propiciado, junto a otras medidas, una importante disminución de la oferta de alquiler residencial, que ha acabado perjudicando a muchos inquilinos que quieren vivir de alquiler”.

Desde idealista, se lleva avisando desde hace tiempo de un problema de escasez de oferta, que no está siendo capaz de absorber la creciente demanda en arrendamiento, “La ley de Vivienda aprobada en mayo, lejos de paliar o solucionar los problemas que el mercado viene arrastrando, tras el endurecimiento progresivo de la regulación, ha tenido un efecto perverso: la abultada sobrerregulación ha terminado por reducir el mercado del alquiler a niveles no vistos en la última década”.

Para José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, “la inflación repercute tanto a los arrendadores como a los arrendatarios, por lo que rechazamos todo lo que sea intervencionismo. La próxima subida al 3% no refleja la realidad del mercado, pero se va aproximando. Nunca entendimos la actualización al 2% que ha regido en el 2023”.

Mientras, la oferta de viviendas de alquiler permanente se ha reducido un 12% en el mismo tiempo y sigue cayendo con fuerza en los principales mercados, llegando a reducirse un 26% en Madrid, un 23% en Málaga y un 12% en Barcelona. “La Ley de Vivienda ha provocado que el alquiler de temporada crezca con fuerza, convirtiéndose en la opción elegida de muchos propietarios, que han decidido sacar sus viviendas del mercado tradicional, ya que esta opción temporal no se encuentra bajo el paraguas de la Ley de Vivienda”, destaca el marketplace inmobiliario en sus previsiones para 2024.

Para Ángel Martínez León, vicepresidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (CGCOAPI) de España, “el limite a las subidas de los precios de los alquileres no es la única causa del freno a la oferta de alquileres. Por lo que nosotros conocemos, propietario e inquilino llegan a un acuerdo para renovar el contrato. Un pequeño arrendador prefiere mantener a un buen inquilino, a que se le marche en la situación actual. El mayor problema surge ante el miedo a la falta de pagos y a la ocupación de la vivienda alquilada”, concreta.

Además, idealista añade otra situación del mercado actual, donde escasea la oferta en medio de una demanda que encarece los precios. “Todo esto endurece los perfiles exigidos por los propietarios, ya que al haber menos viviendas en el mercado y más gente buscándolas se centrarán en los perfiles que les ofrezcan más seguridad jurídica y frente a impagos”, concluye el análisis.

Peajes

Desde el 1 de enero, los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa suben entre un 5% y un 6,65%, en función de las condiciones específicas de cada concesión.

En concreto, la revisión de tarifas de 2024 ha supuesto un alza del 6,65% para la AP-46 y AP-7 Alicante-Cartagena; del 6,55% para la AP-9; del 5,12% para la AP-68; del 5,07% para la AP-6, AP-51, AP-61, AP-53, AP-71 y AP-7 Málaga-Guadiaro, y del 5% para la AP-66.

Tarifas de telecomunicaciones

Movistar y Vodafone también incrementan sus precios en 2024, un 3,1% en promedio en el caso de la primera (teniendo en cuenta todos los cambios de tarifa convergentes y no convergentes) y un 4,38% en el caso de la segunda, cuya actualización se sitúa en línea con la inflación promedio anual calculada entre octubre de 2022 y septiembre de 2023.

En cuanto a Movistar, la subida de precios se aplicará a partir del 15 de enero de 2024, mientras que en el caso de Vodafone el incremento comenzará en el primer trimestre del curso.

En el caso de Digi, la operadora rumana ha bajado los precios en la mayoría de las combinaciones de sus productos de telefonía móvil (en el resto los ha mantenido), mientras que en los que ofrecen telefonía móvil y fibra los ha mantenido. No obstante, en ambos tipos de productos han aumentado la cantidad de gigas que ofrecen y los cambios se aplican ya desde diciembre.

Sueldo de los funcionarios

El salario de los más de 3,5 millones de empleados públicos subirá en un porcentaje fijo del 2% con la llegada de 2024, que podrá elevarse en otro 0,5% adicional en función de la evolución del IPC armonizado (IPCA).

Así lo pactaron Gobierno, CCOO y UGT en el 'Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI' firmado en octubre de 2022 y en el que se contemplaba una subida salarial para el conjunto de los tres años de hasta un 9,5%.

Los funcionarios tendrán que esperar hasta el primer trimestre del próximo año para ver actualizadas sus nóminas, una vez que se aprueben los Presupuestos de 2024, puesto que el aumento de sus salarios, al contrario que ha sucedido con las pensiones, no se ha incluido en el decreto-ley de medidas económicas aprobado el día 27 de diciembre. No obstante, dicha subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.

Sellos

De su lado, Correos subirá un 5,1% el precio de los sellos necesarios para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta veinte gramos de peso a destinos nacionales para el próximo año 2024, hasta los 0,82 euros, lo que supone un aumento de cuatro céntimos.

Por su parte, las mismas cartas y tarjetas postales internacionales se franquearán con 1,70 euros (subiendo en 5 céntimos) cuando el destino sea Europa, incluido Groenlandia (excluido Albania, Armenia, Bosnia, Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia). El precio se ha mantenido sin cambios respecto al año pasado cuando el destino es Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Rusia, con 2,1 euros; y de 1,75 euros para el resto de países.

En cuanto al resto de sus servicios más allá de lo público, la paquetería nacional aumentará sus precios un 1,99%, en este caso por debajo de la inflación, y tras no realizar ninguna subida el pasado año, mientras que los burofax mantendrán sus precios sin cambios.

Transporte o IVA de los alimentos: lo que se mantiene

Todo el transporte quedará total o parcialmente subvencionado, tras las ayudas aprobadas por el Gobierno para hacer gratuitos determinados modos de transporte de competencia estatal o para financiar en parte los descuentos en los transportes autonómicos y locales.

En concreto, se ha vuelto a prorrogar para todo el año 2024 la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia para usuarios habituales, así como los descuentos del 50% en el transporte de competencia autonómica. Esto supone que las comunidades autónomas estarán obligadas a aportar un 20% del descuento del 50% para que el Estado pueda transferir los fondos para subvencionar la rebaja del 30%, todo ello destinado a abonos y títulos multiviaje.

Junto con la gratuidad de los trenes de Media Distancia y de Cercanías, también seguirá habiendo billetes gratuitos para los viajeros de autobuses cuya competencia recae en el Estado, igualmente para viajeros habituales.

Asimismo, en la primera mitad de 2024, se mantiene la supresión del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan, la harina, la leche, los quesos o los huevos, y la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta.

También en el ámbito fiscal, este año se mantienen los impuestos a los beneficios extraordinarios tanto del sector financiero como del energético, así como la intención de hacer permanente ambos tributos. 

En el caso del gravamen energético, se van a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo en el país. Con todo, se contempla la futura revisión de ambos gravámenes "para su plena integración en el sistema tributario", y se prevé la concertación de ambos impuestos con las comunidades de País Vasco y Navarra.

El Gobierno también ha decidido prorrogar la aplicación del impuesto temporal sobre las grandes fortunas, que a finales de 2023 recibió el respaldo del Tribunal Constitucional, mientras no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en las comunidades autónomas, circunstancia que, según el Ejecutivo, está vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica.