Los economistas cargan contra la reforma fiscal y piden mayor estabilidad tributaria

El presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, ha criticado la técnica legislativa de introducir múltiples medidas tributarias a través de enmiendas a leyes, como se acaba de hacer con la futura ley del impuesto complementario mínimo para las multinacionales. Una normativa en la que se ha incorporado, entre otras medidas, un nuevo tributo a la banca. 

"Este 'totum revolutum' recuerda a las antiguas leyes de acompañamiento, que, pese a estar validadas por el Constitucional, resultaban absolutamente cuestionables en términos de técnica legislativa y calidad democrática", ha afirmado Pich durante una jornada para analizar los principales factores que inciden en el fraude fiscal.

Dentro de la batería de medidas propuestas para atajar el fraude, los economistas consideran que habría que dar una mayor estabilidad al sistema tributario de manera que se eviten los continuos cambios en el mismo, "que provocan incertidumbre y retraen o retrasan la inversión tanto nacional como internacional en el país".

Asimismo, el CGE cree que los criterios administrativos también deberían ser más claros y tener vocación de permanencia, para evitar incertidumbres y discrepancias de interpretación.

Apuntan, además, que las modificaciones que se tengan que realizar en la normativa tributaria han de respetar el principio de seguridad jurídica y evitar perjudicar las expectativas legítimas de los contribuyentes, especialmente cuando el cambio normativo afecta a situaciones que se remontan a muchos ejercicios anteriores a su entrada en vigor, sin establecer un régimen transitorio adecuado y avocando a los sujetos pasivos a afrontar una carga fiscal no prevista en su día y que no podrán recuperar.

Estas críticas por parte del Consejo General de Economistas (CGE) coinciden con las que argumentó la semana pasada el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Según el 'think tank' de la patronal, "el problema de España es que ha subido los impuestos en exceso" y es necesario mejorar la calidad legislativa y reforzar la confianza en las instituciones, para lo que es indispensable que el Gobierno central no promueva reformas fiscales encubiertas como está haciendo en los últimos meses, introduciendo enmiendas a otras normativas en vez de apostar por la figura del decreto ley.

"Es totalmente reprobable que se pretendan aprobar nuevos impuestos y/o subir los ya existentes mediante abusos legislativos, entre los que destaca el uso abusivo y generalizado de la figura de enmiendas al articulado de proyectos de leyes de otras cuestiones en sus fases finales de tramitación. La peor iniciativa al respecto es la vivida en las últimas semanas, cuando se ha planteado lo que es una reforma fiscal encubierta, aprovechando la fase final de tramitación de un proyecto de ley específico e incorporando un cúmulo de enmiendas que afectan a múltiples figuras tributarias como el ahorro, banca, seguros, gasóleos, etc", afirma el IEE.

Y añade que, para evitar estas disfunciones, "los nuevos impuestos se deben aprobar mediante proyectos de ley específicos que garanticen los tramites de participación pública y de audiencia a los interesados, supervisión de órganos constitucionales, la participación en su elaboración de los equipos técnicos funcionariales de los ministerios y, en su caso, la incorporación de enmiendas de mejora". 

Medidas para reducir el fraude fiscal

Los expertos han alertado sobre la incidencia de la litigiosidad tributaria y de la inestabilidad normativa en el fraude fiscal y sobre las implicaciones de la duración de los procedimientos de inspección en la seguridad jurídica.

Además, los economistas han advertido sobre la poca efectividad de la publicación de las listas de morosos y la conveniencia de tener también en cuenta los datos de cotizaciones sociales y gravámenes a la hora de evaluar el fraude fiscal.

Por ello, Pich ha apuntado varias medidas para intentar rebajar el fraude fiscal, como profundizar en la concienciación ciudadana y la asistencia a los contribuyentes, simplificar trámites y priorizar la estabilidad de la regulación tributaria.

Además, el presidente de los economistas considera que "habría que hacer todo lo posible para que el cumplimiento voluntario" fuera más fácil y cree que se deberían reforzar los recursos humanos y materiales de la Administración Tributaria, intensificar el eficaz tratamiento de la información de que disponen las administraciones tributarias e incorporar el uso de la inteligencia artificial en todas las administraciones públicas.

En cuanto a la economía sumergida, uno de los elementos que, en la práctica, se perciben como más relevantes para la adopción de la decisión de sumergir un negocio es el elevado coste de los trabajadores. Siendo eso así, el CGE cree que habría que analizar la posibilidad de disminuir la brecha fiscal sobre el factor trabajo.